Jesús Rubén Moncada Angulo
Expediente 550/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 550/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/01/2017
Partes del expediente
- Jesús Rubén Moncada Angulo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia ha causado estado, considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el cuaderno principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimos y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de constancias. En términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver a la autoridad responsable Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, las copias certificadas que remitió como anexo a su informe justificado, consistente en dos tomos.
- Principal
Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio proveniente del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, y anexo, mediante el cual remite copia certificada del auto de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 286/1998-A, de su índice. Con fundamento en el artículo 119 del ordenamiento legal antes invocado, ténganse como pruebas de la citada autoridad, el mencionado medio de convicción. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Ahora bien, de las constancias provenientes de la responsable Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, las que adjuntó al oficio de cuenta, se advierte que sobreviene una causal de improcedencia, por lo que este Juzgador procede a su estudio de oficio y de manera preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 63, fracción IV, del mismo ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" En efecto, Alejandro García Martínez, Defensor Público Federal del quejoso Jesús Rubén Moncada Angulo, promovió demanda de amparo contra actos del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, cuyo acto reclamado lo hizo consistir en: "Del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California le reclamo actos en juicio cuyos efectos son de imposible reparación, atinente a la vulneración al debido proceso, en su vertiente de no administrar justicia en los plazos y términos que fijan las leyes de manera pronta, completa e imparcial en la causa penal número 286/1998-A, y que no obstante hace más de cuatro meses el quejoso directamente expresó a la autoridad responsable su voluntad cuanto que avanzará su asunto, decretará el cierre de instrucción y pronunciará sentencia definitiva por no tener más pruebas que ofrecer (véase audiencias públicas del quejoso con Juez originario, de fechas tres de febrero de dos mil quince, seis de octubre de dos mil quince y veinticinco de mayo de dos mil dieciséis), sin embargo, la responsable inexplicablemente al día de hoy no ha pronunciado auto o proveído, mediante el cual dirima o prosiga la secuela legal del procedimiento, atento a la petición formulada por el quejoso, continuando éste privado de su libertad personal por más de ocho años tres meses; actuar omisivo que afecta materialmente derechos sustantivos del quejoso tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Amén que, atento a la norma constitucional vigente, todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias quedan vinculadas a emitir con prontitud las resoluciones faltantes y acatar estrictamente los plazos a que alude la ley, sin dilación alguna; donde la carga de trabajo, la dificultad del asunto o cualquier otra circunstancia no puede, ni debe ser argumento válido para aplazar cualquier determinación." Sin embargo, de las documentales enviadas por la responsable antes mencionada, se desprende que en fecha treinta de diciembre de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 286/1998-A, de su índice, se ordenaron careos procesales de oficio en términos del artículo 265 del Código Federal de Procedimientos Penales. Las documentales en examen, a las que se les confiere eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acredita de forma fehaciente que han cesado los efectos del acto reclamado que el quejoso le atribuyó a la autoridad responsable, ya que es evidente que si la dolencia jurídica del quejoso lo era en suma abstención u omisión consistente en no pronunciar el proveído correspondiente para proseguir la secuela legal del procedimiento penal, y mediante auto de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable determinó oficiosamente la necesidad de ordenar careos procesales proveyendo lo concerniente para tal efecto, se torna evidente que de esa manera desapareció jurídicamente la inacción reclamada. En esas condiciones, se advierte que los efectos del acto reclamado en el presente juicio de garantías, han cesado; razón por la cual se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y como consecuencia procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de garantías de acuerdo a lo establecido por la fracción V del artículo 63 del ordenamiento legal citado. Al efecto, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, del tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J. N, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, se invoca por aplicable, la tesis número 415, sustentada por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 356, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del epígrafe y contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que establezcan, de modo tal, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Sin que sea necesario para ello la celebración de la audiencia constitucional respectiva, pues el motivo de improcedencia en estudio, se encuentra demostrado de tal manera, que no podría ser desvirtuado por medio de convicción alguno que aportara alguna de las partes, resultando innecesario que se lleve a cabo. Por tanto, quedan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que fue señalada para las diez horas del diez de enero de dos mil diecisiete. Sobre el particular es ilustrativa la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia Tesis: II.2o.P. J/23 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultaba en la página 991 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, que establece: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto." Notifíquese personalmente, y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De igual forma, con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que anexó la autoridad responsable al oficio de cuenta. No obstante lo anterior, de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado se hace consistir únicamente en la omisión de la responsable de pronunciarse respecto del cierre de instrucción solicitado por el quejoso; por tanto, al ser innecesario para resolver el presente asunto, devuélvanse las constancias que remite en compañía de su informe justificado, consistente en los duplicados de la causa penal 286/1998, tomos I a XXV, no así los tomos XXVI y XXVII, los cuales sí resultan necesarios en el presente juicio. Ahora bien, atendiendo al grosor de los anexos en mención, para un mejor manejo del expediente, se ordena la apertura de dos tomos de pruebas, para glosar las referidas constancias. Notifíquese.
- Principal
ADMISIÓN Con fundamento en los artículos 107, 108 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda que promueve Alejandro García Martínez, Defensor Público Federal del quejoso Jesús Rubén Moncada Angulo, contra actos de: Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 550/2016-V-A. APERTURA DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se forma y tramita incidente de suspensión de los actos reclamados, por no haberlo solicitado el quejoso. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5 fracción IV de la Ley de Amparo, se da la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las diez horas del diez de enero de dos mil diecisiete. SOLICITUD DE INFORMES JUSTIFICADOS Se solicita a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del plazo de quince días contado a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, es decir, del acto reclamado y sus antecedentes, con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo; apercibida que en caso de omisión, con fundamento en el numeral 260, fracción II, del ordenamiento invocado, se hará acreedora a una multa por el equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, en términos de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de la materia. De igual modo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de actualizarse la cesación de efectos del acto reclamado, o bien que ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato, apercibida que de no hacerlo se hará acreedora a una multa por el equivalente a la suma de treinta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, de conformidad con los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. SOLICITUD DE CONSTANCIA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, a efecto de que remita la certificación que acredite el carácter con que se ostenta Alejandro García Martínez, como Defensor Público Federal del quejoso Jesús Rubén Moncada Angulo en la causa penal 286/1998-A, de su índice. De igual manera, se hace del conocimiento del promovente que de no tener reconocida la representación con la que se ostenta, se le impondrá una multa de cincuenta días, o su equivalente a Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, de conformidad con lo que establece el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Amparo EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO En términos del artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado al Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, por tanto, emplácesele por medio de oficio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, inciso b), acompañándoles copia de la demanda y transcripción del presente proveído. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en Calle Obregón y Cuarta, número trescientos ochenta y nueve, altos, zona Centro, de esta ciudad; y, autorizando con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a Sarai González Roldan. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. APERCIBIMIENTO Con fundamento en el artículo 108 fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe al quejoso que de señalar incorrectamente la denominación de la autoridad responsable; tendrá como efecto declarar su inexistencia, y previa vista que se otorgue, se continuará con el trámite del juicio o, se sobreseerá respecto a la declarada inexistente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con los artículo 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, por el cual se derogó el acuerdo 30/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que: La sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información. El derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales en la sentencia. Manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o constancias al juicio, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o legislaturas de los Estados. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. Por otra parte, dígasele a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
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