Jesus Rangel Cruz

Expediente 919/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 25 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
919/2019
Año
2019
Actuaciones
25
Última actuación
24/06/2021

Partes del expediente

  • Jesus Rangel Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se negó la suspensión provisional y definitiva solicitadas; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó la suspensión provisional y definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 8.1.2 punto 3 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que el plazo de quince días con el que la parte quejosa contaba para interponer el recurso de inconformidad previsto por el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo en contra del auto en el que se declaró cumplido el fallo protector ha transcurrido sin que hiciera valer dicho mecanismo de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como en este juicio de amparo se concedió la protección de la justicia federal a la parte disidente, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente, conservándose la demanda de amparo, la sentencia y el presente auto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, dado que resulta innecesario la retención de los duplicados de la causa penal 06/2012, del índice del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, los cuales fueron remitidos en apoyo a su informe de ley, se ordena la devolución de los mismos, debiendo asentar el actuario en la razón de notificación la recepción de estos. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito señalado en la cuenta para que surta sus efectos legales correspondientes, por medio del cual el quejoso ***, en atención a la vista otorgada el doce de abril del año en curso, realiza diversas manifestaciones; sin embargo, dígasele que se esté a lo ordenado en auto de catorce de mayo del año en curso, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y del estado procesal de los autos, se advierte que ya transcurrió el plazo de tres días previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, concedido a las partes en proveído de doce de abril de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera respecto del informe de cumplimiento de sentencia y las constancias que exhibió el juez Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, sin que hayan ejercido ese derecho. En consecuencia, como se anunció en dicha determinación, éste órgano constitucional procede a determinar si la ejecutoria de amparo se encuentra o no cumplida. I. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Como se recordará, la protección constitucional se concedió para que la autoridad responsable cumpla con los efectos siguientes: "a) Acto reclamado consistente en la omisión de pronunciarse respecto de la admisibilidad del incidente no especificado de insolvencia económica promovido en la causa penal 6/2012. Dicte un acuerdo en el que provea lo que en derecho corresponda respecto de la admisibilidad del aludido incidente, ajustando su actuar al contenido de los artículos 335, 336, 337, 338 y 339 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca. En la inteligencia que, para el caso de determinar no admitir el incidente de mérito, deberá fundar y motivar su decisión. b) Acto reclamado consistente en la dilación procesal de no cerrar instrucción dentro de los plazos de ley. Deberá girar todos los medios a su alcance a fin de que, a la brevedad posible, le sea devuelto el exhorto que libró en proveído de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, en el que ordenó se requiriera al doctor Saúl Carrasco Marcial para que ratifique o rectifique los dos resúmenes médicos que expidió a favor de Isaías Baruc García Santiago y José García Santiago, de fecha diecinueve de agosto de dos mil quince. Una vez hecho lo anterior, emita un acuerdo en el que determine si existen pruebas pendientes por desahogar, o bien, si de manera oficiosa estima pertinente el desahogo de algún medio de convicción en la causa penal, de ser así, deberá proveer su desahogo en un plazo no mayor de quince días, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 225 del Código de Procedimientos Penales del Estado. De no suscitarse dicho supuesto, deberá de inmediato cerrar la instrucción y proceder en términos del artículo 446 del invocado código. II. ACTOS QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE LLEVAR A CABO PARA CUMPLIR CON EL FALLO PROTECTOR. a) Dicte un acuerdo en el que provea lo que en derecho corresponda respecto de la admisibilidad del aludido incidente, ajustando su actuar al contenido de los artículos 335, 336, 337, 338 y 339 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca. En la inteligencia que, para el caso de determinar no admitir el incidente de mérito, deberá fundar y motivar su decisión. b) Deberá girar todos los medios a su alcance a fin de que, a la brevedad posible, le sea devuelto el exhorto que libró en proveído de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, en el que ordenó se requiriera al doctor Saúl Carrasco Marcial para que ratifique o rectifique los dos resúmenes médicos que expidió a favor de Isaías Baruc García Santiago y José García Santiago, de fecha diecinueve de agosto de dos mil quince. c) Una vez hecho lo anterior, emita un acuerdo en el que determine si existen pruebas pendientes por desahogar, o bien, si de manera oficiosa estima pertinente el desahogo de algún medio de convicción en la causa penal, de ser así, deberá proveer su desahogo en un plazo no mayor de quince días, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 225 del Código de Procedimientos Penales del Estado. d) De no suscitarse dicho supuesto, deberá de inmediato cerrar la instrucción y proceder en términos del artículo 446 del invocado código. III. ACCIONES QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZÓ PARA ACATAR LA SENTENCIA. Ahora bien, de una revisión de las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que en proveído de veintiséis de febrero de dos mil veinte, se tuvo al Juez Penal de la Villa de Etla, Oaxaca, informando que admitió a trámite el incidente no especificado de insolvencia económica promovido por el quejoso Jesús Rangel Cruz y en auto de doce de marzo de dos mil veintiuno se tuvo por informado que ya se resolvió dicho incidente. Asimismo, mediante auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte, se tuvo a la autoridad responsable informando que en auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve dictado en la causa penal 06/2012, el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, devolvió debidamente diligenciado el exhorto 63/2019, de su estadística, por el cual el medico Saúl Carrasco Marcial ratificó los dos resúmenes médicos expedidos a favor de Isaías Baruc García Santiago y José García Santiago. Posteriormente, en auto de once de marzo del presente año dictado en la causa penal 06/2012, el juez Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, informó que no se encontraban pruebas pendientes por desahogar por lo que respecta al procesado Jesús Rangel Cruz. Finamente, en auto de doce de abril de la presente anualidad se tuvo al juez Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, exhibiendo diversas constancias consistente en copia del auto del ocho de abril de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 06/2012 de su estadística, del cual se advierte que con fundamento en los artículos 160 y 446 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, declaró cerrada la instrucción únicamente respecto al quejoso Jesús Rangel Cruz, por lo que ordenó correr traslado con los autos originales a la agente del Ministerio Pública adscrita a efecto de que formule sus conclusiones correspondientes. Dichas constancias tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyo epígrafe y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." IV. ESTUDIO DEL CUMPLIMIENTO. Del informe de cumplimiento de la sentencia y las constancias recibidas por el juez Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca,, se advierten las circunstancias siguientes: En cuanto al inciso a) de los actos que la autoridad responsable debió llevar a cabo para cumplir con el fallo protector, se advierte que se encuentra satisfecho, pues mediante acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veinte, se tuvo al Juez Penal de la Villa de Etla, Oaxaca, informando que admitió a trámite el incidente no especificado de insolvencia económica promovido por el quejoso Jesús Rangel Cruz y en auto de doce de abril pasado se tuvo por informado que ya se resolvió dicho incidente. Por otra parte, en cuanto al inciso b) en el primer punto, de igual manera se advierte cumplido, pues mediante auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte, se tuvo a la autoridad responsable informando que en auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve dictado en la causa penal 06/2012, el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, devolvió debidamente diligenciado el exhorto 63/2019, de su estadística, por el cual el medico Saúl Carrasco Marcial ratificó los dos resúmenes médicos expedidos a favor de Isaías Baruc García Santiago y José García Santiago. Ahora, en cuanto al segundo punto del inciso b), el juez Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, en auto de once de marzo del presente año dictado en la causa penal 06/2012, de su estadística, informó que no se encontraban pruebas pendientes por desahogar por lo que respecta al procesado Jesús Rangel Cruz; por lo que, ese punto se tiene por cumplido. Por último, el tercer punto del inciso b) establece que deberá de inmediato cerrar la instrucción y proceder en términos del artículo 446 del invocado código, lo que se encuentra satisfecho pues en auto de doce de abril de la presente anualidad se tuvo al juez Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, exhibiendo diversas constancias consistente en copia del auto del ocho de abril de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 06/2012 de su estadística, del cual se advierte que con fundamento en los artículos 160 y 446 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, declaró cerrada la instrucción únicamente respecto al quejoso Jesús Rangel Cruz, por lo que ordenó correr traslado con los autos originales a la agente del Ministerio Pública adscrita a efecto de que formule sus conclusiones correspondientes. En consecuencia, en consideración de este órgano jurisdiccional, con fundamento en lo dispuesto por ordinal 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo. Por tanto, en este proveído se declara por cumplido el fallo protector dictado en este juicio constitucional, como lo dispone la jurisprudencia que expone: "EJECUTORIA DEL AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO Y TERCERO INTERESADO)

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