Jesús Sosa Luna

Expediente 17/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
17/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
06/07/2021

Partes del expediente

  • Jesús Sosa Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a seis de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, dictada por este órgano jurisdiccional, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, promovido por -----------, por propio derecho, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, contrario sensu, se ordena su archivo definitivo. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso a, que dicen: CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. En atención a lo anterior, se estima que este EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional sobreseyó el juicio de amparo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15, del Acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese por lista a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 17/2020-VI, promovido por ----------, por propio derecho, contra actos del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el siete de enero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado el mismo día a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, -------------------- demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y acto que se indica: III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Se señalan como autoridades responsables: a. Como ordenadoras 2. Director del Instituto Mexicano del Seguro Social. 3. Director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social. b. Como Autoridades ejecutoras: c. Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social del Estado de México. d. Director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de México. e. Subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Ciudad de Naucalpan, Estado de México. IV. ACTOS RECLAMADOS: 1) Se reclama de todas las Autoridades Ordenadoras: a) Del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, [.] se reclama la inacción u omisión de supervisión, información y difusión respecto a la modificación a los aumentos generales a los Pensionados del IMSS, los cuales, desde el año 2017, han tenido una discrepancia sustancial tras la modificación constitucional en el párrafo segundo de la fracción VI, del artículo 123 parte A, para el pago de Unidades de Medida y Actualización y no en Salarios Mínimos como debería de ser y como se cotizó lo largo de la vida laboral y que derivó que me haya pensionado. b) Del Director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, se le reclama la omisión de información, supervisión, verificación de las modificaciones en el Sistema de Pensiones, tras la reforma constitucional del año 2016, en la que se cambió a Unidades de Medida y Actualización, en vez de Salarios Mínimos, ya que la naturaleza del mismo, el incremento debe ser en la misma tesitura que el Salario Mínimo estipulado en el Periódico Oficial de la Federación. 2) Se reclama de todas las Autoridades Ejecutoras: a) Del Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social del Estado de México, la omisión de la orientación, información de los cambios respecto a la conversiones Salarios Mínimos a Unidades de Medida y Actualización, a los derechohabientes pensionados como es responsabilidad, ya que, trastoca la esfera jurídica del mismo, al no verse beneficiado el pago de su pensión tras las modificaciones salariales, donde el valor de la UMA y el Salario Mínimo es diferencial hasta por el 21.5% mensual, de lo que está dejando de percibir el pensionado en salario mínimo y no en unidades de medida de actualización, tal como lo establece la Suprema Corte de Justicia del Nación. b) Se reclama del Director de Prestaciones Económicas del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de México, la omisión en la información, orientación y valoración en el perjuicio de los pensionados, como es en mi caso, la cual, no fui informado en las repercusiones y los perjuicios en dichas modificaciones, ya que, siendo éste el encargado de proporcionar disposiciones legales, ha sido omiso en difundir las modificaciones que desde el año 2016 han sufrido en el pago de Pensión, y que por ende la omisión de pagar mi pensión en salario mínimo y no en Unidades de Medidas de Actualización, tal como lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación. c) Se le reclama al Subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de Naucalpan de Juárez, Estado de México, ya que al acudir directamente a peticionar la conversión de UMA a Salario Mínimo, ya que se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, la inconstitucionalidad de la conversión en comento, y que, desde el día que se metió la solicitud, no ha contestado la autoridad señalada, ni de forma negativa, ni de forma positiva, dejándome entonces en un estado de vulnerabilidad, y por ende la omisión de pagar en salario mínimo y no en unidades de mediadas de actualización, tal como lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación. [sic] SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de ocho de enero de dos mil veinte fue radicada la demanda de amparo con el expediente 17/2020-VI; se admitió a trámite, se dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se requirió a las responsables su informe justificado, y se fijó día y hora en que tendría lugar la celebración de audiencia constitucional. Por auto de diecisiete de febrero de dos mil veinte, se tuvo por inexistente a la autoridad que el quejoso señaló como Subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Ciudad de Naucalpan de Juárez. Seguido el trámite correspondiente, el treinta y uno de julio de dos mil veinte se celebró la audiencia constitucional y posteriormente, el diecisiete de agosto de dos mil veinte, se terminó de engrosar la sentencia dictada en el presente juicio. Inconforme con esa determinación, el quejoso Jesús Sosa Luna, interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer por razón de turno al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, bajo el número de recurso de revisión 135/2020, quien en resolución de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, resolvió: PRIMERO. Se revoca la resolución recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados en esta ejecutoria, se encomienda al Juez de Distrito reponer el procedimiento, en el juicio de amparo indirecto 17/2020-VI, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México con sede en Naucalpan de Juárez. Ahora bien, es oportuno transcribir en lo que interesa lo determinado por dicho órgano colegiado en la ejecutoria de mérito: Así, es evidente que, de las constancias que conforman el juicio de amparo se aprecia que, el órgano constitucional omitió requerir a la parte quejosa, para que ampliara su demanda, con respecto al acto reclamado (falta de respuesta y notificación a su solicitud), limitándose primordialmente a darle vista con las constancias que remitió el Director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social [.]. En consecuencia, con apoyo en el artículo 93, fracción IV de la ley de Amparo, lo procedente es revocar la resolución recurrida y ordenar la reposición del procedimiento, a fin de que la [sic] juez de Distrito: a) Requiera al quejoso, mediante notificación personal, para que dentro del término de quince días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación respectiva, manifieste si desea ampliar la demanda de amparo en contra del acto, consistente en el acuerdo contenido en el oficio número 095276613A11/00 3729, de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, y nueva autoridad Jefe de Área de la División de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, con la oportunidad de formular nuevos conceptos de violación en su contra. b) Previo cumplimiento de las formalidades que rigen el juicio de amparo, en su oportunidad, con plenitud de jurisdicción, pronuncie la sentencia que conforme a derecho proceda. En consecuencia, en auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional dejó sin efectos la audiencia constitucional celebrada el treinta y uno de julio de dos mil veinte, así como la sentencia dictada el diecisiete de agosto de dos mil veinte, y ordenó la reposición del procedimiento a fin de dar vista por un plazo de quince días a la parte quejosa con la existencia de un acto que guarda estrecha relación con los señalados en el escrito inicial de demanda -el acuerdo contenido en el oficio número 095276613A11/00 3729, de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, emitido por el Jefe de Área de la División de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social y el acta de notificación del referido oficio, levantada por el notificador de la División de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social,- a efecto de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda. Una vez transcurrido el plazo de la vista, sin que la parte quejosa realizara manifestación alguna, en auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos y se tuvo por perdido el derecho de la parte quejosa a formular la ampliación de demanda referida, por lo que se ordenó continua el trámite del juicio únicamente por lo que hace a las autoridades y actos reclamados señalados en su escrito inicial de demanda. Finalmente, la audiencia constitucional se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, es competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I y VII, de la Constitución General de la República; 33 fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el apartado cuarto fracción II del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación al Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclaman, entre otros, actos que no tienen ejecución material, aunado al hecho de que la demanda fue radicada por este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En primer término, es preciso establecer que de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de una lectura integral de la demanda, así como de las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que el quejoso reclama, lo siguiente: 1. De (i) el Director del Instituto Mexicano del Seguro Social (ii) el Director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social; (iii) el Delegado Regional en el Estado de México Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social; y (iv) Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de México Oriente: a. La omisión de supervisión, información y difusión respecto a la modificación de pago y aumentos generados a las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, de salarios mínimos a Unidades de Medida y Actualización; 2. Del Director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social: a. La modificación de pago y aumentos generados a las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, de salarios mínimos a Unidades de Medida y Actualización derivado de la reforma constitucional del año dos mil dieciséis. b. La omisión de dar contestación a su escrito de cinco de noviembre de dos mil veinte, presentado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, Unidad de Prestaciones Económicas. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Es conveniente adelantar que los actos reclamados marcados con los numerales 1.a. y 2.a., resultan INEXISTENTES, por las razones que se exponen a continuación. Las autoridades responsables Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social; Delegada Regional Estado de México Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Titular de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, al rendir su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado señalado con el numeral 1. a del considerando anterior, consistente en la omisión de supervisión, información y difusión respecto a la modificación de pago y aumentos generados a las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, de salarios mínimos a Unidades de Medida y Actualización. Por su parte, la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de México Oriente, fue omisa en rendir su informe justificado. En ese sentido, es importante mencionar que cuando en el juicio de amparo se reclaman actos de naturaleza omisiva, la carga de la prueba sobre la existencia o inexistencia de esos actos, por regla general, recae en las autoridades, sin embargo, de manera previa a estar en aptitud de realizar un pronunciamiento sobre la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva, el juez de distrito debe acudir en principio a las normas legales que prevén la competencia de la autoridad en cuestión para verificar si en realidad ésta se encuentra obligada a realizar esa conducta.1 En otras palabras, antes de emitir un pronunciamiento sobre la existencia de una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta, soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido únicamente cuando una norma así lo determine. Conforme a lo anterior, a fin de poder tener por ciertas las omisiones señaladas, resulta preciso que las autoridades responsables tengan la obligación jurídica objetiva (contenida en una norma) de actuar en la forma que la parte quejosa indica. Por lo tanto, debe concluirse que las referidas omisiones reclamadas al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Delegada Regional Estado de México Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Titular de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de México Oriente, resultan INEXISTENTES, toda vez que de acuerdo a los 268 de la Ley de del Seguro Social,así como los artículos 814 y 1445 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, ninguna de esas autoridades tiene facultades para supervisar, informar o difundir, lo relativo a la modificación al aumento del pago de pensiones. En ese sentido, era necesario que en este juicio constitucional, se hubiera acreditado cuando menos las autoridades responsables tenían una obligación en ese sentido; y sin esa obligación, no puede tenerse por acreditada la omisión que se les imputa. Lo anterior, porque la parte quejosa no acreditó dentro de la secuela del procedimiento o en la propia audiencia incidental, ni este juzgador lo advierte de oficio, que las autoridades responsables se encontraran obligadas a actuar de la forma que lo refiere. Sin que la fracción IX del artículo 268 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social que refiere que el Director General del mismo tiene facultades para realizar toda clase de actos jurídicos necesarios para cumplir con los fines del instituto, pueda traducirse en que éste tenga una obligación de difundir información relacionada con la forma de calcular las pensiones de los asegurados, pues esa fracción se refiere a la celebración de actos como contratos o convenios, a fin de que el Instituto pueda cumplir con su finalidad. Por otro lado, también se concluye que resulta inexistente el acto marcado con el numeral 2.a, del considerando anterior, esto es la modificación al pago y aumentos generados a las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, de salarios mínimos a Unidades de Medida y Actualización derivado de la reforma constitucional del año dos mil dieciséis, pues a pesar de que las autoridades señaladas responsables fueron omisas en pronunciarse al respecto, existen en el presente expediente pruebas fehacientes que acreditan tal inexistencia. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se desprende que mediante oficio 09527661 3A11/00 3729, de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, el Jefe de Área de la División de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, en atención a la solicitud formulada por el quejoso, señaló lo siguiente: El monto de la pensión de CESANTÍA EN EDAD AVANZADA que le fue concedida por parte del IMSS al amparo de la Ley del Seguro Social de 1973 (LSS 1973) se determinó con base en el salario promedio de sus últimas 250 semanas de cotización y el número total de sus semanas reconocidas, de conformidad con el artículo 167 de la LSS 1973. Estos datos fueron certificados y proporcionados por los Servicios de Afiliación y Vigencia de Derechos Subdelegaciones, de conformidad con sus facultades establecidas en los artículos 71 fracciones III, XV y XXI, 72 fracción I, inciso b), j), 138, 139, 149 y 150 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social. El artículo 172 de la LSS 1973 que establecía en efecto que La cuantía de las pensiones por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, serán revisadas cada vez que se modifiquen los salarios mínimos, incrementándose con el mismo aumento porcentual que corresponda al salario mínimo general del Distrito Federal, quedo sin efectos con la aplicación del artículo Decimo Primero Transitorio del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social (LSS 1997) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2001, en el sentido de que la cuantía de la pensiones concedidas en términos de la LSS 1973, como es el caso de su pensión, se deben incrementar o actualizar anualmente en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) correspondiente al año calendario anterior. En ese sentido, el incremento aplicable a partir del mes de febrero de 2019 correspondió a un 4.83%. . Las actualizaciones del referido INPC con el cual son incrementadas las pensiones, así como publicación en el Diario Oficial de la Federación, son competencia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con fundamento en los artículos 20 segundo párrafo, 20-Bis del Código Fiscal de la Federación, 59 fracción III, inciso a) y Décimo Primero Transitorio de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía. Por lo anteriormente señalado, no es posible que su pensión se Salario Mínimo General que establece el derogado artículo 172 de la LSS 1973. No siendo aplicable al respecto la Unidad de Medida y Actualización (UMA) De lo antes transcrito, se desprende que, contrario a lo señalado por la parte quejosa, no existió una modificación en el pago de su pensión o a su incremento a raíz de la reforma constitucional de dos mil dieciséis, pues la autoridad responsable ya le explicó que de conformidad con la reforma a la Ley del Seguro Social (LSS 1997 aplicable al quejoso) publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil uno, los incrementos a su pensión no se calculaban con base en el salario mínimo, sino con base en el Índice Nacional de Precios y Cotizaciones, de manera textual la autoridad refirió: la cuantía de la pensiones concedidas en términos de la LSS 1973, como es el caso de su pensión, se deben incrementar o actualizar anualmente en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) Por ende debe considerarse que no existió la modificación a la forma en que se incrementaba su pensión derivado de la reforma constitucional de dos mil dieciséis, ya que al quejoso no le aplicaban los aumentos con base en el incremento al Salario Mínimo General Vigente, por lo que no resulta posible que esa situación se hubiera modifica y ahora se calculen los aumentos a su pensión con base en la Unidad de Medida y Actualización. Aunado al hecho de que el quejoso no aportó al presente sumario constitucional ninguna prueba que permitiera advertir que antes de dos mil dieciséis los aumentos a su pensión se hubieran calculado con base en el Salario Mínimo General Vigente, y después de esa fecha, con base en la Unidad de Medida y Actualización. En ese sentido, tampoco no resulta procedente tener por cierto el acto reclamado señalado con el numeral 2.a, a las autoridades responsables, aun ante la omisión de pronunciarse en su informe justificado, pues de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, existe prueba que permite evidenciar su inexistencia.6 Por tanto, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo, que opera cuando no se probare la existencia de los actos reclamados durante la tramitación del procedimiento o en la propia audiencia constitucional, lo que obliga a SOBRESEER en el presente juicio, respecto de los actos y autoridades señaladas en los numerales 1.a. y 2.a., del considerando SEGUNDO. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Por otro lado, por lo que hace al acto reclamado marcado con el numeral 2.b), es decir, la omisión de dar contestación a su escrito de cinco de noviembre de dos mil veinte, presentado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, Dirección de Prestaciones Económicas (en el cual solicitó se realizara el pago de la pensión tomando como base el Salario Mínimo y no la Unidad de Medida y Actualización), este se tiene por cierto. Si bien la autoridad responsable Titular de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, pues refirió que ya había dado contestación al escrito de la parte quejosa, lo cierto es que de las constancias que remite en apoyo a su informe justificado se desprende que en la fecha en que se presentó la demanda, aún no había sido notificada la contestación dada a la petición del quejoso. Por lo tanto, si el oficio en el que se dio contestación al escrito de la parte quejosa, fue notificado con posterioridad a la interposición de la demanda de amparo, se debe concluir que al momento de inicio del juicio, subsistía la omisión reclamada. QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo merece estudio preferente, por ser una cuestión de orden público, lo aleguen o no las partes, tal y como lo estatuye el artículo 62 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, este juzgador advierte se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón de que al rendir su informe justificado, el Titular de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, exhibió copia certificada del oficio 09527661 3A11/00 3729, de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, en el cual la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, atendió la petición del quejoso, así como del acta de notificación de veinticuatro de enero de dos mil veinte. La fracción XXI del artículo 61 considera la cesación o ausencia de efectos como causal de improcedencia del juicio de amparo. Ello en virtud de que los actos reclamados en el juicio de amparo deben tener como consecuencia inmediata causar una violación a los derechos de la parte quejosa en términos del artículo 103 constitucional, por lo que cuando cesan las violaciones, el procedimiento de amparo pierde razón de ser, ya que no sería susceptible de reparar la violación en tanto que la misma dejó de existir por algún acto superveniente. En relación con el derecho de petición, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que: [E]l hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, [.], que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, [.]. En esos términos, si el Titular de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, exhibió copia certificada del oficio 09527661 3A11/00 3729, de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, en el cual la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, atendió la petición del quejoso, refiriéndole que las pensiones concedidas en términos de la Ley del Seguro Social de 1973, se deben incrementar o actualizar anualmente en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidos, correspondiente al año calendario anterior, razón por la que no era posible que su pensión se incrementara conforme a salarios mínimoso conforme al salario mínimo general por tanto, tampoco le resultaba aplicable la unidad de medida y actualización a la que hacía referencia. Así como del acta de notificación de veinticuatro de enero de dos mil veinte, de la que se desprende que el notificador de la División de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, se constituyó en el domicilio del ahora quejoso, a efecto de hacerle del conocimiento la respuesta de la autoridad responsable, sin embargo, no fue posible dar cumplimiento a la diligencia por los motivos que expuso el notificador. De esa forma, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado haya exhibido el oficio a través del cual se dio trámite y contestación a la petición del quejoso, y que el mismo haya tratado de ser notificado durante la tramitación del presente asunto (la cual no pudo ser llevada a cabo por causas ajenas a la autoridad), significa que los efectos de la omisión reclamada desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de que se actualizara una violación al artículo 8 constitucional. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, para el caso de que al peticionario de amparo, se le concediera la protección constitucional solicitada, su efecto sería que la autoridad responsable, diera respuesta al escrito del quejoso y la notifiqué; por lo que, si en el presente caso ya se dio respuesta y se trató de notificar su contenido, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no le agravia, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiera concedido el amparo y protección de la justicia federal. Sin que pase desapercibido que la autoridad responsable no pudo llevar a cabo la notificación de la respuesta señalada; sin embargo, ello no implica una violación al artículo 8 constitucional, pues la autoridad responsable no se encuentra obligada a investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio correcto donde esa notificación pueda realizarse, siendo que en el presente caso, en el domicilio que señaló, no fue localizado el quejoso, pues se asentó que el inmueble incluso está en venta. Finalmente debe añadirse que, no obstante la oportunidad que tuvo la parte quejosa para ampliar su demanda de amparo y señalar como acto reclamado el oficio 09527661 3A11/00 3729, de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, en el cual la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, no realizó manifestación alguna en ese sentido. Por lo tanto, este órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo ya que no fue integrante de la litis, sin que se esté en posibilidad de aplicar la suplencia en la queja deficiente a favor del quejoso, ya que ésta sólo puede aplicarse sobre la exposición de los conceptos de violación, pero de ninguna manera permite al órgano jurisdiccional sustituirse por el solicitante de amparo en el señalamiento de actos reclamados o autoridades responsables. En esos términos, es menester concluir que la omisión reclamada, señalada con el numeral 2.b., del considerando SEGUNDO, ha dejado de surtir sus efectos, en tanto que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhibió el oficio a través del cual atendió la solicitud del peticionario y la trató de notificar, máxime que la parte quejosa no amplió la demanda en relación con el oficio referido y la autoridad que finalmente contestó la petición, no obstante que se le dio vista con la debida oportunidad para tal efecto, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia se debe SOBRESEER en el presente juicio de amparo de conformidad con lo previsto por la fracción V, del artículo 63, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Siendo innecesario abordar el análisis de los conceptos de violación relacionados con el acto reclamado, ya que tal sobreseimiento impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 63, 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por --------------------, por propio derecho, por los motivos expresados en los considerandos TERCERO y QUINTO de esta sentencia. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término de quince días concedido a la parte quejosa mediante acuerdo de veintiocho de abril de la presente anualidad, a efecto de que ampliara su demanda de amparo por cuanto hace a los siguientes actos y autoridades: el acuerdo contenido en el oficio número 095276613A11/00 3729, de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, emitido por el Jefe de Área de la División de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social y el acta de notificación del referido oficio, levantada por el notificador de la División de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por lo tanto, toda vez que la parte quejosa no realizó manifestación alguna, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintiocho de abril de la presente anualidad, y se continúa el procedimiento, sólo por lo que hace a los actos y autoridades expresamente señalados en el escrito inicial de demanda. Notifíquese por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, se advierte que a la fecha en que se actúa, se encuentra trascurriendo el plazo de quince días otorgado mediante proveído de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, a la parte quejosa, para que de ser su deseo amplíe su demanda de amparo por lo que hace a la autoridad ahí referida. Consecuentemente, en aras de no vulnerar las reglas esenciales del procedimiento, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo, hora y día disponibles en la agenda que al efecto se lleva en este Juzgado. Al respecto, con apoyo en el numeral 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, si las partes estiman conveniente estar presente en la audiencia constitucional, de manera virtual, a través de videoconferencia, es menester que soliciten por escrito su deseo de dicha circunstancia, previo a su celebración, y en caso de no hacerlo, se tendrán por desinteresados y se llevará a cabo, sin su asistencia. Ello, sin perjuicio que puedan alegar u ofrecer medios de convicción procedentes antes de la celebración de la audiencia de manera física o en línea. Para el caso de que las partes asistan al desahogo de manera virtual de la audiencia constitucional, es menester que cuenten con la aplicación 'Cisco Webex Meetings', misma que deberán descargar en cualquier dispositivo móvil o computadora personal (PC), y que se encuentran a su disposición en Apple store y google play. Notifíquese por lista a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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