Jesús Tomás Herrera Anaya
Expediente 749/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 749/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 09/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jesús Tomás Herrera Anaya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Finalmente, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.
- Principal
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta que suscribe **********; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, con el escrito recibido en esta data, así como con el diverso recibido el tres de los corrientes, se le tiene cumpliendo con el requerimiento efectuado en proveído de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. El suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita, se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene precisar que de la lectura íntegra de la demanda, de los escritos aclaratorios, así como de la documental que adjuntó al escrito recibido en la oficialía de partes de este Juzgado el tres de los actuales, se advierte que el quejoso acude ante esta instancia constitucional reclamando: El auto de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, pronunciado en el juicio ejecutivo mercantil M-44/2015, del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido, con residencia en esta ciudad, mediante el cual se desechó el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por la parte quejosa el quince de julio del año en curso. Atento a esto, el suscrito considera que en la especie se cristaliza la referida causal de improcedencia, toda vez que contra el acto que aquí se reclama, y al ser parte formal en el juicio de origen, el quejoso se encontraba obligado a agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, el medio ordinario legal de defensa correspondiente, como lo es el recurso de revocación establecido en el artículo 1334 del Código de Comercio Vigente, el cual textualmente reza: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio..." En el presente caso, el procedimiento en el que se emitió el acto reclamado se encuentra en etapa de ejecución de la sentencia. Ahora la determinación en la que se desechó el incidente de nulidad de notificaciones, en modo alguno pone fin al procedimiento incidental, por ello no se trata de una sentencia interlocutoria, pues no resuelve la propuesta de anular o validar la notificación impugnada. Por esta razón, es que de conformidad con lo establecido en el numeral 1334 del Código de Comercio Vigente, se estima que el medio de defensa ideal para combatir el acto reclamado es el recurso de revocación, previamente por tratarse de un auto. Bajo ese contexto, si en la especie la parte quejosa reclama el auto en el que se desechó el incidente de nulidad de notificación que interpuso en el juicio ejecutivo mercantil M-44/2015, del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido, con residencia en esta ciudad, y el referido numeral 1334 del Código de Comercio prevé un recurso -revocación- que tiene por objeto la modificación total o parcial de la determinación que el mismo juzgador dictó; es incuestionable que la parte quejosa, previo acudir al juicio de amparo, debió agotar dicho medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, como el solicitante del amparo es la parte demandada en el citado juicio mercantil y no controvirtió dicho acto mediante el recurso de impugnación idóneo -revocación-, es claro que el amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. Además de que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; II. Tampoco consiste en orden de orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, III. No se trate de un tercero extraño a procedimiento, porque el acto reclamado lo constituye el auto de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento dictado en contra del aquí quejoso. Es decir, no se le puede considerar tercero extraño al procedimiento en sentido estricto dado que es la parte demanda, y tampoco le reviste la calidad de tercero extraño por equiparación, en virtud de que se enteró del procedimiento seguido en su contra en el cual no se ha dictado sentencia definitiva. Por ello, se insiste que el quejoso previo a instar el presente juicio de amparo debió interponer el señalado medio de defensa -revocación- para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. Sin que sea obstáculo, que el acto reclamado pudiera considerarse como de imposible reparación, en virtud que la Primera Sala del Alto Tribunal estableció que la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia invocada, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA:Agréguese a sus autos el escrito de cuenta que suscribe **********; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, con el escrito recibido en esta data, así como con el diverso recibido el tres de los corrientes, se le tiene cumpliendo con el requerimiento efectuado en proveído de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. El suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita, se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene precisar que de la lectura íntegra de la demanda, de los escritos aclaratorios, así como de la documental que adjuntó al escrito recibido en la oficialía de partes de este Juzgado el tres de los actuales, se advierte que el quejoso acude ante esta instancia constitucional reclamando: El auto de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, pronunciado en el juicio ejecutivo mercantil M-44/2015, del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido, con residencia en esta ciudad, mediante el cual se desechó el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por la parte quejosa el quince de julio del año en curso. Atento a esto, el suscrito considera que en la especie se cristaliza la referida causal de improcedencia, toda vez que contra el acto que aquí se reclama, y al ser parte formal en el juicio de origen, el quejoso se encontraba obligado a agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, el medio ordinario legal de defensa correspondiente, como lo es el recurso de revocación establecido en el artículo 1334 del Código de Comercio Vigente, el cual textualmente reza: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio..." En el presente caso, el procedimiento en el que se emitió el acto reclamado se encuentra en etapa de ejecución de la sentencia. Ahora la determinación en la que se desechó el incidente de nulidad de notificaciones, en modo alguno pone fin al procedimiento incidental, por ello no se trata de una sentencia interlocutoria, pues no resuelve la propuesta de anular o validar la notificación impugnada. Por esta razón, es que de conformidad con lo establecido en el numeral 1334 del Código de Comercio Vigente, se estima que el medio de defensa ideal para combatir el acto reclamado es el recurso de revocación, previamente por tratarse de un auto. Bajo ese contexto, si en la especie la parte quejosa reclama el auto en el que se desechó el incidente de nulidad de notificación que interpuso en el juicio ejecutivo mercantil M-44/2015, del índice del Juzgado Quinto Civil de Partido, con residencia en esta ciudad, y el referido numeral 1334 del Código de Comercio prevé un recurso -revocación- que tiene por objeto la modificación total o parcial de la determinación que el mismo juzgador dictó; es incuestionable que la parte quejosa, previo acudir al juicio de amparo, debió agotar dicho medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, como el solicitante del amparo es la parte demandada en el citado juicio mercantil y no controvirtió dicho acto mediante el recurso de impugnación idóneo -revocación-, es claro que el amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. Además de que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que el acto reclamado: I. No importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; II. Tampoco consiste en orden de orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, III. No se trate de un tercero extraño a procedimiento, porque el acto reclamado lo constituye el auto de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento dictado en contra del aquí quejoso. Es decir, no se le puede considerar tercero extraño al procedimiento en sentido estricto dado que es la parte demanda, y tampoco le reviste la calidad de tercero extraño por equiparación, en virtud de que se enteró del procedimiento seguido en su contra en el cual no se ha dictado sentencia definitiva. Por ello, se insiste que el quejoso previo a instar el presente juicio de amparo debió interponer el señalado medio de defensa -revocación- para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. Sin que sea obstáculo, que el acto reclamado pudiera considerarse como de imposible reparación, en virtud que la Primera Sala del Alto Tribunal estableció que la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia invocada, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito signado por **********, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual aduce cumplir el requerimiento formulado en proveído de veintitrés de agosto del presente año; en ese sentido, se acuerda: Dígasele que no ha lugar a tenerla cumpliendo la prevención formulada en el auto en mención, toda vez que el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo; por su parte el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detectaron en la demanda, por lo que es inconcuso que ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir dicho agravio, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. De ahí que la autorización que se le otorgó en términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo, no lo faculta a realizar cualquier acto en nombre de la peticionaria del amparo, ya que su actuación depende de las reglas que regulan el juicio constitucional. En virtud de lo antes expuesto, no se tiene por desahogado el requerimiento efectuado en providencia de veintitrés de agosto pasado, por lo que continúa transcurriendo el término que se le otorgó para tal efecto y subsiste el apercibimiento ahí decretado.
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