Jhovani Eduardo Limón Osorio
Expediente 312/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 312/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Jhovani Eduardo Limón Osorio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del testimonio dictado en el recurso de queja laboral ******************** derivado del juicio de amparo ********************, promovido por ******************** atento a lo anterior, acúsese el recibo de estilo correspondiente, y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este órgano jurisdiccional. Ahora bien, y toda vez que la superioridad por unanimidad de votos resolvió bajo el siguiente punto: ".ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja a que este toca se refiere." En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción I del citado acuerdo, el cuaderno de antecedentes transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal concluyó el presente asunto. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica.
- Principal
Glósese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que ese Tribunal Colegiado admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso Jhovani Eduardo Limón Osorio, en contra del auto de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, dictado en el juicio de amparo 312/2016, del índice de este Juzgado Federal, al que le fue asignado el recurso de queja laboral 42/2016.
- Principal
Visto el escrito presentado por el quejoso Jhovani Eduardo Limón Osorio, en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, téngase interponiendo recurso de queja en contra del auto de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, dictado en el presente juicio. Con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe respectivo. En ese orden de ideas, remítase el original de dicho escrito y el informe respectivo en relación a la materia de la queja, al que deberá adjuntarse copia certificadas de todo lo actuado en el presente juicio de amparo para la substanciación de dicho recurso, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en Turno, con sede en esta ciudad, para los efectos legales procedentes.
- Principal
Visto el escrito de demanda promovida por Jhovani Eduardo Limón Osorio, por propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese con el número 312/2016 en el libro de gobierno respectivo.- Ahora bien, de la lectura del mencionado escrito, se aprecia la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, sobre de la cual el que suscribe considera procedente desechar la demanda de amparo presentada con base a las consideraciones siguientes: El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone la facultad de los juzgadores para desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, entonces, es ineludible precisar que conforme al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, o sea, ni aun cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Sentado lo anterior, es de precisar que el peticionario del amparo reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: ".El acuerdo dictado en audiencia de fecha quince de marzo del presente año dentro del expediente número 006/2016 en el cual de manera ilegal se declara incompetente para conocer de mi demanda laboral." En ese orden, debe indicarse que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, de cuya interpretación jurídica se obtiene que, cuando se reclaman violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, procede el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción procede amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando dichos actos tengan una ejecución de imposible reparación. Los actos tienen una ejecución de imposible reparación, por regla general, cuando afectan de forma directa alguno de los derechos subjetivos públicos tutelados por la Constitución Federal, es decir, cuando afectan a las garantías individuales; de ahí que, se puede concluir que cuando los actos que se reclaman en un juicio de amparo no tienen una ejecución de imposible reparación, el juicio es improcedente de conformidad con la citada fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu. No obstante a ello, debe tenerse presente que la Ley de Amparo en su numeral 107, fracción VIII, establece la procedencia del juicio de amparo biinstancial en contra de resoluciones que "determinen" declinar competencia de un asunto; sin embargo, esa norma no debe interpretarse literalmente sino debe asumirse en relación con la diversa fracción V del aludido numeral, que establece la procedencia del amparo contra actos en juicio cuando sus efectos sean de imposible reparación; luego, a partir de una connotación más amplia, se concluye que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución que desestimó la excepción de falta de competencia. Es así, pues para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, deben cumplirse dos condiciones: 1. Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. 2. Que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Luego, como se dijo anteriormente, el peticionario reclama el acuerdo de quince de marzo de dos mil dieciséis, dictado en el expediente laboral 006/2016 en el que la junta local se declaró incompetente para conocer del citado juicio laboral. De ese modo, es de advertir que la determinación reclamada no constituye un acto de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo biinstancial, con lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones V y VIII, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior se sostiene, dado que los efectos del acto reclamado son meramente declarativos en vía de consecuencia, porque de conllevar una ejecución está acontecerá, hasta que tal declinatoria llegara aceptarse por el órgano que se estimó competente para conocer del asunto, es decir, hasta en tanto el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, acepte o no la competencia planteada por la responsable; razones, por las que se estima que el acto aquí impugnado por el momento no constituye un acto de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Es aplicable la Tesis VII.2o. T. 30 l (10a), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada el cuatro de marzo de dos mil dieciséis, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente (énfasis añadido): "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE INCOMPETENCIA EMITIDA POR UNA JUNTA LABORAL. AL TRATARSE DE UN ACTO QUE NO REQUIERE EJECUCIÓN MATERIAL, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La resolución de incompetencia emitida por una Junta laboral es un acto que por sí solo no requiere ejecución material inmediata o instantánea, pues como su propia denominación lo establece, sus efectos son meramente declarativos en vía de consecuencia; lo que se explica, porque de conllevar una ejecución, ésta acontecerá hasta en tanto tal declaratoria llegare a aceptarse por el órgano que se estimó competente para conocer del asunto, lo que no ocurre con la determinación inicial que la declina, si se considera que ese tipo de actos generan una consecuencia hasta su aceptación o rechazo por la autoridad jurisdiccional hacia la que se dirigen, lo cual da definitividad, incluso, al reclamo en sede constitucional; por tanto, el juicio de amparo promovido en su contra debe ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se presentó la demanda, lo que se ajusta a las reglas competenciales previstas por el artículo 37 de la Ley de Amparo, y es acorde con los principios de debido proceso, acceso efectivo a la justicia y seguridad jurídica." En ese contexto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso 107, fracción V de la Ley de Amparo, el juicio de amparo reclamado por esta vía resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha la demanda de amparo. Finalmente téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; y, dada la materia del acto reclamado como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que indica, aunado a que se aprecia que el peticionario no es parte patronal.
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