Jesús Venosa Pineda
Expediente 683/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 683/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Jesús Venosa Pineda
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero, a diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita. Por otra parte, respecto al original y duplicado del incidente, se establece que al haberse negado la suspensión de los actos reclamados, se determina que ambos cuadernos son susceptibles de destrucción al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción III, del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto referido; por lo que, en relación a éstos continúese su manejo por separado dado lo voluminoso de los mismos. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Acapulco, Guerrero, a las once horas con diez minutos del veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 683/2017, promovido por Jesús Venosa Pineda, por su propio derecho, se procede a celebrarla encontrándose en audiencia pública el licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido del licenciado Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario que autoriza y da fe. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, el Juez la declara abierta sin la asistencia personal de las partes. A continuación, el Secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente; sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas, en atención a las consideraciones contenidas en la tesis de la Octava Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, visible en la página 185, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." ACTO SEGUIDO, EL JUEZ ACUERDA: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS: el Secretario da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa con su escrito de demanda y con la presuncional e instrumental de actuaciones, así como la que exhibió el Director General de la Unidad Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Guerrero y hace constar que las demás partes no ofrecieron medio de convicción alguno. A LO ANTERIOR EL JUEZ ACUERDA: con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por admitidas las pruebas de referencia, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, y Al no existir medios de convicción pendientes por desahogar, se cierra el período probatorio. ABIERTO EL PERIODO DE ALEGATOS: el Secretario hace constar que las partes no formularon alegatos, ni el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formulo pedimento. ENEGUIDA EL TITULAR PROVEE: Al no haber alegatos que relacionar, se concluye la etapa en que se actúa. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, se da por terminada la presente audiencia, y se procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS; para pronunciar sentencia en los autos del juicio de amparo número 683/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, y remitido ese día por razón de turno al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, Jesús Venosa Pineda, por su propio derecho, demando el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se señalan: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS: 1.- Secretario de Educación Guerrero. 2.- Titular de la Secretaría de Educación Pública. 3.- Titular de la Coordinación del Servicio Profesional Docente. 4.- Primera Presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. EJECUTORAS: 5.- Coordinadora Estatal del Servicios Profesional Docente. 6.- Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Educación Guerrero. 7.- Delegado de los Servicios Educativos en la Costa Grande de la Secretaría de Educación Guerrero. ACTOS RECLAMADOS "(.) 1.- La falta de notificación y/o emplazamiento del procedimiento de evaluación al cual manifiestan deben ajustarse los trabajadores de la educación que fueron seleccionados. 2.- La falta de notificación en la que se haya dado a conocer cuando menos con tres meses de anterioridad los perfiles parámetros indicadores, con base a los cuales se aplicara el proceso de evaluación. 3.- La falta de notificación y/o emplazamiento del procedimiento administrativo sancionador, mediante el cual se pretende aplicar una sanción de las estipuladas en la Ley del Servicio Profesional Docente. 4.- La violación del Derecho Humano al debido proceso de evaluación que señala la Ley del Servicio Profesional Docente. 5.- La violación del Derecho Humano al debido proceso administrativo sancionador por el que se nos pretende imponer una sanción conforme a la Ley del Servicio Profesional Docente. 6.- La violación a la Presunción de Inocencia dentro del Proceso Administrativo Sancionador por la cual se nos pretende aplicar una sanción señalada en la Ley del Servicio Profesional Docente. 7.- La aplicación retroactiva de la Ley del Servicio Profesional Docente, en nuestro perjuicio. 8.- La violación del derecho fundamental del principio de proporcionalidad de las penas en el proceso administrativo sancionador." SEGUNDO.- Por acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, registró la demanda con el número 549/2016, y previno a la parte quejosa, desahogada que fue la prevención por acuerdo siete de junio siguiente desechó de plano la demanda de amparo al considerar plenamente actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último precepto en sentido contrario. TERCERO.- Mediante escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, el quejoso promovió recurso de queja en contra del acuerdo que desechó la demanda de amparo, medio de impugnación que le toco conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, el cual por acuerdo de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, lo radicó como recurso de queja administrativa 108/2016, de su índice; posteriormente, mediante ejecutoria de cuatro de agosto de ese mismo año, declaró fundado el recurso de queja. En cumplimiento a la ejecutoria del tribunal de alzada, por acuerdo de quince de agosto de dos mil dieciséis, se admitió la demanda de amparo; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Seguido que fue el procedimiento por auto de dos de mayo de dos mil dieciséis, el juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, ordenó la separación de juicios, en la que determinó apartar el procedimiento UAJ/SPD/2016/1441, instaurado en contra de Jesús Venosa Pineda, por lo que este juzgado Octavo de Distrito se avocó al conocimiento del asunto; se registró la demanda de amparo con el número 683/2017; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos atribuidos a autoridades en materia administrativa, cuya ejecución material tiene lugar en el territorio en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, y que pueden tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Precisión del acto. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda se obtiene que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables según su ámbito de competencia: * La falta de notificación y emplazamiento al procedimiento de evaluación. * La falta de notificación de los perfiles parámetros indicadores con base en los cuales se aplicará el proceso de evaluación. * La falta de notificación y/o emplazamiento al procedimiento administrativo-sancionador, mediante el cual se pretende aplicar una sanción de las estipuladas en la Ley del Servicio Profesional Docente. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en representación del Secretario de Educación Pública, el Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en representación de la Consejera Presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Directora en ausencia y suplencia del Coordinador Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública, residentes en la Ciudad de México, al rendir sus respectivos informes justificados negaron los actos a ellas reclamados los cuales quedaron precisados en el considerando segundo. En las narradas consideraciones, tomando en cuenta el contenido negativo de los informes relacionados y que la parte quejosa no rindió prueba alguna tendiente a demostrar la existencia de los actos reclamados y, consecuentemente, a desvirtuar lo aseverado por las autoridades responsables, no obstante el conocimiento oportuno que de aquéllos tuvo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio. CUARTO.- Certeza de los actos reclamados. El Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Guerrero, por sí y en representación del Titular de dicha Secretaría y de la Coordinadora Estatal del Servicio Profesional Docente, con sede en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero y el Delegado de los Servicios Educativos en la Costa Grande de la Secretaría de Educación Guerrero, al rendir sus informes justificados negaron los actos a ellas reclamados (fojas 164, 151); sin embargo, es de tenerse por cierto los mismos, por la siguiente consideración. Ahora bien, dado que manifestaron que no era cierto el acto reclamado consistente en la falta de notificación y/o emplazamiento para la evaluación del desempeño y al procedimiento administrativo-sancionador, mediante el cual se pretende aplicar a los quejosos una sanción de las estipuladas en la Ley del Servicio Profesional Docente, dicha negativa conlleva a deducir que sí fueron notificados de la evaluación y que existe un procedimiento administrativo en contra del quejoso. QUINTO. Causal de improcedencia. Previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así en el caso, de oficio se analiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" De la interpretación de la fracción transcrita, se advierte que opera el sobreseimiento del juicio cuando el acto o actos reclamados, los cuales a juicio del promovente de la protección constitucional, causen perjuicio a sus garantías individuales, cesen en sus efectos, dicho de otra manera, dejen de surtir efectos en la esfera jurídica del gobernado. En ese sentido, si al instar la demanda de amparo la parte quejosa reclamó la falta de notificación y emplazamiento al procedimiento de evaluación, la falta de notificación de los perfiles parámetros indicadores con base en los cuales se aplicará el proceso de evaluación, así como la falta de notificación y/o emplazamiento al procedimiento administrativo-sancionador, mediante el cual se pretende aplicar una sanción de las estipuladas en la Ley del Servicio Profesional Docente y advertirse que el Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Guerrero, por sí y en representación del Titular de dicha dependencia, al rendir su informe justificado informó que en el procedimiento administrativo UAJ/SPD/2016/1441, instruido en contra del quejoso Jesús Venosa Pineda, el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, se dictó un auto por el cual dejó sin efectos la citada sanción impuesta al promovente del amparo; es inconcuso que la terminación del nombramiento como trabajador de la Secretaría de Educación Guerrero ha cesado en la medida en que la responsable ordenó dejar sin efectos dicha sanción por prescripción. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían los de obligar a la autoridad responsable a que actuara en el sentido de dejar sin efectos la terminación del nombramiento del quejoso como trabajador de la Secretaría de Educación Guerrero, circunstancia que ya aconteció con la emisión del multicitado acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, en consecuencia, es inconcuso que los actos de autoridad reclamados ya no les agravian, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, cuyo contenido es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así las cosas, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, lo que procede es sobreseer el presente juicio de garantías, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por último, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas a pie de página en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 77, 78, 217, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 683/2017, en términos de lo expuesto en el tercero y último considerandos de esta resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, asistido por Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintiuno de julio de dos mil diecisiete. Téngase por recibida la papeleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, por la que remite el oficio 20579/2017 y copia certificada de la demanda y anexos que dio origen al juicio de amparo 549/2017, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, de esta ciudad, con motivo de la separación de juicios decretada en resolución de dos de mayo del año en curso, en el citado expediente, en la que se determinó apartar el procedimiento para conformar juicio de amparo en relación al procedimiento administrativo UAJ/SPD/2016/1441, instaurado en contra de Jesús Venosa Pineda, promovido en contra del Secretario de Educación Guerrero, con sede en Chilpancingo, y otras autoridades; agréguense a los autos el oficio de referencia, así como el expediente principal en cuestión, y acúsese el recibo correspondiente. Regístrese en el libro de gobierno con el número 683/2017, y fórmese expediente. ADMISIÓN DE DEMANDA Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la demanda de amparo, promovida por Jesús Venosa Pineda, en contra de la autoridad responsable Secretario de Educación Guerrero, con sede en Chilpancingo, y de otras autoridades. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional, en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo. INCIDENTE DE SUSPENSION De las constancias que se allegaron al presente asunto, entre otras, copia certificada de los cuadernillos del incidente de suspensión relativo al juicio en que se actúa; con apoyo en el numeral 128, último párrafo, de la Ley de Amparo, manéjense por cuerda separada los cuadernos de referencia, y dado que en éstos ya se emitió la interlocutoria que determinó sobre la suspensión definitiva de las autoridades responsables, debe prevalecer en sus términos. INFORME JUSTIFICADO Sin que resulte necesario requerir el informe con justificación a las autoridades designadas como responsables en este asunto, dado que ya obran en autos; por lo que, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, téngase por rendidos dichos informes, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Igualmente, se informa a las autoridades responsable que las notificaciones se les practicarán por lista, salvo las que por su trascendencia se les deba notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la radicación del juicio con copia simple de la demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida Reforma número 34, colonia Morelos, código postal 39530, de esta ciudad, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alfonso Treviño Rivera y Gilberto Pérez Sánchez, cuyas cédulas profesionales se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales en Derecho. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese.
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