Jesus Roberto Llamas Barrera

Expediente 1051/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1051/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
21/04/2021

Partes del expediente

  • Jesus Roberto Llamas Barrera

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la cuenta se provee: téngase por recibido el oficio suscrito por la Secretaría del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 1/2021 del índice de ese órgano colegiado, en el que declaró infundado dicho medio de impugnación interpuesto por *************, contra el auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, dictado por este Órgano de Control Constitucional. ANOTACIONES Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO del mismo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita Acúsese el recibo de estilo; hágase del conocimiento de las partes la recepción de la expresada ejecutoria y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco; quince de enero de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, con el que transcribe el proveído de doce de enero de dos mil veintiuno, del que se advierte admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, el cual quedó registrado como recurso de queja 01/2021 de su índice; de lo anterior, este juzgado federal toma conocimiento para los efectos legales. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco, nueve de diciembre de dos mil veinte. RECURSO DE QUEJA Visto lo de cuenta, se provee: Téngase por recibido el escrito signado por Nicolás Hernández Morales, autorizado en términos del artículo 12 del quejoso *********, y con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo; se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer la citada parte quejosa, en contra del auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, mediante el cual se desechó la demanda de amparo en los términos allí precisados. Por tanto, en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase el escrito original de cuenta y el anexo que contiene los agravios que causa el auto recurrido; así como copia certificada de las constancias que obran en autos de este juicio de amparo en vía de informe, para que sean tomadas en cuenta para resolver el medio de impugnación aludido, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, para la substanciación del recurso de mérito, agregándose a los autos una copia del mismo. Notifíquese.

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco; veintisiete de noviembre de dos mil veinte. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA. Visto lo de cuenta, se provee: Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *********contra actos del Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia Investigadora Séptima de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Regístrese en el libro de gobierno la demanda de amparo que nos ocupa, bajo el número 1051/2020, fórmese expediente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, así como con el diverso numeral 5 de ese mismo acuerdo, dese inicio al seguimiento por la vía electrónica del presente juicio, en los términos que precisa el referido acuerdo, a efecto de que las partes, las que en su caso cumplan con los requisitos previamente establecidos, puedan consultar el aludido expediente y notificarse a través del medio citado, previa solicitud de ello. DESECHAMIENTO. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Para lo anterior, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta, completa e imparcial, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. ACTO RECLAMADO. Ahora, de la lectura de la demanda de amparo de cuenta se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: ? La orden de citación contenida en el oficio PJ/VHSA_7MA/80/2020, dirigida al quejoso Jesús Roberto Llamas Barrera, a fin de que comparezca ante la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia Investigadora Séptima de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, con el objeto de desahogar una diligencia conciliatoria dentro de la averiguación previa AP-VHSA 7MA-II-625/2015. Fijado lo anterior, se tiene que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del numeral 61, en relación con el diverso 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Al respecto, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1, así como los diversos 5º y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, contemplan el principio general de procedencia del juicio de amparo, consistente en que sólo puede promoverse si existe una afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso. Ello, en razón de que conforme a lo establecido en la primera de las disposiciones legales citadas, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien afecte el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame. Esto es, la legitimación para iniciar y seguir el amparo indirecto, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonialsiempre que sea material y apreciable objetivamente, pues la afectación aducida debe ser real y no de carácter subjetivo. De ahí que, ese agravio debe recaer en algún derecho jurídicamente tutelado en favor de quien acude en demanda de amparo, concretarse en él y no ser abstracto o genérico, así como también, debe ser de realización pasada, presente o inminente. De manera que, para considerar que a una persona se le afecta en la esfera de sus derechos jurídicamente tutelados y que tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo, necesariamente se requiere por una parte de la existencia de 1 Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.) derechos legítimamente tutelados y, por otra, del perjuicio que los actos reclamados pudieran ocasionarle; habida cuenta que si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal, o en caso de existir, no resientan perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados, no es viable tener por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia. Esto es, para que proceda la acción constitucional, no basta que se manifieste o en su caso se acredite algún interés cualquiera o simple; esto, sin contar con respaldo legal, sino que es necesario que encuentre apoyo en derechos reconocidos por la ley y que se ocasione perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados. Así, es válido concluir que únicamente puede promoverse juicio de amparo a instancia de parte agraviada, teniendo ese carácter quien aduce tener un interés legítimo individual o colectivo cuando los actos reclamados provengan de actos administrativos que no sean jurisdiccionales, pues así lo establece el segundo párrafo de la fracción I del artículo 107 constitucional. Esto es, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un interés jurídico más no legítimo. De lo anterior, se concluye que juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en los que no exista un derecho fundamental que pueda ser violado con la emisión del acto reclamado. Ahora, en términos de lo establecido por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la persecución de los delitos es una función del Ministerio Público y, ante ello, evidentemente está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso, integrar la correspondiente averiguación previa; de ahí que el desahogo de diligencias tendientes a su integración, tal como lo ha sostenido la Primera Sala del Máximo Tribunal, no causan daño o perjuicio a persona alguna, por ser de orden público, por lo que no procede el amparo en su contra, puesto que, estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer esas facultades de investigación. Lo anterior con una salvedad: Que en virtud de dichas actuaciones no se ordene que se le prive de su libertad, posesiones o derechos al gobernado. Para efectos ilustrativos, es aplicable la tesis aislada número 1a. CXXXV/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 351, Tomo XX, diciembre de 2004, materia penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro180028 que a la letra dice: *********Así entonces, se reitera, contra los actos y diligencias llevados a cabo por el Ministerio Público tendientes a la integración de una averiguación previa por regla general, el amparo es improcedente, salvo que se afecten derechos sustantivos de los gobernados, entendiéndose como tales - derechos sustantivos-, aquellos inherentes al ser humano, verbigracia, la vida, la libertad, las posesiones, la defensa adecuada y la exclusión de prueba ilícita. Ahora, en la especie se estima que la orden de citación contenida en el oficio PJ/VHSA_7MA/80/2020, dirigido al quejoso a fin de que comparezca ante la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia Investigadora Séptima de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, con el objeto de desahogar una diligencia conciliatoria dentro de la averiguación previa AP-VHSA 7MA-II-625/2015, no transgrede derecho humano alguno, que permita la procedencia del amparo indirecto en su contra, pues de los antecedentes del acto reclamado que bajo protesta de decir verdad narró, se desprende que no existe apercibimiento alguno contra el quejoso para que comparezca, ni amenaza por parte de la autoridad responsable de hacerlo acreedor a una sanción ante su inasistencia; más bien, se advierte que corresponde a un citatorio emitido dentro de una averiguación previa seguida en el sistema mixto o tradicional, sin apercibimiento alguno; de ahí que, incluso no sea posible que llegue a constituir un acto privativo de la libertad, como lo alega el promovente. Por lo tanto, la orden de citación reclamada no afecta el interés jurídico del quejoso, pues dicha representación legal está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, al atender que el Ministerio Público, en ejercicio de su facultad de investigación estatuida en el numeral 21, está en posibilidades de emitir citatorios a cualquier persona, de conformidad con lo previsto en los artículos 60, 61 y 121 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco2 (abrogado). 2 ARTÍCULO 60. Todas las personas están obligadas a comparecer ante el Ministerio Público o el tribunal cuando sean legalmente requeridas con motivo de una averiguación previa o un proceso penal. En el requerimiento que se haga, la autoridad precisará en qué carácter concurrirá el requerido. Si éste no acude, la autoridad podrá imponerle al remiso, una multa de 10 a 25 días de salario mínimo vigente en el Estado a la fecha del desacato, y podrá librar orden de comparecencia, para que sea presentado por la policía judicial. Las autoridades se trasladarán al lugar en que se encuentren las personas que tengan impedimento físico o psíquico para comparecer. La autoridad elegirá entre trasladarse a la oficina o al domicilio del requerido, o recibir su declaración por escrito, cuando se trate de servidores públicos de la Federación, del Estado o de los Municipios, salvo que éstos opten por presentarse ante la autoridad. Para los efectos de este precepto, se entiende por servidores públicos que merecen este trato los representantes populares, los designados directamente por el titular del Ejecutivo, Federal o Local, a los magistrados y jueces federales y estatales, y al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ARTÍCULO 61. Las notificaciones, citaciones, emplazamientos y cualesquiera otros actos de comunicación destinados a quienes participan en el procedimiento, se harán personalmente o por cédula u otros medios que permitan dejar constancia precisa de su recibo, y para tal efecto se asentarán el nombre y la firma del notificado, o la huella digital en su caso, el día y la hora en que se realiza la comunicación. Para fines de notificación personal, los participantes en el procedimiento designarán domicilio en el lugar en el que éste se siga. Si cambian de domicilio, sin dar aviso, o el manifestado resulta falso, las notificaciones se harán por estrados y la autoridad dispondrá que se proceda a la localización por medio de la policía judicial. Cuando el inculpado tenga varios defensores, designará a uno de ellos para recibir notificaciones, sin perjuicio de que los otros acudan al tribunal para ser notificados. Si el inculpado no hace designación, la hará el juzgador, considerando las características del caso, sin perjuicio de que aquél designe a quien deba asumir, en definitiva, la representación común. Estas mismas disposiciones se aplicarán a los asesores jurídicos del ofendido. Esto es así, en razón de que al no contener apercibimiento alguno, no es más que una simple citación a comparecer en la fecha y hora señalada en el mismo ante el Ministerio Público responsable, y de ninguna manera implica privación de su libertad -derecho sustantivo-, puesto que está en posibilidad de asistir o no, a la diligencia para la cual fue citado.*********Sin que sea obstáculo para lo anterior que con la emisión del citatorio en comento pudiera violentarse el derecho de legalidad establecido en el artículo 16 constitucional (lo que llevaría a establecer la procedencia del amparo sin establecer excepciones -es decir, con independencia de que en dicho ARTÍCULO 121. Sin perjuicio de lo previsto en este Capítulo, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un delito perseguible por querella, procurará la conciliación entre el inculpado y el ofendido, actuando por sí mismo o requiriendo la intervención de quien esté en condiciones de promover esa conciliación, en virtud de su autoridad moral y del ascendiente que tenga sobre aquéllos. Si se trata de individuos pertenecientes a un grupo étnico indígena, tomará en cuenta los usos y costumbres del grupo para requerir la intervención del conciliador. citatorio se contenga o no, un apercibimiento en el sentido de librar orden de presentación-), puesto que el análisis de la constitucionalidad de éste, como de cualquier acto, puede realizarse sólo una vez que se han superado los motivos de improcedencia del juicio; es decir, el estudio de la legalidad o constitucionalidad del acto, sólo puede realizarse una vez establecida la procedencia del juicio de amparo, la cual indefectiblemente debe determinarse en un análisis previo en el que se revisen si se actualizan o no, las hipótesis previstas en el artículo 61 de la ley de la materia. DETERMINACIÓN. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del numeral 61, en relación con el diverso 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, respecto del acto en estudio; por tanto, procede desechar de plano la presente demanda de amparo, respecto del acto en estudio y autoridad a quien se le atribuye, de conformidad con el diverso numeral 113 de la legislación de la materia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otro lado, en aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de la adscripción para que las notificaciones que se practiquen a las partes, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADO POR LA PARTE QUEJOSA. Se tiene al quejoso señalando como domicilio para recibir citas y notificaciones el que índica en su demanda de amparo y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Nicolás Hernández Morales, por tener registrada sus cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que lo acredita como abogado, y no así de Isidro Casildo García, por lo tanto, se le tiene en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a dicha persona. AUTORIZACIÓN CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Desde este momento se autoriza la consulta del expediente electrónico al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. *********"Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. De conformidad, con lo dispuesto por la fracción I del numeral 5° del citado Acuerdo General 21/2020, a efecto de brindar atención a las partes -respecto de comunicaciones no procesales-, se habilita el correo electrónico adiel.palacio.zurita@correo.cjf.gob.mx.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · 15,497 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano