Jesús Silva Escobar

Expediente 1212/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1212/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
28/09/2022

Partes del expediente

  • Jesús Silva Escobar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra del sobreseimiento fuera de audiencia dictado en los presentes autos; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; comuníquese lo anterior a las partes. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destruible, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No solicitó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Se notifica por lista a la quejosa Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierten que en auto de treinta y uno de julio de dos mil catorce, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo y que en el presente asunto obra un documento original exhibido por la parte quejosa. Acuerdo. En tales condiciones, con fundamento en el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito (normativa aplicable virtud a la fecha en que se emitió el acuerdo de archivo correspondiente); requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, recoja el documento original exhibido en autos, apercibida de que en caso de no recogerlo, el mismo será destruido con el presente expediente; en tanto que la destrucción del presente expediente, se encuentra programada para el siguiente de evento de depuración y destrucción.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; treinta de agosto de dos mil veintidós. Informe. Visto lo de cuenta, se reciben los informes con justificación rendidos por la autoridad responsable, agréguense a los autos para que obre como legalmente corresponda. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe de que se trata. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 119 de la ley en la materia, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales, que ofrece la autoridad responsable. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el contenido de los informes justificados, se advierte que se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Al respecto, cabe mencionar que la cesación de los efectos del acto reclamado, significa que la autoridad que lo realiza deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De acuerdo con lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tiene aplicación al presente asunto la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 1002264, con rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso concreto, la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "4. ACTO RECLAMADO.- La omisión o abstención de dictar el requerimiento de pago y embargo en contra de Afore XXI Banorte S.A de C. V y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), de conformidad con el laudo de fecha tres de mayo de dos mil veintidós, dictado por la responsable dentro del expediente laboral 1252/2020." Efectivamente, de las constancias que fueron allegadas a este contradictorio federal por la autoridad responsable, como apoyo a su informe justificado, derivadas del juicio laboral 1252/2020, a las que cabe otorgarles valor probatorio pleno, atento a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que en actuación de diecinueve de agosto del año en curso, fue emitido el acuerdo mediante el cual se hace el requerimiento de pago y embargo en contra del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), por consiguiente se evidencia, sin lugar a dudas, que la omisión que constituye los actos reclamados cesaron al emitir el pronunciamiento respectivo. En atención a lo anterior, se actualiza la hipótesis de improcedencia en comento, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si se hubiera concedido a la parte quejosa la protección de la Justicia Federal que pretendía, pues la propia autoridad responsable el diecinueve de agosto del año en curso, acordó el escrito de veintisiete de junio de dos mil veintidós, mediante el cual el autorizado de la parte quejosa solicita la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 1252/2020, ordenando el requerimiento de pago y embargo en contra del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), acordando además que por lo que hace a la diversa demandada, a la fecha ya se encontraba cumplido el laudo. Apoya lo anterior, la tesis aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 197367, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que no se irroga ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, virtud que la causa es notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por su contenido jurídico, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que en su rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción XII, de la ley de la materia. Por lo que se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del nueve de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las nueve horas con cincuenta minutos del tres de agosto de dos mil veintiuno, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión del licenciado Jesús Omar López Coronado, Secretario que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y sus anexos, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación de la Agente del Ministerio Público Federal. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegaciones en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinte de agosto de dos mil veinte, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, remitido el día siguiente a este Juzgado Federal, Miguel Ángel Jaramillo Pérez, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y los actos que a continuación se trascriben: "IV. ACTOS RECLAMADOS. 1.- Del H. Congreso del Estado de Coahuila se reclama la aprobación y expedición de los artículos 54 fracción II, 60 fracción II, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, publicada en el periódico oficial el 31 de diciembre de 2019 en relación con los "artículos 13 y 22" del Decreto por el que se otorgan Estímulos Fiscales en materia de contribuciones Estatales, publicado el 31 de diciembre de 2019, en el periódico Oficial del Estado de Coahuila por medio de los cuales se aplicó en perjuicio de la quejosa el cobro de lo siguiente: a).- DERECHOS POR SERVICIOS DEL REGISTRO PÚBLICO por inscripción de documentos por concepto TRANSMISIÓN DE DOMINIO CON VALOR DETERMINADO, Y INSCRIPCIÓN O MODIFICACIÓN DE CREDITO. 2. Del C. Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila, se reclama la promulgación y orden de publicación, de los artículos que han quedado señalado en el numeral que antecede. 3. Del C. Administrador General de Recaudación de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila se reclama la aplicación y ejecución de las normas legales de referencia. 4.- Del C. Administrador Local de Recaudación en Torreón, de la Administración Fiscal General del Gobierno del Estado de Coahuila se reclama la aplicación y ejecución de las normas legales de referencia. A todas y a cada una de las autoridades responsables se les reclama las consecuencias de hecho y de derecho, mediatas e inmediatas, directas e indirectas que se derivan de los actos de aplicación y de los actos reclamados en este contencioso planteado y dichas consecuencias consiste en la ejecución que se materializó a través de los Recibos de Pago con Números de Referencia o Folio EC: 763016113 y 763016149 [.]." En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos humanos que, en su concepto se violaron, son los contenidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil veinte, fue admitida en sus términos y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 597/2020-VII, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados correspondientes y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Posteriormente, el procedimiento fue suspendido con motivo de las medidas especiales decretadas por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, derivado de la emergencia sanitaria provocada por el virus "SARS-Cov2"; luego, una vez concluida la vigencia de dichas acciones, se reanudó el presente juicio y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta, en el caso se reclaman normas generales con motivo de su primer acto de aplicación que tuvo lugar en la jurisdicción territorial de este Juzgado Federal. Se invoca, en lo conducente, la tesis jurisprudencial 146/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVIII, enero de 2003, página 324, cuyo rubro es: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE". SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) En ese sentido, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: Del Congreso y Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza. 1. La aprobación, expedición, promulgación y publicación de los artículos 54, fracción II, inciso 1), y 60, fracción II, inciso 3), ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente para el ejercicio fiscal de 2020, así como del artículo 13 del Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales en materia de contribuciones estatales. Del Administrador General de Recaudación de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila, y Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad. 2. La aplicación de las normas reclamadas, mediante el cobro y recepción de pago de los derechos por concepto de inscripción de documentos, contenidos en los recibos con números de referencia 763016113 y 763016149, de fecha cuatro de junio de dos mil veinte, a nombre del peticionario de amparo. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por el impetrante, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Inexistencia de los actos. La autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, por sí y en suplencia del Administrador General de Recaudación del Estado de Coahuila, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos reclamados, consistentes en la aplicación de las normas impugnadas. En el caso, aunque dicha autoridad reconoció los actos en cuestión, tal afirmación se desvirtúa con la propia naturaleza de dichos actos, ya que estos estriban sobre el cobro de derechos, lo que, desde luego, no derivó de las facultades de las precitadas autoridades sino de la voluntad del quejoso al momento de pagar los derechos por inscripción de documentos en el Registro Público de la Propiedad. Se dice esto, pues la erogación realizada por la parte quejosa fue espontánea, sin que ello implicara la participación de las mencionadas autoridades responsables, en uso de sus facultades de verificación, inspección y requerimiento en materia de contribuciones o de la exigibilidad de un crédito fiscal en forma coactiva, ya que el pago por concepto de derechos obedece a las obligaciones fiscales a cargo del contribuyente derivada de la propia ley, y no de algún requerimiento formulado por la autoridad en comento, de ahí que, el quejoso simplemente se autoaplicó los dispositivos cuestionados, pues su reclamo es de naturaleza heteroaplicativa. Cuestión que se corrobora con los recibos de pago con números de referencia 763016113 y 763016149, ambos de fecha cuatro de junio de dos mil veinte, cuyos documentos gozan de valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, agosto de 2007, página 367, materia común, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora". Es aplicable la tesis VII.1o.C.4 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, página 433, tomo VI, julio de 1997, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis". Bajo esa óptica, deben tenerse como inexistentes los actos reclamados a las precitadas autoridades responsables, sin que deba desestimarse ese hecho para acreditar la aplicación de las leyes impugnadas, ante la salvedad precisada, debe decretarse el sobreseimiento del juicio respecto de ellas, de conformidad con lo previsto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. En el caso, las autoridades responsables Congreso y Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, al rendir sus correspondientes informes justificados, reconocieron la existencia de los actos reclamados, consistentes en la aprobación, expedición, promulgación y publicación de los preceptos cuestionados, respectivamente, lo cual, sin duda, es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditados los actos que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Ahora, con relación a la existencia de los dispositivos que la parte quejosa tilda de inconstitucionales, no debe perderse de vista que las leyes no son objeto de prueba, pues basta su publicación en el órgano de difusión para que se pueda invocar por el suscrito como hecho notorio, de conformidad con los artículos 86 y 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2°. Sirve de apoyo a la anterior consideración, el contenido en la tesis 214, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual puede ser consultada en la página 205, Tomo XV-I, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Octava Época, que estatuye: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". Así como la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, visible en la página 260, de contenido y rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Por lo anterior, al no haber duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de la legislación y su aplicación atacada por el quejoso, lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso, las autoridades responsables Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, y Administrador Local de Recaudación de este ciudad, al rendir sus informes justificados invocaron la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, pues aducen que la parte quejosa no acreditó su interés jurídico. Es infundada la causal propuesta por la autoridad en comento. Para demostrar el anterior aserto, conviene realizar un breve estudio sobre la distinción de las normas autoaplicativas y heteroaplicativas, a efecto de tener una mejor perspectiva sobre la naturaleza de la causal de improcedencia invocada. Así, se tiene que existen normas cuya sola promulgación implica obligatoriedad inmediata a cargo de los ciudadanos o categorías de ciudadanos por ellas previstas, obligatoriedad que es efectiva y actual por tratarse de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenidas, generan perjuicio al gobernado desde el inicio de su vigencia, es decir, no requieren de un acto posterior para crear, transformar, extinguir y en general, producir efectos en las situaciones concretas de derecho a las que están destinadas a regir. Estas disposiciones legales que son jurídicamente efectivas sin depender de ningún acto de aplicación concreto y ulterior, engendran, por el solo hecho de su expedición, la afectación de las esferas o hipótesis en ellas comprendidas y se denominan autoaplicativas o de individualización incondicionada. En cambio, hay otras normas cuyos efectos se producen de manera paulatina, por cuanto que su sola expedición no trae consigo la afectación de las situaciones prácticas en que operan, sino que es indispensable la comisión de una conducta aplicativa posterior que imponga y obligue a obedecer los mandatos en el propio ordenamiento, acto que está a cargo de una autoridad distinta a la decisoria; su observancia, pues, está supeditada a la realización de un hecho posterior de autoridad, por lo que su mera existencia o su sola promulgación, no causa perjuicio a la esfera jurídica de derechos de los gobernados en forma inmediata; a estas normas se les llama heteroaplicativas o de individualización condicionada. Al respecto, cobra aplicación la tesis jurisprudencial P./J. 55/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, con número de registro 198200, de rubro y texto siguientes: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICA TIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA". Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Ahora bien, la parte quejosa reclama los artículos 54, fracción ll, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3), ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente para el ejercicio fiscal 2020, por lo que, para acreditar que tales disposiciones le fueron aplicadas en su perjuicio, ofreció copia de los recibos electrónicos de fecha cuatro de junio de dos mil veinte, con números de referencia 763016113 y 763016149, en los cuales aparecen los pagos que realizó por concepto de las contribuciones reclamadas, esto es, los derechos de inscripción de un contrato de transmisión de dominio de bien inmueble y otro de modificación de crédito. Ciertamente, las documentales en comento gozan de valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que, patentizan que la parte quejosa enteró los derechos de inscripción de documentos previstos en los preceptos impugnados. Es así, pues las contribuciones enteradas corresponden a las hipótesis que establecen los artículos 54, fracción II, inciso 1), y 60, fracción II, inciso 3), relativas al pago de derechos por inscripción de documentos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, concretamente por el registro de una operación de transmisión de dominio de bien inmueble y otra de crédito. Por tanto, se tiene por acreditada la autoliquidación respectiva, pues como se dijo, de tales documentos se advierten los supuestos normativos de causación que prevén esos numerales impugnados, con lo cual se acredita fehacientemente el interés jurídico del justiciable para combatir las normas en el presente juicio. De ahí lo infundado de la causal de improcedencia en estudio. En apoyo a lo expuesto, se invoca la tesis jurisprudencial 30/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo III, junio de 1996, página 558, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY. LO TIENE EL QUEJOSO CUANDO EN UNA RESOLUCIÓN SE LE APLICA, AUNQUE NO SE CITEN LOS PRECEPTOS RELATIVOS. Constituye acto de aplicación de un precepto legal la resolución que de manera indudable se funda en él, por darse con exactitud sus supuestos normativos, aunque el mismo no se invoque expresamente, debiendo concluirse que el quejoso tiene interés jurídico para reclamar la resolución y la ley aplicada." De igual modo, es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 5/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Febrero 2016, página 657, del texto siguiente: "ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO INFORMADA POR PARTE DEL NOTARIO PÚBLICO AL CONTRIBUYENTE, CONSTITUYE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE REGULAN ESE TRIBUTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Conforme a los artículos 134, 142 y 143 del Código Financiero del Distrito Federal, los notarios públicos son auxiliares de la administración tributaria del Distrito Federal en la recaudación del impuesto sobre adquisición de inmuebles, cuando la operación de que se trate se haga constar en escritura pública, pues tienen la obligación de calcularlo y enterarlo dentro de los 15 días siguientes al en que se protocolice el acto relativo, excepto cuando se trate de operaciones respecto de las cuales ya se hubiere pagado. En esa tesitura, la liquidación del impuesto sobre adquisición de inmuebles que formula el indicado fedatario informada al contribuyente, constituye el primer acto de aplicación de los preceptos legales que lo regulan y, por ende, genera la improcedencia del juicio de garantías por consentimiento tácito, en caso de que no se impugne dentro de los 15 días siguientes a aquel en que el quejoso (adquirente) tuvo conocimiento de dicho acto, siempre y cuando en el documento respectivo se precise la liquidación y el sustento legal de dicha actuación, cuestión que necesariamente debe acreditarse por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley." También se invoca, la tesis I.7o.A.410 A, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XXII, octubre de 2005, página 2471, que dice: "RECIBO DE PAGO ELECTRÓNICO. VALOR PROBATORIO DE LA DOCUMENTAL IMPRESA CORRESPONDIENTE. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, condicionando su valor a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada, y en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. De esta manera, el legislador, ante los avances de la tecnología, contempló la posibilidad de que en los juicios seguidos ante los tribunales se exhibieran y valoraran elementos probatorios distintos a los convencionales, tales como testimoniales, periciales, documentos, entre otros; consecuentemente, la información generada por la vía electrónica (internet, comercio electrónico y análogos), tiene un respaldo legislativo, a efecto de crear seguridad jurídica en los usuarios de tales servicios. Así, la valoración del material probatorio en comento no debe sujetarse a las reglas convencionales de justipreciación, sino al apartado específico del numeral en estudio; de esta manera, un recibo de pago de impuestos realizado electrónicamente no carece, por tal circunstancia, de eficacia probatoria, ya que lo que se habrá de tomar en consideración, en su momento, son los datos que corroboren su fiabilidad, como son el código de captura y sello digital, y no elementos ajenos a la naturaleza de los documentos electrónicos, tales como si se trata del original de una impresión." Ahora bien, la precitada autoridad responsable señala que al quejoso se le aplicó un beneficio fiscal derivado del "Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales en materia de contribuciones estatales", por lo cual, atendiendo a las cantidades estipuladas, se generó un descuento que disminuyó las cantidades pagadas por los derechos a que se refieren los artículos impugnados, con lo cual no se afecta el interés de la parte quejosa. Sin embargo, esa afirmación resulta infundada, porque, según se analizó, los preceptos reclamados sí fueron aplicados al peticionario de amparo, por lo que, aunque sea cierto que se le otorgó un beneficio fiscal, traducido en un descuento de la cantidad total, esa deducción fue posterior a la aplicación de los numerales cuestionados, lo que, sin duda, revela que tiene como presupuesto la determinación del cobro del derecho para poderse aplicar el estímulo; de ahí que, el hecho de que se otorgue ese beneficio de ninguna manera implica dejar de aplicar los artículos impugnados, porque no incide en la determinación de su base gravable, sino en reintegrar cantidades previamente determinadas. De ahí entonces, se reitera, la propuesta de improcedencia en estudio es infundada. Por otro lado, no es inadvertido que el acto de aplicación tuvo lugar el cuatro de junio de dos mil veinte, mientras que la demanda se presentó hasta el veinte de agosto del mismo año, sin embargo, no debe considerarse extemporánea la acción constitucional ejercida por la parte quejosa, dado que existió la suspensión de plazos decretada por el Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de la emergencia sanitaria derivada de la enfermedad denominada "COVID-19", cuya suspensión quedó comprendida del dieciocho de marzo al dos de agosto del año en curso, lo que implica que no corrieron plazos procesales entre la fecha del acto de aplicación y aquella en que se reanudaron los plazos y términos procesales. Por tanto, si el acto de aplicación se realizó el cuatro de junio de dos mil veinte, es decir, durante la suspensión de plazos antes mencionada, por ende, el término de quince días previsto en el artículo 17, primer párrafo de la Ley de Amparo, comenzó a correr a partir del tres de agosto del año próximo pasado, y feneció el veintiuno del mismo mes y año, de manera que, la demanda de amparo no es extemporánea porque fue presentada antes del aludido vencimiento, esto es, el veinte de agosto de dos mil veinte; en consecuencia, la demanda fue promovida oportunamente por la parte quejosa. Por otra parte, quien esto resuelve advierte de oficio un motivo de improcedencia en cuanto al acto reclamado por la quejosa, consistente en la aprobación, expedición y promulgación de los artículos 13 y 22 del Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales en materia de contribuciones estatales, toda vez que no generan un perjuicio en la esfera jurídica de la parte quejosa. Se dice esto, pues si bien el decreto de estímulos fiscales es aplicable al momento que el gobernado se encuentra en la hipótesis normativa, es decir, cuando realiza una inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, lo cierto es que ese decreto tiene por objeto que los contribuyentes obtengan una disminución en el pago que van a enterar por el servicio en el Registro Público, de ahí que incluso resulte benéfico para el sujeto pasivo. Además, el estímulo fiscal que surge del decreto citado, no incide en los elementos base de la contribución establecida en los artículos 54, fracción II, inciso 1), y 60 fracción II, inciso 3), ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, puesto que no modifica o altera la forma en que se calcula la tasa respectiva, sino que, lo único que afecta son los ingresos que recibe la autoridad recaudadora en función de dicha contribución; por tanto, el decreto en cuestión de ninguna forma afecta la esfera jurídica de la parte quejosa, ni siquiera para establecer los montos que describe como cuota mínima, pues hacerlo contravendría el principio de legalidad en relación con los preceptos que regula el derecho registral reclamado. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto de los artículos 13 y 22 del Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales en materia de contribuciones estatales. Continuando con el estudio, este juzgado advierte que respecto a los actos reclamados al Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila, consistente en la orden para la publicación de la legislación impugnada, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de la materia, éste último, interpretado en sentido contrario. Lo anterior, en virtud de que no le corresponde el carácter de autoridad responsable para efectos del presente juicio de amparo, dado que los actos que se le reclaman no fueron impugnados por vicios propios en su intervención en el procedimiento legislativo del Decreto tildado de inconstitucional. En efecto, el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: . III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios". (Lo subrayado es de este juzgado) La fracción transcrita establece que las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo y/o publicación del decreto promulgatorio de la norma general reclamada, deben ser señaladas como responsables únicamente cuando se impugnen sus actos por vicios propios; es decir, que en la demanda de amparo se formulen conceptos de violación tendientes a desvirtuar por ilegal el procedimiento mismo del refrendo y publicación de la normativa señalada como inconstitucional. De ahí que, al efectuar una interpretación de este numeral en sentido contrario, si no se reclaman vicios propios del proceso de refrendo y publicación de una norma tildada de inconstitucional, las autoridades emisoras no pueden ser consideradas como responsables en el juicio de amparo. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda no se advierte que la parte impetrante haya formulado concepto de violación alguno tendiente a combatir de ilegal el procedimiento de publicación de la norma reclamada en el que tienen participación la autoridad en comento. Por tanto, al no combatirse vicios propios de su actuación en el proceso legislativo del Decreto reclamado, no le corresponde el carácter de autoridad responsable para efectos de esta instancia. Consecuentemente, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto de la publicación atribuida al Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III, de la Ley de la materia, éste último, interpretado en sentido contrario. Sustenta lo anterior, la tesis XXVII.3o.86 K (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 07 de agosto de 2015, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL REFRENDO O LA PUBLICACIÓN DE NORMAS GENERALES CUANDO NO SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS. Conforme al artículo 108, fracciones III y VIII, de la Ley de Amparo, en el amparo indirecto contra normas generales el quejoso podrá señalar, con el carácter de autoridades responsables, a las que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, siempre que formule conceptos de violación para impugnar esos actos por vicios propios. Por consiguiente, de la interpretación sistemática de las porciones normativas referidas con el artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley, se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando en la demanda se señalen como actos reclamados el refrendo o la publicación de normas generales, pero no se formulen conceptos de violación para controvertirlos por vicios propios." Luego, toda vez este juzgador no advierte otra causal de improcedencia, además de que se examinó la propuesta por las autoridades responsables, resulta procedente analizar los conceptos de violación que formula la parte quejosa. SEXTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SÉPTIMO. Estudio de fondo. Es fundado uno de los conceptos de violación que esgrime la parte quejosa con relación a los actos reclamados al Congreso y Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, por las consideraciones que enseguida se exponen. En dicho motivo de disenso, la parte quejosa aduce que los artículos reclamados vulneran en su perjuicio los derechos de proporcionalidad y equidad consagrados en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que establecen el cobro de derechos que no atienden al costo del servicio prestado. Ello, porque la determinación de los derechos causados por la inscripción de documentos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, se sujetan a elementos extraños al costo que para el Estado representa la prestación de ese servicio, de tal manera que, por un mismo servicio se pagan diferentes tarifas, lo que no atiende a la capacidad contributiva del sujeto obligado ni da el mismo tratamiento a todos los que solicitan el servicio referido. Pues bien, el aludido concepto es fundado en la medida que, efectivamente, los preceptos combatidos son violatorios del artículo 31, fracción IV, Constitucional, que establece lo siguiente: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: (.) IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes". Del precepto antes transcrito, se colige que en materia tributaria las leyes y los actos deben atender entre otros, a los principios de proporcionalidad y equidad. En materia de derechos por servicios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en vista del respeto a los principios constitucionales en materia fiscal de equidad y proporcionalidad tributaria, para fijar el monto de tales derechos debe atenderse al objeto real del servicio prestado por el ente público y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos. Para corroborar lo anterior, resulta aplicable en su esencia la jurisprudencia 174, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, página 212, del tomo I, materia constitucional, 1917-2000, del tenor siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. Las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: "las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten", de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos". Es preciso puntualizar, que la proporcionalidad en las contribuciones establecidas por un servicio prestado por el gobierno en su carácter de persona de derecho público, en la actualidad se entiende no como el costo exacto, o aproximado a una contraprestación otorgada por el pago de una cuota y en función de la capacidad económica de los causantes del servicio solicitado. La proporcionalidad de los derechos debe darse en función de la interdependencia razonable entre el monto del pago de una cuota y el servicio prestado por el gobierno en uso de una función administrativa. El Tribunal Superior del País, ha establecido que, por equidad, debe entenderse como el trato igual para quienes realizan un mismo hecho imponible, es decir, para los contribuyentes; que se encuentran en la misma hipótesis de causación contenida en la norma tributaria, debe existir un tratamiento idéntico en relación con el pago del tributo. Así es, el principio de equidad en las contribuciones fiscales significa, solamente, que la norma legal que establece el tributo dé un trato igual a los gobernados que se encuentran comprendidos dentro de supuestos análogos y que reciban un similar servicio. En efecto, la equidad tributaria hemos de entenderla como el procurar que el impacto del gravamen sea el mismo para todas los sujetos obligados al pago de la contribución, siempre y cuando estén colocadas en la misma hipótesis de causación, ya que si realizan iguales actos, tienen similares bienes o riqueza, deben ser tratados en igualdad de condiciones, en cuanto al deber de aportar una parte de su capital para cubrir el gasto público y que esa equidad sea general, uniforme, justa y apegada a la legalidad, tratando igual a los iguales y desigual a los desiguales, en relación con su capacidad económica. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis P./J.41/97 y P./J.42/97, sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, consultable en las páginas 43 y 36, tomo V, junio de 1997, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros y textos siguientes: "EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES. El texto constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; en relación con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de equidad para que, con carácter general, los Poderes Públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Conforme a estas bases, el principio de equidad se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación. La conservación de este principio, sin embargo, no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad económica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas. El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica". "EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los Poderes Públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley. De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad tributaria: a) no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; c) no se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y d) para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional". Cuando se trata de derechos, como contribución, estos principios, como ya se señaló, se rigen por un sistema distinto al de los impuestos, pues, para que se respete, la determinación de tal derecho, debe tomar en cuenta, el costo que representa para el Estado, la ejecución del servicio solicitado. Sentado el estudio sobre los principios constitucionales de cuya trasgresión se duele la parte quejosa, resulta importante transcribir el contenido de los artículos que establecen los derechos a pagar por el servicio prestado por el Registro Público, a saber: "TITULO III DE LOS DERECHOS CAPITULO PRIMERO [.] PRIMERA PARTE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD. (.) (REFORMADO, P.O. 16 DE DICIEMBRE DE 2016) (REUBICADO [N. DE E. ANTES ARTÍCULO 79], P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) ARTICULO 54. Los servicios prestados por el Registro Público, relativos a la propiedad, causarán derechos conforme a la siguiente: TARIFA (REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) I. El examen de todo documento público o privado que se presente para su inscripción, cuando se rehúse esta por no ser procedente o cuando se devuelva sin inscribir a petición del interesado o por resolución judicial, se pagará $267.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.). (REFORMADO [N. DE E. ESTE PÁRRAFO], P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) II. Se pagará una cuota de $14,317.00 (CATORCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), en los siguientes supuestos: (REFORMADO, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017) 1). Por la inscripción o registro de documentos públicos o privados, de resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier clase de títulos, por virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, aun cuando el valor del documento a inscribir sea indeterminado. (REFORMADO, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017) 2). Por la inscripción de la escritura constitutiva de sociedades civiles y asociaciones de carácter civil, así como cualquier modificación a la escritura constitutiva. (REFORMADO, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017) 3). Los contratos mercantiles en que medie condición suspensiva, resolutoria, reserva de dominio o cualquier otra modalidad que dé lugar a una inscripción complementaria para su perfeccionamiento. (REFORMADO, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017) 4). La inscripción de gravámenes sobre bienes inmuebles, sea por contrato, por resolución judicial o por disposición testamentaria; la de los títulos por virtud de los cuales se adquieran, transmitan, modifiquen o extingan derechos reales sobre inmuebles, distintos del dominio; los que limiten el dominio del vendedor, del embargo, así como de cédulas hipotecarias, de servidumbres y de fianzas. 5). (DEROGADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) 6). Las inscripciones que deriven de la inscripción de actos jurídicos por los que se deban pagar los derechos establecidos en el artículo 60 fracción II y 61, de la Sección de Comercio. (REFORMADO, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017) 7). La inscripción de títulos de propiedad, de bienes o derechos que modifiquen, aclaren o disminuyan el capital y sólo sean consecuencia legal de contratos que se otorguen por las mismas partes que figuran en la primera escritura, sin aumentar el capital ni transferir derechos. (REFORMADO, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017) 8). La inscripción del título o contrato cuando se aumente el capital o se transfiera algún derecho. (REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) Además de los servicios por la inscripción de los actos jurídicos que conforme a esta fracción y al Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza deban registrarse, se incluyen los costos por su revisión, calificación de procedencia, la publicidad y disposición para su consulta de los asientos registrales digitalizados, así como la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información y todo aquello que se requiere para una adecuada conservación y archivo perene de los documentos que se resguardan. (REFORMADO Y REUBICADO [N. DE E. ANTES ARTÍCULO 79-A], P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) ARTICULO 55. En la inscripción o registro de los documentos que se describen en la fracción II incisos 1), 4) y 8) del artículo anterior, si el valor de la operación que se contenga en el documento excede de $1'348,800.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), se pagará adicionalmente por lo que exceda de dicha cantidad el 6 al millar." SEGUNDA PARTE DEL COMERCIO (ANTERIORMENTE ARTÍCULO 82, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (REFORMADO, P.O. 16 DE DICIEMBRE DE 2016) ARTÍCULO 60. Los servicios prestados por el Registro Público, relativos al comercio, causarán derechos conforme a la siguiente: TARIFA [.] II. Se pagará una cuota de $14,317.00 (CATORCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), en los siguientes supuestos: 1). La inscripción de la escritura constitutiva de sociedades mercantiles o de las relativas a aumentos de su capital social. (REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) 2). Tratándose de sociedades mercantiles de capital fijo, por los aumentos de capital que se presente para su inscripción y sus modificaciones; 3). La inscripción de créditos de cualquier clase, hipotecarios, prendarios, refaccionarios, de habilitación o avío y otros, otorgados por instituciones de crédito, agrupaciones financieras o particulares. (REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) Además de los servicios por la inscripción de los actos jurídicos que conforme a esta fracción deban registrarse, incluyen los costos por su revisión, calificación de procedencia, la publicidad y disposición de los asientos registrales digitales, así como la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información y en lo general todo aquello que genere una adecuada conservación y archivo perene de los documentos que se resguardan. (ANTERIORMENTE ARTÍCULO 82-A, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) (REFORMADO, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017) [.] ARTÍCULO 61. Tratándose de inscripciones relativas a los incisos 1, 2 y 3 de la fracción II del artículo 60 de esta Ley, si el valor excede de $1'820,839.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), adicionalmente se pagará por lo que exceda de dicha cantidad, el 6 al millar." (Lo subrayado y destacado es de este juzgado) De lo antes transcrito, se colige que la contribución prevista en dichos numerales constituye un derecho que conforme al artículo 3, fracción II, del Código Fiscal del Estado de Coahuila, se define como las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. En ese contexto, para determinar si la aplicación de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en la porción normativa combatida, cumple con los principios de proporcionalidad y equidad en materia de contribuciones, se debe comprobar si los derechos que prevé atienden exclusivamente al costo real que para el Estado tenga la prestación del servicio, en términos de lo antes expuesto. Este estudio se realiza de la siguiente manera: A) ANÁLISIS JURÍDICO DEL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN II, INCISO 1), Y 60, FRACCIÓN II, INCISO 3), DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. Pues bien, conviene precisar que los artículos 54 fracción II, inciso 1), y 60, fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, disponen lo siguiente: "TITULO III DE LOS DERECHOS CAPITULO PRIMERO [.] PRIMERA PARTE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD. (.) (REFORMADO, P.O. 16 DE DICIEMBRE DE 2016) (REUBICADO [N. DE E. ANTES ARTÍCULO 79], P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) ARTICULO 54. Los servicios prestados por el Registro Público, relativos a la propiedad, causarán derechos conforme a la siguiente: TARIFA [.] (REFORMADO [N. DE E. ESTE PÁRRAFO], P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) II. Se pagará una cuota de $14,317.00 (CATORCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), en los siguientes supuestos: (REFORMADO, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017) 1). Por la inscripción o registro de documentos públicos o privados, de resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier clase de títulos, por virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, aun cuando el valor del documento a inscribir sea indeterminado. [.] Además de los servicios por la inscripción de los actos jurídicos que conforme a esta fracción y al Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza deban registrarse, se incluyen los costos por su revisión, calificación de procedencia, la publicidad y disposición para su consulta de los asientos registrales digitalizados, así como la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información y todo aquello que se requiere para una adecuada conservación y archivo perene de los documentos que se resguardan." [.] (ANTERIORMENTE ARTÍCULO 82, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (REFORMADO, P.O. 16 DE DICIEMBRE DE 2016) ARTÍCULO 60. Los servicios prestados por el Registro Público, relativos al comercio, causarán derechos conforme a la siguiente: TARIFA [.] II. Se pagará una cuota de $14,317.00 (CATORCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), en los siguientes supuestos: 1). La inscripción de la escritura constitutiva de sociedades mercantiles o de las relativas a aumentos de su capital social. (REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) 2). Tratándose de sociedades mercantiles de capital fijo, por los aumentos de capital que se presente para su inscripción y sus modificaciones; 3). La inscripción de créditos de cualquier clase, hipotecarios, prendarios, refaccionarios, de habilitación o avío y otros, otorgados por instituciones de crédito, agrupaciones financieras o particulares. (REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) Además de los servicios por la inscripción de los actos jurídicos que conforme a esta fracción deban registrarse, incluyen los costos por su revisión, calificación de procedencia, la publicidad y disposición de los asientos registrales digitales, así como la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información y en lo general todo aquello que genere una adecuada conservación y archivo perene de los documentos que se resguardan. En el caso, los preceptos impugnados señalan que, para el pago de inscripción de documentos relativos a la adquisición, transmisión, modificación o extinción del dominio o la posesión de bienes inmuebles, así como la inscripción de créditos de cualquier clase, el Estado cobrará una cuota de $14,317.00 (catorce mil trescientos diecisiete pesos 00/100 moneda nacional). Así, al hacer una interpretación meramente literal de dichos preceptos, se puede pensar que la cantidad de $14,317.00 (catorce mil trescientos diecisiete pesos 00/100 moneda nacional) atiende a una cuota fija y que, con ello, se cumple con los principios de proporcionalidad y equidad que debe imperar en materia tributaria en razón de que ésta sería igual para todos los que acudan a realizar el trámite respectivo. Sin embargo, dichos dispositivos vulneran los principios tributarios citados, en virtud de que no atienden al costo del servicio que presta la administración pública; sino al valor a que asciende lo que ha de inscribirse. En efecto, importa destacar que una disposición jurídica si bien tiene un contenido "prima facie", entendiéndose por ello, lo que se aprecia a primera vista o en principio; sin embargo, no sólo goza de esa dimensión lingüística, ya que una vez promulgada, se inserta en un conjunto ordenado al que denominamos "sistema jurídico", que obliga a todo interprete a analizar las disposiciones, no de una por una o aislando una del resto, sino que, teniendo en mente la propia funcionalidad del sistema, analizarlas bajo un criterio sistemático a fin de saber cuál es el verdadero signi?cado del enunciado normativo y, con ello, conocer cuáles son las consecuencias y efectos que tendrá la norma sobre la esfera jurídica de los gobernados. Más aún, porque atendiendo a la completitud de dicho sistema jurídico, no sólo existen normas expresas, sino también las implícitas que derivan de una simple inferencia analógica (a contrario). Bajo esa óptica, en el caso, aun cuando los artículos 54 fracción II, inciso 1), y 60, fracción II, inciso 3), ambos de la ley citada, establezcan, prima facie, una cantidad única de $14,317.00 (catorce mil trescientos diecisiete pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de derechos de inscripción de documentos relativos a la propiedad y el comercio, no pueden considerarse como disposiciones equitativas y que no atiendan a ningún elemento ajeno para determinar su cuantificación; pues los diversos numerales 55 y 61 del mismo ordenamiento, hacen una referencia expresa a los artículos que les preceden, al disponer lo siguiente: "ARTICULO 55. En la inscripción o registro de los documentos que se describen en la fracción II incisos 1), 4) y 8) del artículo anterior, si el valor de la operación que se contenga en el documento excede de $1'348,800.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), se pagará adicionalmente por lo que exceda de dicha cantidad el 6 al millar." "ARTÍCULO 61. Tratándose de inscripciones relativas a los incisos 1, 2 y 3 de la fracción II del artículo 60 de esta Ley, si el valor excede de $1'820,839.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), adicionalmente se pagará por lo que exceda de dicha cantidad, el 6 al millar." Consecuentemente, resulta válido afirmar que las anteriores disposiciones conforman las siguientes normas positivas: ? Por concepto de pago de derechos por la inscripción de títulos relativos a la propiedad, cuya operación sea igual o menor a $1'348,800.00 (un millón trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional), se cobrará $14,317.00 (CATORCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.) y respecto de las operaciones mayores a esta cantidad, se cobrará el 6 al millar sobre el excedente. ? Por concepto de pago de derechos por la inscripción de créditos de cualquier clase, cuya operación sea igual o menor a $1'820,839.00 (un millón ochocientos veinte mil ochocientos treinta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), se cobrará $14,317.00 (CATORCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.) y respecto de las operaciones mayores a esta cantidad, se cobrará el 6 al millar sobre el excedente. Lo que incluso se corrobora con la información mostrada en la página oficial de internet del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Coahuila de Zaragoza, la cual constituye un hecho notorio para este juzgado, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se desprende que, en el rubro de "pago de derechos registrales", para proceder a la cuantificación respectiva, además de mencionar el número de escritura, se requiere que el interesado proporcione el monto de la operación, así como el monto catastral, para que en su caso, la autoridad responsable verifique cuál de esas cantidades es la mayor y así saber si aplica la cuota de $14,317.00 (CATORCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.) o si además, aplica la tasa del 6 al millar. Así las cosas, para el suscrito juzgador resulta indudable que los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3), ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, introducen un elemento ajeno para la cuantificación del pago del derecho, como lo es el valor de lo que ha de inscribirse; lo que resulta violatorio a los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, ya que se están tomando en cuenta elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, siendo que en el caso no se trata del pago de un impuesto, sino del pago de derechos que, como ya se dijo, sólo deben analizarse en función de la correlación que guarda entre la cuota a pagar y el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio que cause los respectivos derechos. Para mejor comprensión, podemos preguntarnos ¿Por qué alguien cuyo título contiene una operación entre un $1,500,000.00 y $1,800,000.00 (sea por actos de la propiedad o de créditos), no paga lo mismo que alguien cuya operación asciende a $1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 moneda nacional)? Como primera respuesta sería dable señalar que es porque los de las operaciones de $1,500,000.00 y $1,800,000.00, se ubican en los supuestos normativo contemplado en los artículos 55 y 61, de la legislación citada; empero, la respuesta correcta es porque existe un trato inequitativo derivado de dicho elemento ajeno atinente al costo de la operación; pues este resulta totalmente subjetivo y, desde luego, no guarda congruencia con el servicio prestado. En ese punto sirve volver a los cuestionamientos: ¿por qué el legislador no estableció una cuota única que contemplara las operaciones por cantidades de hasta $1, 500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional)? o ¿por qué no una de hasta $2,000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 moneda nacional)? o ¿por qué simplemente no estableció un pago único y universal como derecho de inscripción de todos los títulos, con independencia del valor de la operación que contienen?, precisamente atendiendo a los lineamientos establecidos por nuestro Máximo Tribunal. Así, desde el momento en que el legislador establece de forma implícita, distintas bases para el cálculo de los derechos por concepto de inscripción, que dependen de que el valor de la operación, sea igual o menor a $1'348,800.00 (un millón trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos pesos) cuando se trate de la inscripción de títulos relativos a la propiedad, e igual o menor a $1'820,839.00 (un millón ochocientos veinte mil ochocientos treinta y nueve pesos) cuando se refiera a la inscripción de créditos de cualquier tipo, vulnera los derechos fundamentales de equidad y proporcionalidad consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, en atención a que no existe un equilibrio razonable entre la cuota y el servicio prestado, ya que no se da un trato igual a quienes reciben servicios análogos. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 95/2009 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Julio de 2009, de la Novena Época de rubro y contenido siguientes: "DERECHOS REGISTRALES. LAS LEYES FEDERALES O LOCALES QUE ESTABLECEN LA TARIFA RESPECTIVA SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VIOLAN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. Acorde con la doctrina y la legislación tributaria, los derechos son las contraprestaciones que se pagan a la hacienda pública del Estado, como precios por servicios de carácter administrativo prestados por los órganos del poder público a las personas que los soliciten. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dichas contribuciones satisfacen los principios tributarios de proporcionalidad y equidad previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando existe un equilibrio razonable entre la cuota y el servicio prestado, y cuando se da un trato igual a quienes reciben servicios análogos. En este contexto, las leyes federales o locales que regulan los derechos por la inscripción, anotación, cancelación o expedición de certificaciones de actos jurídicos o documentos en un registro público, estableciendo su cuantificación mediante un porcentaje o factor (sea por ejemplo, a la decena, a la centena o al millar), tomando en cuenta valores económicos o comerciales distintos al costo del servicio prestado por la administración pública, violan los indicados principios tributarios, pues se produce el efecto de que los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad dependiendo del monto de la operación que dé lugar a tales actos registrales, provocando que una misma función estatal, que tiene el mismo costo, cause distintas contraprestaciones en dinero." Ahora, no se desatiende que dentro las normas combatidas (54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3), el legislador estableció que para los servicios de inscripción se incluyen los costos para su revisión, calificación, publicidad, disposición para su consulta, conservación y archivo, etcétera, cómo forma de justificar la cuota de $14,317.00 (catorce mil trescientos diecisiete pesos 00/100 moneda nacional); empero, con ello no se explica el por qué se está tomando el valor de la operación para saber si sólo se cobra los $14,317.00 (catorce mil trescientos diecisiete pesos 00/100 moneda nacional) o además, el seis al millar. Lo que se explicaría sólo si se asumiera una postura en que a mayor valor o costo de la propiedad o del crédito, mayor es el gasto que se genera para la revisión, calificación, publicidad, disposición, conservación y archivo del documento; lo que, desde luego no es así, pues el servicio de inscripción es el mismo. En resumen, es válido afirmar que desde el momento en que existe más de una cuota como contraprestación para el pago de inscripciones ante el Registro Público, es decir, una para operaciones mayores a un millón trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos pesos, cuando se trate de la inscripción de títulos relativos a la propiedad, o mayores a un millón ochocientos veinte mil ochocientos treinta y nueve pesos, cuando se trate de inscripción de créditos y, otra para las que sean menores a dichas cantidades, ello por sí sólo es indicativo que dichas tarifas no se fijan de acuerdo al principio de proporcionalidad previsto en el artículo 31 Constitucional, al existir diversas cuotas para el mismo servicio público. Es decir, tales disposiciones constituyen un sistema normativo para regular el servicio de inscripción, de ahí que, debe concluirse que no se encuentra justificada la diferenciación en las tarifas que describen los citados numerales, aunque se trata del mismo despliegue técnico por parte del Registro Público del Estado de Coahuila de Zaragoza, por ende, se genera una vulneración al principio proporcionalidad tributaria previsto en el aludido precepto constitucional. En lo conducente, resulta aplicable la jurisprudencia PC.VIII. J/12 A (10a.), emitida por el Pleno del Octavo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2020403, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, materia administrativa, página 3634, que dice: "DERECHOS POR SERVICIOS REGISTRALES. LOS ARTÍCULOS 79, FRACCIÓN II, 79-A, 79-B, 82, FRACCIÓN IV, 82-A Y 82-B DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, VIGENTE EN 2017, QUE PREVÉN EL PAGO DE DIVERSAS CUOTAS POR AQUEL CONCEPTO, CONFORMAN UN SISTEMA NORMATIVO CON IDENTIDAD DE OBJETO AL REGULAR EL MISMO SERVICIO PÚBLICO. Del análisis de los artículos 79-A, 79-B, 82-A y 82-B de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente en 2017, se evidencia que son interdependientes de los diversos preceptos 79, fracción II, y 82, fracción IV, de la misma legislación, al existir entre ellos una vinculación que revela una relación directa entre sí, indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa y fuente, en virtud de que establecen el pago de diversas cuotas por derechos por servicios registrales de actos jurídicos sobre la adquisición de bienes inmuebles, derechos reales o créditos; por tanto, constituyen un sistema normativo con identidad de objeto, lo que implica que deben ser analizados en cuanto a su sentido, alcance y aplicación, para determinar si la cantidad que contemplan refleja el costo del servicio para el Estado." En consecuencia, procede otorgar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, contra los artículos 54, fracción II, inciso 1), y 60, fracción II, inciso 3), ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente para el ejercicio fiscal 2020, ya que son inconstitucionales por violentar los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, en términos de la jurisprudencia temática de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ya quedó precisado anteriormente. B) PAGO DE CUOTAS MÍNIMAS COMO CUMPLIMIENTO AL DEBER DE CONTRIBUIR AL GASTO PÚBLICO. Ahora bien, previo a establecer los efectos del amparo, es importante destacar que la Segunda Sala de nuestro más alto tribunal, en la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2 de rubro: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS", ha sostenido que cuando un "derecho" resulta inconstitucional en razón de que su cobro no guarda relación con el servicio prestado por el Estado, los efectos del amparo no pueden ser para que se libere al contribuyente de la totalidad del pago del derecho, ya que al existir un servicio otorgado, implica que necesariamente hubo una erogación por parte del gobierno para el trámite y registro respectivo, de ahí que los usuarios no pueden obtener tal derecho sin pagar algún costo, sino que deberán pagar la cuota mínima fija, la cual se entiende justa para el pago del derecho en cuestión, en virtud de que dicha cantidad es igual para todos los contribuyentes que reciben el mismo servicio. No obstante lo anterior, en el caso que nos ocupa, no resulta aplicable la jurisprudencia citada, ya que la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza no contempla una cantidad mínima "general", aplicable a todos los supuestos para el pago de inscripción relativos a la adquisición, transmisión, modificación o extinción del dominio o la posesión de bienes inmuebles, así como por la inscripción de créditos de cualquier clase; de tal manera que no existe una tasa común en el que incidan todos los solicitantes de dichos servicios; lo que no permite que la parte quejosa liquide los correspondientes derechos por una cantidad mínima, pues como se dijo, ésta no se establece en los aludidos dispositivos impugnados. Máxime que el vicio de inconstitucionalidad de las normas recae en uno de los elementos esenciales del tributo como es la base gravable y no en alguna variable, de ahí que todo el sistema impositivo queda afectado. Es decir, tal como se analizó, los artículos 54, fracción II, inciso 1), 55, 60, fracción II, inciso 3) y 61, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, prevén distintas bases para el cálculo de los derechos por concepto de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, atendiendo al valor de lo que ha de inscribirse, de ahí que se encuentra viciado un elemento esencial de la contribución, y al estar afectado tan sólo uno de ellos, afecta el mecanismo esencial del tributo, lo que implica que éste no pueda subsistir y, por tanto, la concesión del amparo, debe ser para que el gobernado no se encuentre obligado a cubrir el tributo en cuestión. Sirve de sustento a lo anterior, el criterio jurisprudencial PC.VIII. J/7 A (10a.) emitido por el Pleno del Octavo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo II, de la Décima Época, de rubro y contenido siguientes: "DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PÚBLICO RELATIVOS A LA PROPIEDAD Y AL COMERCIO. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO POR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 79, FRACCIÓN II Y 82, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, VIGENTE EN 2015, DERIVADA DE DIVERSOS CRITERIOS JURISPRUDENCIALES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. De la jurisprudencia P./J. 62/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, noviembre de 1998, página 11, con el rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se advierte que si el vicio de inconstitucionalidad de la norma recae en uno de los elementos esenciales del tributo y no en alguna variable, todo el sistema impositivo queda afectado, de manera que el efecto del amparo será desincorporar de la esfera jurídica del quejoso la obligación tributaria. Ahora bien, los artículos 79, fracción II, y 82, fracción IV, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza vigente en 2015, prevén, respectivamente, distintas bases para el cálculo de los derechos por concepto de inscripción o registro de documentos relativos a la propiedad o posesión de bienes inmuebles, así como de créditos en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, atendiendo al valor del inmueble o monto de la operación, lo que de acuerdo con diversos criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación viola los principios tributarios de proporcionalidad y equidad. Consecuentemente, si la inconstitucionalidad de dichos preceptos reside en sus elementos esenciales, al calcular los derechos conforme a uno ajeno, los efectos del fallo protector consisten en que se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso la obligación tributaria y le sean devueltas las cantidades pagadas por concepto de derechos de registro, sin que con ello se contraríe la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, Tomo 2, mayo de 2012, página 1244, con el rubro: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS.", al ser inaplicable por no prever las disposiciones reclamadas una tarifa mínima." Por otro lado, no es obstáculo que no hubiesen sido aplicados los diversos artículos 55 y 61, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza; sin embargo, tales dispositivos guardan una íntima relación y dependencia con los preceptos reclamados, por constituir en su conjunto, un sistema normativo para el pago de derechos por inscripción de documentos relativos a la propiedad y el comercio, de ahí que fue procedente su análisis conjunto en el presente fallo constitucional. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 91/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 938, cuyo texto y rubro dice: "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUZGADOR FEDERAL ESTÁ FACULTADO PARA INTRODUCIR EN SU SENTENCIA EL ANÁLISIS DE NORMAS QUE NO FORMARON PARTE DE LA LITIS, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN ESTRECHAMENTE RELACIONADAS CON LA MATERIA DE LA IMPUGNACIÓN, POR CONSTITUIR UN SISTEMA NORMATIVO. En atención a que la legislación de la materia y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecen que el Juez de amparo debe fijar la pretensión fundamental del quejoso y resolver de manera congruente con ello, se considera que cuando el tema esencial de la litis vincula necesariamente el examen de otras disposiciones legales, en virtud de la íntima relación o dependencia que existe entre éstas, por constituir un sistema normativo, lo conducente es que el estudio de constitucionalidad comprenda las normas vinculadas estrechamente dentro del sistema de que se trate, aunque no hubieran sido señaladas expresamente por el quejoso en el escrito de demanda, habida cuenta que de ello depende la posibilidad de emitir un pronunciamiento que resuelva de manera íntegra y congruente lo reclamado, pues lo contrario implicaría una violación al derecho fundamental de administración de justicia completa, sin que ello implique que el juzgador federal pueda variar la litis al introducir al estudio normas -no reclamadas- que no correspondan con la pretensión fundamental del quejoso o que no estén vigentes al momento de la presentación de su demanda, ya que la materia de la impugnación es lo que permite sostener la existencia de una conexión entre diversas disposiciones legales, por contener elementos normativos que se complementan entre sí, lo cual justifica la necesidad de realizar un análisis integral de ese articulado que guarda estrecha relación. Este criterio no implica que quede al arbitrio del juzgador incluir actos no reclamados y que no estén vinculados con la litis, ya que cuando se hace referencia a "sistema normativo", se alude al conjunto de normas que regulan una figura jurídica particular y que están íntimamente relacionadas, de manera que ese sistema no pueda operar sin alguna de ellas." OCTAVO. Efectos de la concesión de amparo. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la protección constitucional es para que el Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: 1. Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa, los artículos 54 fracción II, inciso 1), y 60 fracción II, inciso 3), ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, cuyo texto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve y en vigor a partir del uno de enero de dos mil veinte. 2. Deje insubsistente los pagos contenidos en los recibos de fecha cuatro de junio de dos mil veinte, expedidos en favor del quejoso Miguel Ángel Jaramillo Pérez, con números de referencia 763016113 y 763016149. 3. En congruencia con lo anteriormente determinado, devuelva al justiciable las cantidades pagadas en los mencionados recibos, si se tiene en cuenta que el contribuyente fue objeto de subsidio. En el entendido que las cantidades deberán devolverse debidamente actualizadas, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 13/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, febrero de 2008, de la Novena Época de rubro y contenido siguientes: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL). El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada." Cabe aclarar que con independencia de que en este juicio se hubiese sobreseído respecto a la autoridad denominada Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, esta determinación obliga a todas las autoridades involucradas en su observancia, entre ellas a la autoridad antes citada; y, por tanto, a realizar los trámites necesarios para darle cabal cumplimiento; ello en acatamiento a la jurisprudencia 236 emitida por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 159, tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyos rubro y texto son los siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Miguel Ángel Jaramillo Pérez, por los motivos expuestos en el considerando tercero y la parte conducente del considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Miguel Ángel Jaramillo Pérez, contra los actos atribuidos al Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria. Notifíquese.

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