Jimena Castillo Altamirano

Expediente 372/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
372/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
15/05/2019

Partes del expediente

  • Jimena Castillo Altamirano
  • Jaime Castillo Hilario

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve (fojas 99 a 103), dictado en el presente juicio de amparo. Entonces, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicho proveído ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia el juicio presente juicio. Atento al punto vigésimo primero, fracción III, del citado acuerdo, también deben destruirse el original y duplicado del incidente de suspensión, porque se negó la medida cautelar; por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses establecido en el punto vigésimo del acuerdo procédase a la destrucción del incidente. En términos de los punto 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, ni jurídica e histórica. Finalmente, toda vez que no es necesario seguir conservando las copias certificadas del expediente de origen 193/2018-I, remítanse a su lugar de procedencia Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve (fojas 99 a 103), dictado en el presente juicio de amparo. Entonces, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicho proveído ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia el juicio presente juicio. Atento al punto vigésimo primero, fracción III, del citado acuerdo, también deben destruirse el original y duplicado del incidente de suspensión, porque se negó la medida cautelar; por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses establecido en el punto vigésimo del acuerdo procédase a la destrucción del incidente. En términos de los punto 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, ni jurídica e histórica. Finalmente, toda vez que no es necesario seguir conservando las copias certificadas del expediente de origen 193/2018-I, remítanse a su lugar de procedencia Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad.

  3. Principal

    Glósese a los autos el oficio signado por la Secretaria de la Mesa de Amparos de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad; y en atención a su contenido, téngase a la consabida autoridad desahogando el requerimiento que se le formuló en proveído de once de abril de dos mil diecinueve (fojas 88 a 89). Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se advierte que en proveído de cinco de abril de dos mil diecinueve, emitido en el toca familiar 172/2019, el Magistrado Presidente de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, confirmó la admisión en el efecto devolutivo del recurso de apelación interpuesto por Claudia Altamirano Villanueva, por propio derecho y en representación de su menor hija Jimena Castillo Altamirano, en contra del auto de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio 193/2018-I, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo; de igual forma, se aprecia que en diverso acuerdo de veintidós de abril de dos mil diecinueve, se citó a las partes para oír la sentencia correspondiente, documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo. Sentado lo anterior, debe destacarse que el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. De acuerdo al precepto legal antes indicado, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y, en el caso, se advierte que Jaime Castillo Hilario, reclama categóricamente el proveído de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, en concordancia con el proveído de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, dictados dentro del expediente 193/2018-I, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad; ello, en relación a la convivencia que tiene decretada en el juicio familiar de origen, con su menor hija. En ese sentido, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; [.]" Lo anterior se sostiene, porque como quedó visto, está en trámite un medio ordinario de defensa, en el caso concreto recurso de apelación interpuesto por Claudia Altamirano Villanueva, por propio derecho y en representación de su menor hija Jimena Castillo Altamirano, en contra del auto de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio 193/2018-I, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, que puede modificar o revocar el acto reclamado. De acuerdo con los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se materialice esta hipótesis de improcedencia, deben concurrir los supuestos siguientes: a) Que se interponga el medio o recurso ordinario de defensa contra el acto que se reclama mediante el amparo. b) Que ese medio o recurso ordinario de defensa se admita y se tramite cuando se resuelva el juicio de amparo. c) Que ese recurso o medio ordinario de defensa sea el instrumento idóneo de impugnación para que el acto que se reclama en el amparo quede insubsistente. Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia P./J. 144/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, diciembre del 2000, página 15, que dice: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Debe precisarse que la jurisprudencia antes citada, resulta aplicable en el presente asunto, toda vez que si bien, el contenido de la misma alude a la anterior Ley de Amparo, lo cierto es que contiene los mismos principios de la ley de la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; lo anterior además de conformidad con lo establecido por el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "ARTÍCULO SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Expuesto lo anterior, a continuación se verifica si los supuestos descritos en los incisos a), b) y c), que conforman la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, se materializan en el caso a estudio. En primer término, en relación con el requisito descrito en el inciso a), conviene destacar que la tercera interesada Claudia Altamirano Villanueva, por propio derecho y en representación de su menor hija Jimena Castillo Altamirano, interpuso recurso de apelación en contra del auto de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio 193/2018-I, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo; específicamente impugnando la admisión a trámite de la demanda de origen. Respecto del segundo supuesto descrito en el inciso b), es menester destacar que por acuerdo de cinco de abril de dos mil diecinueve, emitido en el toca familiar 172/2019, el Magistrado Presidente de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, confirmó la admisión en el efecto devolutivo del recurso de apelación interpuesto por Claudia Altamirano Villanueva, por propio derecho y en representación de su menor hija Jimena Castillo Altamirano, en contra del auto de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio 193/2018-I, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, y en diverso acuerdo de veintidós de abril de dos mil diecinueve, citó a las partes para oír la sentencia respectiva y hasta esta fecha se encuentra pendiente de resolverse. Por último, en cuanto al tercer requisito, conviene precisar que la idoneidad del medio de defensa implica que resulte el apropiado para la insubsistencia del acto impugnado mediante el juicio de amparo. Para ese efecto, en términos de la jurisprudencia P./J. 144/2000 citada líneas arriba, es necesario que una disposición de carácter general prevea el medio de impugnación y el procedimiento para su tramitación y resolución, por virtud del que se anule, revoque o modifique el acto. En ese entendido, el recurso de apelación está regulado por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, cuyo artículo 385 prevé que el recurso de apelación tiene por objeto que el Tribunal Superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia en los puntos relativos a los agravios expresados. Ahora, como se expuso con antelación, la materia del recurso de apelación 172/2019, del índice de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, es el proveído de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio 193/2018-I, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo. En consecuencia, se cumple el requisito mencionado en el inciso c). En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia antes citada, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XIX, ambos de la Ley Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las doce horas con cuarenta minutos del treinta de abril de dos mil diecinueve (foja 68). Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

  4. Principal

    Incorpórese a los autos el oficio signado por la Secretaria de la Mesa de Amparo de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante el cual solicita le sea remitida copia de la demanda de amparo; atento a su contenido, dígase a la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, que en el presente asunto, no tiene el carácter de autoridad responsable, lo que podrá advertir del oficio 9131/2019, en el que se encuentra implícito el auto de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, en el que se le requirió la información precisada y constancias aludidas. En ese sentido, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con el diverso artículo 2°, requiérase nuevamente a la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, para que dentro del plazo de veinticuatro horas contadas a partir de que le surta efectos la notificación del presente proveído, informe a este órgano jurisdiccional, el estado procesal que guarda el recurso de apelación interpuesto por *******, por propio derecho y en representación de su menor hija***********, en contra del auto de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio *****, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, esto, es cuándo fue acordada su recepción y en su caso la admisión del mismo; además, deberá remitir copia certificada del auto de radicación o del diverso en el que haya acordado lo conducente respecto del recurso de apelación aludido. Se apercibe al Magistrado Presidente de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, que en caso de no cumplir con el anterior requerimiento, con apoyo en lo que dispone el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, se le hará efectiva la multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, que asciende a $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), lo anterior, de conformidad con lo dispuesto, en el numeral 238 de la Ley de Amparo; dado que es el segundo requerimiento que se realiza a esa autoridad judicial.

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