Jesús Salvador Ruiz López
Expediente 1817/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 22 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1817/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 10/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jesús Salvador Ruiz López
- Jesús Salvador Ruiz López y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Mesa I-A * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de inconformidad contra el proveído de seis de octubre de dos mil dieciséis, por el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio, transcurrió para la parte quejosa del diecisiete de octubre al nueve de este mes y año; sin que lo interpusiera. En consecuencia, se declara consentido el referido auto, hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero, y vigésimo primero, fracción IV, del citado acuerdo y en virtud que en la sentencia dictada en este expediente de amparo por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; se estima que este expediente es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda y sentencia emitida en este juicio de amparo. Se considera que carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, o que por el sentido de la resolución en la que se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al citado quejoso, haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Así también se precisa que las partes en este expediente no exhibieron documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del citado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese...
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, seis de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y tercera interesada en proveído de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, para que manifestaran lo que a sus derechos correspondiera en relación con el cumplimiento que dio la responsable a la sentencia concesoria dictada por este juzgado; en consecuencia, se procede al análisis de las constancias que obran en autos para determinar si se encuentra cumplida o no dicha sentencia. De la sentencia concesoria dictada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, autorizada el veintitrés de mayo siguiente; la cual se declaró ejecutoriada el trece de junio de esta anualidad, se advierte que la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal a Jesús Salvador Ruíz López, fue para el efecto siguiente: AUTORIDAD EFECTOS 1. Juez Tercero de lo Penal del distrito del Centro. Deje insubsistente el auto de término constitucional dictado el treinta y uno de octubre de dos mil quince, en el expediente penal 200/2014 y con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, en la que, al analizar los elementos del cuerpo del delito de robo calificado con violencia, así como la probable responsabilidad del aquí quejoso en su comisión, subsane los extremos anteriormente comentados; fallo que podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales de motivación que la afectaban. En acato a lo requerido por este juzgado en proveído de cinco de este mes y año, el titular del Juzgado Tercero de lo Penal del distrito judicial del Centro, mediante oficios 5421 y 5671, recibidos en este juzgado el nueve y el veintidós de septiembre de esta anualidad respectivamente, remitió a este juzgado, copia certificada de la resolución de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 200/2014 y del proveído de veintiuno del mes pasado dictado en la citada causa penal. Ahora bien, de las citadas documentales se aprecia que el juez responsable dejó sin efecto los autos de formal prisión dictados el veintiuno de junio y veintidós de julio de dos mil dieciséis y treinta y uno de octubre de dos mil quince, emitidos en la causa penal 200/2014. Por otra parte, de la resolución de nueve de septiembre de esta anualidad dictada de la causa penal número 200/2014, se advierte que el juez responsable subsanó las deficiencias señaladas en la ejecutoria de amparo, de la manera siguiente: VICIOS DESTACADOS. CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABLE 1.- Omitió hacer consideración alguna respecto de los elemento del cuerpo del delito relativos al objeto material y resultado material, por ende, valorar las pruebas que tomó en consideración para tal efecto. 1.- Respecto a este punto, el juez responsable, al llevar a cabo el estudio del cuerpo del delito relativos al objeto material y resultado material, enunció y valoró las pruebas que tomó en consideración para tal efecto. 2.- Al valorar la denuncia de Juan Genaro Mendoza García, Cecilia Felicitas Meléndez Martínez y Diego Miguel Gregorio, omitió fundar su apreciación en la fracción VI, del artículo 355 del Código de Procedimientos Penales del Estado y evidenciar que se cumplen los requisitos previstos en los incisos c) y f); además, omitió explicar por qué las documentales que anexó el último de los citados declarantes merecen valor probatorio, ni lo que advirtió de las mismas para acreditar la propiedad del numerario. Asimismo, la responsable omitió hacer pronunciamiento alguno respecto del interrogatorio respondido por Genaro Mendoza García, al declarar el veintisiete de mayo de dos mil trece. 2.- Por lo que hace a dicha prueba, el juez de la causa determinó que la misma cumple con los requisitos establecidos por la fracción VI, del artículo 355 del Código de Procedimientos Penales del Estado, únicamente respecto de los declarantes Juan Genaro Mendoza García y Cecilia Felicitas Meléndez Martínez, además explicó por qué las documentales que anexó Diego Miguel Gregorio, merecen valor probatorio a efecto de acreditar la propiedad del numerario. De igual forma, la responsable se pronunció respecto de la declaración interrogatorio respondido por Genaro Mendoza García, al declarar el veintisiete de mayo de dos mil trece, señalando el valor probatorio del mismo. 3.- En cuanto a la valoración de la declaración ministerial de Irán Isaí Cruz Jarquín, omitió señalar si se cumplieron los requisitos previstos en el inciso b) de ese numeral, esto es, no dijo si fue realizada ante el Ministerio Público o el Tribunal de la causa y si el inculpado estaba debidamente enterado del procedimiento y del proceso, tanto en el análisis del cuerpo del delito como en la probable responsabilidad. 3.- Respecto a la declaración ministerial de Irán Isaí Cruz Jarquín, el juez responsable señaló que esa probanza cumple los requisitos previstos por el artículo 395, del código adjetivo de la materia, manifestando que la misma se realizó con las formalidades estipuladas en la fracción II, del artículo 20 de la Constitución Federal. 4.- En relación a la valoración de los testimonios de Antonio Andrés Reyes Soriano y Ana Lilian Valle Espinoza, omitió exponer si se cumplen los requisitos señalados en el inciso c) de la fracción VI, del artículo 355 del Código de Procedimientos Penales, tanto en el análisis del cuerpo del delito como en la probable responsabilidad. 4.- En cuanto a ese punto el juez natural al valorar dichos testimonios expuso por qué cumplen los requisitos señalados en el inciso c) de la fracción VI, del artículo 355 del Código de Procedimientos Penales. 5.- En cuanto a la inspección ocular de cuatro de octubre del año dos mil doce, la responsable no refirió si se cumplió con lo dispuesto en los numerales 370 y 372 del ordenamiento invocado, además era necesario que explicara cuál fue el motivo de su práctica, si fue a petición de parte o de oficio, en este último caso, porqué, se consideró necesaria su realización, si se fijaron con claridad los instrumentos o medios que probablemente se hayan empleado y la forma en que se hubieren usado. 5.- Por lo que hace a la inspección ocular de cuatro de octubre del año dos mil doce, la responsable refirió que se cumple con lo dispuesto en los numerales 370 y 372 del ordenamiento invocado, señalando además que el desahogo de la referida probanza fue hecha de manera oficiosa, de acuerdo a las atribuciones que confiere la ley a la representación social. 6.- Respecto a la valoración de las periciales en planimetría y fotografía, la responsable omitió señalar si en su desahogo se observaron las exigencias de los artículos 400, 403 y 404 de la misma codificación en consulta. 6.- Al llevar a cabo la valoración de las referidas periciales la hoy responsable señaló que en desahogo se observaron las exigencias de los artículos 400, 403 y 404 de la misma codificación en consulta. 7.- En cuanto a la valoración del dictamen de avalúo, la responsable omitió señalar si se cumplen los requisitos previstos en el artículo 403 del código de la materia. 7.-Respecto dictamen de avalúo, se señaló que el mismo reúne los requisitos previstos en los numerales 400, 403 y 404 del código de la materia, asimismo, se indicó los motivos del porque los cumple. 8.- No integró correctamente la prueba circunstancial. 8.- Por lo que hace a ese punto, la autoridad responsable integró correctamente la prueba circunstancial. 9.- Al valorar la pericial de avalúo para acreditar la lesión al bien jurídico, la responsable omitió valorarlo como prueba pericial. 9. En relación a dicha probanza la responsable la valoró como prueba pericial, toda vez que señaló que reúne los requisitos de los numerales 400, 403 y 404 del código de la materia. 10.- Por lo que hace a la calificativa del delito que se traduce en la violencia moral a las personas, no expuso en qué conductas concretas se evidenció dicha violencia, ni las pruebas que lo acreditan. 10.- Atinente a dicho extremo el juez natural al llevar a cabo la calificativa del ilícito expuso en qué conductas concretas se evidenció dicha violencia y las pruebas que lo acreditan. 11.- Respecto a la valoración de la declaración de Antonio González Ríos, la responsable omitió valorarla como testimonial y verificar si se satisfacen los requisitos de la fracción VI, del artículo 355 del código en comento. 11.- Por lo que hace a la declaración de Antonio González Ríos, la responsable manifestó que no satisface los requisitos de una confesional, ni de un testigo. 12.- Omitió señalar si el dictamen en telefonía celular de veinte de septiembre de dos mil doce (fojas 71 a 74 del cuaderno de pruebas), consulta de numeración y claves de larga distancia (fojas 162 a 166 del cuaderno de pruebas) y oficio SADAI/2599/2013, suscrito por el apoderado legal de Radiomovil Dipsa, Sociedad Anónima de Capital Variable (fojas 171 y 172 del cuaderno de pruebas), son o no relevantes para acreditar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad y, valorarlos conforme a su propia naturaleza. 12.- Respecto de las referidas probanzas el juez de la causa no les concedió valor probatorio alguno. En vista de lo anterior, es claro que la autoridad responsable restituyó en el goce de sus derechos fundamentales violados al quejoso Jesús Salvador Ruíz López, por lo que con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, asistido de la secretaria licenciada Miryam Elizabeth Cuevas González, que autoriza y da fe. MESA AMPARO I-A SE NOTIFICÓ EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO
- Principal
Mesa I-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa, como lo solicita, con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Federal, expídasele la copia simple que refiere y téngase por autorizados para recibirla a las personas que faculta, previa identificación y razón de entrega que se deje en autos. Notifíquese...
- Principal
Mesa I-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por el titular del Juzgado Tercero de lo Penal del distrito judicial del Centro, por el que remite copia certificada de la resolución de nueve de septiembre de esta anualidad, dictada en autos de la causa penal 200/2014 de su índice. De la citada documental se aprecia que la referida autoridad responsable, dejó insubsistente el auto de formal prisión de veintidós de julio de dos mil dieciséis, emitido en el expediente penal 200/2014; sin embargo, omitió dejar insubsistentes las diversas emitidas el veintiuno de junio de dos mil dieciséis y el treinta y uno de octubre de dos mil quince, en el citado expediente penal. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al juez Tercero de lo Penal del distrito del Centro, residente en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que quede notificado de este proveído, deje insubsistentes las resoluciones de veintiuno de junio de dos mil dieciséis y el treinta y uno de octubre de dos mil quince, emitidas en el expediente penal 200/2014. Apercíbase a la responsable que de no cumplir con lo requerido, o de no justificar la imposibilidad legal que tenga para ello, con fundamento en los artículos 192, 238 y 258 de la ley de la materia, se le impondrá multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de incurrir en la conducta sancionada, la que se determinará desde luego y remitirá los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad; se considerará como incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales, en términos del artículo 193 de la citada Ley de Amparo. Notifíquese...
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