Jesús Sergio Villapudua Campos

Expediente 310/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 12 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
310/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
08/03/2021

Partes del expediente

  • Jesús Sergio Villapudua Campos
  • Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Delitos Sexuales.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo, considerando que la parte legitimada para hacerlo no interpuso recurso de revisión en su contra. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el presente juicio como asunto concluido. De conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del referido Acuerdo General. El original del incidente de suspensión, al haberse negado la medida cautelar, es susceptible de destrucción, por encontrase en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso c), del citado Acuerdo General, una vez que cumplan tres años de archivo como asuntos concluidos. El duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos, atendiendo a la existencia del cuaderno original del incidente de suspensión, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, a la Dirección General de Archivo de Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone la fracción XXVIII, del artículo 3 del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O: I.- Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, *****, por derecho propio, promovió demanda de amparo indirecto en contra de las autoridades y actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Delitos Sexuales y Familia. 2. Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Ensenada 3. Director de Seguridad Pública Municipal del XXIII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California. ACTOS RECLAMADOS: "1.- La Medida de Protección dictada por la C. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Delitos Sexuales en fecha 13 de agosto de 2020, consistente en: I. Prohibición de acercarse o comunicares (sic) con la víctima u ofendido (en este caso con los de nombres ***, J.S.V.A. DE 16 AÑOS DE EDAD, T.V.A. DE 07 AÑOS DE EDAD). II. Limitación para asistir o acercarse a (sic) domicilio de la víctima u ofendido o a (sic) lugar donde se encuentre (específicamente *** Y/O EN EL LUGAR DONDE ESTOS SE ENCUENTREN). III. Separación inmediata de (sic) domicilio ubicado en ****. 2.- Todas las consecuencias LEGALES Y NATURALES que puedan derivarse de los actos reclamados." El promovente del amparo, por propio derecho, estimó vulnerados en su perjuicio, los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República; asimismo, narró en la demanda que dio origen al presente juicio los antecedentes de los actos que reclama, mismos que amplió en el escrito aclaratorio registrado con el folio 6012 y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, los cuales no se transcriben ni se sintetizan, ya que no hay precepto legal que así lo disponga. Sirve de apoyo lo establecido en la jurisprudencia número VI.2º.J/129, que aparece publicada en la página quinientos noventa y nueve del Tomo VII de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, titulada: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS". II. Oportunidad de la demanda. La demanda fue presentada dentro del plazo de quince días, cumpliendo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo; en virtud de que el acto reclamado por el que se concedieron las medidas de protección, es de fecha trece de agosto de dos mil veinte, y su notificación ocurrió el catorce siguiente, surtiendo efectos ese mismo día; por lo que, el plazo de quince días transcurrió del diecisiete de agosto al cuatro de septiembre del año próximo pasado, y la demanda se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, el veinticinco de agosto de esa anualidad, descontando de dicho cómputo los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de agosto de dos mil veinte, por tratarse de sábado y domingo, por ende, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. III. Admisión de la demanda. La referida demanda se turnó a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, en donde, previo requerimiento, el diez de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite, lo que dio lugar a la instauración del juicio de amparo número 310/2020-II-A. IV. Trámite del juicio de amparo. Se dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público Federal Adscrito a este Juzgado (foja 48); se emplazó a los terceros interesados (fojas 91 y 118); se continuó con la tramitación del juicio en los términos que al respecto establece la Ley de Amparo, y se inició la audiencia constitucional, con los resultados que se asientan en el acta relativa. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 52/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal2; lo anterior, en virtud de que se reclaman actos atribuidos a una autoridad con residencia donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, como primera exigencia de esta resolución, se precisará el acto reclamado que se desprende del estudio íntegro de la demanda de amparo, escrito aclaratorio y de las constancias que conforman el juicio. La necesidad del estudio hecho es una obligación para el Juzgado de amparo, lo cual se ha reiterado en múltiples ocasiones por el Máximo Tribunal de este País y se ilustró en la jurisprudencia P/J 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto y rubro son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Previa lectura íntegra de la demanda y ocurso aclaratorio de la misma, se advierte que en el caso concreto los actos reclamados consisten en: De la Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Delitos Sexuales y Familia, en esta Ciudad, el otorgamiento de las medidas precautorias de fecha trece de agosto de dos mil veinte, emitidas dentro de la carpeta de investigación con número único de caso 0201-2020-10001, instruidas por el delito de violencia familiar, cometido en agravio de Norma Aidee Aguilar Cruz y de los menores J.S.V.A. y T.V.A., en contra del imputado (quejoso) consistentes en prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido; limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre y separación inmediata del domicilio, contenidas en las fracciones I, II y III del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con una duración de 60 (sesenta días) a partir de su notificación. Del Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Ensenada, reclama el no haber sido citado a la celebración de la audiencia en que tal juzgador, podrá cancelar, ratificar o modificar las medidas de protección que le fueron impuestas, tal como lo establece al artículo 137, antepenúltimo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Del Director de Seguridad Pública Municipal del XXIII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, su ejecución. TERCERO.- Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Delitos Sexuales y Familia y Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Ensenada, pues por una parte, así lo manifestó la primera de ellas al momento de rendir su informe justificado y, la segunda, no obstante que al rendir su informe con justificación, expuso que los actos que le fueron reclamados, eran parcialmente ciertos, en la especie se aprecia que tal calificativo obedece únicamente por lo que hace a la legalidad del acto que justifica, más no así a la existencia del mismo, por lo que debe tenerse por cierto el acto que a dicha autoridad se atribuye. Lo que se corrobora además, de las constancias que anexaron como apoyo a sus informes con justificación (documentales y dispositivo electrónico -DVD-, respectivamente), a las que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, dado que se trata de documentos expedidos por funcionarios en ejercicio de las atribuciones que les confiere la ley. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte, la autoridad responsable Director de Seguridad Pública Municipal del XXIII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, al rendir su informe con justificación, negó la existencia del acto que le fue imputado; sin embargo, al tener el carácter de autoridad ejecutora y siendo que se tuvieron por ciertos los actos atribuidos a las responsables ordenadoras, tal negativa debe desvirtuarse, por lo que se tienen por ciertos los actos a ella reclamados, al ser inminente su ejecución. CUARTO. Procedencia del Juicio de Amparo. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad de los actos que por esta vía de amparo se reclaman, debe analizarse si, en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis constitucional, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, analizada la demanda de amparo y escrito aclaratorio en su integridad, y las constancias que obran en el presente expediente, se tiene que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, precepto que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La citada causa de improcedencia requiere para su actualización que se despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus garantías individuales que alega le fueron violadas. Esto es, que se deje insubsistente dicha actuación, que se haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales del agraviado. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, la actuación posterior debe equiparse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ahí ninguna huella. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 59/99 , de rubro y texto que se transcriben: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Asimismo, debe añadirse que no es suficiente que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En el caso, de las autoridades ordenadoras, el quejoso reclamó: de la Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Delitos Sexuales y Familia, en esta Ciudad, el otorgamiento de las medidas precautorias de fecha trece de agosto de dos mil veinte, emitidas dentro de la carpeta de investigación con número único de caso 0201-2020-10001, instruidas por el delito de violencia familiar, cometido en agravio de Norma Aidee Aguilar Cruz y de los menores J.S.V.A. y T.V.A., en contra del imputado (quejoso) consistentes en prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido; limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre y separación inmediata del domicilio, contenidas en las fracciones I, II y III del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con una duración de 60 (sesenta días) a partir de su notificación (catorce de agosto de dos mil veinte y del Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, el no haber sido citado a la celebración de la audiencia en que tal juzgador, podrá cancelar, ratificar o modificar las medidas de protección que le fueron impuestas, tal como lo establece al artículo 137, antepenúltimo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así las cosas, si bien los actos reclamados a las mencionadas autoridades responsables resultaron ciertos, también cierto es que al rendir su informe justificado la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, expuso que dentro del cuaderno preliminar 164/2020 de su estadística, relacionado con el hoy quejoso, por el delito de violencia familiar con número único de caso 01-2020-10001, con fecha veinte de agosto de dos mil veinte, se celebró la audiencia en la que se resolvió la ratificación de las medidas de protección impuestas por la fiscalía de origen, de las cuales hoy se duele el quejoso y que combate a través del presente juicio de control constitucional, resaltando que éstas tendrían una duración de sesenta días naturales, iniciando el trece de agosto de dos mil veinte y concluyendo el doce de octubre de ese mismo año, por considerarse fundada la petición de la fiscalía en términos del artículo 137, fracciones I, II y II, del Código Nacional de Procedimientos Penales; lo anterior, conforme a las razones y datos de prueba que se expusieron en la propia audiencia, cuyo contenido se advierte en el medio digital remitido "disco compacto DVD". Luego, del oficio NSJP/ENS/00517/2021, signado por la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, se advierte que dicha autoridad informó que las medidas de protección ratificadas en audiencia de veinte de agosto de dos mil veinte, en el cuaderno preliminar 164/2020 de su índice, relacionadas al número único de caso 01-2020-10001, concluyeron el doce de octubre de dos mil veinte, sin que obre constancia alguna de solicitud de prórroga o extensión de dichas medidas en el mencionado cuaderno preliminar. Entonces, si se toma en cuenta que para que se actualice la citada causa de improcedencia del juicio de amparo, es necesario que se destruyan los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, y que en el caso la razón que justifica la improcedencia de referencia no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad sobrevenido por un acto posterior de la misma, sino que se observa patente una situación de hecho que sobrevino durante la tramitación del presente juicio, como lo es el simple trascurso del tiempo, se colige que en el caso concreto se hace imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Se dice lo anterior, ya que las medidas precautorias de que se duele el hoy quejoso, tuvieron una duración de sesenta días naturales, las que iniciaron el trece de agosto de dos mil veinte y concluyeron el doce de octubre de ese mismo año, sin que se haya solicitado prórroga o extensión de éstas, de ahí que se afirme que sobrevino un hecho durante la tramitación del presente juicio, que destruyó por completo el acto de autoridad, aunado a la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que a la fecha en que se emite esta resolución, ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá a la postre, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, pues tales actos quedaron sin efectos a partir del trece de octubre de dos mil veinte. Por tanto, resulta evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados, como si se hubiera otorgado la protección constitucional en el presente asunto. Razones por las cuales, como se anticipó, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia procede sobreseer en el presente juicio de amparo. En mérito de lo expuesto, la suscrita se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el accionante del amparo, con apoyo en el criterio sustentado en la Jurisprudencia número 509, de rubro y texto que se transcriben: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sobreseimiento que se hace extensivo al diverso acto reclamado al Director de Seguridad Pública Municipal del XXIII Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, por tener el carácter de autoridad ejecutora. QUINTO. Publicación de la sentencia. Conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011, emitida por la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos personales del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. SEXTO. Captura de sentencia. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de enero de dos mil quince, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas den los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, proceda la Secretaria a realizar la captura del presente fallo y a recabar la constancia correspondiente, para que se agregue al expediente en su oportunidad. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 107, fracción VII, Constitucional; numerales 61 fracción XXI, 63 fracción V, 73, 74, 75, y 76 de la Ley de Amparo; y, precepto 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Jesús ******, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y cuarto del presente fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), acorde con lo ordenado en los considerandos quinto y sexto de la presente resolución. Notifíquese.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Visto el contenido de la certificación que antecede, y en virtud de que mediante circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte y CAP/1/2021 que la amplió, el diecinueve de enero del año en curso se reanudaron las actividades en este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo establecido en la circular SECNO/4/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se levanta la suspensión en este juicio y se reanuda el procedimiento en el punto en que quedó pausado; por tanto, se fijan las once horas con diez minutos del dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, quince de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el plazo de tres días concedido a los menores terceros interesados Jesús Sergio Villapudua Aguilar y Tadeo Villapudua Aguilar, por conducto de su madre Norma Aidee Aguilar Cruz, para que señalaran domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones ha fenecido, sin que esto ocurriera. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veinte; por lo que se ordena que la notificación del presente acuerdo, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal se hagan por lista que se fije en los estrados de este Juzgado a los referidos terceros interesados; lo anterior, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Notifíquese y por lista a los menores terceros interesados Jesús y Tadeo****, por conducto de su madre Norma***

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada · 6,224 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano