Jhovani Francisco Luevano Rojas

Expediente 745/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
745/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
28/04/2022

Partes del expediente

  • Jhovani Francisco Luevano Rojas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se resolvió sobreseer en el presente juicio. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 21, inciso c, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el incidente de suspensión, se advierte que no son de relevancia documental, es destruible el cuaderno original, en razón de que se negó la suspensión provisional y la definitiva. Y dese el trámite correspondiente establecido en el artículo 9 del Acuerdo en mención. Respecto al duplicado, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del aludido acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Notifíquese. Así ...

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA OLGA LIDIA VALDEZ RAMIREZ, LA DETERMINACIÓN DE VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: ...Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 77, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jhobani Francisco Luevano Rojas, contra los actos que reclamó de la Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Atención a Víctimas de la Fiscalía de Derechos Humanos Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado y Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. ..

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 745/2021; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, remitida el mismo día a este órgano jurisdiccional cuyo conocimiento le correspondió por razón de turno, Jhobani Francisco Luevano Rojas, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, acto y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Atención a Víctimas de la Fiscalía de Derechos Humanos Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado. ACTO RECLAMADO: El acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en la carpeta de investigación 7971/2021, que decretó medidas de protección en favor de Olga Lidia Valdez Ramírez, aquí tercero interesada. Preceptos constitucionales que se consideran infringidos. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados los que tutelan los artículos 1, 14, 16, 17 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En proveído de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se registró el expediente con el consecutivo 745/2021 que le correspondió y se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó solicitar a la autoridad responsable su informe justificado y dar la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público Federal adscrita. Seguido el juicio por sus trámites legales se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama una determinación de autoridad con residencia en el territorio donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de derechos deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. En ese sentido, de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en: El acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en la carpeta de investigación 7971/2021, que decretó medidas de protección en favor de Olga Lidia Valdez Ramírez, aquí tercero interesada. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Atención a Víctimas de la Fiscalía de Derechos Humanos Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado. De igual manera es cierto el acto reclamado al Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, pues no obstante que expresamente lo negó, es a dicha autoridad a quien le compete coadyuvar en la ejecución de las medidas de protección dictadas por la Fiscal ordenadora. Lo anterior se corrobora con las constancias que remitió la Fiscal responsable; documental pública que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia del referido acto que en el presente juicio biinstancial se impugna. CUARTO. Causas de improcedencia. El estudio de la procedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, es de oficio y preferente al de la materia de fondo de la constitucionalidad planteada, acorde a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en acatamiento a la Jurisprudencia 814, consultable en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación de 1917 a 1995, del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes cualquiera que sea la instancia.". En el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" La causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos, se produce, por regla general, cuando concurren los siguientes supuestos: 1) Que el acto reclamado en el juicio de amparo se revoque o derogue por la propia autoridad responsable; o bien, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional; y 2) Que por virtud de esa revocación o derogación se reponga al quejoso en el goce del derecho humano violado, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Así se advierte en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 216, del Tomo II, Procesal Constitucional I, Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección-Improcedencia y sobreseimiento, Novena Época, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Conforme a la anterior jurisprudencia, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Luego, respecto al tema de cesación de efectos por sustitución procesal, se invoca el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Novena Época, visible en la Página 1579, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Materia Común, Tesis III.2o.C. J/22, con Registro 176051, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la diversa I.3o.C.769 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1492, XXX, Diciembre de 2009, Materia(s): Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos". Bajo ese contexto, la interpretación del normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en concordancia con las tesis citadas, revelan que debe sobreseerse en el juicio de amparo cuando se reclama una determinación judicial, respecto de la cual recayó una nueva resolución, toda vez que se produce una sustitución procesal que hace cesar el acto primigenio, de modo que será la última decisión y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo, ello, siempre que no se actualice una diversa causa de inejercitabilidad. En esta instancia constitucional el quejoso reclama de las autoridades responsables el acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en la carpeta de investigación 7971/2021, que decretó medidas de protección en favor de Olga Lidia Valdez Ramírez, aquí tercero interesada, consistentes en las establecidas en las fracciones I, II, III, V y VIII del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales (fojas 18 a 20 anexo). Ahora bien, las constancias que integran la carpeta de investigación 7971/2021, que remitió la Fiscal responsable junto con su informe justificado, revelan que por oficio 7777/2021, de trece de septiembre de dos mil veintiuno, se solicitó ante el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, audiencia para la cancelación, ratificación o modificación de las medidas de protección, dictadas en siete de septiembre de dos mil veintiuno (foja 23 anexo). Audiencia que se efectuó dentro del expediente de medidas de protección 430/2021, el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, por la Juez de Control del Centro de Justicia para Mujeres, en la que además de ratificarse alguna de las medidas decretadas en contra del quejoso, por los razonamientos expuestos por la Juez de Control, se le notificó la imposición de la diversa, consistente en el reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad, contenida en la fracción X del artículo 137 Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo que así se advierte del disco de audio y video que remitió la Fiscal responsable. En ese sentido, como se adelantó, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se actualiza debido a que el acto reclamado en esta vía, consistente en el acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintiuno, emitido dentro de la carpeta de investigación 7971/2021, cesó en sus efectos al haber sido sustituido procesalmente por la diversa determinación de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, emitida en el expediente de medidas de protección 430/2021, por la Juez de Control del Centro de Justicia para Mujeres. Entonces, al haber sido sustituido procesalmente el acto reclamado por la diversa determinación de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, generó que cesaran los efectos del acto primigenio; lo que torna improcedente la acción de amparo respecto del primer acto, dado que en todo caso es la nueva determinación la que de manera extraordinaria puede ser materia de análisis a través del juicio de derechos fundamentales. Se afirma lo anterior, pues con la emisión de dicha determinación, se reitera, los efectos legales dejaron de ser propios de éste, es decir, operó la sustitución procesal, de ahí que el reclamo de ésta en el juicio de amparo, actualiza la causa de improcedencia señalada. A mayor abundamiento, es importante destacar que las medidas de protección en cuestión se establecieron por una vigencia de sesenta días, lo que así se advierte de la audiencia celebrada el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, esto es, dicha vigencia comenzó a partir del dictado de la determinación de siete de septiembre de dos mil veintiuno; y, por tanto, estarían vigentes hasta el siete de noviembre de dos mil veintiuno, para el caso de que la Fiscalía no formulara imputación; sin que la parte quejosa demostrara que tales medidas se postergaran a partir del ocho de noviembre siguiente; por lo que ante tales circunstancias, también es factible afirmar que cesaron los efectos del acto reclamado, al concluir la vigencia de las medidas de protección impuestas al justiciable. En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se determina sobreseer en el presente juicio, con base en el diverso 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 77, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jhobani Francisco Luevano Rojas, contra los actos que reclamó de la Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Atención a Víctimas de la Fiscalía de Derechos Humanos Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado y Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Diana Jaimes Villanueva, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, a diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/1140/2021, de veintiocho de octubre del año en curso, el encargado del despacho de la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el veinte del mes y año aludido, acordó la adscripción del licenciado Rodolfo García Camacho, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del dieciséis de noviembre del año en curso. Notifíquese. ...

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