Jesús Roberto Bourjac Gutiérrez

Expediente 1374/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1374/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
18/01/2023

Partes del expediente

  • Jesús Roberto Bourjac Gutiérrez
  • Juez Oral de lo Penal, ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Incidental

    Auto. En Hermosillo, Sonora, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha en el cuaderno principal, causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó en juicio y se ordenó el archivo del juicio de amparo del que deriva este incidente; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa. Valoración del original. Depúrese el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedió tanto la medida cautelar provisional como la definitiva. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Notifíquese. Así lo acordó y firma Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/128/2023, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Incidente de suspensión. Provéase lo conducente en relación con la valoración y destino de los cuadernos incidentales de suspensión que derivan del presente juicio de amparo. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes. Devolución de disco compacto. Por último, se desprende que en este juzgado obra un disco compacto remitido por la responsable Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, de esta ciudad, al rendir informe justificado; en esa virtud, y toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, se ordena devolver dicho anexo, ya que resulta innecesaria su retención; en la inteligencia que no es necesario que la autoridad responsable acuse recibo de dicho disco compacto. Notifíquese; y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/128/2023, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las once horas con cuatro minutos del treinta de diciembre de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con las constancias de notificación de las partes -autoridades responsables y autoridad tercera interesada, tercero interesado, quejoso y fiscal federal de la adscripción-, la demanda de derechos, así como los informes justificados rendidos por la juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, y el director general del Centro de Reinserción Social I, residentes en esta ciudad; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse de los referidos informes justificados. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, el secretario hacer constar las allegadas por la autoridad responsable. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que las partes no formularon alegatos. El juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho a las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por ********************, contra los actos atribuidos a la juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, y el director general del Centro de Reinserción Social I, residentes en esta ciudad; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Demanda. Por escrito depositado el trece de octubre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el día siguiente, por razón de turno, a este juzgado de distrito, ********************, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades precisadas en el proemio de esta sentencia y por los actos reclamados que más adelante se precisarán. Trámite. Mediante acuerdo de diecisiete de octubre del presente año, se admitió la citada demanda; se pidió a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la representación social de esta adscripción, quien no formuló pedimento, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Terceros interesados. El ocho de octubre siguiente, se reconoció el carácter de terceros interesados a Jesús Manuel Martínez Gómez -víctima en el proceso penal de origen- y al agente del Ministerio Público de la Cuarta Unidad Especializada en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, por lo que se ordenó su emplazamiento a juicio, lo que así ocurrió. Audiencia constitucional. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto meramente declarativo, atribuido a una autoridad cuya residencia se encuentra dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de distrito; además la medida cautelar impuesta se está ejecutando en el centro de reinserción social ubicado en esta ciudad. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: La audiencia de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, celebrada en la causa penal 4967/2022, en la que se decretó como legal la detención del quejoso ******************** y se le dictó auto de vinculación a proceso en su contra por hechos posiblemente constitutivos del hecho que la ley señala como delito de robo, ejecutado con violencia en las personas, cometido de noche, por dos o más personas, previsto y sancionado en los artículos 308, fracciones I y II, y 309, fracción I, ambos del Código Penal para el Estado de Sonora, en perjuicio de Jesús Manuel Martínez Gómez. La determinación de la misma fecha, en la que se impuso al quejoso de mérito la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en términos del segundo párrafo del numeral 19 Constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, La ejecución de la citada medida cautelar. En este apartado debe destacarse que quien esto resuelve, se encuentra constreñida a examinar los temas sobre los que se pronunció el juez de control en la etapa inicial, y que convergen en el desarrollo de la audiencia. Es ilustrativa a lo anterior, la tesis I.6o.P.89 P (10a.), de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SÓLO SE RECLAMÓ ÉSTE, EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE CONSTREÑIRSE A ANALIZAR SI SATISFACE LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO TAMBIÉN A EXAMINAR LOS TEMAS RESTANTES SOBRE LOS QUE SE PRONUNCIÓ EL JUEZ DE CONTROL EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN Y QUE CONVERGEN EN EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA INICIAL." III. Existencia de los actos reclamados Son ciertos los actos atribuidos a la juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, y al director general del Centro de Reinserción Social I, residentes en esta ciudad, pues así lo manifestaron en su informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la veracidad de los actos combatidos se acredita con las documentales que al efecto acompañó dicha juzgadora a su informe, consistente en copia certificada de las constancias que integran la causa penal 4967/2022, de su índice, así como el disco compacto que contiene audio y video de los antecedentes del acto reclamado; documentales a las que se les asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobran aplicación las jurisprudencias 226 y 1a./J. 43/2013 (10a.), de rubros: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." y "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." IV. Causa de improcedencia actualizada En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente, acorde a la jurisprudencia 1a./J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el presente asunto, este juzgador estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 del mismo ordenamiento legal, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." La hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional que alberga el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, parte del principio que no pueden ser materia de estudio las normas generales o actos consentidos tácitamente, pues al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción en cuanto a que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de tales normas o actos. Por otra parte, de los numerales el artículo 17 y 18 de la ley de la materia se evidencia que la improcedencia del juicio de amparo se materializa cuando la demanda de amparo no se promueva dentro de los quince días siguientes: Al día en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame; Al en que se haya tenido conocimiento de dicho acto o resolución o su ejecución; y, Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos; Asimismo, que se exceptúan del plazo genérico de quince días para promover la demanda: Cuando se reclame una norma como autoaplicativa o se trate del procedimiento de extradición, cuyo plazo será de treinta días; Cuando se reclame una sentencia definitiva que imponga una pena de prisión, en cuyo caso la demanda se promoverá dentro de los ocho años siguientes, Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados, y Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, caso en el que la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. Hipótesis de excepción a la regla general dentro las cuales el control de detención, auto de vinculación a proceso y medida cautelar de prisión preventiva oficiosa no encuadran; de ahí que, para su presentación deba atenderse al plazo genérico de quince días. En efecto, conforme al artículo 82, fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales, las notificaciones serán personales en audiencia; asimismo, el último párrafo del numeral en comento, establece que las notificaciones realizadas en los aludidos términos, surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas. En ese tenor, en la audiencia de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, desahogada en la causa penal 4967/2022, la juez de control, decretó de legal la detención del imputado ******************** -aquí quejoso-; asimismo, a petición de éste, en la misma audiencia resolvió su situación jurídica y dictó auto de vinculación a proceso en su contra, por su probable participación en el hecho que la ley señala como robo, ejecutado con violencia en las personas, cometido de noche, por dos o más personas, previsto y sancionado en los artículos 308, fracciones I y II, y 309, fracción I, ambos del Código Penal para el Estado de Sonora, en perjuicio de Jesús Manuel Martínez Gómez. Asimismo, según se advierte del registro de audio y video relativo a dicha audiencia, el solicitante del amparo y su defensor se encontraban presentes al momento en que la autoridad responsable dictó auto de vinculación a proceso en su contra; por tanto, dicha resolución les fue notificada en esa propia fecha. Con base en lo anterior, si la notificación de la calificación de la detención, auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa se practicaron en audiencia de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, la notificación surtió efectos el veinte siguiente. Por tanto, el plazo de quince días que dispone el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover la demanda inició el veintiuno de septiembre y concluyó el once de octubre del presente año, siendo inhábiles los días veinticuatro y veinticinco de septiembre, uno, dos, ocho y nueve de octubre del presente año, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Entonces, si la demanda de derechos fue presentada el trece de octubre de dos mil veintidós, es evidente que su presentación fue extemporánea. Es aplicable a las consideraciones que anteceden, la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), que establece: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." V. Decisión En esa virtud, ante la actualización de la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo contra el acto atribuido al director general del Centro de Reinserción Social I, de esta ciudad, pues no fue impugnado por vicios propios, sino con motivo del acto atribuido a la autoridad responsable ordenadora. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Único. Se sobresee en el presente juicio de derechos promovido por ********************, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando IV de este fallo. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y autoridad tercera interesada, y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Estado de los autos. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio, de los que se advierte que no fue posible celebrar la audiencia constitucional, en virtud de que se encuentra pendiente el emplazamiento del tercero interesado, ordenado mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, emitido en el presente juicio. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las once horas con cuatro minutos del treinta de diciembre de dos mil veintidós para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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