Jesús Rey Godoy Chida

Expediente 444/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
444/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
29/04/2019

Partes del expediente

  • Jesús Rey Godoy Chida

Actuaciones

  1. Principal

    CITATORIO: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOSMIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acapulco, Guerrero; veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por JESÚS REY GODOY CHIDA, por su propio derecho, contra actos del JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ALLENDE, DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. Regístrese en el libro de gobierno con el número 444/2019, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA. En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se precisa lo siguiente: Del análisis integral de la demanda, se obtiene que el objeto de estudio en este asunto lo constituye el auto de tres de abril de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio ordinario civil 38/2011, radicado ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, Ayutla de los Libres; por el cual, (a) se tuvo por no interpuesto el recurso de apelación hecho valer por la parte quejosa en contra del acuerdo de cinco de marzo de dos mil diecinueve y (b) se determinó que el acuerdo de catorce de ese mes, por el que se declaró la rebeldía del promovente no era recurrible en apelación. De lo expuesto se obtiene que: Uno. La parte quejosa es parte en el juicio natural; por lo que, la procedencia del juicio de amparo que promueve, debe analizarse con base en las reglas que rigen para quienes son parte en el procedimiento y no aquéllas que se aplican para las personas extrañas a juicio. Dos. El acuerdo reclamado, como documento que representa la solución que el juez responsable da a un determinado problema jurídico, contiene más de un pronunciamiento independiente, lo cual encuentra su justificación en el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 1ª/J.17/99, consultable en la página 143 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Mayo de 1999, Novena Época, en el cual determinó que si bien la sentencia como acto jurídico es indivisible (declaración que hace el juzgador respecto a una determinada solución), no lo es como documento (representación del acto jurídico); por tanto, es válido que en el documento que representa la solución que el juzgador da a determinado problema jurídico contenga no uno, sino diversos pronunciamientos independientes, como en el caso acontece, ya que se analizaron dos resoluciones que gozan de autonomía. En ese sentido, se tiene que el juicio de amparo que ahora se intenta deviene improcedente, pero por actualizarse diversas causas de improcedencia. En relación con la determinación del juez de tener por no interpuesto el recurso de apelación en contra del auto de cinco de marzo de dos mil diecinueve, identificada con la letra (a), se materializa la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al no agotarse el recurso o medio de defensa que la ley ordinaria concede, por virtud del cual aquél puede ser modificado, revocado o nulificado. Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo deviene improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga el quejoso la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado. No obstante, el principio de definitividad admite excepciones, que el mismo numeral describe: 1. Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el peticionario del amparo es una persona extraña a juicio. 4. Asimismo, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En el caso concreto, por derivar el acto reclamado de un procedimiento judicial, el acuerdo de tres de abril actual, en el cual se materializó la negativa reclamada en contra del juez responsable, respecto del recurso de apelación interpuesto por el quejoso en el juicio de origen, debe impugnarse a través del recurso de queja, por los siguientes motivos: Los artículos 389, 399 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guerrero, en su orden establecen: "Artículo 389.- Admisión del recurso. Interpuesto en tiempo el recurso de apelación, el juzgador lo tendrá por presentado sin substanciación alguna, si fuere procedente, expresando el efecto de la apelación. En caso de que en el escrito de apelación no se formulen agravios no se tendrá por presentada la apelación. Pero si el apelante omite exhibir el número de copias de los agravios a que se refiere el artículo anterior, el juzgador lo prevendrá para que las exhiba dentro del término de tres días, con el apercibimiento que de no hacerlo se le tendrá por no interpuesto el recurso. En el mismo auto, el juzgador ordenará se notifique a las partes, haciéndole saber que pueden presentarse ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, para substanciar el recurso dentro del término de cinco días, si se trata de juicio radicado en el mismo lugar de residencia de dicho Tribunal. En caso de lugar distinto, al término anterior se agregarán los días que el juzgador estime necesarios, tomando en cuenta la distancia y las facilidades de comunicación. Entretanto no transcurra el término a que se refiere el párrafo anterior, no podrá iniciarse la substanciación del recurso. El auto que tenga por no interpuesta la apelación es recurrible en queja; el que la admita es irrecurrible". "Artículo 399.- Procedencia del recurso de queja en contra del juzgador. El recurso de queja contra el juzgador es procedente: I. Contra la resolución en que se niegue la admisión de una demanda o se desconozca de oficio la personalidad del actor antes del emplazamiento; II. Contra la denegación de la apelación; y III. En los demás casos fijados por la ley. La queja en contra de los juzgadores procede aun cuando se trate de juicios en que por su cuantía no se admite el recurso de apelación. Artículo 402.- Tramitación del recurso de queja contra el juzgador. El recurso de queja contra el juzgador se sujetará a las siguientes reglas: I. Deberá interponerse por escrito ante el propio juzgador que conozca del asunto, y se substanciará sin suspensión del procedimiento; II. En el escrito en que se interponga la queja se expondrán los hechos que la motiven y los fundamentos legales que se estimen aplicables, debiéndose acompañar una copia del mismo para el expediente, y una más para la contraparte con la cual se le correrá traslado haciéndole saber que podrá acudir ante el tribunal superior a defender sus derechos; III.- Al recibir el escrito en que se interponga el recurso, el juzgador sin calificar la procedencia de éste, ordenará formar un cuaderno con dicho escrito y las constancias que estime conducentes, cuaderno que enviará a la Sala correspondiente, con su informe justificado, dentro del término de tres días, contados a partir de su recepción. En caso de incumplimiento a esta disposición, se aplicará una multa hasta de cincuenta veces el salario mínimo general vigente y suspensión en el desempeño del cargo hasta por quince días, en caso de reincidencia; IV.- La Presidencia de la Sala calificará la procedencia o improcedencia del recurso de queja, admitiéndolo o desechándolo de plano; V.- La Sala la que dictará resolución dentro del término de ocho días, a partir del siguiente al de su turno; VI. La resolución de la queja tendrá por efecto, confirmar, corregir o reponer los actos que la motiven." De lo dispositivos legales antes transcritos se advierte que dentro del sistema procesal en materia de recursos previsto en el Código Procesal Civil para el Estado de Guerrero, se encuentra el de queja, el cual procede en contra del auto que tenga por no interpuesta la apelación, entre otras determinaciones. De lo anteriormente se concluye que el acto reclamado, antes de acudir al juicio de amparo, era susceptible de ser controvertido a través del recurso de queja a que se refieren los artículos 389, 399 y 402 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, pues tal medio de impugnación tiene por objeto que el Tribunal Superior, a la luz de los agravios planteados confirme revoque o modifique total o parcialmente dicha resolución; por lo que, el quejoso previamente a promover el juicio de amparo debió agotar el medio de impugnación aludido pues no se puede válidamente abandonar la defensa ordinaria ni promover el juicio de amparo en contra de aquella, sino que se debe agotar la jurisdicción ordinaria ya que no es optativo cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo así lo dispone. Máxime que, no se surte alguna de las excepciones a la improcedencia en estudio, primeramente, porque no le resulta el carácter de persona extraña a juicio, aunado a que dicha resolución no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como tampoco la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales o algún mandato de captura o cualquier otro que afecte la libertad personal, derivado de un procedimiento penal. Asimismo, resulta improcedente el juicio de amparo en relación con la resolución identificada con la letra (b) del acuerdo reclamado, por el que se declaró la rebeldía del promovente no era recurrible en apelación al no satisfacer las condiciones para que sea considerada como un acto dentro del procedimiento que tenga una ejecución irreparable. De ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Los artículos de referencia disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: Fracción V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte...". Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la ley; respecto a la segunda de las disposiciones legales, en ésta se establece que los actos cuyos actos cuyos efectos son de imposible reparación, son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y los Tratados Internacionales; es decir que producen una afectación material a dichos derechos, por lo que ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior; esto de acuerdo con la Jurisprudencia 1/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte en consultable en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, del rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo". Bajo ese contexto, para calificar la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una violación formal) un derecho sustantivo (de naturaleza distinta de los derechos adjetivos) protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. En este asunto, como ya se adelantó, el acto reclamado lo constituye la determinación por la que se declaró la rebeldía del promovente no era recurrible en apelación; actuación que no produce una afectación material, sino que sólo un derecho de naturaleza formal, adjetiva o procesal, que puede ser reparada con la obtención de una sentencia favorable, por lo que, de resultar contrario a los mismos, estaría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario e incluso acudir al juicio de amparo directo donde podría plantear la cuestión que ahora controvierte. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio. Sirve de apoyo la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página 209 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Febrero de 1991, Octava Época, Materia Civil, del rubro y texto siguiente: "REBELDIA, DECLARACION DE. NO DEJA INDEFENSO AL DEMANDADO, NI LE CAUSA PERJUICIOS DE IMPOSIBLE REPARACION. (LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO).No es verdad que la declaración de rebeldía de un demandado, como consecuencia de haber contestado extemporáneamente la reclamación enderezada en su contra, lo coloque sin más, en estado de indefensión y que se le irroguen, por ello, perjuicios de imposible reparación porque, con arreglo al artículo 727 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, está en completa aptitud para comparecer al juicio natural y promover lo que a sus intereses mejor convenga, pues, el mero hecho de que se le tenga por presuntivamente confeso y que no pueda oponer excepciones perentorias, en nada obstaculiza su derecho a ofrecer pruebas, formular alegatos e interponer recursos; esto es, que existe total posibilidad de que obtenga sentencia a su favor, y si le viene adversa, inconformarse de ella por los medios que la ley concede.Bajo ese contexto, al actualizarse las causas de improcedencia en análisis; las cuales son manifiestas porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudables porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo." De igual manera, sustenta lo anterior, la diversa tesis v.3o.3 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 1157 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Octubre 1998, Materia Civil, del siguiente texto y rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVOCACIÓN QUE CONFIRMA LA NEGATIVA DE TENER POR ACUSADA LA REBELDÍA A LA DEMANDADA. El auto mediante el cual se resuelve el recurso de revocación que confirma el acuerdo que niega la petición de la actora de que se declarara la rebeldía a la parte demandada, por considerar que había contestado la demanda fuera de tiempo, no es de imposible reparación ya que sólo afecta los derechos adjetivos o procesales de la quejosa, que constituyen una violación que podría no trascender al sentido de la sentencia, pues por su naturaleza jurídica sólo produce efectos intraprocesales los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable, y en el supuesto de que no lo fuera, estaría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente e incluso acudir al juicio de amparo directo donde podría delatar las violaciones procesales; por lo que no hay duda de que no se está en presencia de actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b) constitucional, en relación con el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, por tanto, en su contra no procede el amparo biinstancial." Finalmente se precisa, si bien los criterios citados, hecha excepción la Jurisprudencia 1/2016 (10ª.), fueron integrados conforme a la Ley de Amparo abrogada y de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen al texto vigente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo; por autorizado en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Leobardo Esteban Cárdenas Saldaña, no así de, cuya cédula se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesional del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Mariana Martínez Montoya, Fernando Reyes Vargas, Pablo Petronio Leyva Castrejón y Alejandro Salmerón Flores, por no cumplir con el requisito anterior. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva... 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