Jesús Pérez Pérez

Expediente 472/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
472/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
08/11/2016

Partes del expediente

  • Jesús Pérez Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo de cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha quedado firme el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que si existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de documento. Toda vez que en autos consta un documento en original exhibido por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérase para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlo, apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas, de lunes a jueves.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo, promovida por Jesús Pérez Pérez, por su propio derecho, contra actos de las siguientes autoridades: 1. Comisión de Desarrollo Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California; 2. Presidente de la Comisión de Desarrollo Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California; 3. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Baja California; 4. Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California; y, 5. Director de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California. Todas con residencia en Mexicali, Baja California. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 472/2016-II-B. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, en atención primordialmente a que dicho acto se encuentra vinculado con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en específico, con el artículo 61 de la citada ley, por lo que procede analizar tales aspectos, lo que impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas para las personas que solicitan la protección federal en asuntos que resultarán sobreseídos. Del escrito de demanda, se aprecia que el acto reclamado es: A) De todas las autoridades responsables indicadas en los incisos III.1) al III.5) del capítulo tercero (III), reclamo: 1) La ilegal restricción que se suscitó en audiencia de fecha 26 de septiembre de 2016, y que por el suscrito litigar en diversos asuntos ante las responsables siga suscitándose, para ejercer la libre profesión de licenciado en derecho, con las amplias facultades que me otorga la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, así como el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California de aplicación supletoria, tanto como el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás leyes aplicables vigentes. 2) La indebida, ilegal, excesiva multa de 20 días de salario mínimo vigente en el Estado, que ordeno se me impusiera la Comisión de Desarrollo Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, mediante la audiencia que fuera celebrada con fecha 26 de septiembre de 2016, dentro del expediente CDP/028/2016 radicado ante la autoridad referida. 3) La indebida, ilegal, excesiva multa de 30 días de salario mínimo vigente en el Estado, que ordeno se me impusiera la Comisión de Desarrollo Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, mediante la audiencia que fuera celebrada con fecha 26 de septiembre de 2016, dentro del expediente CDP/028/2016 radicado ante la autoridad referida. B) Las consecuencias y efectos de todos y cada uno de los actos señalados con anterioridad, principalmente los que se pretendan generar con posterioridad a la presentación de la presente demanda de garantías, por ser directamente violatorios de las garantías de audiencia previa, legalidad, seguridad jurídica y supremacía constitucional de que son recipientes los quejosos, ESPECIALMENTE, PARA QUE SE SUSPENDAN LAS CONSECUENCIAS O EFECTOS CONSISTENTES EN LA APLICACIÓN DE LA IMPOSICIÓN DE LAS MULTAS ORDENADAS EN LA AUDIENCIA DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016, Y ESPECIALMENTE PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE ABSTENGAN DE INTRODUCIR ARMAS DE FUEGO A LAS AUDIENCIAS EN QUE EL SUSCRITO ACTÚE ANTE LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Todos y cada uno de los actos de autoridad que reclamo en la presente demanda de garantías, los atribuyo a las autoridades señaladas como responsables, bien sea que los hayan llevado a cabo por sí mismas o por conducto de sus dependientes, agentes, ejecutores, inferiores jerárquicos o subalternos. Al respecto, se considera que es manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos [.]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos transcritos, se obtienen los lineamientos básicos en cuanto a la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo, es regla genérica el plazo de quince días hábiles, tomando en consideración las siguientes hipótesis para ser computados: a) A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; y, b) A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En el entendido que de no promoverse el juicio de amparo en dicho plazo, se reputará consentido el acto, salvo que se actualice alguna de las hipótesis de excepción contenidas en el artículo 17 de la ley de la materia, pues en tal virtud, el plazo será de treinta días e incluso en cualquier tiempo. En el presente asunto, se actualiza la hipótesis señalada en el inciso b), ya que los actos reclamados derivan de la audiencia llevada a cabo el veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, donde el aquí quejoso Jesús Pérez Pérez, compareció en su carácter de representante del sujeto a proceso Jhonny López Ruiz, dentro del expediente CDP/028/2016 del índice de la Comisión de Desarrollo Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali; por tanto, a partir de esa fecha se considera que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado, ubicándose así en el supuesto señalado en el inciso b) antes transcrito y no en el diverso de realizar el cómputo a partir de su notificación, como lo refiere en su escrito de demanda, pues la diligencia a la que compareció y se hizo conocedor de los actos que ahora reclama, no le fueron notificados con posterioridad, de ahí que debe atenderse al supuesto de contar el término para la presentación de la demanda a partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Lo que se corrobora con la manifestación hecha en su escrito de demanda, en el sentido de que se enteró del acto reclamado el veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis; manifestación que adquiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que lo precisó bajo protesta de decir verdad, lo que se traduce en una confesión expresa. Ello encuentra sustento en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 857, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, Diciembre de 1993, de rubro y texto: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." Por tanto, no se requiere de diversa probanza para tener por cierta la fecha en que el peticionario del amparo tuvo conocimiento del acto reclamado, sino que se tiene como fecha cierta la de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis. Resulta aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 115/2010, página: 5 de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En tal sentido, si el solicitante del amparo tuvo conocimiento de los actos que reclama, el veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, el plazo de quince días para promover el juicio de amparo indirecto, empezó a contar al día siguiente de esa fecha; es decir, el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis. Por tanto, de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Amparo, en relación con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, esto es, el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, ya había transcurrido el plazo de quince días a que se refiere el numeral invocado, los que se deben contar a partir del día siguiente en que el hoy quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados, es decir, el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, y feneció dicho plazo el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, descontándose los días uno, dos, ocho, nueve, doce, quince y dieciséis de octubre de dos mil dieciséis, por ser inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. En este contexto, si el quejoso presentó su demanda de amparo fuera de los plazos legales, se entiende que consintió tácitamente el acto reclamado en estudio, lo que hace improcedente el juicio constitucional, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que dio origen a este juicio, por considerarse manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Tercera Número 253 Altos, Zona Centro, en esta ciudad, y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala, con excepción de Jaime Xicotencatl Palafox Toscano y Perla Magaly Zapari Bolaños, en virtud de que no tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; por tanto, se les tiene únicamente por autorizados para oír notificaciones e imponerse de autos, al igual que a Miguel Ángel Vázquez González. Por otra parte, dígasele a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

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