Jhonny Israel Sánchez Díaz

Expediente 344/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 8 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
344/2015
Año
2015
Actuaciones
21
Última actuación
08/01/2016

Partes del expediente

  • Jhonny Israel Sánchez Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, intégrese a los autos el oficio recibido vía fax signado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, por medio del cual se informe el estado procesal del presente juicio. Atento a lo anterior, dígasele a la autoridad remitente que mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil quince se declaró cumplida la sentencia de amparo, lo que se hace de su conocimiento para los efectos conducentes. Luego, toda vez que ocurrió tal circunstancia, devuélvanse a las autoridades responsables las constancias que remitieran en apoyo a su informe justificado.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniere sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo por la autoridad responsable; en tal virtud, se procede a resolver sobre el mismo con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad. En atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, con apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que refiere: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." ( S.J.F y su Gaceta, 9ª Época, Tomo XI, marzo 2000, página 243) Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, se llega a la convicción de que la concesión de amparo ha sido cabalmente cumplimentada. Así, no obstante que mediante sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil quince (fojas 65 a 72), emitida por este órgano jurisdiccional en el sumario constitucional en que se actúa, se concedió el amparo y protección de la justicia Federal para el efecto de que el Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, realizara lo siguiente: "En este orden de ideas, al adolecer la orden de reaprehensión reclamada de la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener, por las razones expuestas, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que la Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México dicte por escrito la orden de reaprehensión que emitió en audiencia de veintisiete de febrero de dos mil quince, con apoyo en las pruebas existentes para tal fin, fundando y motivando, en su caso, en forma debida tal orden, con el propósito de respetar sus garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en el artículo 16 Constitucional." Y en acuerdo de ocho de octubre de dos mil quince (foja 84 y 85), se declaró que la sentencia supracitada causó ejecutoria, toda vez que el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente feneció, sin que alguna de las partes la recurriera; en consecuencia, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Así, mediante oficio número 892, presentado el veintitrés de octubre de dos mil quince (fojas 87 a 90), en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, el Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, refirió que dentro de los autos del juicio natural que dio origen al presente amparo, no existió orden de aprehensión oral, está imposibilitado para dar cumplimiento, es decir, dictar una orden de aprensión debidamente fundada y motivada, que se plasme por escrito. Luego, en proveído de veintiséis de octubre de dos mil quince (foja 91), con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su derecho conviniere en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector, sin que realizaran alguna. Razón por la cual, y en atención al análisis de las constancias de este juicio, se permite concluir que la autoridad responsable, no obstante, no dictó por escrito una orden de aprehensión, lo anterior fue, en virtud de que el los autos que integran el juicio natural, no fue emitida orden alguna (oral o escrita), en contra del quejoso, en la cual se pretendiera privar de la libertad, por los hechos narrados en la demanda de amparo que nos ocupan. En esas condiciones, y toda vez que este juzgado federal tiene la obligación de verificar el acatamiento que la autoridad responsable debe a la sentencia protectora, pues se trata de una cuestión de orden público; de modo tal que, con el desahogo de la vista o sin ella, debe determinar si la ejecutoria está cumplida o no, o si hubo exceso o defecto, de modo que se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin ningún vicio. Se concluye, al estimar que la ejecutoria ha sido atendida en su núcleo esencial, con los diversos argumentos vertidos por la autoridad responsable; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida. Lo que se robustece con la jurisprudencia visible en la página 19 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 2014, Tomo I, Libro 12, Décima Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Hágase del conocimiento de las partes este proveído para los efectos de los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, previas las anotaciones en el libro de gobierno, se dejan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Atento a lo anterior, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del juicio en que se actúa. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un asunto en el que se sobreseyó y concedió el amparo solicitado, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es depurable, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, las cuales, además deberán ser digitalizadas.

  3. Principal

    De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta por medio del cual el quejoso +, desahoga la vista otorgada por auto de veintiséis de octubre de dos mil quince y realiza diversas manifestaciones en torno al cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo. Atento a lo anterior, se tienen por hechas las manifestaciones del promovente, mismas que serán consideradas una vez que este juzgado se pronuncie respecto del cumplimiento al fallo protector; toda vez que al día de la fecha no se cuenta con la totalidad de las constancias de notificación ordenada a las partes respecto del auto señalado en el párrafo que antecede.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en auto de ocho de octubre de dos mil quince, comunica sobre la forma en que dio cabal cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la partes con el contenido íntegro de la misiva y anexo de cuenta, por el término de tres días, para que manifiesten lo que en su derecho proceda; con el apercibimiento que de no hacerlo, en su oportunidad se emitirá el fallo correspondiente.

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