Jeycel Gabriela Rivera García
Expediente 444/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 444/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 27/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jeycel Gabriela Rivera García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Únicamente agréguense en autos el oficio y anexo que remite el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual remite copia autógrafa de la audiencia de conciliación, contestación de la demanda y ofrecimiento de pruebas de veinte de noviembre del año en curso; lo anterior, en virtud de que el trece del citado mes y año, se declaró firme el auto de sobreseimiento decretado en el presente juicio de amparo y se ordenó su archivo como asunto totalmente concluido.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de veinte de octubre de dos mil veinte, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por **************, no fue recurrido dentro del término legal, por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Sin que pase inadvertido para este juzgador el hecho de que no obre en autos el acuse de recibo de la notificación a la autoridad responsable, del proveído de veinte de octubre pasado, dictado en el presente asunto, toda vez que de conformidad con el artículo 87, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ésta carece de legitimación para interponer recurso de revisión, al haberse decretado el sobreseimiento del juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Por consiguiente, toda vez que el presente juicio se decretó el sobreseimiento, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Únicamente agréguese a sus autos el oficio que remite la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual, remite copia certificada de las constancias actuariales de siete y dieciséis de octubre pasado, correspondientes a la notificación que se realizó a las partes del juicio laboral 966/2019/TCA/CD/IND; toda vez que en proveído de veinte de los actuales, se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia constitucional.
- Principal
Agréguese en autos el oficio que remite la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual, en atención al requerimiento de seis de los actuales, remite copia certificada de las constancias actuariales de siete y dieciséis de octubre pasado, correspondientes a la notificación que se realizó a las partes del juicio laboral *****************, respecto del acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veinte. Ahora bien, de la lectura íntegra a las constancias que remitió la responsable al oficio que se acuerda, así como a las que anexó a su informe justificado, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir cuando la actuación ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiese concedido el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Tal causa de improcedencia se actualiza, por la imposibilidad que surge de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Con base a lo anterior, se concluye que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que operó la causal de improcedencia señalada porque: La quejosa señaló como omisión reclamada: La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato, de pronunciarse respecto a las medidas cautelares solicitadas en la ampliación de la demanda que promovió el veinticuatro de febrero de dos mil veinte, dentro del expediente *************(acumulador del 967/2019); así como la falta de notificación de dicha determinación. De de acuerdo con las constancias que remitió la autoridad responsable, como complemento de su informe justificado y en atención a lo solicitado en providencia de seis de los actuales, se desprende que: Que el treinta de septiembre de dos mil veinte, la responsable, se pronunció respecto de las medidas cautelares solicitadas por la quejosa en la ampliación de la demanda del juicio laboral ******************, las cuales consistían en que se suspendiera la medida disciplinaria laboral consistente en ocho días de suspensión en su empleo, sin goce de sueldo en todas sus claves y/o plazos, dos notas malas en su expediente personal; así como, para que se suspendiera la orden de cambio de centro de adscripción de la actora, aquí quejosa, -omisión que constituye el reclamo en el presente juicio-. Que tal determinación le fue notificado a la parte actora (aquí quejosa) y autoridad demandada el dieciséis y siete de octubre del año que transcurre, respectivamente. Por tanto, es evidente que la omisión que se tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable se pronunció respecto de las medidas cautelares que gestionó la quejosa, a través del auto dictado el treinta de septiembre del año en curso, dentro del expediente *************** de su índice, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla.
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