Jesús Ricardo Sánchez Oliden
Expediente 660/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 660/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 03/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Jesús Ricardo Sánchez Oliden
- Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, tres de octubre de dos mil veintitrés. I. Estado de autos. De la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa para manifestar lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se procede a verificar el acatamiento dado a dicha resolución. II. Relación de constancias. Consta en autos que el trece de julio de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa; y el once de agosto del año en curso, causó ejecutoria dicha sentencia, para que dentro del ámbito de sus atribuciones realizaran lo siguiente: "Provean los mecanismos para la respuesta definitiva inmediata en relación con el trámite dado a la solicitud de pensión de que se trata y se le notifique debidamente al aquí solicitante de amparo. *En la inteligencia que la obligación antes señalada será exigible, además, a las restantes autoridades responsables y a todas aquellas autoridades que por razón de sus atribuciones se encuentren vinculadas al cumplimiento del fallo protector, por disposición del artículo 197 de la Ley de Amparo." III. Constancias exhibidas por la responsable. En contestación a dicho requerimiento la jefa del Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, remitió el oficio EJ-SPJP-3448-2023 recibido en este Juzgado el nueve de agosto de dos mil veintitrés, mediante el cual informó las gestiones encaminadas al cumplimiento de la ejecutoria, remitiendo al respecto copia certificada de diversas documentales, entre otras, el dictamen de pensión por jubilación a nombre del quejoso ******************** y la constancia de notificación del quejoso. IV. Vista cumplimiento. Con dicho oficio y su anexo, en el propio acuerdo de once de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa, para que dentro de un plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación del acuerdo, se manifestara en relación con el cumplimiento de ejecutoria; asimismo, se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, se resolvería lo conducente, con base en los elementos existentes en autos y los datos aportados por las autoridades responsables; lo que le fue notificado debidamente, sin embargo, no realizó manifestación alguna al respecto. V. Decisión del juzgado en torno al cumplimiento de la ejecutoria. Conforme a las actuaciones existentes, y lo expuesto anteriormente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso, ni defecto, pues las autoridades responsables remitieron copia certificada del dictamen de pensión por jubilación a nombre del quejoso ******************** y la constancia de notificación del quejoso, actos que fueron precisamente los efectos para los que se emitió la sentencia concesoria. VI. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es conservable, siendo susceptible de ser transferido a partir del término de tres años después de haberse dictado el presente acuerdo como asunto concluido. VII. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Jennifer
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, once de agosto de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes.
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Juicio de amparo ******************** Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las once horas con dieciséis minutos del trece de julio de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa, declaró abierta la audiencia en el juicio ********************, a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, la secretaría efectúa lectura a las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con la demanda de amparo y los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; asimismo, se da cuenta con las constancias de notificación del auto inicial a la parte quejosa y a la representación social de la adscripción; y, por último, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que se impusieran de los informes justificados existentes en el sumario y que en el auto de radicación se estimó que no existe parte tercero interesada en este asunto. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias, para los efectos legales conducentes; y, en relación con lo determinado respecto de parte tercero interesado, se ratifica lo considerado, toda vez que no se actualiza ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Abierta la etapa de pruebas, la secretaría da cuenta con la documental exhibida por la parte quejosa y con las ofertadas por el Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (documental, así como la confesional expresa, presuncional e instrumental de actuaciones). El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaría hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto ********************, promovido por Jesús Ricardo Sánchez Oliden, contra actos atribuidos a la Junta Directiva Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo 1. Por escrito depositado el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido, por razón de turno, el ocho de mayo siguiente a este juzgado de distrito, Jesús Ricardo Sánchez Oliden solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades responsables Junta Directiva, y el Departamento de Pensiones y Jubilaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, de esta ciudad, de quienes reclamó los actos que se precisarán con posterioridad. 2. Mediante acuerdo de nueve de mayo de dos mil veintitrés, se radicó la demanda en este juzgado con el número de juicio de amparo ********************; se pidió a las autoridades señaladas como responsables informe justificado; se dio la intervención que legalmente le compete a la representación social de la adscripción, quien no formuló pedimento, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, dio inicio en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes considerandos. I. Competencia 3. Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de derechos, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto omisivo dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, y las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal, circunstancias que lo dotan de competencia. II. Precisión del acto reclamado 4. Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado se hace consistir en lo siguiente: * La omisión de respuesta definitiva a la solicitud de otorgamiento de la pensión por jubilación, presentada por la parte quejosa el quince de noviembre de dos mil veintidós, ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en contravención al artículo 59 de la Ley del ISSSTESON. III. Existencia del acto reclamado. 5. Es cierto el reclamo que efectúa la parte quejosa a la Junta Directiva y al Departamento de Pensiones y Jubilaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, no obstante que negaron expresamente el reclamo del quejoso. 6. Lo anterior, dado que de las propias manifestaciones expuestas en dichos informes, se advierte la veracidad del acto consistente en la omisión de respuesta definitiva a la solicitud de la pensión por jubilación que formuló la parte quejosa a dicho Instituto a través de la Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del mencionado Instituto, lo que se encuentra acreditado con la documental relativa al formato de solicitud exhibido con la demanda, en donde se hace constar que la petición se presentó ante el Instituto responsable el quince de noviembre de dos mil veintidós, sin que hasta la fecha de presentación de la demanda de amparo, existiera constancia alguna que acreditara que las responsables hubieran atendido de manera objetiva tal petición; de ahí, que resulte cierto el reclamo constitucional. 7. En esa medida, no obstante que las mencionadas autoridades hubieran negado la existencia del reclamo, este se tiene por cierto, dado las funciones de dichas responsables conforme a su jerarquía y atribuciones, según se evidencia del contenido del artículo 96, en su fracción IV, de la Ley del ISSSTESON, que refiere: "Artículo 96. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora tendrá las siguientes funciones: (...) Otorgar jubilaciones y pensiones;" 8. De dicho numeral, se desprende que el ISSSTESON, es el encargado de otorgar las pensiones correspondientes; por tanto, tiene mayor jerarquía que las áreas en que se divide dicho Instituto, del cual es responsable su director (quien también representa a la Junta Directiva de esa entidad), en términos del artículo 109, fracciones I, V, de la Ley del ISSSTESON, por lo que tiene injerencia en la respuesta que debe dársele al justiciable solicitante de una pensión por jubilación, como ocurre. IV. Causales de improcedencia. 9. En este apartado debe examinarse si existe alguna causal que torne improcedente el juicio de derechos humanos, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo; de lo cual este juzgado debe ocuparse independientemente de que ese examen sea propuesto o no por los interesados. 10. Lo anterior, se encuentra sustentado en la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, tomo VI, página 553, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." 11. En el caso, la Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, invoca la existencia de una causal de improcedencia, a saber, la establecida en el artículo 61, fracción XXI y hace referencia al numeral 113, ambos de la Ley de Amparo; sin embargo, no explica en qué hace consistir tal expresión, por lo que se desestima esa afirmación. 12. Al respecto, no pasa inadvertido que dicha autoridad en su informe alude a que dio contestación a la solicitud de la parte quejosa, lo que pudiera actualizar la causal de improcedencia invocada; sin embargo, en relación con tal aspecto, este órgano considera que su análisis involucra cuestiones que no pueden ser previamente estudiadas sin tocar el fondo de la materia y sobre lo cual habrá de emitirse pronunciamiento. 13. En tal sentido, cobra puntual aplicación la Jurisprudencia P./J. 135/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 5, del Tomo XV, Enero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es el siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERA DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." 14. De la misma manera, es aplicable el criterio visible a fojas ciento sesenta y seis, Primer Tomo, Segunda Parte-1, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA QUE CUESTIONAN IMPLICITAMENTE LA LITIS CONSTITUCIONAL. No procede el estudio de los agravios propuestos por el recurrente, cuando éstos se encuentran orientados a poner de manifiesto la existencia de una causal de improcedencia, que de analizarse tendría necesariamente que examinarse el fondo del amparo, situación que no es posible efectuar cuando el caso se encuentre dentro de la excepción a la regla general que establece que el estudio de las causales de improcedencia es preferente, pues el tema constituye el fondo del negocio es el que se alega como base también en la causal de improcedencia del juicio de garantías, por lo que no cabe sobreseer, partiendo de la base de que se trata de actos consentidos." 15. Al no advertirse la actualización de alguna causal de improcedencia, se procede a efectuar el análisis de fondo del asunto. V. Consideraciones jurídicas 16. Son fundados los argumentos expuestos a manera de conceptos de violación, suplidos en su deficiencia en la medida necesaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en razón de que el peticionario tiene el carácter de trabajador solicitante de una pensión por jubilación ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. 17. Se cita al respecto, la tesis XVIII.2o.P.A.7 A (10a.), Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Junio de 2021, Tomo V, página 5179, Undécima Época, con registro digital 2023242, de rubro y texto siguientes. "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. OPERA NO SÓLO EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS, SINO TAMBIÉN DE QUIENES ASPIRAN A TENER RECONOCIDA ESA CALIDAD. Hechos: De la demanda de amparo directo se advierte que el quejoso pretende que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) le reconozca el carácter de pensionado, sin que haya obtenido resolución favorable en la vía administrativa ni en el juicio de nulidad. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la suplencia de la queja deficiente en el juicio de amparo opera no sólo en favor de los pensionados, sino también de quienes aspiran a tener reconocida esa calidad. Justificación: El espectro normativo protector creado en el ámbito del juicio de amparo en materia de trabajo, los diversos criterios que con sentido social ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el marco jurídico sobre derechos humanos resguardado por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sirven de sustento para llevar a cabo una interpretación extensiva del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo y concluir que la procedencia de la suplencia de la queja deficiente opera para quienes pretenden que se les reconozca el derecho a una pensión y no únicamente para los que ya lo tienen adquirido." 18. En esa medida, al reclamarse derechos laborales, es obligación del órgano constitucional suplir la deficiencia de la parte quejosa y para atender con adecuada información el problema planteado, es pertinente destacar, a título de antecedentes, que de la demanda de amparo se desprende lo siguiente: 19. En el caso particular, la parte quejosa aduce que las autoridades responsables eluden el pago de su fondo de pensiones a que tiene derecho, dado la falta de una respuesta definitiva en relación con su solicitud de pensión por jubilación formulada desde el quince de noviembre de dos mil veintidós, lo que transgrede totalmente la disposición normativa de la ley de la materia y en franca violación a sus derechos humanos por conculcación de los artículos 1, 8, 14, 16 y 133, Constitucionales y diversos preceptos del Pacto de San José. 20. Con el fin de centrar la litis en lo fundado del reclamo; y, en consideración de que los derechos que exige la parte quejosa corresponden, por su finalidad, a derechos laborales de los cuales goza la parte peticionaria; por tanto, teniendo en consideración de que corresponde a este juzgador suplir la queja deficiente en la medida necesaria en materia laboral; por tanto, se precisa que el motivo de inconformidad se traduce en una violación al derecho de pronta impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, en virtud de que, desde la fecha en que se inició el trámite para el pago de la pensión por jubilación, este aún no concluye, pues al respecto, no se le ha otorgado una respuesta objetiva positiva definitiva o negativa a su petición por parte del Instituto responsable. 21. El referido precepto constitucional atiende la garantía de acceso a la tutela jurisdiccional, y al efecto establece que debe ser pronta y completa, y acoge el principio de ejecución de las sentencias; de ahí, que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar el cumplimiento de esta última, ya que de no hacerlo así se haría nugatoria la primera. 22. Luego, si toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, ese derecho debe verse complementado con la debida ejecución de las determinaciones que resulten favorables, con la certeza de que lo obtenido no quede sólo en una actuación de buena fe del Estado esperando la realización voluntaria del pago por parte del deudor, sino que, con dicha garantía, sea capaz de velar porque, en caso de cumplimiento forzoso de una determinación, esta se vea realmente materializada. 23. Por ende, las autoridades correspondientes ineludiblemente deben llevar a cabo los mecanismos jurídicos necesarios a efecto de lograr la eficaz e inmediata ejecución de las determinaciones que hayan adquirido la calidad de cosa juzgada, precisamente en respeto a esta última institución. 24. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia P.J/113/2001, del rubro siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL." 25. También, sustenta lo afirmado la jurisprudencia 2a./J.192/2007, cuyo rubro es: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." 26. Ahora, de la lectura del precepto constitucional examinado, se advierte que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de las subgarantías mencionadas son todas aquéllas que realizan actos materialmente jurisdiccionales. 27. Es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales o bien sólo materialmente jurisdiccionales, lo cierto es, que la prerrogativa de acceso a la justicia pronta, también es exigible a aquellos procesos administrativos en los que no existe como tal una controversia entre partes. 28. Lo anterior, toda vez que la interpretación del referido artículo constitucional, en concordancia con las disposiciones internacionales que el Estado Mexicano se encuentra constreñido a acatar, permite concluir que en los procedimientos administrativos a cargo de autoridades administrativas que no diriman una controversia, sino que determinen la procedencia de un derecho, también debe regir el principio de acceso a la impartición de justicia pronta. 29. Es así, toda vez que el artículo 8, párrafo primero, de la Convención Americana de Derechos Humanos, relativo a las garantías judiciales refuerza el derecho fundamental al que se ha hecho referencia en el sentido de que los asuntos a cargo de las autoridades del Estado deben resolverse dentro de un plazo razonable; lo que concuerda con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal -justicia pronta-. 30. Cabe destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en interpretación de dicha disposición, ha señalado que cualquier órgano del Estado cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas, está obligado a observar el derecho humano al debido proceso, tal como se confirma con la sentencia dictada en el caso Barbani Duarte y otros contra Uruguay. 31. Además, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país sostuvo en la tesis 2a. LI/2002, que en los recursos administrativos rige, en lo esencial, el derecho fundamental analizado, lo que implica que los principios que conforman ese derecho deben adecuarse a las diversas finalidades de esos medios de defensa. 32. Asimismo, recientemente, sustentó en la tesis 2a. CXXVIII/2017 (10a.), que en una evolución en la interpretación del artículo 17 de la Constitución Federal, se concluía que el ámbito de aplicación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no se limita a los juicios o procesos tramitados ante las autoridades que desempeñan funciones materialmente jurisdiccionales, sino también a la actuación de las autoridades que realizan actos materialmente administrativos. 33. De ahí que, los principios de tal derecho fundamental, además de que debían adecuarse a la naturaleza de interés público de los recursos establecidos en sede administrativa, también eran aplicables a la actuación de las autoridades administrativas, principalmente por lo que se refiere a los plazos establecidos por el legislador y que rigen su actuación. 34. Por lo que, respecto del derecho a la justicia pronta, cuando se establece un plazo en un procedimiento tramitado ante una autoridad administrativa, es porque se considera necesario sujetar a un límite temporal su actuación, ya que de otra forma no se entendería el porqué de su establecimiento. 35. Por ejemplo, el artículo 59, párrafo tercero, de la citada ley, impone que el Instituto deberá resolver la solicitud de pensión en un plazo no mayor de treinta días hábiles a partir de la fecha en que quede integrado el expediente; y, en su último párrafo, prescribe que una vez presentada una solicitud de jubilación o pensión, el área correspondiente del Instituto contará con un plazo de cinco días naturales, para realizar el análisis de los expedientes de los solicitantes, a efecto de verificar que la documentación necesaria para su trámite se encuentre en orden y sin inconsistencia o imprecisión. En caso de encontrarse estas, se dará aviso al interesado para que realice las correcciones necesarias. 36. Así las cosas, como se observa, el actuar de las responsables se encuentra regulado en la propia ley, pues los trámites y plazos no pueden dejarse a la voluntad de las autoridades, pues dicha circunstancia se contrapondría precisamente con la garantía de justicia pronta y expedita. 37. No obstante, en el caso particular, es importante destacar que si bien la Ley del ISSSTESON no regula concretamente el plazo que lleva a las autoridades administrativas tramitar la solicitud de pensión o jubilación; lo cierto es que, a la luz de las consideraciones abordadas a lo largo de esta sentencia, se advierte que tal procedimiento no puede quedar exento de ser regulado bajo dichos parámetros. 38. Lo anterior, tiene asidero legal en los artículos 17 y 18 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, en los cuales se establece lo siguiente: "Artículo 17. Las autoridades administrativas implementarán medidas para facilitar a los particulares el cumplimiento de los trámites que se ventilen ante las mismas. Para ello procurarán incorporar los adelantos computacionales, de comunicación e informática para el eficaz desahogo de las gestiones que efectúen los interesados. Lo anterior, sin menoscabo del debido cumplimiento de los requisitos que contemplen los ordenamientos administrativos aplicables." "Artículo 18. Salvo que las leyes específicas establezcan otro plazo, no podrá exceder de cuarenta y cinco días hábiles el tiempo para que la autoridad administrativa resuelva, según corresponda, lo solicitado por el interesado. En el caso de procedimientos que se substancien por nulidad o anulabilidad, la autoridad competente deberá resolver en un término de 15 días hábiles, contado a partir de la interposición del escrito respectivo." 39. En los preceptos transcritos se regula la actuación de las autoridades administrativas respecto de los trámites que estén a su cargo y, para lograr su efectivo desarrollo se les faculta para implementar los mecanismos necesarios. 40. Asimismo, en el segundo de los artículos referidos se establece que cuando el trámite no se encuentre regulado en otro ordenamiento, la autoridad deberá resolver lo peticionado por los gobernados en un lapso no mayor a los cuarenta y cinco días hábiles. 41. Ese plazo es el máximo al cual la autoridad responsable debe ajustar sus trámites y procedimientos, siempre y cuando la ley no lo establezca. 42. De ahí que, en el caso se actualiza la violación al derecho fundamental señalado -justicia pronta-, porque la responsable no ha tomado las medidas necesarias para concluir con el trámite de la solicitud relativa a la pensión de la parte quejosa, a través del área correspondiente, y tampoco ha dado contestación en sentido indistinto a dicha petición dentro del apuntado plazo de cuarenta y cinco días, en relación con su solicitud de otorgamiento de la pensión por jubilación, así como tampoco le hizo saber de la existencia de alguna inconsistencia o imprecisión en el expediente del solicitante dentro del plazo de cinco días, que establece el último párrafo del numeral del señalado artículo 59 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por lo que ni siquiera se tiene noticia de que el expediente esté debidamente integrado. 43. Es así, pues de las manifestaciones contenidas en la demanda, realizadas por la parte impetrante bajo protesta de decir verdad, se advierte que la solicitud del trámite correspondiente la presentó ante el Instituto responsable desde el quince de noviembre de dos mil veintidós, en la que solicitó por medio del área correspondiente, su pensión por jubilación y, sin que a la fecha haya constancia alguna de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, le hubiere dado una respuesta definitiva en los plazos apuntados con antelación. 44. Lo anterior, evidencia que la omisión por parte de las autoridades responsables colisiona con el artículo 17 Constitucional, pues desde el inicio de la solicitud de pensión, a la fecha en que se resuelve, han transcurrido más de siete meses, sin que exista una respuesta objetiva del Instituto responsable a la parte quejosa, en relación con el trámite de pensión por jubilación; hecho que evidentemente le depara perjuicio, dado que su solicitud de trámite pensionario se encuentra paralizada. 45. Sin que resulte óbice a lo anterior, que en su informe justificado, la encargada del despacho del Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, haya expuesto que mediante oficio DP-1577/2023, ese departamento, en seguimiento a la solicitud de pensión por jubilación presentada por el hoy quejoso, le notificó a este la respuesta que contiene el estado actual, así como las fases o etapas que aún faltan por desarrollarse. 46. Es así, pues de la documental adjunta a dicho informe justificado, la cual fue valorada con antelación, se advierte que si bien, se le notifica al aquí quejoso el estado actual y las fases de dicho trámite, lo cierto es que tal respuesta sigue siendo evasiva y no objetiva, como refiere en sus conceptos de violación la parte quejosa, pues del análisis del oficio notificado por la responsable al quejoso, no se advierte que corresponda a una respuesta definitiva. 47. Tampoco se advierte de dicha constancia que el expediente del solicitante de la pensión tenga alguna inconsistencia como lo establece el numeral 59 de la Ley del ISSSTESON (lo que debía en todo caso hacérsele de su conocimiento dentro del lapso de cinco días a partir de su presentación ante el Instituto y no ha ocurrido así), y tampoco se observa que se haya indicado al solicitante un plazo determinado para la consecución del trámite de pensión por jubilación, lo que equivale a una respuesta con ambigüedad e indefinición de parte de la autoridad, en el otorgamiento de la pensión por jubilación. 48. En tal medida, no puede permitirse a las responsables que cuenten con un plazo indeterminado para que le otorguen al solicitante una resolución definitiva en sentido positivo o negativo en torno a su solicitud de pensión por jubilación; pues de hacerlo así, quedaría a discreción y al arbitrio de la autoridad dar la respuesta a la justiciable en un plazo indefinido, trastocando con ello derechos humanos de una pronta aplicación de justicia, según lo tratado y concorde con los principios que tutela el artículo 17 Constitucional. 49. En consecuencia, al ser violatorio de derechos el actuar de la dependencia, se concede la protección constitucional solicitada por la parte quejosa. VI. Decisión: 50. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para efectos de que la autoridad responsable Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y el Departamento de Pensiones y Jubilaciones, del referido Instituto, realicen lo siguiente: * Provean los mecanismos para la respuesta definitiva inmediata en relación con el trámite dado a la solicitud de pensión de que se trata y se le notifique debidamente al aquí solicitante de amparo. * En la inteligencia que la obligación antes señalada será exigible, además, a las restantes autoridades responsables y a todas aquellas autoridades que por razón de sus atribuciones se encuentren vinculadas al cumplimiento del fallo protector, por disposición del artículo 197 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se: Resuelve: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Jesús Ricardo Sánchez Oliden, respecto del reclamo y autoridades responsables precisados en los considerando II y III, por las consideraciones y para los efectos señalados en los apartados V y VI de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Jvr
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Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de junio de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la encargada de despacho del Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por ofrecidas las pruebas presuncional e instrumental de actuaciones, confesional expresa, así como las documental que menciona y anexa, las cuales serán valoradas en cuanto a su procedibilidad en la audiencia constitucional. Delegados y domicilio. En términos del artículo 9 de la ley de la materia, se tiene por designados como delegados a las personas que refiere y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su informe. Invoca causales. La autoridad responsable mencionada realiza diversas manifestaciones en la que invoca causales de improcedencia y sobreseimiento, las cuales se ordena analizar en el momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Diferimiento de la audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las once horas con dieciséis minutos del trece de julio de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. MI
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