Jesús Rubén Martínez Chávez
Expediente 1056/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1056/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Jesús Rubén Martínez Chávez
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; nueve de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió el acuerdo por el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción lI, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Finalmente, tomando en consideración que al presente asunto el Magistrado Presidente de la Sala Regional del Pacifico del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, con motivo de su informe justificado remitió copias certificadas del juicio de nulidad 180/16-14-01-9, que constituyen el tomo de prueba I, devuélvanse a la referida autoridad, dado que resulta innecesario su permanencia en este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; cuatro de noviembre de dos mil dieciséis.Vista la demanda de amparo promovida por Jesús Rubén Martínez Chávez, por su propio derecho, contra actos de los Magistrados de la Sala Regional del Pacifico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad.Regístrese en el libro de gobierno con el número 1056/2016, y fórmese expediente.Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la referida demanda.Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado.Se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional, en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo.Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad designada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación, en el cual expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; según sea el caso, remitirá copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo y deberá informar sí con anterioridad la quejosa promovió algún juicio relacionado con los actos aquí reclamados, y en caso afirmativo remitirá las constancias que apoyen ese informe, salvo que se trate de un juicio radicado en este juzgado. Si no rinde informe justificado se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario.Asimismo, se le informa que el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, otorga la facultad para imponerle una multa que va de cien a mil unidades de medida y actualización vigente en el país, en caso de que no rinda su informe justificado, o lo haga sin remitir copia certificada de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional.Igualmente, se informa a la autoridad responsable que las notificaciones se le practicaran por lista, salvo las que por su trascendencia se le deban notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo.Por otra parte, se comunica a las partes que en términos del artículo 64, están obligadas a informar de inmediato a este juzgado federal cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento del quejoso, una vez que tengan conocimiento de ese hecho; apercibidas que en caso de incumplimiento se harán acreedoras a una multa, para el primer caso de treinta a trescientas unidades de medida y actualización vigente en el país, conforme lo establece el diverso numeral 251 y para el segundo de cincuenta a quinientas unidades de medida y actualización, de conformidad con el arábigo 242, ambas disposiciones de la ley de la materia. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo; notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la radicación del juicio con copia simple de la demanda. Ahora bien, con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas las documentales que adjunta junto con su demanda de amparo, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que para ese efecto designa en el escrito de demanda; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Alberto Peña Díaz, en razón de que su cédula no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredite como profesional del derecho, quedando a salvo su derecho para hacerlo con posterioridad.Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona a la actuaria judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles.Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva.Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado César Israel Santes Quevedo, Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho en términos del primer párrafo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia del Titular, de lo que tomó nota la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, conforme al oficio número CCJ/ST/5593/2016, signado por el Secretario Técnico de dicha Comisión; asistido por Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario adscrito al propio juzgado de Distrito que autoriza y da fe.
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