Jesus Salvador Galarza Martinez
Expediente 112/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 112/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jesus Salvador Galarza Martinez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, uno de febrero de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por Jesús Salvador Galarza Martínez, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Mesa 2, Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, con cuatro copias que se acompañan; mismos que considera violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 8°, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el consecutivo 112/2022-II. Ahora bien, como antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, el promovente del amparo refiere, bajo protesta de decir verdad, que: a) Presentó denuncia por los delitos de falsificación, delitos contra la fidelidad profesional, uso de documentos falsos y alterados, simulación de pruebas y lo que resulte, en contra de Juan Cano Padrón y otro. b) Que la carpeta de investigación quedó a cargo de la Licenciada Tania Monserrat Contreras Morales, quien incurrió en omisiones y dilaciones procesales que provocaron el no ejercicio de la acción penal a favor de los probables responsables. c) Por lo que presentó denuncia en contra de dicha funcionaria, ante el Agente del Ministerio Público de la Mesa 2, Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, sin embargo, la carpeta de investigación se encuentra pendiente de integrar. Situación que constituye la omisión que por esta vía se combate, en la medida en que, aduce la parte promovente, se genera la consecuencia de que no se cumpla con la integración de la carpeta de investigación respectiva. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano judicial que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, por lo cual se procede a determinar la procedencia o no del juicio. En el caso, se estima que el presente juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, Constitucional y los diversos numerales 109 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Acorde con dichos preceptos legales, se deriva que entre los derechos de las víctimas u ofendidos se encuentra el de impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público en el ejercicio de su facultad de investigación, lo que se traduce en un no hacer, un no actuar o una abstención de realizar por parte de dicha institución. Por tanto, si como se ha visto, en el caso se reclama, en esencia, la omisión de actuar y, por ende, de integrar conforme a sus facultades la carpeta de investigación respectiva; es claro que tal omisión es susceptible de reclamarse ante el Juez de Control correspondiente, en términos de lo reseñado por el artículo 258, en relación con la fracción XXI del transcrito artículo 109, e incluso, del diverso numeral 133, fracción I, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues este último reconoce competencia del Juez de Control para ejercer las atribuciones que ese Código le reconoce, desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. De ahí que, previo a la promoción del juicio de amparo, el quejoso debió hacer valer su derecho de impugnar las omisiones que refiere de las autoridades designadas como responsables, ante el Juez de Control correspondiente, pues al derivar las mismas de la etapa de investigación, corresponde su análisis al citado juzgador, quien tiene competencia legal para realizar sus atribuciones precisamente desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. En efecto, pues debe recordarse que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se reformaron los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se estableció un sistema de justicia penal de corte acusatorio, adversarial y oral, tendente a cumplir con los principios del debido proceso legal, como lo son los de inmediación, concentración, contradicción, publicidad y continuidad; lo anterior -de acuerdo con lo señalado en la iniciativa respectiva- con el objetivo de garantizar la vigencia del debido proceso en materia penal, recuperar la confianza en la justicia penal y sus instituciones, hacer más eficiente la persecución e investigación de los delitos y el trabajo de los tribunales penales, y asegurar la protección, asistencia y participación de las víctimas en el proceso penal, entre otros. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el Artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los diversos numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Patricia Saray López Martínez, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En otro aspecto, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Notifíquese personalmente.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, uno de febrero de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por Jesús Salvador Galarza Martínez, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Mesa 2, Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, con cuatro copias que se acompañan; mismos que considera violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 8°, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el consecutivo 112/2022-II. Ahora bien, como antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, el promovente del amparo refiere, bajo protesta de decir verdad, que: a) Presentó denuncia por los delitos de falsificación, delitos contra la fidelidad profesional, uso de documentos falsos y alterados, simulación de pruebas y lo que resulte, en contra de Juan Cano Padrón y otro. b) Que la carpeta de investigación quedó a cargo de la Licenciada Tania Monserrat Contreras Morales, quien incurrió en omisiones y dilaciones procesales que provocaron el no ejercicio de la acción penal a favor de los probables responsables. c) Por lo que presentó denuncia en contra de dicha funcionaria, ante el Agente del Ministerio Público de la Mesa 2, Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, sin embargo, la carpeta de investigación se encuentra pendiente de integrar. Situación que constituye la omisión que por esta vía se combate, en la medida en que, aduce la parte promovente, se genera la consecuencia de que no se cumpla con la integración de la carpeta de investigación respectiva. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano judicial que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, por lo cual se procede a determinar la procedencia o no del juicio. En el caso, se estima que el presente juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, Constitucional y los diversos numerales 109 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Acorde con dichos preceptos legales, se deriva que entre los derechos de las víctimas u ofendidos se encuentra el de impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público en el ejercicio de su facultad de investigación, lo que se traduce en un no hacer, un no actuar o una abstención de realizar por parte de dicha institución. Por tanto, si como se ha visto, en el caso se reclama, en esencia, la omisión de actuar y, por ende, de integrar conforme a sus facultades la carpeta de investigación respectiva; es claro que tal omisión es susceptible de reclamarse ante el Juez de Control correspondiente, en términos de lo reseñado por el artículo 258, en relación con la fracción XXI del transcrito artículo 109, e incluso, del diverso numeral 133, fracción I, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues este último reconoce competencia del Juez de Control para ejercer las atribuciones que ese Código le reconoce, desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. De ahí que, previo a la promoción del juicio de amparo, el quejoso debió hacer valer su derecho de impugnar las omisiones que refiere de las autoridades designadas como responsables, ante el Juez de Control correspondiente, pues al derivar las mismas de la etapa de investigación, corresponde su análisis al citado juzgador, quien tiene competencia legal para realizar sus atribuciones precisamente desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. En efecto, pues debe recordarse que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se reformaron los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se estableció un sistema de justicia penal de corte acusatorio, adversarial y oral, tendente a cumplir con los principios del debido proceso legal, como lo son los de inmediación, concentración, contradicción, publicidad y continuidad; lo anterior -de acuerdo con lo señalado en la iniciativa respectiva- con el objetivo de garantizar la vigencia del debido proceso en materia penal, recuperar la confianza en la justicia penal y sus instituciones, hacer más eficiente la persecución e investigación de los delitos y el trabajo de los tribunales penales, y asegurar la protección, asistencia y participación de las víctimas en el proceso penal, entre otros. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el Artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los diversos numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Patricia Saray López Martínez, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En otro aspecto, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Notifíquese personalmente.
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