Jimena de la O Quiroz

Expediente 1972/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 26 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1972/2022
Año
2022
Actuaciones
26
Última actuación
17/05/2023

Partes del expediente

  • Jimena de la O Quiroz
  • Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Intégrese el escrito signado por la quejosa Jim********************, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que exhibió como prueba en el presente sumario. Atento a ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase los mismos, previa copia simple y razón de recibo obre en autos, por conducto de persona autorizada para tal efecto.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, nueve de mayo de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En acatamiento a los artículos 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, el diverso numeral 8.1.2 apartado 2 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de ser destruible, ya que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio y carece de relevancia documental. Asimismo, destruible el original del incidente, pues se negó la suspensión provisional y definitiva; sin que se ordene glosar al presente expediente dicho cuaderno y una vez que se remita al archivo adjúntese el mismo. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Oficio Intégrese el oficio signado electrónicamente por la Secretaria adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, remite testimonio de la ejecutoria emitida el cuatro de abril de dos mil veintitrés, en el recurso de queja 85/2023, de su índice, cuyo punto resolutivo es del tenor siguiente: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por JIMENA ****, respecto del auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en el juicio de amparo indirecto 1972/2022IV-A, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución." Háganse las anotaciones respectivas; y acúsese recibo. Atendiendo a lo anterior, se reanuda el procedimiento en el punto que quedó pausado y se levanta reserva decretada el cuatro de abril del año en curso. Estado de autos En ese sentido, en el referido proveído de cuatro de abril del año en curso, se tuvo por recibido el oficio signado por la Jueza Noveno Familiar de Toluca, Estado de México, a través del cual remitió copia de los autos de treinta de marzo de dos mil veintitrés, dictados en los expedientes ******************** y ******************** de su índice, en los cuales -en la parte que interesa- determinó que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, es decir, que los menores de identidad reservada de iniciales ******************** y ******************** permanezcan al cuidado de su progenitora, en los términos que fueron emitidas en el expediente ********************, no obstante, precisó que las medidas de protección provisionales dictadas en los referidos expedientes serán revisadas en las audiencias iniciales que se lleven a cabo en dichos juicios. Bajo ese contexto, es dable recordar que la parte quejosa reclama del Juzgado Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México: La determinación de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el expediente ********************, mediante la cual la Jueza responsable decretó la guarda y custodia provisional de los menores de identidad reservada ********************, a favor de ******************** y/o ******************** y/o ******************** (abuelos paternos). Sobreseimiento En ese contexto, resulta improcedente el juicio de amparo, en atención a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.)" Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de derechos fundamentales. Así lo explica la tesis 2a. XLVIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, abril de 1998, página 241, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD.****." Ahora bien, en el caso se advierte que la parte quejosa reclama la determinación de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el expediente ********************, mediante la cual la jueza responsable decretó la guarda y custodia provisional de los menores de identidad reservada ********************, a favor de ******************** y/o ******************** y/o ******************** (abuelos paternos). Por tanto, si mediante proveído de cuatro de abril del año en curso, la jueza responsable remitió copia de los autos de treinta de marzo de dos mil veintitrés, dictados en los expedientes ******************** y ******************** de su índice, en los cuales determinó que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, es decir, que los menores de identidad reservada de iniciales ******************** y ******************** permanezcan al cuidado de su progenitora, en los términos que fueron emitidas en el expediente ********************, queda de manifiesto que aun cuando subsiste el acto de autoridad reclamado, lo cierto es que la posible declaración de ilegalidad o inconstitucionalidad que respecto de éste se hiciere, no tendría ningún efecto legal o material en la esfera jurídica de la parte quejosa, al haber dejado de surtir efectos. Es decir, aunque a la presente fecha subsiste el acto reclamado ya no surte efecto alguno, pues no vulnera en ninguna forma la esfera jurídica de derechos fundamentales de la quejosa. Esto es así, pues se insiste que ha dejado de existir el objeto o materia que le dio origen y para el cual fue expedido; pues, si bien es cierto que por determinación de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, emitida en el expediente ********************, la Jueza responsable decretó la guarda y custodia provisional de los menores de identidad reservada ********************, a favor de ******************** y/o ******************** y/o ******************** (abuelos paternos), igualmente cierto es, que en diversa determinación de treinta de marzo de dos mil veintitrés, dictada en los expedientes ********************, y ********************, determinó que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, es decir, que los menores de identidad reservada de iniciales ******************** y ******************** permanezcan al cuidado de su progenitora, en los términos que fueron emitidas en el expediente ********************. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 2a./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. ****." En consecuencia, a nada práctico conduciría estudiar su constitucionalidad, toda vez que jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien ningún efecto jurídico tendría una eventual sentencia concesoria, pues dicha diligencia ya dejo de surtir efectos. Atendiendo a lo señalado en líneas que preceden, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo 1972/2022-IV-A, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público, con apoyo en lo establecido por el ordinal 63, fracción V de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda.".

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Oficios Intégrese el oficio signado por la Jueza Noveno Familiar de Toluca, Estado de México, a través del cual remite copia de los autos de treinta de marzo de dos mil veintitrés, dictados en los expedientes ******************** y ******************** de su índice, en los cuales -en la parte que interesa- determinó que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, es decir, que los menores de identidad reservada de iniciales ******************** y ********************. permanezcan al cuidado de su progenitora, en los términos que fueron emitidas en el expediente ********************, no obstante, precisó que las medidas de protección provisionales dictadas en los referidos expedientes serán revisadas en las audiencias iniciales que se lleven a cabo en dichos juicios. Pruebas De lo anterior, se toma conocimiento y de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas las documentales que se exhiben; mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas, debiendo dar cuenta con ellas en la audiencia constitucional. Reserva Ahora bien, dado el sentido de las determinaciones emitidas por la jueza responsable este órgano jurisdiccional se reserva emitir el pronunciamiento respectivo; ello, en virtud de que se encuentra pendiente de resolver el recurso de queja ********************, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. Por tanto, comuníquese de manera respetuosa al tribunal de alzada, que este juzgado de Distrito queda a la atenta espera de lo que tenga a bien resolver en el medio de impugnación aludido, a efecto de proveer lo conducente ante la posible actualización de un cambio de situación jurídica en el presente juicio de amparo.

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