Jhonny Jiménez Ruiz

Expediente 257/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
257/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
22/06/2022

Partes del expediente

  • Jhonny Jiménez Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    Cuenta. En veintidós de junio de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio y anexo, mismo que se registró con el folio 8627, dentro del juicio de amparo indirecto 257/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de junio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Resolución del conflicto competencial. Téngase por recibido el oficio del Actuario adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, al que acompaña testimonio autorizado de la ejecutoria emitida en sesión de nueve de junio de dos mil veintidós, dentro del conflicto de competencial 31/2022, en la cual se declaró al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Jhonny Jiménez Ruíz. Acúsese recibo. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. Valoración. En términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, penúltimo párrafo, del citado acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno de antecedentes del presente juicio, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuenta En treinta de mayo de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio mismo que se registró con el folio 7270, dentro del juicio de amparo indirecto 257/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta de mayo de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Visto lo de cuenta, agréguese al cuaderno de antecedentes el oficio del Actuario del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, del que se desprende que el Magistrado Presidente de dicho tribunal, se avocó al conocimiento del conflicto competencial y lo admitió a trámite quedando registrado con el número 31/2022, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Cúmplase.

  3. Principal

    Cuenta. En veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio mismo que se registró con el folio 6953, dentro del juicio de amparo indirecto número 257/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Informa planteo conflicto competencial. Agréguese al cuaderno de antecedentes, el oficio proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, mediante el cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional, que el titular del referido juzgado insiste en la competencia legal declinada respecto del juicio de amparo ********************, de su índice, y remitió dicho expediente al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esa ciudad, para lo que a bien tenga determinar en el conflicto competencial planteado, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Cúmplase.

  4. Principal

    Cuenta. En tres de mayo de dos mil veintidós, el secretario da cuenta al Juez, con un oficio y anexos, así como con la demanda de amparo turnada por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, a este órgano jurisdiccional la cual quedó registrada bajo el folio 5795. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, tres de mayo de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Recepción. Por recibido el oficio del Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, al que adjunta el cuadernillo de incompetencia 500/2022, del índice de dicho juzgado, promovida por Francisco Leobardo Castro Pineda, quien se ostenta como defensor público de Jhonny Jiménez Ruiz, contra actos de la Juez de Control Especializada en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, en razón a que dicho órgano jurisdiccional estimó carecer de competencia legal para conocer de la misma, por razón de territorio. 1.2. Registro. Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y regístrese en el libro de gobierno bajo el juicio de amparo número 257/2022. 1.3. No se acepta competencia planteada. Este Juzgado de Distrito no acepta la competencia planteada por las siguientes consideraciones. El artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente. "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del precepto transcrito se desprende que, existen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que, para una mejor compresión técnica, se puntualizan a continuación en el orden siguiente: La primera regla nos dice que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución. La segunda previsión normativa que se contiene en el comentado artículo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el párrafo precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. En el último, supuesto se establece la regla consistente en que, cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito ante quien se haya presentado la demanda de amparo. De la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama, lo siguiente: La resolución dictada el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en la cual la Jueza de Ejecución del Partido Judicial de Tecate, determinó desechar por considerar que era notoriamente improcedente la petición de controversia de inconformidad por traslado involuntario de Jhonny Jiménez Ruiz. En el caso, la juez declinante sostiene que se actualiza la primera regla de competencia prevista por los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, pues al efecto expone como razones. A fin de establecer la competencia por razón de territorio, es preciso, en primer término, acudir al examen del tipo de acto reclamado; en segundo lugar, analizar si dicho acto es o no de carácter ejecutivo; y, finalmente, determinar, a partir de esas bases, cuál de los criterios resulta aplicable para resolver ese tipo de tema de índole competencial. En el caso, al verificar la naturaleza del acto reclamado en esta vía, el cual consiste en la resolución dictada el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, por la Juez de Control Especializada en Ejecución del Partido Judicial de Tecate, y al advertirse, de las propias manifestaciones vertidas por el promovente en su escrito de demanda, que actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 denominado "CPS-MICHOACAN", complejo penitenciario que cuenta con domicilio en kilómetro 2 carretera La Ruana Tazumbos del Ejido 18 de Marzo, Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo; por tanto, o resulta claro que, en el caso, no se surte la competencia de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con o residencia en Mexicali, para conocer del juicio de amparo que se trata, puesto que si se toma en consideración que el promovente se encuentra actualmente recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 denominado "CPS MICHOACAN", con domicilio en carretera La Ruana-Tazumbos Km. 2 del Ejido 18 de Marzo, Buenavista Tomatlán, Michoacán, es indudable que conforme a la regla de competencia citada con anterioridad, por ende, resulta competente para conocer de la demanda de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario de referencia, que en el caso lo es, el Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan. Como se dijo, este Juzgado no comparte el criterio que sostiene la Juez declinante, para fincar la competencia en favor de este órgano de control constitucional, pues el quejoso reclama actos carentes de ejecución, con lo cual se actualiza la tercera hipótesis prevista por el citado artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, que es legalmente competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda de amparo. En efecto, en lo tocante a este tipo de actos, se ha establecido la siguiente clasificación: i) abstenciones; ii) negativas simples; y, iii) actos prohibitivos; las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por tanto, no existe materia para su ejecución; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, mientras que los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno; no obstante, dicha orden al convertirse en un hecho declarativo, no tendrá ejecución material. De lo antes expuesto, se desprende que los actos que el quejoso reclama en esta instancia constitucional, no conllevan una ejecución material, pues acorde con su naturaleza jurídica, desde el punto de vista de su modo de afectación, son de naturaleza negativa, ya que se trata de la negativa de las autoridades responsables, en relación a proveer dentro de su respectiva esfera competencial administrativa, sobre la exacta observancia de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en relación a la controversia de inconformidad planteada por el impetrante respecto al traslado involuntario, al Centro Federal de Readaptación Social número 17 denominado "CPS-MICHOACAN", ubicado en el Ejido 18 de Marzo, Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo. Al respecto resulta prudente precisar que, la Ley Nacional de Ejecución Penal entró en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, que lo fue el dieciséis de junio de dos mil dieciséis; asimismo, en sus transitorios segundo y tercero, se estipula la entrada en vigencia de diversos preceptos contenidos en esa misma legislación, así como la abrogación de las leyes que regulaban la readaptación social de sentenciados, y la ejecución de sanciones penales en la Entidades Federativas; además, se precisan el plazo que disponía la Federación y las Entidades Federativas para la publicación de las reformas a sus respectivas leyes, que resulten necesarias para la implementación de esa nueva ley de ejecución penal. De igual manera, la legislación de ejecución penal en estudio, establece cuestiones relativas al internamiento de las personas recluidas en centros penitenciarios, entre otras, las que el quejoso hace alusión en su demanda de amparo, consistentes en controversias ante el Juez de Ejecución. En ese sentido, los artículos 116 y 117, de esa legislación, disponen lo relativo a las controversias ante el Juez de Ejecución Penal de que goza cada interno dentro de los centros penitenciarios. Cobra aplicación, la jurisprudencia VII.2o.T/63, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo II, Marzo de 2020, página 700, cuyo rubro y texto es: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS QUE POR SU NATURALEZA NO REQUIEREN EJECUCIÓN MATERIAL PARA SURTIR SUS EFECTOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Los actos reclamados consistentes en acuerdos en los que se tenga parcialmente por no interpuesta una demanda o que desechen el incidente de nulidad de actuaciones o las pruebas, o nieguen la posibilidad de acordar favorable una petición del promovente (como la omisión de llevar a cabo notificaciones y emplazamientos o la resolución desestimatoria recaída al recurso de revisión), por su naturaleza, no requieren ejecución material por la autoridad para que surtan sus efectos; es decir, que tales actos no conllevan la realización de una obligación de hacer o dar, sino un pronunciamiento meramente declarativo que ocasiona que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran; así, dichos actos jurisdiccionales, per se, no requieren de una actuación posterior que los complemente y, por tanto, carecen de ejecución material, lo cual finca competencia al Juzgado de Distrito que previno en el conocimiento del asunto, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el órgano en cuya jurisdicción se presentó la demanda." Robustece las anteriores consideraciones la tesis I.6o.P.156 P (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo III, Febrero de 2020, página 2340, cuyo rubro y texto es: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SU NATURALEZA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL, ES LA BASE PARA DETERMINAR LA APLICABILIDAD DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.) estableció, respectivamente, que este tipo de traslado, si se ejecuta sin intervención de la autoridad judicial, no puede considerarse como un acto dentro del procedimiento, por lo que la demanda de amparo en su contra podrá interponerse en el plazo excepcional previsto en el artículo 17, fracción IV, de la ley de la materia; y, que procede conceder la suspensión de oficio y de plano, aun cuando sólo afecte la libertad personal de manera indirecta. La importancia de estos criterios radica en la diferenciación que realizan de la orden de traslado en la que interviene una autoridad judicial en materia penal, de aquellos emitidos y ejecutados únicamente por autoridades administrativas. De ahí que el Juez de Distrito, al decidir sobre la admisión de la demanda, deberá establecer el tipo de traslado reclamado con base en el capítulo V del título segundo, en donde se encuentran los artículos 49 a 57 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que los clasifica, sistematiza su procedimiento y prevé los medios de impugnación que proceden en su contra, como lo son el traslado voluntario de la persona privada de su libertad dentro del territorio nacional (artículo 50); el traslado involuntario de la persona privada de la libertad procesada o sentenciada (artículo 51); y, el traslado por excepción al involuntario de personas privadas de la libertad (artículo 52). Tal diferenciación no es vana, pues además de ser materia de ponderación tanto para efectos de la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo, como para determinar el tipo de suspensión de la orden de traslado, también es parámetro para colegir la procedencia, o no, del juicio de amparo conforme al principio de definitividad, que lo rige, pues dependiendo del asunto específico, será la hipótesis de improcedencia que pudiera actualizarse conforme al artículo 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo, que analiza dicho principio diferenciando entre las resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo (fracción XVIII), de los actos de autoridades distintas a los tribunales antes mencionados (fracción XX)." Máxime, que no se señaló ninguna autoridad responsable, dentro de la jurisdicción donde este juzgado ejerce jurisdicción. Por tanto, si no se advierte que dichas afectaciones en la esfera de derechos del quejoso, no tienen una ejecución material. Luego, si los actos reclamados carecen de ejecución material, entonces conforme a la tercera hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda de amparo. En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgador no acepta la competencia planteada y se ordena devolver los autos del juicio de amparo 500/2022, Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, para los efectos legales a que haya lugar; solicitándose atentamente el acuse de recibo de estilo, y tenga a bien informar el pronunciamiento que recaiga al presente. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Abel Jonapá García, quien da fe.

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