Jhoana Irina Yecaterina Rivera Robles

Expediente 1961/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1961/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
28/02/2019

Partes del expediente

  • Jhoana Irina Yecaterina Rivera Robles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, Juan García Trejo, secretario de juzgado. CERTIFICA: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del trece al veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Que dentro del presente juicio no se tramitó incidente de suspensión. Sí existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto dictado el ocho de febrero del año en curso, por el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente es susceptible de destrucción. En consecuencia, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del referido Acuerdo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia

  2. Principal

    El ocho de febrero de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 1573. Conste. Zacatecas, Zacatecas, ocho de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos la promoción de cuenta signada por la directora del Centro Regional de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zacatecas, mediante la cual en cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de seis de los actuales, remite copia certificada de la boleta de libertad, así como del acta y boleta de externamiento; ello, en razón a que el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con sede en esta ciudad, ordenó la inmediata libertad de la quejosa al haberle concedido el beneficio preliberacional de libertad condicionada. Ahora, de lo anterior se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, la cesación de los efectos del acto reclamado de forma incondicional y total impide el estudio del fondo del asunto, ya que a nada práctico conduciría tal actividad, al ser ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no causa perjuicio en la esfera de la quejosa, ni los causará. En esta instancia constitucional, la quejosa reclama la orden de traslado a diverso centro penitenciario. Sin embargo, en esta instancia constitucional, se advierte que por razón actuarial de treinta y uno de enero del año en curso, el actuario judicial al constituirse en el Centro Regional de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zacatecas, a efecto de notificar personalmente a Jhoana Irina Yecaterina Rivera Robles, el auto de treinta de enero de la anualidad que transcurre, fue atendido e informado por la auxiliar jurídico que la indicada quejosa fue puesta en libertad condicionada por orden del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con sede en esta ciudad; por lo que mediante proveído de seis de los actuales se requirió a la directora del aludido centro, a fin de que remitiera las documentales en las que constara tal circunstancia. Por otra parte, la directora del Centro Regional de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, Zacatecas, en cumplimiento al citado requerimiento, adjuntó copia certificada de la boleta de libertad, así como del acta y boleta de externamiento ordenadas por el referido juez. Documentales a las que se le confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de copias certificadas expedidas por funcionario público en ejercicio de sus facultades y de las cuales se advierte que cualquier orden de traslado que exista contra la quejosa a diverso centro de reclusión cesó al haber obtenido su libertad por acogerse al beneficio de libertad condicionada que le fue concedido. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con diez minutos del seis de marzo de dos mil diecinueve); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Brenda

  3. Principal

    El seis de febrero de dos mil diecinueve, se da cuenta con la razón actuarial de treinta y uno de enero del año en curso. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a seis de febrero de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta asentada por el actuario judicial adscrito, de la que se advierte que no le fue posible notificar personalmente a la quejosa el auto de treinta de enero del año en curso, toda vez que al constituirse en el Centro de Readaptación Social Femenil ubicado en Cieneguillas, Zacatecas, fue atendido por la auxiliar jurídico, quien le informó que ésta fue puesta en libertad condicionada por parte del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con sede en esta ciudad. Ahora, la parte quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; en consecuencia, hasta en tanto no se subsane dicha omisión, notifíquesele el contenido del auto en comento, el presente proveído y las subsecuentes notificaciones que sean de carácter personal, practíquensele por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27 y 29 de la Ley que rige el juicio constitucional. Por otra parte, en consideración a que la quejosa fue puesta en libertad condicionada, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase a la directora del Centro Regional de Reinserción Social Femenil del estado, residente en Cieneguillas, Zacatecas, para que dentro del término de tres días siguientes a la legal notificación de este proveído, remita a este juzgado las documentales en las que conste tal circunstancia; toda vez que resultan necesarias para resolver el juicio de derechos en que se actúa. Bajo apercibimiento de que de no dar cumplimiento en los términos indicados, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, le será impuesta una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización vigente en el país. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a treinta de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta, signada por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que vierte, sin perjuicio de tomarlas en consideración en el momento oportuno dentro del desahogo de la audiencia constitucional. Asimismo, como lo solicita la fiscal federal de la adscripción, una vez que se emita la resolución en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° del ordenamiento legal invocado en segundo término, expídasele la copia que solicita; previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos. Por otra parte, de autos se advierte que se encuentran fijadas las nueve horas con diez minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente asunto; sin embargo, no obra constancia que permita acreditar que las autoridades responsables Secretaría de Seguridad Pública Federal y Directora General Adjunta de asuntos penales de la Policía Federal, ambas con residencia en la ciudad de México, hayan quedado notificadas de los oficios 39933/2018 y 39936/2018, mediante los cuales se les solicitó su informe justificado. Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión. Así lo acordó y firmó Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe.

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