Jesus Salvador Galarza Martinez

Expediente 723/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
723/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
30/10/2020

Partes del expediente

  • Jesus Salvador Galarza Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Por otra parte, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que se desechó la demanda de amparo, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en el expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto, además de que no se considera de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del mismo de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General 1/2009. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda promovida por Jesús Salvador Galarza Martínez, contra actos de Zamay de la Soledad Girón Flores, Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro de Justicia Penal Regional Sala Sede San Luis Potosí y otra autoridad, con copias que se acompañan; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 723/2020-V. Ahora, vista la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa efectivamente reclama de la: Juez de Control adscrito al Centro Integral de Justicia Penal, Sala sede San Luis Potosí´: I. La omisión del cumplimiento de la sentencia dictada el nueve de septiembre del año en curso, dentro del expedientillo 04/2018. Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General del Estado con sede en Villa de Reyes, San Luis Potosí: II. La omisión de ejecución de la sentencia dictada el nueve de septiembre de dos mil veinte, así como la dilación de notificar dicha determinación al aquí quejoso. Lo anterior, conforme con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que el juez constitucional debe precisar los actos reclamados. En concepto de esta juzgadora, sobre el punto I, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que procede desechar la demanda constitucional en términos de la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo. El principio de definitividad consagrado en el numeral transcrito, impone al accionante constitucional la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado, antes de acudir al juicio de derechos fundamentales, que por su naturaleza, es un medio extraordinario de defensa. La esencia de este principio destaca en el hecho de que el amparo es la vía de impugnación final que permite la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, razón por la cual si el resultado que pretende el agraviado, puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios de defensa, ello inhibe la utilización innecesaria del juicio constitucional. Esto, porque al intervenir como parte en un procedimiento jurisdiccional se adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, justamente, a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellos actos u omisiones que podrían perjudicarle. En este tenor, es indiscutible que al existir un recurso ordinario establecido por la legislación que rige el procedimiento de origen y que no se agotó´ por la ahora parte quejosa, entonces el juicio de derechos fundamentales es improcedente en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al incumplirse con el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional. Además, al tratarse de una omisión acaecida dentro de un procedimiento jurisdiccional, es claro que no se trata de un acto autónomo, y de la demanda de amparo no se advierte una abierta dilación en la prosecución del juicio natural. Por lo tanto, es evidente que del diecisiete de septiembre (día a partir del cual el juez de control estuvo en aptitud de pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia dictada) al catorce de octubre (día en el que se presentó´ la demanda que dio origen a este juicio), apenas transcurrieron dieciocho días hábiles, lo que pone de manifiesto, como se dijo, que no existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo y, por ende, la omisión reclamada no es de aquellas consideradas como de imposible reparación, por lo cual también es improcedente del juicio de amparo de conformidad con la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la ley de la materia. En otro aspecto, en relación al punto II: En concepto de esta juzgadora, sobre el acto ahora impugnado, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concatenación con lo dispuesto en los diversos 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el caso concreto, se reclama la omisión de notificar la sentencia de nueve de septiembre de dos mil veinte, así como la ejecución de la misma dentro de la carpeta de origen. Por lo cual, ante el destacado marco constitucional y legal descrito con antelación, la parte quejosa, en su carácter de ofendida en aquélla, previo acudir al juicio de amparo, debió agotar el medio de defensa que prevé el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y al no haberlo hecho, incumplió con el principio de definitividad y por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, en concatenación con los diversos 109, fracción XXI y 258 del código antes citado. De ahí que esta juzgadora considere que al no haberse cumplido con el principio de definitividad, es evidente que se acredita la actualización de manera notoria, manifiesta e indudable, de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda constitucional en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la legislación invocada. En consecuencia, ante las actualizaciones indudables, notorias y manifiestas de las causas de improcedencia examinadas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar la demanda de constitucional de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que menciona, toda vez que no se proporcionan los datos relativos a que se encuentre legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciada en derecho o abogada, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

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