Jesús Trinidad Ortiz García
Expediente 842/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 842/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jesús Trinidad Ortiz García
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto en el que este tribunal sobreseyó en el presente juicio de amparo promovido por **********no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Supremo Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que trascurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se sobreseyó fuera de audiencia. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, toda vez que no fueron exhibidos por las partes.
- Principal
Visto el informe justificado que remite el juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado, Sede y Base Salvatierra, Guanajuato; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese al sumario para que obre como legalmente corresponde. Luego, respecto a las documentales que anexó a su oficio la autoridad responsable, consistentes en tres discos versátiles digitales (DVD´s), que contienen -dos de ellos- la videograbación de la audiencia de doce de abril de dos mil dieciocho y diversas constancias de la carpeta digital, en la que se emitió orden de aprehensión en contra de ***********; y el otro disco contiene la videograbación de la audiencia de dos de octubre de dos mil dieciocho, en la que se realizó la imputación al aquí quejoso por hechos constitutivos de dos delitos y posteriormente le fue decretado auto de no vinculación a proceso por dichos ilícitos. Todo relativo a la causa penal ***. Con sustento en el numeral 119 de la ley de la materia, dichas probanzas se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, las documentales por su propia naturaleza, y los discos versátiles digitales por ser considerados un adelanto de la ciencia, y al haber sido reproducidos por la autoridad responsable tienen la naturaleza de prueba documental pública. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga Por lo que hace a los dispositivos digitales, guárdense en sobre cerrado que se glose al sumario para que obren como legalmente corresponde. De lo expuesto en los parágrafos precedentes, se desprende que han cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior atento a que del contenido de los medios de convicción reseñados, así como del resto de las constancias que integran el presente expediente, emerge lo siguiente: que el quejoso **********presentó demanda de amparo indirecto reclamando: "La posible e INMINENTE, orden de APREHENSIÓN girada en mi contra por las autoridades que señalo como ordenadoras y como ejecutoras a las autoridades que señalo con ese carácter en el cuerpo de este libelo." Asunto del que conoció este órgano jurisdiccional, en el amparo 638/2018. Durante su tramitación, apareció que existían dos órdenes de aprehensión libradas en contra del peticionario de la tutela federal, emanadas de dos causas penales distintas ***, ambas del Juzgado de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado, Sede y Base Salvatierra, Guanajuato- motivo por el cual se ordenó la separación de los autos y aquél amparo se avocó a la causa penal ***; por tanto, por lo que hacía a la diversa causa *** se remitió copia certificada del expediente a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el estado con residencia en Celaya, Guanajuato; por razón de turno correspondió conocer del nuevo juicio de amparo a este Juzgado Octavo de Distrito, donde se radicó con el número de amparo 842/2018. Así, en términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia aplicable también a este tipo de resoluciones, de la integridad de la demanda y constancias obrantes en autos, se precisa que el acto reclamado es la orden de aprehensión librada el doce de abril de dos mil dieciocho, por el juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado, Sede y Base Salvatierra, Guanajuato, en contra de ***********, en la causa penal *** y su ejecución. Puntualizado lo anterior, destacan los siguientes antecedentes: Con motivo de la petición realizada por el agente del Ministerio Público, el audiencia de doce de abril de dos mil dieciocho, el juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado, Sede y Base Salvatierra, Guanajuato, emitió orden de aprehensión en contra del aquí quejoso Jesús ***********, en la causa penal ***, por los delitos de homicidio calificado, previsto en el artículo 138 y que sanciona el diverso 140, en relación con el artículo 153, fracción I, primer supuesto, relativo a la premeditación, esto a su vez en relación con los numerales 11, fracción I, 13 y 20, párrafo primero, tercer supuesto, todos del Código Penal del Estado de Guanajuato; y homicidio calificado en grado de tentativa, previsto en el artículo 138 y que sanciona el diverso 140, en relación con el artículo 153, fracción I, primer, segundo y tercer supuestos, relativos a la premeditación, esto a su vez en relación con los numerales 11, fracción I, 13, 18 y 20, párrafo primero, tercer supuesto, todos del Código Penal del Estado de Guanajuato. Esta resolución constituye el acto reclamado en forma destacada. El dos de octubre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación a ****-quien se encontraba presente y asistido de defensor- en la causa penal ***, por los delitos supradescritos; en atención a que el imputado indicó que era su deseo que se resolviera su situación en dicha audiencia, la juez de Control responsable decretó auto de no vinculación a proceso; y, debido a que el aquí quejoso se encuentra interno en un centro de reclusión por causa diversa, ordenó que fuera devuelto a dicho lugar. En razón de lo anterior, es inconcuso que se actualiza la causal prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo deviene improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El precepto legal enunciado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Sustenta el anterior criterio la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Luego, si en el presente juicio se reclamó precisamente la orden de aprehensión dictada en contra de Jesús Trinidad Ortiz García -el doce de abril de dos mil dieciocho- por el juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, sede Salvatierra, en la causa penal 1P2818-5; en la audiencia de dos de octubre de dos mil dieciocho, celebrada en la misma causa penal, se hizo presente el inculpado Jesús Trinidad Ortiz García, en la que el agente del Ministerio Público le formuló imputación por los delitos de homicidio calificado, y homicidio calificado en grado de tentativa; y en la misma audiencia la autoridad responsable en comento decretó auto de no vinculación a proceso, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues en ese acto implícitamente quedó sin efecto el mandato de captura que pesaba sobre el aquí quejoso. Es decir, el acto reclamado ha sido destruido en forma total e incondicional como si se hubiera concedido la protección constitucional; ya que desde el momento en que se decretó en su favor auto de no vinculación a proceso en la causa penal ***, de la que emanó la orden de aprehensión, cesó el peligro de que el amparista fuera capturado con motivo de la ejecución de esa orden privativa de la libertad. Por ende, se concluye que el juicio deviene improcedente en términos del artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo; y, conforme a lo dispuesto por la fracción V, del numeral 63 de la propia Ley, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. En mérito de lo anterior, resulta innecesario llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para las doce horas con cincuenta minutos del treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Expedientes.
- Principal
Recepción de la demanda Visto el oficio 15933/2018, firmado por el secretario de este juzgado, al que anexó copia certificada del juicio de amparo 638/2018 promovido por ************, se advierte que hubo una separación de autos al existir actos reclamados derivados de diversas causas penales, por lo que el presente asunto versa únicamente sobre el acto reclamado al juez de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, sede Salvatierra, en la causa penal 1P2818-05 de su índice; fórmese expediente de amparo físico y digital, el cual se encuentra registrado en el libro de gobierno con el número 842/2018. Con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda planteada. Intervención de la fiscalía adscrita. Con apoyo al artículo 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dese la intervención que legalmente corresponda a la Representación Social de la Federación de la adscripción. Solicitud de informe justificado. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la responsable su informe con justificación, con el que deberá remitir, en su caso, copia certificada legible de las constancias que tomó en cuenta para emitir el acto reclamado, lo que deberá hacer dentro del término de quince días. Sin embargo, deberá de tomar en consideración el artículo 17 Constitucional, así como el diverso 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra establecen: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales (.)" "Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales." Por lo que, si el asunto que nos ocupa no tiene mayor complejidad, se sugiere rendir su respetivo informe justificado con inmediatez, para privilegiar el juicio de amparo como el recurso sencillo y rápido, a que tiene derecho toda persona. Apercibida, que de no hacerlo dentro del plazo concedido se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cien días, en la sentencia que resuelva el presente juicio, conforme a lo dispuesto por los artículos 117, 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, y con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Destacando que, si el citado informe lo constituye un disco Disco Versátil Digital (D.V.D), deberán remitirlo debidamente validado, a efecto de dejarlo a la vista y disposición de las partes. Asimismo, en su caso, deberá adjuntar un índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes. Audiencia constitucional. Se fijan las doce horas con cincuenta minutos del treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, para llevar a cabo la audiencia constitucional. Hágase saber a la autoridad responsable que en caso de que sea necesario señalar una nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional durante el transcurso del juicio, así como lo atiende a la notificación de otros acuerdos solo de trámite, podrá consultarlos en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien, en la página de internet http://dpepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo_iniasp. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 1253. Libro XVI, tomo 2, enero de dos mil trece, correspondiente a la Décima Época del Sumario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Causales de sobreseimiento. Con fundamento en el ordinal 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como se actualice una causal de sobreseimiento, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional, apercibidas que de no hacerlo así, se les impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en treinta días, acorde a lo establecido en el numeral 251 de la ley en cita. Asimismo, requiérase a la responsable para que indique a este juzgado si la parte quejosa ha promovido otro juicio de amparo en el mismo procedimiento -distinto del 638/2018, del índice de este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato-; y, en caso afirmativo, comunique el número de expediente, el estado procesal en que se encuentra, así como el órgano federal en que se hubiese radicado dicho juicio. Requerimiento a autoridad Ahora, de las constancias que integran el expediente se advierte que la autoridad responsable informó que en la causa penal que aquí nos ocupa -1P2818-05-, se dictó auto de no vinculación a proceso; sin embargo, de los discos versátiles digitales que adjuntó a diversos oficios, no se advierte la videograbación de la audiencia pública de formulación de imputación, que dijo haber celebrado el dos de octubre de dos mil dieciocho, en la que no vinculó a proceso al aquí quejoso; en razón de ello, a efecto de mejor proveer, de conformidad con el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al juez de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, sede Salvatierra, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que reciba el oficio correspondiente, informe el estado procesal que actualmente guarda la causa penal ***. Y remita copia certificada de la videograbación de la audiencia pública de formulación de imputación relativa. Apercibida la autoridad de que se trata que de no hacerlo se le impondrá, una multa de cien días, conforme a la Unidad de Medida y Actualización Diaria, prevista en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia 1ª./J. 163/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 319, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII, Enero de 2006, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL." Denominación de autoridades. Por otra parte, con fundamento en el artículo 108, de la Ley de la materia, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el cual no opera la suplencia de la queja como se advierte en el artículo 79 de la Ley de Amparo, que se establece que se realizará respecto los conceptos de violación o agravios, no así de las autoridades), se apercibe al peticionario de la tutela federal que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite, se le tendrá como inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento de su denominación; tomando en consideración que le corresponde a la parte promovente estar al pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a ordena la apertura del incidente de suspensión del acto reclamado, toda vez que resulta un hecho notorio para el suscrito juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que en el juicio de amparo 638/2018 del índice de este órgano jurisdiccional, fue concedida la medida suspensional provisional y definitiva solicitada por el mismo quejoso, contra el mismo acto reclamado de la propia autoridad responsable. Resulta aplicable por identidad de razón jurídica la jurisprudencia 1a./J. 4/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 54, tomo II, página 1174, en mayo de dos mil dieciocho, de rubro y texto: INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. PROCEDE DECLARARLO SIN MATERIA CUANDO SE PRUEBE QUE SE RESOLVIÓ SOBRE ESA MEDIDA CAUTELAR EN OTRO JUICIO DE AMPARO, SIN IMPORTAR EL MOMENTO PROCESAL EN QUE SUCEDA, INCLUSO DESPUÉS DE QUE SE HAYA RESUELTO SOBRE LA DEFINITIVA. Conforme al artículo 145 de la Ley de Amparo, cuando se pruebe que ya se resolvió sobre la suspensión del acto reclamado en otro juicio de amparo, promovido con anterioridad por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, contra el mismo acto y contra las propias autoridades, se declarará sin materia el incidente de suspensión; lo cual sucederá sin importar el momento procesal en el que esto suceda, incluso después de que se haya emitido la interlocutoria que resuelve sobre la suspensión definitiva. Lo anterior es así, porque en la Ley de Amparo se eliminó la precisión de que sería en la audiencia incidental en la que debía probarse la existencia de un juicio de amparo previo en el que se hubiera resuelto sobre la suspensión, es decir, el legislador quiso dejar abierta la posibilidad de que se dejara sin materia el incidente, incluso después de que se hubiera resuelto sobre la suspensión definitiva, pues de esta forma se desincentiva que las partes dolosamente promuevan diversos juicios contra el mismo acto para obtener la medida cautelar Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en calle ***en Celaya, Guanajuato. Ahora, dado que el accionante no proporcionó dato alguno con el que se acredite que las personas que indica en su escrito de demanda, tienen facultades para ejercer la profesión de licenciados en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (verbigracia el número de cedula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se les tienen como autorizados únicamente en términos restringidos del citado numeral, es decir para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a **********hasta en tanto se subsane dicha situación. Habilitación de días y horas para realizar notificaciones Se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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