Jesus Roberto Llamas Barrera

Expediente 156/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
156/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
02/03/2021

Partes del expediente

  • Jesus Roberto Llamas Barrera
  • Lili Sanchez Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno (fojas 17-24), mediante el cual, se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia Investigadora Séptima de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad; sin que la parte quejosa hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO del mismo. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco; dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA. Visto lo de cuenta, se provee; téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia Investigadora Séptima de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. Ahora, en razón que los aludidos quejosos omitieron señalar un representante común, con fundamento en el Artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común al primero de los mencionados. REGISTRO DEL EXPEDIENTE IMPRESO Y ELECTRÓNICO Regístrese en el libro de gobierno la demanda de amparo que nos ocupa, bajo el número 156/2021-VIII-2, fórmese expediente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, así como con el diverso numeral 5 de ese mismo acuerdo, dese inicio al seguimiento por la vía electrónica del presente juicio, en los términos que precisa el referido acuerdo, a efecto de que las partes, las que en su caso cumplan con los requisitos previamente establecidos, puedan consultar el aludido expediente y notificarse a través del medio citado, previa solicitud de ello. DESECHAMIENTO. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Para lo anterior, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. ACTO RECLAMADO. Ahora, de la lectura de la demanda de amparo de cuenta se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: ? La orden de citación contenida en el oficio PJ/VHSA_7MA/2/2021, de doce de febrero de dos mil veintiuno, dirigida a los quejosos Jesús Roberto Llamas Barrera y Lili Sánchez Hernández, a fin de que comparezcan ante la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia Investigadora Séptima de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, dentro de la averiguación previa AP-VHSA 7MA-II-625/2015. Fijado lo anterior, se tiene que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del numeral 61, en relación con el diverso 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, que establecen:********** Ahora, en la especie se estima que la orden de citación contenida en el PJ/VHSA_7MA/2/2021, de doce de febrero de dos mil veintiuno, dirigida a los quejosos Jesús Roberto Llamas Barrera y Lili Sánchez Hernández, a fin de que comparezcan ante la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia Investigadora Séptima de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, dentro de la averiguación previa AP-VHSA 7MA-II-625/2015, no transgrede derecho humano alguno, que permita la procedencia del amparo indirecto en su contra, esto en razón, que no se advierte que en el caso, exista apercibimiento alguno, ya que los quejosos no refirieron en qué consiste el mismo, ni se acompañó copia del citatorio donde se infiera éste, por lo cual no se puede acreditar que exista una afectación a sus derechos sustantivos, como lo alegan los promoventes. Por lo tanto, la orden de citación reclamada no afectan el interés jurídico de la parte quejosa, pues dicha representación legal está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, al atender que el Ministerio Público, en ejercicio de su facultad de investigación estatuida en el numeral 21, está en posibilidades de emitir citatorios a cualquier persona, de conformidad con lo previsto en los artículos 60, 61 y 121 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco2 (abrogado). Esto es así, en razón de que no se advierte la existencia de un apercibimiento en contra de los quejosos, pues estos no refirieron que sanción se les pretendió aplicar, ni exhibieron el oficio PJ/VHSA_7MA/2/2021, mediante el cual fueron citados a comparecer ante la autoridades responsables; por tanto, se considera que el acto reclamado, no es más que una simple citación a comparecer en la fecha y hora señalada en el mismo ante el Ministerio Público responsable, y de ninguna manera implica privación de su libertad -derecho sustantivo-, puesto que están en 2 ARTÍCULO 60. Todas las personas están obligadas a comparecer ante el Ministerio Público o el tribunal cuando sean legalmente requeridas con motivo de una averiguación previa o un proceso penal. En el requerimiento que se haga, la autoridad precisará en qué carácter concurrirá el requerido. Si éste no acude, la autoridad podrá imponerle al remiso, una multa de 10 a 25 días de salario mínimo vigente en el Estado a la fecha del desacato, y podrá librar orden de comparecencia, para que sea presentado por la policía judicial. Las autoridades se trasladarán al lugar en que se encuentren las personas que tengan impedimento físico o psíquico para comparecer. La autoridad elegirá entre trasladarse a la oficina o al domicilio del requerido, o recibir su declaración por escrito, cuando se trate de servidores públicos de la Federación, del Estado o de los Municipios, salvo que éstos opten por presentarse ante la autoridad. Para los efectos de este precepto, se entiende por servidores públicos que merecen este trato los representantes populares, los designados directamente por el titular del Ejecutivo, Federal o Local, a los magistrados y jueces federales y estatales, y al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ARTÍCULO 61. Las notificaciones, citaciones, emplazamientos y cualesquiera otros actos de comunicación destinados a quienes participan en el procedimiento, se harán personalmente o por cédula u otros medios que permitan dejar constancia precisa de su recibo, y para tal efecto se asentarán el nombre y la firma del notificado, o la huella digital en su caso, el día y la hora en que se realiza la comunicación. Para fines de notificación personal, los participantes en el procedimiento designarán domicilio en el lugar en el que éste se siga. Si cambian de domicilio, sin dar aviso, o el manifestado resulta falso, las notificaciones se harán por estrados y la autoridad dispondrá que se proceda a la localización por medio de la policía judicial. Cuando el inculpado tenga varios defensores, designará a uno de ellos para recibir notificaciones, sin perjuicio de que los otros acudan al tribunal para ser notificados. Si el inculpado no hace designación, la hará el juzgador, considerando las características del caso, sin perjuicio de que aquél designe a quien deba asumir, en definitiva, la representación común. Estas mismas disposiciones se aplicarán a los asesores jurídicos del ofendido. ARTÍCULO 121. Sin perjuicio de lo previsto en este Capítulo, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un delito perseguible por querella, procurará la conciliación entre el inculpado y el ofendido, actuando por sí mismo o requiriendo la intervención de quien esté en condiciones de promover esa conciliación, en virtud de su autoridad moral y del ascendiente que tenga sobre aquéllos. Si se trata de individuos pertenecientes a un grupo étnico indígena, tomará en cuenta los usos y costumbres del grupo para requerir la intervención del conciliador. posibilidad de asistir o no, a la diligencia para la cual fueron citados. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia PC.VI.P. J/5 P (10a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1341, Libro 62, Enero de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2019052, del texto siguiente: "ORDEN DE CITACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA SEGUIDA EN EL SISTEMA PENAL MIXTO O TRADICIONAL. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO CONTIENE APERCIBIMIENTO EN CASO DE INASISTENCIA. El juicio de amparo es improcedente contra la orden de citación emitida por el Ministerio Público en la averiguación previa seguida en el sistema penal mixto o tradicional, cuando en dicho citatorio no se contiene apercibimiento en el supuesto de que el gobernado no asista a la cita, porque contra las diligencias llevadas a cabo por la representación social tendentes a la integración de una averiguación previa, por regla general, como lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo es improcedente; y si bien esa regla admite excepciones, ello será cuando se afecten -o exista la posibilidad de que se afecten- derechos sustantivos de los gobernados." Sin que sea obstáculo para lo anterior que con la emisión del citatorio en comento pudiera violentarse el derecho de legalidad establecido en el artículo 16 constitucional (lo que llevaría a establecer la procedencia del amparo sin establecer excepciones -es decir, con independencia de que en dicho citatorio se contenga o no, un apercibimiento en el sentido de librar orden de presentación- ), puesto que el análisis de la constitucionalidad de éste, como de cualquier acto, puede realizarse sólo una vez que se han superado los motivos de improcedencia del juicio; es decir, el estudio de la legalidad o constitucionalidad del acto, sólo puede realizarse una vez establecida la procedencia del juicio de amparo, la cual indefectiblemente debe determinarse en un análisis previo en el que se revisen si se actualizan o no, las hipótesis previstas en el artículo 61 de la ley de la materia. DETERMINACIÓN. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del numeral 61, en relación con el diverso 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, respecto del acto en estudio; por tanto, procede desechar de plano la presente demanda de amparo, respecto del acto en estudio y autoridad a quien se le atribuye, de conformidad con el diverso numeral 113 de la legislación de la materia.

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