Jesús Siles Rojas

Expediente 172/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 21 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
172/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
19/10/2021

Partes del expediente

  • Jesús Siles Rojas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo, del artículo 202, de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas manifestaran su inconformidad contra el proveído de trece de septiembre de dos mil veintiuno, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes legitimadas para hacerlo se inconformó. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. De conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, es susceptible de depuración, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido Acuerdo General. El original del incidente de suspensión, al haberse concedido la medida cautelar, es susceptible de depuración, por encontrase en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General; hecho que sea lo anterior, solicítese la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. El duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos, atendiendo a la existencia del cuaderno original del incidente de suspensión, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, a la Dirección General de Archivo de Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone la fracción XXVIII, del artículo 3 del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    A las nueve horas del veinte de septiembre de dos mil veintiuno, el que suscribe Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; hago constar, que notifico por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, al tercero interesado ************, el contenido del auto de trece de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 172/2021-II-B. En cumplimiento al auto de treinta de abril de dos mil veintiuno; con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, que dice: Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se procede a analizar si la autoridad responsable Juez de Control Especializado de Adolecentes del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, cumplió con la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes legitimadas para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable respecto de dicho cumplimiento. Entonces, de conformidad con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión de amparo podrán ser de dos tipos, a saber: ? Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ? Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el presente caso, se actualiza la primera de las hipótesis. El diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, en la que por una parte se negó el amparo y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Jesús Siles Rojas, quien instó el presente juicio por conducto de su representante Claudia Isabel Rojas Beltrán, y en la misma fecha se requirió a la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Adolecentes en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que diera cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en la parte conducente, señala: "[.] a) Deje insubsistente la determinación adoptada en audiencia de doce de marzo de dos mil veintiuno, mediante la cual se impuso a Jesús Siles Rojas la medida cautelar de internamiento preventivo justificada; y b) Con plenitud de jurisdicción, subsane los vicios de motivación advertidos, para lo cual deberá tomar en consideración lo que se razonó en este fallo. Es decir, resuelva la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, únicamente tomando en cuenta las consideraciones vertidas por éste. Exponga las razones por las cuales considera que otras medidas cautelares no garantizarían la protección de la víctima, entre ellas la solicitada por la defensa. En el entendido que la resolución que emita podrá ser en el mismo sentido o en diverso, pero en caso de reiterar su decisión, deberá dar razones y motivos que justifiquen y sean suficientes para imponer la medida cautelar de internamiento preventivo, que es de carácter excepcional. [.]" En proveído de treinta de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio signado por el Juez de Control Especializado en Adolecentes en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, al que anexó el disco compacto que contiene el registro audiovisual de la audiencia general celebrada a las nueve horas con siete minutos del veinticinco de agosto del actual, en la causa penal 14/2021, que se instruye en contra del adolecente Jesús Siles Rojas, por el delito de violación equiparada a menor de catorce años, que emitió como cumplimiento a la ejecutoria de amparo aquí dictada, dejó sin efectos en lo que refiere a la medida cautelar de internamiento preventivo, en la que: a) Dejó insubsistente la determinación adoptada en audiencia de doce de marzo de dos mil veintiuno, mediante la cual se impuso a Jesús Siles Rojas, la medida cautelar de internamiento preventivo justificada; b) Con plenitud de jurisdicción, subsanó los vicios de motivación advertidos, y tomó en consideración que la prisión preventiva justificada solicitada por el Ministerio Público tiene el carácter de excepcional, ya que debe pedirse cuando otras medidas cautelares no sean suficientes, asimismo tomó en consideración los argumentos que las partes ofrecieron y la justificación que el Ministerio Público realizó, y aplicó el criterio de mínima intervención, según las circunstancias particulares de cada persona. Pues, contestó las siguientes justificaciones del Agente del Ministerio Público, al solicitar la medida de prisión preventiva, tales como: - Las condiciones iniciales de riego a la víctima continúan. - La protección de la víctima, ya que estar en libertad la pondría en riesgo, además de que está siendo procesado por un delito sexual de una adolecente menor de catorce años - Existen fotografías de él con contenido sexual, que le enviaba a la víctima, y la victima a él. - Representa un riesgo a la sociedad, pues existe la probabilidad de que repita la conducta con otras menores. - Tiene domicilio cercano a la víctima lo hace más probable un encuentro. Es decir, resolvió la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, únicamente tomando en cuenta las consideraciones vertidas por éste y por el defensor. Expulsó las razones por las cuales consideró que otras medidas cautelares eran idóneas para garantizar la protección de la víctima, como lo solicitó la defensa. Emitió resolución en el sentido de no aplicar al quejoso Jesús Siles Rojas la medida cautelar de prisión preventiva, estableciendo que no estaba justificada tal medida, y en su lugar le decretó como medidas cautelares: - La presentación del quejoso ante el Centro de evaluación de riesgo y medidas judiciales de adolecentes una vez por semana. - La prohibición de acercarse y relacionarse con la parte ofendida, aquí tercero interesada, por ningún medio, ni física ni a través de ninguna red social. - Resguardo en su domicilio. Asimismo, atendió los argumentos de la defensa, los cuales fueron los siguientes: - Siguen quedando insubsistentes los argumentos de la fiscalía, pues carecen de justificación. - Hay reglas para imponer la prisión preventiva, no se puede tomar esa regla para imponer la medida, como si fuera oficiosa, ya que estamos en justicia para adolescentes. - Se da la prisión preventiva cuando no hay otras medidas que sean suficientes. - El hecho de que se juzgue por el delito de violación, no es regla que ya amerite la prisión preventiva, se debe ponderar las circunstancias de cada caso. - Respecto a la cercanía del domicilio, la denuncia se presentó el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, y fue hasta nueve de marzo de dos mil veintiuno, que se detuvo al quejoso, y durante todo ese tiempo no hay evidencia de actos de molestia hacia la víctima. - No esta justificada la prisión preventiva, pues esta debe ser tomado como última medida, ya que existen otras medidas cautelares alternativas tales como el no acercarse a la víctima; que acuda a firmar; y el resguardo domicilio. De lo que se advierte, que el Juez responsable atendió los lineamientos establecidos en la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal, pues dejó sin efectos en lo que refiere a la medida cautelar de internamiento preventivo la audiencia de doce de marzo de dos mil veintiuno, y en su lugar emitió la de veinticinco de agosto del año en curso, en la que subsanó los vicios de fundamentación y motivación, asimismo teniendo un mínima intervención y atendiendo los argumentos de la defensa, así como las justificaciones del Agente del Ministerio Publico, decretó la libertad del quejoso y dictó como medidas cautelares, conforme al artículo 119 de la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, las siguientes: - Presentación ante el Centro de Evaluación de Riesgo y Medidas Judiciales de Adolecentes, una vez por semana. - La prohibición de acercarse i relacionarse con la parte ofendida, por cualquier medio, no física, ni por ninguna red social. - El resguardo en su domicilio Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa y al tercero interesado, siendo que ninguna de ellas la desahogó. Bajo el apercibimiento que de incumplir con alguna de las medidas anteriormente citadas, serán revocadas dichas medida, para el efecto de que el quejoso regrese al centro de internamiento para adolescentes. Entonces, si la protección de la justicia federal, fue para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Adolecentes en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, dejará insubsistente la determinación adoptada en audiencia de doce de marzo de dos mil veintiuno, mediante la cual se impuso a Jesús Siles Rojas la medida cautelar de internamiento preventivo justificada; y con plenitud de jurisdicción, subsanara los vicios de motivación advertidos, tomando en consideración los razonamientos vertido en la sentencia concesoria del amparo; esto es, resolviera la medida cautelar únicamente tomando en cuenta las consideraciones vertidas por las partes. Además, expusiera las razones por las cuales consideró que otras medidas cautelares no garantizarían la protección de la víctima, entre ellas la solicitada por la defensa, debiendo dar razones y motivos que justificaran y fueran suficientes para imponer la medida cautelar de internamiento preventivo, que es de carácter excepcional. Lo cual así aconteció, como antes se expuso; por tanto, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. Con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a la parte quejosa, y al tercero interesado, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído

  4. Principal

    con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la ley de amparo, el que suscribe KARLOS GONZÁLEZ BAUTISTA, Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, hago efectivo el apercibimiento del aviso de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, dejado en el domicilio procesal del quejoso, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de trece de septiembre de dos mil veintiuno, por lista y por lista en una página electrónica al QUEJOSO que dice...Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se procede a analizar si la autoridad responsable Juez de Control Especializado de Adolecentes del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, cumplió con la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes legitimadas para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable respecto de dicho cumplimiento. Entonces, de conformidad con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión de amparo podrán ser de dos tipos, a saber Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el presente caso, se actualiza la primera de las hipótesis. El diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, en la que por una parte se negó el amparo y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a *** quien instó el presente juicio por conducto de su representante Claudia Isabel Rojas Beltrán, y en la misma fecha se requirió a la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Adolecentes en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que diera cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en la parte conducente, señala a) Deje insubsistente la determinación adoptada en audiencia de doce de marzo de dos mil veintiuno, mediante la cual se impuso a *** la medida cautelar de internamiento preventivo justificada; y b) Con plenitud de jurisdicción, subsane los vicios de motivación advertidos, para lo cual deberá tomar en consideración lo que se razonó en este fallo. Es decir, resuelva la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, únicamente tomando en cuenta las consideraciones vertidas por éste. Exponga las razones por las cuales considera que otras medidas cautelares no garantizarían la protección de la víctima, entre ellas la solicitada por la defensa. En el entendido que la resolución que emita podrá ser en el mismo sentido o en diverso, pero en caso de reiterar su decisión, deberá dar razones y motivos que justifiquen y sean suficientes para imponer la medida cautelar de internamiento preventivo, que es de carácter excepcional. En proveído de treinta de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio signado por el Juez de Control Especializado en Adolecentes en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, al que anexó el disco compacto que contiene el registro audiovisual de la audiencia general celebrada a las nueve horas con siete minutos del veinticinco de agosto del actual, en la causa penal 14/2021, que se instruye en contra del adolecente *** por el delito de violación equiparada a menor de catorce años, que emitió como cumplimiento a la ejecutoria de amparo aquí dictada, dejó sin efectos en lo que refiere a la medida cautelar de internamiento preventivo, en la que a) Dejó insubsistente la determinación adoptada en audiencia de doce de marzo de dos mil veintiuno, mediante la cual se impuso a *** la medida cautelar de internamiento preventivo justificada; b) Con plenitud de jurisdicción, subsanó los vicios de motivación advertidos, y tomó en consideración que la prisión preventiva justificada solicitada por el Ministerio Público tiene el carácter de excepcional, ya que debe pedirse cuando otras medidas cautelares no sean suficientes, asimismo tomó en consideración los argumentos que las partes ofrecieron y la justificación que el Ministerio Público realizó, y aplicó el criterio de mínima intervención, según las circunstancias particulares de cada persona. Pues, contestó las siguientes justificaciones del Agente del Ministerio Público, al solicitar la medida de prisión preventiva, tales como Las condiciones iniciales de riego a la víctima continúan. La protección de la víctima, ya que estar en libertad la pondría en riesgo, además de que está siendo procesado por un delito sexual de una adolecente menor de catorce años Existen fotografías de él con contenido sexual, que le enviaba a la víctima, y la victima a él. Representa un riesgo a la sociedad, pues existe la probabilidad de que repita la conducta con otras menores. Tiene domicilio cercano a la víctima lo hace más probable un encuentro. Es decir, resolvió la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, únicamente tomando en cuenta las consideraciones vertidas por éste y por el defensor. Expulsó las razones por las cuales consideró que otras medidas cautelares eran idóneas para garantizar la protección de la víctima, como lo solicitó la defensa. Emitió resolución en el sentido de no aplicar al quejoso ***la medida cautelar de prisión preventiva, estableciendo que no estaba justificada tal medida, y en su lugar le decretó como medidas cautelares La presentación del quejoso ante el Centro de evaluación de riesgo y medidas judiciales de adolecentes una vez por semana. La prohibición de acercarse y relacionarse con la parte ofendida, aquí tercero interesada, por ningún medio, ni física ni a través de ninguna red social. Resguardo en su domicilio. Asimismo, atendió los argumentos de la defensa, los cuales fueron los siguientes Siguen quedando insubsistentes los argumentos de la fiscalía, pues carecen de justificación. Hay reglas para imponer la prisión preventiva, no se puede tomar esa regla para imponer la medida, como si fuera oficiosa, ya que estamos en justicia para adolescentes. Se da la prisión preventiva cuando no hay otras medidas que sean suficientes. El hecho de que se juzgue por el delito de violación, no es regla que ya amerite la prisión preventiva, se debe ponderar las circunstancias de cada caso. Respecto a la cercanía del domicilio, la denuncia se presentó el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, y fue hasta nueve de marzo de dos mil veintiuno, que se detuvo al quejoso, y durante todo ese tiempo no hay evidencia de actos de molestia hacia la víctima. No esta justificada la prisión preventiva, pues esta debe ser tomado como última medida, ya que existen otras medidas cautelares alternativas tales como el no acercarse a la víctima; que acuda a firmar; y el resguardo domicilio. De lo que se advierte, que el Juez responsable atendió los lineamientos establecidos en la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal, pues dejó sin efectos en lo que refiere a la medida cautelar de internamiento preventivo la audiencia de doce de marzo de dos mil veintiuno, y en su lugar emitió la de veinticinco de agosto del año en curso, en la que subsanó los vicios de fundamentación y motivación, asimismo teniendo un mínima intervención y atendiendo los argumentos de la defensa, así como las justificaciones del Agente del Ministerio Publico, decretó la libertad del quejoso y dictó como medidas cautelares, conforme al artículo 119 de la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, las siguientes Presentación ante el Centro de Evaluación de Riesgo y Medidas Judiciales de Adolecentes, una vez por semana. La prohibición de acercarse i relacionarse con la parte ofendida, por cualquier medio, no física, ni por ninguna red social. El resguardo en su domicilio Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa y al tercero interesado, siendo que ninguna de ellas la desahogó. Bajo el apercibimiento que de incumplir con alguna de las medidas anteriormente citadas, serán revocadas dichas medida, para el efecto de que el quejoso regrese al centro de internamiento para adolescentes. Entonces, si la protección de la justicia federal, fue para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Adolecentes en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, dejará insubsistente la determinación adoptada en audiencia de doce de marzo de dos mil veintiuno, mediante la cual se impuso a Jesús Siles Rojas la medida cautelar de internamiento preventivo justificada; y con plenitud de jurisdicción, subsanara los vicios de motivación advertidos, tomando en consideración los razonamientos vertido en la sentencia concesoria del amparo; esto es, resolviera la medida cautelar únicamente tomando en cuenta las consideraciones vertidas por las partes. Además, expusiera las razones por las cuales consideró que otras medidas cautelares no garantizarían la protección de la víctima, entre ellas la solicitada por la defensa, debiendo dar razones y motivos que justificaran y fueran suficientes para imponer la medida cautelar de internamiento preventivo, que es de carácter excepcional. Lo cual así aconteció, como antes se expuso; por tanto, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. Con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a la parte quejosa, y al tercero interesado, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.

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