Jesús Sebastián Lozano Azpilcueta
Expediente 1187/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1187/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Jesús Sebastián Lozano Azpilcueta
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de la secretaria de este juzgado, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el numeral 97, fracción I, inciso a, de la propia ley; en consecuencia, con fundamento en el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que el proveído de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo, ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente, de acuerdo a sus particularidades es susceptible de destrucción, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en él se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. NOTIFÍQUESE.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL PROMOVENTE. Téngase por recibido el oficio signado por el Juez Sexto de Distrito en la Laguna, que contiene el proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, mediante el cual remite el diverso comunicado de la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, que acompañó el escrito de demanda promovido por Jesús Sebastián Lozano Azpilcueta, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Ahora bien, del acuerdo en cita del juez homólogo, se advierte que el titular del órgano jurisdiccional de referencia, consideró que corresponde a este juzgado de distrito el conocimiento del juicio de amparo de que se trata, por estimar que en el caso se actualiza el supuesto del artículo 46, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales; por tanto, este juzgado acepta el returno planteado, en esa virtud, fórmese y regístrese el expediente respectivo con el número 1187/2018-VII y acúsese recibo. De igual forma, debe decirse que la medida cautelar decretada por la autoridad responsable, en auxilio de la Justicia de la Unión, ha dejado de surtir efectos, a partir de que este órgano jurisdiccional asume el conocimiento del asunto, toda vez que tal determinación deberá estar a las reglas que rigen la vía indirecta para la tramitación del mismo; aunado a que la autoridad responsable no se encuentra facultada para proveer sobre la suspensión del acto reclamado en los juicio de amparo competencia de los jueces de distrito. De ahí que la medida cautelar decretada por la responsable ha dejado de surtir sus efectos, y la responsable se encuentra en aptitud de ejecutar el acto reclamado. Se invoca en lo conducente, la jurisprudencia 85/2016 sustentada por la Primera Sala del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, libro XIII, octubre de 2012, tomo 2, página 1105, del texto siguiente: "QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA CUANDO EL AMPARO DEL QUE DERIVA DICHO RECURSO SE REMITE POR INCOMPETENCIA A UN JUZGADO DE DISTRITO A PARTIR DE QUE EL JUEZ INICIA SU TRÁMITE. Cuando un tribunal colegiado de circuito se declara incompetente para conocer de un juicio de amparo, por corresponder a un juez de distrito su trámite y resolución, debe declararse sin materia el recurso de queja promovido con fundamento en el artículo 95, fracción VIII, de la Ley de Amparo, ya que la situación de facto sobre la suspensión y los medios de defensa relacionados, está supeditada al trámite del amparo directo, pues la autoridad responsable emite su decisión en torno a la suspensión u omite pronunciarse al respecto, en su carácter de auxiliar de la Justicia Federal y, por tanto, al declararse incompetente el tribunal colegiado de circuito para conocer del juicio de amparo, pierde esa calidad, para conservar únicamente la de autoridad responsable y deja de tener capacidad legal para resolver sobre la suspensión y, en consecuencia, la materia del recurso de queja, ya sea en su omisión o pronunciamiento, desaparece cuando el juez de distrito recibe los autos del juicio de amparo e inicia su trámite". Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, el dispositivo en consulta señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se advierte la facultad del juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se dá cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que incluso en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". En el presente caso, del análisis del acto reclamado transcrito, se desprende que se actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, en relación con la fracción V, del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que el acto reclamado por el quejoso consiste esencialmente en: "IV.- Actos reclamados.- De la autoridad señalada como ordenadora reclamo: 1.- El auto de fecha 11 de Julio del 2018, mediante el cual la autoridad ordenadora, dentro de los autos del Juicio de Divorcio Incausado radicado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar expediente número 772/2008-II, decreta se dicte un oficio al C. Representante Legal de la Secretaría de Educación Pública con objeto de que me sea descontado el 45% de mi salario, sueldo, aguinaldo y cualquier otra prestación que perciba como empleado de la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 1, y se ponga a disposición de la señora BEATRIZ MUÑOZ URUETA en representación de mis menores hijos JESUS AARON, JOSUE SEBASTIAN Y PAOLA BE TRIZ, todos de apellidos LOZANO MUÑOZ, causándome agravios dicho auto, los cuales expresaré más adelante. De las autoridades señaladas como ejecutoras reclamo: a).- La notificación y ejecución de lo ordenado por auto de fecha 11 de Julio del 2018 dictado dentro de los autos del Juicio de Divorcio Incausado radicado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar expediente número 772/2008-II, mediante el cual la autoridad ordenadora, decreta se dicte un oficio al C. Representante Legal de la Secretaría de Educación Pública con objeto de que me sea descontado el 45% de mi salario, sueldo, aguinaldo y cualquier otra prestación que perciba como empleado de la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 1, y se ponga a disposición de la señora BEATRIZ MUÑOZ URUETA en representación de mis menores hijo JESUS AARON, JOSUE SEBASTIAN y PAOLA BEATRIZ, todos de apellidos LOZANO MUÑOZ, causándome agravios dicho auto, los cuales expresaré más adelante". Asimismo en el capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado el promovente literalmente señala lo siguiente: ". para así dar cumplimiento a lo ordenado por el Juez de Distrito en la Laguna de esta Ciudad, bajo el expediente número 849/2018-IX, al auto de fecha 3 de Julio DE 2018, en el cual se concede la suspensión provisional a la señora BEATRIZ MUÑOZ URUETA". En ese orden de ideas, este órgano de control constitucional advierte, de oficio, que el presente juicio resulta improcedente por actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción IX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa textualmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." Del precepto transcrito se prevén dos hipótesis: 1. El amparo es improcedente contra resoluciones emanadas en un juicio de amparo; y 2. El juicio de amparo no procede en tratándose de la impugnabilidad de los actos de ejecución de una resolución derivada de un juicio de amparo. La primera hipótesis señala que el juicio de amparo es improcedente cuando se pretende impugnar una resolución judicial emanada en otro juicio de amparo, independientemente de que sean actos o resoluciones de Juzgados de Distrito, de Tribunales Unitarios de Circuito o de Tribunales Colegiados de Circuito, pues contra ellos no procede el juicio de amparo. Ahora bien, dentro la improcedencia del juicio contra resoluciones que se hayan emitido en otro juicio de amparo, se engloban también los decretos, autos y sentencias, en atención a que todos estos actos son resoluciones judiciales en términos del artículo 220 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. También opera cuando la resolución sea dictada en el cuaderno principal o en el cuaderno del incidente de suspensión, pudiendo atacarse únicamente a través de un recurso de los previstos en la Ley de Amparo. La segunda de las hipótesis se refiere a los actos encaminados a dar cumplimiento a cualquier resolución que derive del proceso constitucional y aún del cuaderno incidental, inclusive tratándose del acatamiento a una ejecutoria de amparo. Ahora bien, lo anterior no presupone dejar en estado de indefensión a las partes, toda vez que la Ley de Amparo prevé los medios de impugnación correspondientes para combatir los actos que se dicten en la secuela procedimental del juicio de amparo, así como de aquéllos emitidos en cumplimiento a los sumarios constitucionales; sin embargo, si se trata de actos nuevos, que son aquellos que el sentido de afectación puede ser el mismo, pero el motivo determinante, es decir, el elemento teleológico del acto de autoridad es distinto, entonces sí es admisible la promoción de un nuevo juicio de amparo. Es aplicable la tesis LXX/2003 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XVIII, diciembre de 2003, página 83, cuyo contenido es: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal". Sentado lo anterior, de la demanda de amparo se advierte que el promovente reclama el auto de once de julio de dos mil dieciocho, en el cual la responsable ordena girar un oficio a efecto de que le sea descontado el cuarenta y cinco por ciento de su salario y cualquier otra prestación que perciba como empleado de la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 1, lo cual se realizó en acatamiento a la suspensión provisional ordenada en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 849/2018-IX, del índice de este propio juzgado. Por tanto, los actos que el promovente pretende reclamar por esta vía constitucional de amparo, fueron emitidos por la autoridad judicial señalada como responsable con motivo de la ejecución de una determinación dictada en un juicio de amparo, según se advierte de la transcripción realizada tanto de los actos reclamados como del apartado relativo a los antecedentes hecha en párrafos precedentes. Cobra aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia XXI.1°.J/15, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 867, tomo XI, marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, correspondiente a la Novena época, que expresa: "IMPROCEDENCIA. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. Si se toma en cuenta la finalidad que se persigue con la norma, su razón legal y la aplicación constante y uniforme hecha por los tribunales federales, el correcto sentido del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo que toca a la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones dictadas en ejecución de las determinaciones emitidas en los juicios de amparo, no es el que se pudiera deducir de una vista inicial de sus términos gramaticales, que llevarían a la actualización de esa hipótesis normativa en todos los casos en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en ese sentido en una resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable, sino que este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de garantías fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia referida, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social; es decir, que tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que se levanta el juicio de amparo". Y en lo que interesa la jurisprudencia X.1°.J/13, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en la página 610, tomo X, agosto de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, relativa a la Novena época que dice: "AMPARO IMPROCEDENTE. SI LA SENTENCIA COMBATIDA SE EMITIÓ EN CUMPLIMIENTO DE UN DIVERSO JUICIO DE AMPARO. Si la sentencia combatida se emitió en cumplimiento de una ejecutoria pronunciada en un diverso juicio de amparo, en donde pudo haberse incurrido en un defecto en el cumplimiento de dicha ejecutoria, no es posible plantear vía nuevo amparo directo, como se pretende; porque evidentemente se actualiza la causa de improcedencia contemplada en la fracción II, del artículo 73 de la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución General de la República". Y únicamente en lo conducente la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Octava época, tomo X, página 285, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY DE LA MATERIA. Las resoluciones dictadas por los órganos de control constitucional, juzgados de Distrito y tribunales colegiados, pueden ser de nueva cuenta revisados en los casos en que la ley lo permite y de acuerdo con los recursos en ella previstos, pero ni la decisión de fondo o cualquier otro tipo de proveído contenido en la sentencia de amparo, puede ser impugnado a través de un nuevo juicio constitucional. Tal principio descansa en la ley y en la lógica; la fracción II, del artículo 73 de la Ley de Amparo, hace improcedente el juicio constitucional "contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas". El precepto transcrito no distingue, entre la decisión que respecto al fondo se pronuncie y que resuelve el planteamiento constitucional y los diversos proveídos que pueden estar contenidos en una ejecutoria; contra de estas resoluciones como en las primeras, no es dable promover demanda de amparo, ya que no compete a un órgano de control constitucional analizar los actos de otro órgano de la misma naturaleza, cuando se actúa en ejercicio de esa facultad. La improcedencia prevista por la fracción II, del artículo antes citado, también se explica por la necesidad de proteger la estabilidad y seguridad jurídicas, ya que éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo, las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplimentación de éstas, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería inevitable". En ese orden, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 61, fracción IX, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, es improcedente el juicio de amparo que se promueve, contra las resoluciones judiciales emitidas en los juicios de amparo y contra la determinación que se dicten a consecuencia directa e inmediata de una resolución materia de un juicio de amparo diverso. Sirve de apoyo al anterior razonamiento la jurisprudencia J/2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, mayo de 1995, Novena época, página 259, del de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE. PREVISTA POR LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. SI SE IMPUGNAN EN UN JUICIO DE AMPARO ACTOS DE AUTORIDAD SURGIDOS EN CUMPLIMIENTO DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA EN OTRO JUICIO DE GARANTÍAS. SURGE LA. Si se impugnan a través del juicio de amparo, actos de autoridad que surgieron en cumplimiento de una resolución dictada dentro de diverso juicio constitucional surge la causal de improcedencia prevista por la fracción II, del artículo 73, de la Ley de Amparo". Por tanto, deviene notoriamente improcedente la presente instancia constitucional ya que de acuerdo con el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen resoluciones dictadas en los juicios de amparos y ejecución de las mismas, como en el caso ocurre. Al caso concreto, es aplicable en lo conducente y pertinente el criterio sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 25, volumen 217-228 sexta parte, Séptima época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO DERIVADO DE LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, IMPROCEDENCIA DE OTRO AMPARO CONTRA. Al impugnarse a través del juicio de amparo actos de autoridad llevados a cabo de una resolución dictada dentro de diverso juicio de garantías, es evidente que se actualiza la hipótesis genérica abstracta de improcedencia prevista en la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo, que determina el sobreseimiento del mismo acorde a la fracción III del artículo 74 de esa misma ley". En las relatadas consideraciones, al sobrevenir de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción IX, numeral 61, de la Ley de Amparo, lo procedente desechar de plano de la demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Primer Circuito, contenido en la página mil seiscientos treinta y uno, tomo XX, Septiembre de dos mil cuatro, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Y el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página seiscientos dieciocho, del tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por cusa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto." Criterios aplicables, en virtud que no se oponen a la presente Ley de Amparo, por lo que se continúa con su vigencia, conforme al artículo sexto transitorio de la ley de la materia. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 21 la Ley de Amparo, para el caso de que en el juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales al promovente, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el actuario de la adscripción pueda efectuar las mismas. Como lo solicita el promovente, se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Abraham Jaik Medrano y en términos del citado artículo, párrafo segundo a Aurora Román Armendáriz, toda vez que su cédula no se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo. En cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase al promovente que las resoluciones y la sentencia que se dicten en el presente asunto, constituye información pública una vez que se emitan y causen estado, de acuerdo con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para aplicación de dicha ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil cuatro, con las excepciones previstas en el artículo 110 de la misma ley.
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