Jhonni Arrioja Hernández
Expediente 935/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 935/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Jhonni Arrioja Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 935/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Jhonni Arrioja Hernández, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. Ejecutora Encargado de la Subsede de la Policía Federal Ministerial. Ambas con domicilio en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "De la autoridad ordenadora se reclama la orden de reaprehensión girada en contra de Jhonni Arrioja Hernández. De las autoridades ejecutoras, el cumplimiento y ejecución que pretenden dar a la orden que emitió la autoridad ordenadora." SEGUNDO. Preceptos constitucionales violados. El quejoso señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 22 de la Constitución General de la República. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Por acuerdo de veinte de octubre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quejo registrada bajo el número 935/2017, se solicitó sus informes justificados a las autoridades responsables, se dio la intervención legal correspondiente tanto al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito como al representante social adscrito al juzgado de origen, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. El suscrito Titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción IV de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito y el diverso 36/2016 que lo modifica; en virtud de que el acto reclamado se hace consistir en un auto de privación de la libertad emitido en la etapa de cumplimiento de un proceso penal cuya ejecución material tiene lugar dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso reclama por esta instancia la orden de reaprehensión librada en su contra el siete de marzo de dos mil diecisiete en etapa de ejecución de pena de la causa penal 70/2012 que se le instruyó por el delito de contra la salud, en la modalidad de posesión de cannabis sativa l (marihuana) y clorhidrato de cocaína, y su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, en virtud de que así lo reconoció al rendir su informe con justificación, lo que constituye una confesión expresa en términos de lo que establecen los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. Por su parte, el Encargado de la Subsede de la Policía Federal Ministerial, con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación negó la certeza del acto que se le atribuye, empero realizó diversas manifestaciones que evidencian su certeza. Por tanto, pese a la negativa indicada, debe tenerse por cierto el mismo. Certeza que se corrobora además, con la copia certificada de las constancias que integran la causa penal número 70/2012, que acompañó a su informe el juez responsable (tomo I de prueba) y las diversas que remitió el Encargado de la Subsede, las cuales adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del mencionado Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. CUARTO. Estudio de fondo del asunto. Las partes legitimadas en el presente juicio de amparo no alegan causas de improcedencia, ni el suscrito juzgador advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa el quejoso mismos que no se transcribirán por no existir en la Ley de Amparo dispositivo legal que así lo ordene. Precisado lo anterior, se tiene que el quejoso se limitó a sostener como motivos de disenso, que se violan en su perjuicio las garantías individuales previstas en los artículos 14, 16 y 19 Constitucionales; conceptos de violación que se estiman infundados. Para arribar a tal conclusión, es necesario tener presente los antecedentes directos de la orden de reaprehensión cuestionada, que se extraen de las actuaciones que conforman la causa penal 70/2012 que se le instruyó (tomo I de prueba), a las cuales ya les fue reconocido pleno valor probatorio en el considerando que precede, tratándose de los siguientes: 1. El veintidós de agosto de dos mil doce, se dictó sentencia definitiva condenatoria dentro de la causa penal 70/2012, instruida en contra del aquí quejoso Jhonni Arrioja Hernández, concediéndosele la sustitución de la pena impuesta por el beneficio suspensivo y sustitutivos de la pena, por lo que se ordenó requerirle (una vez que causara ejecutoria la sentencia) para que manifestara a cuál de los sustitutivos y beneficio que se le concedieron se acogía, en el entendido que de no hacerlo se entendería que deseaba compurgar en prisión la pena privativa de la libertad que le fue impuesta, resolución que le fue notificada el veintitrés de agosto del mismo año. 2. En auto de treinta y uno de agosto siguiente, causó ejecutoria la sentencia y se tuvo por recibido el escrito a través del cual el sentenciado, aquí quejoso se acogió al sustitutivo penal de jornadas de trabajo a favor de la comunidad, el cual debía cumplir realizando una jornada laboral por cada día de prisión impuesto, con abono del tiempo que hubiera permanecido en reclusión por esos hechos, asimismo como lo solicitó se determinó procedente que la sanción pecuniaria equivalente a un día de multa que le fue impuesta le fuera sustituida por una jornada de trabajo no remunerada a favor de la comunidad, por tanto, de conformidad con el artículo 27 del Código Penal Federal el quejoso quedó a disposición y sujeto a las medidas que al efecto señalara el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, con sede en la Ciudad de México, a quien se le requirió para que informara cual sería la prestación de servicio no remunerado que debía realizar el sentenciado y el lugar en el que lo desempeñaría, requiriéndose al quejoso para que dentro del término de diez días acreditara documentalmente haberse puesto bajo el cuidado y vigilancia de la citada autoridad administrativa, con el apercibimiento que de no hacerlo así con apoyo en el artículo 71 del Código Penal Federal se dejaría sin efectos el sustitutivo concedido y se ordenaría su reaprehensión a fin de que compurgara la pena de prisión impuesta interno en el lugar que para tal efecto designara el Director General de Ejecución de Sanciones del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, proveído que le fue notificado el tres de septiembre posterior. 3. Por acuerdo de cinco de septiembre de dos mil doce se tuvo a la defensora pública federal del sentenciado exhibiendo el acuse de recibo expedido por Correos de México del escrito con el que el enjuiciado se puso a disposición del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social para el cumplimiento del sustitutivo de la pena de prisión. 4. Por auto de diecinueve del mismo mes se tuvo a la Directora General del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, informando que por oficio SSP/SSPF/OADPRS/DGIAPRS/DCSL/SOIA/SP/5166/2012 se señalaron al sentenciado las obligaciones para el cumplimiento del sustitutivo de la pena de prisión por jornadas de trabajo en favor de la comunidad. 5. El trece de julio de dos mil dieciséis, se requirió al Director General de Instituciones Abiertas, Prevención y Readaptación Social del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social con sede en la Ciudad de México, informara si el sentenciado Jhonni Arrioja Hernández, cumplió con los requisitos de efectividad a que alude el artículo 70, fracción I del Código Penal Federal, asimismo señalara si durante el término de duración de la pena, aquél dio o no lugar a nuevo proceso por delito doloso que concluyera con sentencia condenatoria o bien que se encontrara en trámite, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondría una multa por el equivalente a treinta valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización. 6. En acuerdo de quince de agosto del año pasado, se tuvo al Subdirector de Área en suplencia de la Directora General de Instituciones Abiertas, Prevención y Readaptación Social y del Director General de Control de Sentenciados en Libertad, ambos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, informando que solicitó a la Presidencia Municipal de esta ciudad, le comunicara si el sentenciado, aquí quejoso cumplió con las doscientas setenta y nueve jornadas de trabajo no remuneradas en favor de la comunidad que le fueron concedidas. Asimismo, se requirió al sentenciado y a su defensa para que exhibieran ante ese juzgado las constancias con las que acreditaran el cumplimiento dado a dicho sustitutivo, con el apercibimiento para el primero que de no hacerlo se dejaría sin efectos el sustitutivo concedido y se ordenaría su reaprehensión de conformidad con el artículo 71 del Código Penal Federal y para el segundo que se le impondría una multa de treinta unidades de medida y actualización en términos del numeral 44, fracción II del Código Federal de Procedimientos Penales. 7. El dieciocho de agosto de dos mil dieciséis se tuvo a la defensora pública federal del sentenciado informando que desconocía si éste había cumplido con el beneficio que le fue concedido, ya que el enjuiciado no se había comunicado con ella y no le había dejado un número telefónico para ese efecto. 8. En acuerdo de veintiséis de agosto de dicha anualidad se tuvo por recibida la razón actuarial a través de la cual el actuario de esa adscripción informó su imposibilidad para notificar al ahora quejoso el proveído de quince de agosto, en razón de que la persona con quien entendió la diligencia le indicó que desde hace dos años aquél ya no vivía ahí; por consiguiente, se ordenó notificarle dicha actuación así como las subsecuentes por medio de lista de conformidad con el artículo 107 y 108 del Código Federal de Procedimientos Penales, lo que se realizó el veintinueve de agosto siguiente. 9. Finalmente, el siete de marzo de dos mil diecisiete, se tuvo al Subdirector de Área en suplencia de la Directora General de Instituciones Abiertas, Prevención y Readaptación Social y del Director General de Control de Sentenciados en Libertad, ambos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, informando que mediante misiva SG/0167/2016 el Secretario General del Ayuntamiento de esta ciudad, le hizo del conocimiento que el sentenciado Jhonni Arrioja Hernández, no se presentó a cumplir las doscientas setenta y nueve jornadas de trabajo no remuneradas en favor de la comunidad que le fueron concedidas en sustitución de la pena y multa ahí impuestas; por tanto con fundamento en el artículo 71 del Código Penal Federal y en atención al estado de los autos, se ordenó la reaprehensión del sentenciado al no haber justificado el cumplimiento dado al beneficio sustitutivo de la pena y multa impuestas. Tomando en consideración las anteriores puntualizaciones, se puede sostener válidamente que en contraposición a lo que argumenta el solicitante del amparo en vía de conceptos de violación, en el caso, la orden de reaprehensión impugnada no resulta violatoria de las garantías contenidas en los artículos 14, 16 y 19 Constitucionales, como se expone a continuación. Se estima que acto reclamado no viola las garantías individuales contenidas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en el auto de siete de marzo de dos mil diecisiete, el resolutor natural aplicó artículos vigentes a la fecha de su emisión, los cuales citó con precisión para fundar la orden de reaprehensión, como son los numerales 70, fracción I y 71 del Código Penal Federal, razón por la cual no puede sostenerse que haya aplicado en perjuicio del quejoso una norma en forma retroactiva. Además, la orden combatida no constituye un acto privativo, sino de molestia, ya que los actos de privación son aquellos que producen disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, mientras que los de molestia, constituyen una afectación temporal a la esfera jurídica de aquél y, por ende, no producen una pérdida definitiva de un derecho, sino que sólo lo restringen de manera provisional o preventiva, de manera tal que constituye un medio para la consecución de una finalidad específica, por lo que en el presente caso, la orden de reaprehensión solamente tiende hacer efectiva la pena impuesta en la sentencia condenatoria de veintidós de agosto de dos mil doce, lo que de ninguna manera implica la pérdida o restricción de libertad de manera definitiva, de ahí que el acto reclamado tenga el carácter de simple medio o conducto para hacer cumplir una determinación provisional, resultando así inaplicables los restantes extremos contenidos en el segundo párrafo del numeral magno en referencia. Máxime que la autoridad responsable requirió al hoy quejoso para que demostrara si había dado cumplimiento con las jornadas de trabajo impuestas y al no cumplir con ese requerimiento, fue correcta su determinación, ya que el artículo 71 del Código Penal Federal, lo faculta para ello, por lo que la orden de reaprehensión reclamada, resulta ser una consecuencia lógica y jurídica de la emisión de una resolución por medio de la cual se dictó una sentencia condenatoria. En ese sentido, si en detrimento del impetrante obra una sentencia condenatoria, y al no haber cumplido con la condena impuesta, es correcto que en su contra sea librada la orden de recaptura para que sea sometido a la potestad del juzgador a fin de hacerlo cumplir con una sanción. Ello es así, ya que en cualquier procedimiento judicial se desea que se desarrollen o culminen sus etapas hasta el dictado de una sentencia y su cumplimiento, por ser interés común de la sociedad, ya que al quedar inconclusos dichos procedimientos generarían inseguridad jurídica. Por tanto, si al impetrante ya le fue dictada sentencia condenatoria por la comisión de un delito, y se le impuso una pena alternativa para dar cumplimiento a esa sentencia, y al no cumplir con esa pena, es indudable que es correcta la determinación del Juez responsable, para que dé cumplimiento a la sentencia referida, por lo que se considera lógico y jurídico que se le dicte la orden de reaprehensión reclamada, de lo que se advierte que no se le violentaron las formalidades esenciales del procedimiento. Por tanto, el acto reclamado no transgrede violaciones formales que norman el proceso penal previstas en el artículo 14 Constitucional y menos aún las previstas en el diverso 19 en virtud de que el acto reclamado no se ubica en ninguno de los supuestos que prevé dicho precepto Constitucional. Asimismo, la orden de reaprehensión reclamada tampoco es violatoria de las garantías individuales contenidas en el artículo 16 Constitucional, ya que del contenido del auto de siete de marzo de dos mil diecisiete, se aprecia que goza de la debida fundamentación y motivación que una resolución de esa naturaleza debe de contener, pues el juez responsable, expuso los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales consideraba procedente librar en contra del quejoso la orden de reaprehensión, ya que para tal efecto indicó que ello obedecía a que el sentenciado, sin causa justificada dejó de cumplir con las obligaciones contraídas con la autoridad con motivo del beneficio que le fue otorgado. Por ello, el Juez del conocimiento luego de hacer una correcta valoración de los elementos que integran la causa penal, así como de la información proporcionada tanto por el Subdirector de Área en suplencia de la Directora General de Instituciones Abiertas, Prevención y Readaptación Social y del Director General de Control de Sentenciados en Libertad, ambos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, como por la Defensora Pública Federal y lo expuesto por el actuario judicial de su adscripción en su razón actuarial de veintitrés de agosto del año pasado, y en ejercicio de la facultad discrecional otorgada por el artículo 71 del Código Penal Federal, estimó que lo procedente en el caso era revocar el sustitutivo de la pena de prisión por jornadas de trabajo a favor de la comunidad que le había sido otorgado, en virtud de su incumplimiento a presentarse oportunamente ante la autoridad municipal en donde realizaría dichas jornadas y, en consecuencia, ordenó su reaprehensión. Es por ello que el acto reclamado, está debidamente fundado y motivado, al estar expresadas las causas inmediatas por las cuales el juez responsable estimó procedente la reaprehensión del quejoso, adecuando su actuación exactamente a la porción normativa de referencia; de ahí que no exista infracción a las garantías individuales contenidas en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal. Por lo anterior, ante lo infundado de los conceptos de violación, y sin que se observe alguna deficiencia de la queja que suplir, lo procedente es negar al quejoso el amparo y protección que de la justicia de la Unión solicitó. La negativa del amparo declarada por cuanto al acto de la autoridad ordenadora, debe hacerse extensiva al que se atribuyó a la ejecutora Encargado de la Subsede de la Policía Federal Ministerial, residente en esta ciudad, ya que no se impugnó por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de la orden de reaprehensión librada por el juez responsable. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas a pie de página en el presente asunto no obstante que algunas fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Jhonni Arrioja Hernández, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta resolución y por las razones contenidas en su último considerando. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado del Encargado de la Subsede de la Policía Federal Ministerial en Acapulco, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; ahora, respecto de las constancias remitidas como justificación al informe que se recibe de la citada autoridad oficiante, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional.
- Incidental
Acapulco de Juárez, Guerrero, veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Administradora de Correos de México, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa los trámites que realiza para devolver la pieza postal 59153; por tanto, estese en espera de lo que informe con posterioridad. Notifíquese.
- Incidental
Acapulco, Guerrero; veinticinco de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a lo de cuenta; en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe previo del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia incidental.
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