Jesús Ricardo Cordero Ontiveros
Expediente 568/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 8 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 568/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 08/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jesús Ricardo Cordero Ontiveros
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, este órgano de control constitucional, emite las determinaciones siguientes: 1. REGISTRO. Por recibida LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Jesús Ricardo Cordero Ontiveros, contra actos del Director del Centro Penitenciario de Apatzingán, Michoacán, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 568/2019-H. 2. DESECHAMIENTO. respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al no haberse observado el principio de definitividad previo a la promoción del juicio de amparo. Efectivamente, la fracción citada contiene uno de los principios rectores del juicio de amparo, que lo es, el de definitividad, el cual impone como obligación al quejoso, antes de acudir a promover demanda de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tilda de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. En atención a lo anterior, a fin de determinar si se surte o no la causa de improcedencia en comento, es menester determinar si en las leyes ordinarias se contempla un juicio o recurso mediante el cual pueda modificarse, revocarse o anularse el acto reclamado. En la especie, el acto reclamado consiste en el aislamiento indefinido al que se encuentra sujeto, ya que lo mantienen en un celda veintidós horas al día, desde hace más de dos meses y sólo se le permite salir de la celda dos horas diarias. Ahora bien, dentro del Capítulo III, denominado Procedimiento Administrativo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se encuentran los artículos 107 a 115, se obtiene, en lo que aquí interesa, que las peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria contra hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del centro de reclusión de que se trate, quien una vez recibida la petición, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, la admitirá e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa, determinación que deberá notificarse personalmente al promovente. El director del centro penitenciario estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificará al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. En adición a dichos preceptos, en el capítulo IV, denominado Controversias ante el Juez de Ejecución, se encuentran en los artículos 116 y 117, los cuales refieren que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. De igual forma, ante la omisión del director del centro penitenciario de resolver dentro del término legal, el interno puede acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta actuación. Los Jueces de Ejecución conocerán controversias relacionadas, entre otras, con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas, así como con el plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas que impliquen violación de derechos fundamentales. Establecido lo anterior y atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se estima que el promovente del amparo, ya sea como procesado o sentenciado, en términos del artículo 2 y 3, fracciones XVIII y XIX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previo a promover demanda de amparo, debió formular por escrito la petición administrativa prevista por el numeral 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ante el Director del Centro Penitenciario de Apatzingán, Michoacán, para reclamar el acto impugnado; ello, por ser ésta la autoridad penitenciaria encargada de la tramitación del procedimiento establecido en la propia Ley Nacional de Ejecución Penal (petición administrativa). Máxime que en el procedimiento ante el Juez de Ejecución, no se actualiza la excepción al referido principio, contemplada en la porción normativa antes citada, ya que dicho medio de solución de controversia contempla la posibilidad de que esa autoridad, decrete la suspensión del acto controvertido sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo, como se advierte del numeral 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En mérito de lo anterior, es que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y, por ende, con fundamento en el numeral 113 de la citada norma se desecha la demanda de amparo, respecto del acto aquí analizado. 3. DOMICILIO PROCESAL. Se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, donde autoriza para tal efecto con las facultades amplia que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala, por contar con cédula profesional registrada ante los Juzgados de Distrito. 4. PUBLICIDAD DEL EXPEDIENTE. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe la Secretaria Nubia Miranda Ramírez.
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