Jesús Trinidad Ortiz García
Expediente 794/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 794/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- J. Trinidad Ortiz Corona (Defensor Particular)
- Jesús Trinidad Ortiz García
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio signado por el encargado de Sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Salvatierra, mediante el cual solicita información respecto del estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa; al respecto, agréguese a los autos únicamente para que obre como legalmente corresponda, dado que el cuatro de los actuales se proveyó lo conducente por haberse recibido la misma misiva vía electrónica.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno se recibieron los autos del juicio de amparo 78/2021-I promovido por ********************, con el carácter de defensor particular del directo quejoso *****************; así como el original y el duplicado del incidente de suspensión que de él deriva, con motivo de que la jueza Quinta de Distrito en el estado de Guanajuato consideró que corresponde a este órgano jurisdiccional atender ese asunto por conocimiento previo, en términos de lo dispuesto por los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En dicho acuerdo, este juzgado federal aceptó conocer del asunto y se avocó a su conocimiento; sin embargo, no convalidó las actuaciones hechas por la mencionada juzgadora federal y, con fundamento en los artículos 107 fracción III inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o, 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo, desechó de plano la demanda de amparo. Determinación que fue declarada firme en auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que se ordenó el archivo del expediente como asunto totalmente concluido. En razón de lo que precede, y en cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cuaderno original del incidente de suspensión es depurable una vez que trascurran tres años - contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se concedió la suspensión provisional. Debiéndose conservar la demanda, la medida concedida y el presente proveído. Glósese el original del cuaderno incidental al presente cuaderno principal y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Hecho que sea lo anterior, devuélvase el presente expediente a su lugar de resguardo.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo presentada por **, con el carácter de defensor particular del directo quejoso**; sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21 del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Recepción de oficio y anexos. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio proveniente del Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, al que se anexó el cuaderno principal del juicio de amparo * promovido por *, con el carácter de defensor particular del directo quejoso **; así como el original y el duplicado del incidente de suspensión que de él deriva. Pronunciamiento en cuanto a la competencia declinada. De la misiva de cuenta, así como de sus anexos, se desprende que el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, la jueza Quinta de Distrito en el estado de Guanajuato, dentro del juicio de amparo *, consideró que por razón de conocimiento previo del asunto, en términos de lo dispuesto por los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, corresponde a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado conocer del mencionado juicio constitucional, debido a que en este órgano jurisdiccional se sustanció el diverso juicio de amparo *, en el que se reclamó el auto de siete de enero de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal * de la estadística del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, sede y base Salvatierra; de ahí que, en el presente asunto se reclama, entre otros, la admisión de una prueba y la audiencia intermedia de preparación a juicio, emitidas en la misma causa penal, es decir, tanto en el amparo * como en el que ahora se tramita, coincide el origen del acto reclamado. Por tanto, al compartir el criterio de la jueza oficiante, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, en relación con los invocados 45, fracción II y 46, fracción IV, del citado Acuerdo Plenario, este juzgado federal acepta conocer de la demanda de amparo remitida y se avoca a su conocimiento; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico con el número de registro 794/2021-4. Acúsese recibo a la autoridad declinante e infórmese lo anterior a la jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Celaya, Guanajuato, para que realice la compensación debida. Pronunciamiento en cuanto a la convalidación de actuaciones. No obstante lo anterior, no se convalidan las actuaciones hechas por el Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Guanajuato; ello, debido a que quien resuelve considera que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, como se explicará a continuación. Incidente de suspensión. Debido a lo expuesto en el parágrafo que antecede, no ha lugar a hacer mayor pronunciamiento en cuanto a la suspensión del acto reclamado; no obstante, para un correcto manejo del expediente, se ordena colocar las carátulas correspondientes a los cuadernos incidentales remitidos por la autoridad oficiante. Desechamiento de la demanda. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto, el numeral en comento dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, con fundamento en los artículos 107 fracción III inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o, 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo1, se desecha de plano la demanda. Para lo anterior, se destacan los antecedentes siguientes: 1) El siete de julio de dos mil veinte, se celebró la audiencia inicial en la causa penal *, en la que se imputó al aquí quejoso *, por el hecho que la ley señala como delito de Homicidio en contra de Servidores Públicos por motivos de sus funciones de Seguridad Pública, de Investigación de Delitos, de Procuración o Administración de Justicia en Materia Penal, cometido en agravio de *; y se le vinculó a proceso. 2) El veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, el Juzgado responsable recibió el escrito de acusación en el que se menciona la prueba testimonial a cargo de *, así como los puntos sobre los cuales versará su testimonio; el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, la Policía de Investigación Criminal informó a la fiscalía que el 1 Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: "V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." mencionado testigo había fallecido el doce de octubre de dos mil dieciocho. 3) El treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, se celebró una audiencia de preparación en la mencionada causa penal, en la cual la fiscalía solicitó que se incorporara como prueba por lectura al testigo aludido en el punto que antecede. Además, en esta diligencia se apertura el juicio oral. 4) El siete de enero de dos mil veintiuno, se señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia de juicio oral. En esa tesitura, se obtiene que la parte quejosa acude a la instancia constitucional para reclamar lo siguiente: a) La admisión de la prueba testimonial a cargo de ** fallecido el doce de octubre de dos mil dieciocho ofrecida en la causa penal ** del índice del Juzgado de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en el estado, sede y base Salvatierra, Guanajuato. b) La audiencia de preparación a juicio de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte en la que la fiscalía pide a la juez responsable la incorporación por lectura del nombrado testigo, dado que refirió tener conocimiento de su deceso. c) La inconstitucionalidad del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que no prevé hipótesis normativa para la procedencia de un recurso en contra de la admisión ilegal de un medio de prueba ofertado por la contraparte. Sentado lo anterior, se advierte: Que los actos controvertidos anotados en los incisos a) y b) fueron dictados en la causa penal *. Que el aquí quejoso es parte dentro de dicho procedimiento. Que el juicio de origen se encuentra en trámite, en particular en la etapa de juicio oral. Improcedencia en cuanto a los actos reclamados a la jueza de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en el estado, sede y base Salvatierra, Guanajuato. En esa tesitura, se reitera, el presente juicio de amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De la disposición normativa transcrita emerge que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, que, de no revestir dicha característica, el juicio de derechos fundamentales será improcedente. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó criterio por el cual determinó que para ser calificados como irreparables los actos reclamados, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce acotó el Pleno de la Corte- de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. El citado criterio se encuentra en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), con registro 2006589, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, página 39, materia común, Décima Época, de rubro y texto: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Al tenor de ese marco normativo, deviene la improcedencia del presente juicio de derechos fundamentales, pues las determinaciones emitidas por la juez responsable, tanto la admisión de la testimonial de mérito, como la audiencia de preparación a juicio en la que la fiscalía pidió que se incorporara por lectura la testimonial de referencia, debido a que tuvo conocimiento del fallecimiento del ateste, inciden en cuestiones meramente formales, es decir, constituyen cuestiones procesales que no generan afectación a derechos sustantivos del aquí promovente. Lo anterior es así porque dichas determinaciones no implican en ningún momento decidir cuestión alguna de fondo, lo que hace patente que tal situación no redunda en menoscabo de derecho sustantivo del quejoso, pues, se reitera, únicamente se trata de la admisión de una prueba testimonial y su incorporación en la audiencia correspondiente, lo que como ya se mencionó, incide en actos meramente procesales. Lo anterior permite reiterar que no se está en presencia de actos acto de imposible reparación que traigan aparejada una ejecución que lesione materialmente derechos sustantivos del aquí quejoso. Es de invocarse en apoyo de lo que antecede, la tesis I.8º. C. 22C (10ª.), con registro 2008458, legible en la página 2674, Libro 15, febrero de 2015, tomo III, en materia civil de la Décima Época, de rubro y texto: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida. Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En esta condición, los actos reclamados descritos con anterioridad, no pueden estimarse como de imposible reparación, puesto que la no implican afectación a derechos sustantivos y se traducen únicamente en cuestiones procedimentales. En efecto, los actos reclamados, en todo caso, constituyen violaciones procesales reclamables en amparo directo, en términos del artículo 173, apartado B, fracción X, de la Ley de Amparo2. Por el tema que se aborda, es necesario destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 167/2020, determinó lo siguiente: 87. Por tanto, de la narrativa de las etapas del proceso penal, de los principios que lo rigen y de las instituciones a las que se otorgan atribuciones de garantía y resguardo de los derechos del imputado Juez de Control, se concluye que el auto de apertura a juicio, en específico respecto a la admisión de medios de prueba, ciertamente puede imponer cargas a las partes, pues las sujeta a la jurisdicción de un Juez de juicio oral para que éste se pronuncie y justifique su resolución sobre dichos medios. 88. Empero, esa carga no necesariamente es de ejecución inmediata y directa sobre los derechos sustantivos del quejoso, por el contrario, por regla general la admisión reviste únicamente la naturaleza de un acto de índole adjetiva - intraprocesal- que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva. Vehículo que está ya protegido de manera sustancial por la institución del Juez de Control y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. 89. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tomen en cuenta, porque se les considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. En ese escenario, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el juicio de amparo es improcedente por actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. 2 Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: X. No se reciban al imputado las pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, no se le conceda el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o no se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas de quienes ofrezca su testimonio en los términos señalados por la ley; 90. No obstante lo anterior, esta regla general forma parte del ejercicio hermenéutico que debe realizarse para verificar que la admisión de pruebas establecida en el auto de apertura a juicio revista la calidad de "acto de imposible reparación. De igual manera existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, sea procedente el juicio de amparo indirecto. Para que ello sea así, es necesario que se actualicen las siguientes características: 1. Que la admisión de pruebas establecida en el auto de apertura a juicio exista en el plano de protección constitucional, es decir, que la ejecución de la admisión "pueda"(26) implicar por sí misma una afectación a los derechos sustantivos del quejoso, entendiendo por estos últimos, aquellos derechos ajenos al contenido, construcción y devenir de la litis del proceso penal. Derechos que, a su vez, vistos de manera aislada, no sean meramente de índole adjetiva, sino que sean derechos fundamentales relacionados con la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones del imputado; que contextualizados en el momento de la emisión del auto de apertura a juicio sean independientes del resultado y desarrollo del proceso penal; y, 2. Que la afectación sea material, es decir, que sea real y actual; inminente; en oposición a especulativa y contingente." Las anteriores consideraciones se encuentran contenidas en la jurisprudencia 1a./J. 6/2021 (11a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2023589, de la Undécima Época, que establece lo siguiente: JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE ADMITE MEDIOS DE PRUEBA, Y PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO TENDIENTE A DILUCIDAR SI AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en ejercicio de sus arbitrios judiciales, realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas, al resolver si el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba en el proceso penal acusatorio constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la admisión de medios de prueba y, al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente por excepción será necesario que se afecten materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto, debe ser entendido el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, el cual es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva; vehículo que está ya protegido de manera sustancial por la institución del Juez de Control y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. En esa tesitura, el amparo por regla general es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la admisión de pruebas en el auto de apertura a juicio constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral; escenario en el que el amparo sí es procedente. De ahí que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo -de imposible reparación-, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional." A partir de esa premisa, el presente juicio de amparo indirecto es improcedente, dado que los actos reclamados no generan una afectación irreparable, sino que se constriñe a una determinación de índole adjetiva o procesal. De ahí que, aunque se hayan cometido violaciones procesales en los actos reclamados, nada impide que en la audiencia de debate la defensa puede cuestionar el valor de las pruebas con argumentos estrechamente vinculados con violaciones a derechos fundamentales planteadas en etapas previas, esto es, cuando se revela que efectivamente existió una violación a derechos fundamentales del acusado, lo que deberá apreciar el Tribunal de enjuiciamiento al momento de valorar la prueba. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que ahí expone, la tesis 1a. LIII/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número registro digital 2017055, de la Décima Época, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 55, junio de 2018, Tomo II, página 958, de rubro y contenido siguiente: "DIFERENCIAS EN EL DEBATE PROBATORIO DE LA ETAPA INTERMEDIA Y EL JUICIO ORAL EN RELACIÓN CON LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. El objeto del debate probatorio durante la etapa intermedia y el juicio oral es distinto pero complementario. En la etapa intermedia se discute si de los datos que arroja la investigación se advierte una violación a derechos fundamentales que dé lugar a la exclusión de algún medio de prueba del material probatorio que se va a desahogar en el juicio oral. En cambio, la finalidad de esta última etapa consiste en esclarecer los hechos sobre la existencia de un delito y la responsabilidad del acusado en su comisión a partir de los medios de prueba admitidos en la etapa intermedia. Así, en atención al principio de continuidad previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional, la exclusión de pruebas no es un tema que pueda plantearse nuevamente en el juicio oral. Con todo, aunque el debate sobre la exclusión probatoria deba agotarse en etapa intermedia, es incuestionable que en el juicio oral la defensa puede cuestionar el valor de las pruebas con argumentos estrechamente vinculados con violaciones a derechos fundamentales planteadas en etapas previas. Esto último puede ocurrir especialmente cuando durante el desahogo de las pruebas durante el juicio oral se revela que efectivamente existió una violación a derechos fundamentales del acusado, cuando surgen dudas sobre esa cuestión -por ejemplo, al advertirse durante el contrainterrogatorio o con algún otro medio de prueba que las autoridades mintieron o incurrieron en contradicciones en relación con lo que hubieren manifestado en etapas preliminares- o cuando se aporten elementos supervenientes que hagan suponer fundadamente que la prueba en cuestión se obtuvo a partir de una violación a derechos fundamentales. En estos casos, el juez o tribunal de enjuiciamiento deberá tomar en cuenta esta cuestión al momento de realizar la valoración probatoria en la sentencia definitiva, sin perder de vista que la fracción IX del apartado A del artículo 20 constitucional establece que las pruebas obtenidas mediante violación a derechos fundamentales son nulas." Improcedencia en cuanto a la norma tildada de inconstitucional. Ahora bien, en cuanto al acto reclamado consistentes en la inconstitucionalidad del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se señala lo siguiente: Conforme a la técnica de estudio del juicio de amparo en contra de leyes, resulta que, si este es improcedente contra el acto de aplicación, también lo será respecto de la ley, en consecuencia, la improcedencia declarada en este auto debe hacerse extensiva a la norma tildada de inconstitucional. Lo anterior encuentra sustento en la tesis número 2a./J. 71/2000, publicada en agosto de dos mil, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, visible en la página 235, de rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. En las relatadas condiciones, tomando en consideración que el amparo promovido en contra de los actos reclamados de manera destacada consistentes en la admisión de la prueba testimonial a cargo de Humberto Alejandro Ramírez Negrete fallecido el doce de octubre de dos mil dieciocho ofrecida en la causa penal *** del índice del Juzgado de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en el estado, sede y base Salvatierra, Guanajuato y la audiencia intermedia de preparación a juicio de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte- en la que la fiscalía pide a la juez responsable la incorporación por lectura del nombrado testigo, dado que refirió tener conocimiento de su deceso; resultó improcedente por tratarse de violaciones intraprocesales que en caso de no obtener sentencia favorable, se pueden reclamar en amparo directo, queda evidenciado que dicha improcedencia se hace extensiva a la mencionada norma tildada de inconstitucional. Conclusión. De ahí que, en el particular, al reclamarse actos dictados dentro de un procedimiento que no son de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda. Cabe mencionar que similar criterio se adoptó en el juicio de amparo ** de la estadística de este órgano de control constitucional; determinación que fue recurrida por la parte quejosa, y confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, en el recurso de queja **, que fue declarado infundado. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el ubicado *. Y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a * y *, toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que cuentan con cédula profesional que los acredita como licenciados en derecho, inscritas en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Lo anterior con sustento en la tesis 2a. VIII/2020 (10a.), publicada el siete de agosto de dos mil veinte en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es del tenor siguiente: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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