Jesús Ulises Olvera Rodríguez

Expediente 354/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
354/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
07/12/2020

Partes del expediente

  • Jesús Ulises Olvera Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a siete de diciembre de dos mil veinte. Visto el oficio de cuenta, signado por la , mediante el cual, devuelve el oficio 16715/2020, dirigido al Presidente de la República, toda vez que refiere que en el presente juicio es representado por la Secretaría de Salud. En atención a ello, mediante oficio que al efecto se gire con el presente proveído, remítase al Presidente de la República, por conducto del Secretario de Salud, el oficio que se devuelve, a fin de que se le notifique el auto por el que causó ejecutoria la sentencia emitida en los presentes autos. Notifíquese a la parte quejosa por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a treinta de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se remitieron las constancias que adjuntó como complemento a su informe justificado. De lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento de multa con que fue conminada. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil veinte, dictada por este órgano jurisdiccional, en la que se SOBRESEYÓ el presente juicio de amparo, promovido por ----------- y ----------, por propio derecho, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y notificado este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones, en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transparencia, y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II, y capitulo octavo, numerales 20 y 21, inciso a) que dice: VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: Duplicados, siempre que se cuente con el original; y. Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;. . El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados;" En este sentido, se estima que el expediente principal, conjuntamente con los cuadernos incidentales, es susceptible de destrucción, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional sobreseyó el juicio de amparo, aunado a que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. Sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al artículo 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General antes transcrito, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado acuerdo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. En diverso aspecto, tomando en consideración que las autoridades responsables Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, remitieron copias certificadas de diversas constancias, y toda vez que no es necesaria la retención de las mismas, devuélvanse a su lugar de origen; asimismo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, requiérase a las citadas autoridades responsables, para que en el plazo de tres días computados legalmente acusen recibo de las constancias que se le devuelven. Se apercibe a dichas responsables, que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o informar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se les aplicará una multa de $4,344.00 (cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización a cada una. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de diez de enero de dos mil veinte, cuyo monto vigente es de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional). Se pone a disposición de las autoridades requeridas, el correo electrónico institucional luis.hernandez.ortiz@correo.cjf.gob.mx para el caso de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente asunto, siempre y cuando tengan firma electrónica, o bien, se remita de manera digitalizada, con firma y sellos autógrafos, a través de correo electrónico oficial y/o institucional. Finalmente, se hace de su conocimiento el número telefónico del Secretario encargado del asunto, Luis Daniel Hernández Ortiz, siendo 5553870500, extensión 1385, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. Notifíquese a las partes por medio de lista, en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 354/2020-IV, promovido por ------------ y ------------, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito recibido el doce de junio de dos mil veinte, por el Secretario de Guardia adscrito a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, autorizado para recibir demandas de amparo por incomunicación, las relativas a los artículos 15, 17 y 20 de la Ley de Amparo, y todas aquellas promociones que requieran diligenciarían urgente, así como aquellas que se ubiquen en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General 8/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ------------ y ------------solicitaron el amparo y protección de la justicia federal en contra de las autoridades y actos que más adelante se precisarán. SEGUNDO. La parte quejosa consideró violados los derechos consagrados en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Mediante proveído de quince de junio dos mil veinte, este juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada con el número 354/2020-IV; solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes con justificación; dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; y con fundamento en el Acuerdo General 4/2020 del Pleno de la Consejo de la Judicatura Federal relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, se reservó señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, hasta en tanto fueran reanudadas las labores de este recinto judicial. Posteriormente, por auto de cinco de agosto de dos mil veinte, se ordenó la reanudación del trámite en el presente sumario constitucional, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en consecuencia se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Apartado Cuarto, facción II, del Acuerdo General 03/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en relación con el Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el quince de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, que reforma el numeral segundo, fracción II número tres del citado Acuerdo General 3/2013; en virtud de que las consecuencias del acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción de este este órgano federal. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados consisten en: 1. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. La expedición del decreto de veintisiete de marzo de dos mil veinte, por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2, COVID19; que tuvo como consecuencia la suspensión de actividades en los órganos jurisdiccionales. 2. Secretario de salud del Gobierno Federal. La expedición de los acuerdos de veintitrés, treinta, y treinta y uno de marzo, y veintiuno de abril, todos de dos mil veinte, por medio de los cuales se declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y se establecieron acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que tuvo como consecuencia la suspensión de actividades en los órganos jurisdiccionales. 3. Del Gobernador del Estado de México. La expedición del acuerdo ejecutivo por el que se determinan acciones preventivas con motivo de la pandemia causada por el virus SARSCoV2 (COVID-19), para el Gobierno el Estado de México, de veintitrés de marzo y diecisiete de abril de dos mil veinte, así como los acuerdos posteriores que han ampliado y prorrogado la suspensión de actividades, entre ellas la de los órganos jurisdiccionales. 4. Del Secretario de Salud del Estado de México. La expedición de los acuerdos de dos y veintiocho de abril de dos mil veinte, por los que se establecen las medidas preventivas y de seguridad que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus COVID-29, en el Estado de México, siendo consecuencia de ello la suspensión de la actividades en los órganos jurisdiccionales 5. Del Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. La paralización del juicio administrativo 824/2016, al no poder agotarse todas las etapas procesales, derivado de la emisión del acuerdo de presidencia de diecinueve de marzo de dos mil veinte, relativo a la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales, así como los acuerdos de ampliación y prorroga. 6. Del Magistrado de la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. La paralización del juicio administrativo 824/2016, en cumplimiento a los acuerdos generales referidos en los puntos 1 a 5 del presente considerando. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados, ya que al rendir su informe justificado aceptaron su existencia, las autoridades responsables: Magistrado de la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; Secretario de Salud del Gobierno Federal; Gobernador del Estado de México; Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; Secretario de Salud del Estado de México; y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos por conducto del Secretario de Salud del Gobierno Federal. Informes que, dado su carácter de documento público por haber sido emitido por autoridades en ejercicio de sus funciones, merecen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Además, los acuerdos generales reclamados no son objeto de prueba, pues su existencia es un hecho notorio que se desprende de su publicación tanto el Diario Oficial de la Federación, como en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado Libre y Soberano de México. Es aplicable la tesis V.2o.214 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-1, febrero de 1995, Pág. 205, de rubro y texto: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA." CUARTO. La procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público, merece estudio preferente, lo aleguen o no las partes, tal y como lo estatuye el artículo 62 de la Ley de Amparo: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En ese sentido, este juzgador en relación con el acto reclamado, consistente en la suspensión o paralización del juicio administrativo 824/2016, del índice de la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La literalidad del precepto en mención indica que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia de éste, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI, y 77, de la Ley de Amparo, se concluye que la causal de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Es conveniente referir, en primer lugar, que los quejosos son parte (actor y abogado patrono) en el juicio administrativo 827/2016 que se ventila ante las Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y, su reclamo se sustenta esencialmente en que, con motivo de los diversos acuerdos emitidos para atender la contingencia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) el trámite de ese juicio fue suspendido a partir del veinte de marzo de dos mil vente, lo cual tuvo como efecto restringir el acceso a la administración de justicia de los quejosos, pues se impidió continuar con la ejecución de la resolución emitida en el dicho juicio. Sin embargo, el cuatro de agosto de dos mil veinte, se publicó en el periódico oficial del Gobierno del Estado de México, denominado "Gaceta de Gobierno", el "ACUERDO DE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE DETERMINA LA REANUDACIÓN DE LAS ACTIVIDADES JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVAS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, CONFORME AL DIVERSO "ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO QUE ESTABLECE EL PLAN PARA EL REGRESO SEGURO A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, SOCIALES, GUBERNAMENTALES Y EDUCATIVAS CON MOTIVO DE LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS (COVID-19), EN EL ESTADO DE MÉXICO." En dicho acuerdo, se determinó que en observancia a que el diecisiete de julio de dos mil veinte el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, informó que a partir de veinte de julio de veinte, se actualizó la etapa de riesgo alto, esto es, la que corresponde al semáforo naranja, relacionado con "PLAN PARA EL REGRESO SEGURO A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, SOCIALES, GUBERNAMENTALES Y EDUCATIVAS CON MOTIVO DE LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS (COVID- 19), EN EL ESTADO DE MÉXICO". Y, considerando que el dieciséis de junio de veinte la presidencia de ese tribunal, emitió el "ACUERDO DE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE DETERMINA PROLONGAR EL PERIODO DE SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVAS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, CONFORME AL DIVERSO "ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO QUE ESTABLECE EL PLAN PARA EL AMPLIAR LOS EFECTOS DEL "PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL REGRESO SEGURO A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, SOCIALES, GUBERNAMENTALES Y EDUCATIVAS CON MOTIVO DE LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS (COVID-19), EN EL ESTADO DE MÉXICO", publicado el diecinueve siguiente en el periódico oficial "Gaceta de Gobierno" del Estado Libre y Soberano de México, en el que se determinó, como acción extraordinaria para continuar atendiendo la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), prolongar el periodo de la suspensión de las actividades jurisdiccionales y administrativas de la autoridad responsable, declarada por el diverso acuerdo de veintiocho de abril del año en curso; hasta en tanto, las autoridades sanitarias competentes, en ejercicio de sus atribuciones, determinen en el Sistema de Semáforos Epidemiológico la actualización de la etapa de riesgo alto "semáforo naranja". Por lo anterior, se ordenó la reanudación de las actividades jurisdiccionales y administrativas de este órgano jurisdiccional, así como de los términos, plazos procesales y la celebración de audiencias, en términos de la legislación adjetiva aplicable. Sentado lo anterior, con la emisión de esta última disposición, quedaron sin efectos implícitamente las distintas aquí reclamadas que autorizaron la suspensión de labores y por consecuencia de los plazos procesales en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Consecuentemente, se estima que se cumplen los lineamientos establecidos anteriormente para considerar que en la especie cesaron los efectos del acto reclamado, debido a que durante la tramitación del presente juicio de amparo, la autoridad responsable Presidente del Tribunal de justicia Administrativa del Estado de México, al emitir el Acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veinte, implícitamente dejó insubsistente en forma permanente los efectos de las disposiciones aquí reclamadas, por ende, los efectos de las violaciones alegadas. En efecto, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado a las autoridades responsables, pues con la emisión del citado Acuerdo, se dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, para el caso de que a los peticionarios de amparo, se les concediera la protección constitucional solicitada, su efecto sería que las autoridades responsables, continuaran con el trámite del juicio de origen; por lo que, si en el presente caso ya se reanudaron las labores en la sala regional del conocimiento, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no le agravia, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiera concedido el amparo y protección de la justicia federal. En el mismo sentido, se cita la jurisprudencia 2a./J. 6/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 2, página 1107, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA COMO AUTOAPLICATIVA UNA LEY, ÉSTA ES REFORMADA O DEROGADA. Conforme al artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, resulta inconcuso que se actualiza dicha causa de improcedencia si en el juicio de amparo indirecto se reclama como autoaplicativa una ley norma general prohibitiva, o la que establece una obligación, y durante la tramitación del juicio se reforma o deroga, eliminando la prohibición u obligación, destruyéndose así de manera total e incondicionada sus efectos, y no se demuestra que la que genera una obligación haya producido durante su vigencia alguna consecuencia material en perjuicio de la quejosa, derivada del incumplimiento de las obligaciones que estableció durante el periodo que estuvo vigente, pues una eventual concesión del amparo contra la ley carecería de efectos prácticos." En tales circunstancias, resulta evidente que se actualizó la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por tanto, en relación con el diverso 63, fracción V del citado ordenamiento, se impone sobreseer en el juicio de amparo, respecto al acto señalando en el numeral 6 del considerando SEGUNDO, esto es, la paralización del juicio administrativo 824/2016, del índice de la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Finalmente, ese sobreseimiento debe hacerse extensivo a todos los acuerdos generales reclamos, marcados con los numerales 1 a 5 del considerando SEGUNDO; ya que todos fueron impugnados a partir del acto de aplicación analizado en párrafos precedentes, es decir, con motivo de la paralización del procedimiento administrativo 824/2016. Al respecto debe decirse que cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una o varias normas de carácter general, con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juzgador de amparo no puede desvincular el estudio de esa norma del que concierne a su aplicación, ya que tal acto es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí sola la norma general considerada en abstracto. De esa manera, la vinculación entre las normas generales reclamadas en el presente juicio y el acto concreto de su aplicación (suspensión del juicio administrativo), impide examinar las primeras prescindiendo del segundo, por tanto, si el acto de aplicación reclamado cesó en sus efectos, con motivo de la emisión de diverso acuerdo de reanudación de labores, y por tanto se desestimó el amparo promovido en su contra, ello impone al juez la necesidad de sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y las norma impugnadas, ya que, en palabras del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento". Lo anterior, se desprende de la jurisprudencia 346 visible en el Apéndice 2000, Tomo I, Const., Jurisprudencia Suprema Corte de Justicia de la Nación, Página 400, de rubro y texto: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." Bajo esas consideraciones, es menester SOBRESEER en el presente juicio, relación con las normas generales impugnadas, precisadas en los numerales 1 a 5 del considerando SEGUNDO, ya que el estudio de los acuerdos generales recamados, no puede desvincularse del que en su caso correspondería al acto de aplicación por el cual fueron reclamados en el presente juicio de amparo. Es aplicable la tesis XXI.2o.P.A.25 A del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, de rubro: TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. SI SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DEL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, RESULTA IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS LA DECLARACIÓN-RECIBO, CON LA QUE SE PRETENDE DEMOSTRAR DICHO ACTO DE APLICACIÓN. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ------------- y -----------, por derecho propio, respecto de los actos precisados en el considerando segundo, por los motivos y razones desarrollados en el diverso cuarto de la presente resolución. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, asistido de Luis Daniel Hernández Ortiz, Secretario que da fe, hasta hoy veintiséis de octubre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores del juzgado.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · 7,552 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano