Jesús Raúl Ochoa Zazueta

Expediente 191/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
191/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
04/06/2021

Partes del expediente

  • Jesús Raúl Ochoa Zazueta

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio 2548/2021 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con el que comunica que determinó que compete al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali conocer del juicio de amparo 191/2021 del índice de este órgano federal y que le remitió los autos; en consecuencia, realícense las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. El presente cuaderno de antecedentes no es de relevancia documental y no contiene valores ni documentos originales exhibidos por las partes; es susceptible de destrucción, en términos de los dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, así como en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Intégrese el escrito de ... presentado en cumplimiento a la prevención de once de los corrientes; en atención a su contenido, se acuerda: Incompetencia Vista la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, se obtiene que la parte promovente reclama: 1. El oficio SIARASIEDOUEIDCS/2011/00021 número de identificación UEIDCS/CGC/4402/2011 de tres de mayo de dos mil once, mediante el cual se solicita la inmovilización de su cuenta bancaria. 2. La omisión de dar contestación a sus peticiones de diez de septiembre, dos y veintitrés de octubre de dos mil veinte, por las que solicitó el desbloqueo de su cuenta bancaria. Y bajo protesta de decir verdad refiere ser titular de la cuenta bancaria 1547442991 de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, aperturada en la sucursal ubicada en calle Novena 1799, Plutarco Elías Calles, 21376, en la ciudad de Mexicali, Baja California. En virtud de lo anterior, este juzgado considera carecer de competencia legal por territorio para conocer del asunto por las razones siguientes: El numeral 37 de la Ley de Amparo puntualiza los tres supuestos conforme a los cuales debe fijarse la competencia por territorio de los jueces de Distrito; los inmersos en su primer y tercer párrafos, establecen que le corresponderá el conocimiento del asunto al juzgador que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener, trate, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado (primer supuesto), y de no requerir ejecución material, lo será aquél en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda (tercer supuesto). Como se adelantó, los actos reclamados se hacen consistir en el oficio por el que se inmoviliza su cuenta bancaria y la omisión a dar respuesta a las peticiones por las cuales solicita su desbloqueo. Esto es, se configura una continencia de la causa indivisible, pues parten de un mismo hecho generador, en este caso, el bloqueo, aseguramiento y/o inmovilización de la cuenta bancaria de referencia. Lo cual sí tiene ejecución material y por su naturaleza conlleva consecuencias positivas, pues se traduce en que el particular quejoso no pueda ejercer su derecho de posesión material (uso y goce) sobre sus recursos. De ahí que, en congruencia con la regla deducida del artículo 37 de la Ley de Amparo, el conocimiento del juicio promovido en su contra, corresponde al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice la orden o inmovilice la cuenta, es decir, la localidad en que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponda. Encuentra apoyo lo anterior, por identidad de razón, en la jurisprudencia 2a./J. 74/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 369, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III Y 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en el juicio de garantías requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito con jurisdicción -en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclaman los artículos 40, fracción III y 145-A del Código Fiscal de la Federación, que facultan a las autoridades fiscales a decretar en ciertos supuestos el aseguramiento de bienes, entre los que se encuentran las cuentas bancarias de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, cuyo primer acto de aplicación consiste en un mandato de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice la orden o inmovilicen las cuentas, es decir, la localidad en que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, pues la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el mandato de aseguramiento constituye un acto de aplicación de los mencionados preceptos, que legitima al gobernado a promover juicio de amparo, también lo es que no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer de él, pues para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación de la ley estimada inconstitucional ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Sin embargo, si el mandamiento en cuestión se materializa en diversos lugares, la competencia recae en el Juez de Distrito que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades en donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito en donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir." Así como en la jurisprudencia PC.I.P. J/45 P (10a.) del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II, página 1509, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE LEVANTAR EL ASEGURAMIENTO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE TIENE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN DONDE SE MANTIENE LA RETENCIÓN DEL OBJETO DE LA MEDIDA CAUTELAR. Del artículo 37 de la Ley de Amparo deriva que para fijar la competencia por razón de territorio para conocer del juicio de amparo indirecto, por regla general, debe atenderse a la ejecución material, consistente en la cualidad que tiene un acto, omisión o norma general, para producir un cambio en el mundo fáctico o una afectación material en algún derecho del gobernado. Así, la negativa del Ministerio Público de levantar el aseguramiento de un bien sí tiene ejecución material, al ser un acto en el que, a partir de una reevaluación a las circunstancias del caso concreto, el representante social determina la continuidad de la medida cautelar impuesta y, por tanto, ocasiona indirectamente que el bien continúe asegurado, produciéndose una nueva afectación material sobre aquél. Así, en términos del párrafo primero del artículo aludido, la autoridad competente para conocer del juicio de amparo promovido contra la negativa del representante social de levantar el aseguramiento de un bien, y resolverlo, es el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en donde se está ejecutando dicho acto, es decir, donde continúa la retención del bien objeto de la medida cautelar, en el entendido de que en el caso de bienes, ocurrirá en el lugar en el que físicamente se encuentren asegurados y, tratándose de cuentas bancarias, en el sitio donde se localice la sucursal bancaria a la que corresponde la cuenta, con lo que se logra congruencia con los criterios que versan sobre el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo en el que se reclama el acuerdo de aseguramiento, reduciendo la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias sobre un punto jurídico estrechamente relacionado, garantizando la continencia de la causa y maximizando la protección de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica y de acceso a la impartición de justicia de manera pronta, completa y expedita." En ese orden, como la esfera jurídica del aquí promovente, según dice bajo protesta de decir verdad, se afectó con el bloqueo, aseguramiento y/o inmovilización de la cuenta bancaria 1547442991 de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, ejecutado en Mexicali, Baja California, lugar donde tiene su residencia la sucursal bancaria donde fue aperturada, y la omisión reclamada está vinculada o parte del mismo hecho generador (bloqueo, aseguramiento y/o inmovilización), se considera que la competencia, por razón de territorio, para conocer en su integridad de la demanda de amparo, corresponde a un Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. Lo anterior, pues aun cuando la omisión reclamada no tiene ejecución material, el bloqueo, aseguramiento y/o inmovilización de la cuenta bancaria, del cual deriva aquélla, sí tiene ejecución material ya que implica que los recursos ahí contenidos continúen retenidos en potestad de la autoridad, por lo que debe existir unidad en la determinación que se emita en el juicio, pues los actos reclamados están vinculados entre sí al partir de un mismo hecho generador. Similares consideraciones adoptó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 4/2020, en que se dilucidó un tópico semejante al que ahora se atiende. En razón de lo antes expuesto, con fundamento en los arábigos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, este órgano constitucional declina competencia en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en turno, a quien deberá remitírseles vía interconexión las actuaciones del juicio en que se actúa y sus anexos, solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente e informe lo que tenga a bien determinar. Por tanto, remítase la demanda y constancias correspondientes a la respectiva Oficina de Correspondencia Común, para que por su conducto sea remitida al juzgado que por turno corresponda conocer. Fórmese el respectivo cuaderno de antecedentes. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Visto el escrito de demanda de amparo presentado por . por propio derecho, contra actos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada S.E.I.D.O., Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud (U.E.I.D.C.S.) de la Fiscalía General de la República (F.G.R.) y de otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno con el número 191/2021. En términos de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se acuerda: Prevención Con fundamento en los artículos 108 y 114, fracciones II y lV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente de mérito para que en el plazo de cinco días, por escrito, aclare su demanda, manifestando en forma precisa: 1. Cuál es la omisión que en concreto reclama. Tratándose de actos omisivos atribuidos a las autoridades, para establecer correctamente la litis, de atenderse a las obligaciones y facultades constitucionales y legales que ineludiblemente están constreñidas a realizar, sea (1) en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine -petición o requerimiento, por ejemplo-, o bien, (2) oficiosamente, en cuyo caso debe acudirse en principio a las normas que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta. En ese orden, la parte promovente deberá precisar: (a) si la omisión que reclama tiene su génesis en un acto jurídico previo de su parte, esto es, si le presentó alguna petición o escrito al cual no se ha dado respuesta, en cuyo caso deberá señalar la naturaleza de su solicitud y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ello aconteció; o si existe algún requerimiento o resolución de autoridad a la que no ha dado cumplimiento. (b) o bien, de ser el caso, si se trata del incumplimiento de algún mandato legal en específico que obligue a las autoridades responsables a actuar en algún sentido y no lo han hecho; de ser el caso, tendrá que expresar la conducta o conductas que en específico han dejado de realizar. Lo anterior es así, pues la pretensión de reclamo no parte de un presupuesto claro, incluso basta remitirse a sus conceptos de violación para apreciar que cuestiona que las responsables, con motivo de una diversa sentencia absolutoria que le dictaron, debieron dejar sin efectos todas las medidas cautelares decretadas en el procedimiento de origen (específicamente el bloqueo y/o congelamiento reclamado), pero no lo hicieron aunque medio solicitud de su parte. Luego entonces, no existe certeza de cuáles son los componentes de la omisión reclamada. En cualquier sentido que sea su desahogo, deberá bajo protesta de decir verdad, manifestar los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de ese acto reclamado y/o que sirven de fundamento a sus conceptos de violación. 2. Señale con precisión el número de cuenta bancaria sobre la que se materializa la emisión y ejecución del bloque o congelamiento reclamados y de la cual refiere ser titular; así como la institución bancaria en la que se apertura y, bajo protesta de decir verdad, el lugar de residencia de la sucursal en que lo haya hecho. Lo anterior es así, pues en el apartado relativo señala .las cuentas bancarias de las que soy titular y/o beneficiario", con lo que supone la existencia de más de una; mientras que en el apartado de antecedentes, solo hace referencia a una que dice tener en la institución bancaria comercialmente conocida como "BBVA Bancomer", pero sin precisar algún número que identifique la cuenta. De ahí que, deberá precisar si se trata de una o más cuentas bancarias, así como el número o números que las identifiquen, así como la institución bancaria o instituciones bancarias a las que pertenezcan, así como la residencia de la sucursal o sucursales en la que, en su caso, las hubiese aperturado, pues solo así podrá establecerse correctamente la litis en el presente juicio y se obtendrá certeza de su pretensión. Además, de estimarlo conducente, deberá presentar los documentos que demuestran la existencia de la cuenta y demás datos requeridos. En la inteligencia que de no cumplir con dichas prevenciones, se procederá en la forma que establece el artículo 114 de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. De la parte quejosa Toda vez que lo solicita, se le autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico del juicio en que se actúa, así como remitir promociones y ser notificada por esa misma vía, a través de los usuarios que cita. Esto último, sin que pase inadvertido que también señala un domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, pues además de que se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, atendiendo a la contingencia sanitaria que atraviesa el País, como la propia parte quejosa lo reconoce, debe privilegiarse el trámite y comunicación mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Se tienen los teléfonos y correos electrónicos proporcionados, como medio para establecer, de ser el caso, comunicaciones no procesales. Téngase por autorizados a las personas que refiere únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, hasta en tanto acredite ante esta potestad que se encuentran legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Finalmente, ténganse por anunciadas las pruebas que ofrece y/o exhibe, sin perjuicio de relacionarlas y acordar lo que corresponda en el momento procesal oportuno. Exhorto a tramitar el asunto "en línea" y requerimiento de algún medio de comunicación Se exhorta a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, se continúe la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo. De igual forma, se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para los mismos efectos, se precisa el correo electrónico herbert.torres.coello@correo.cjf.gob.mx, así como los teléfonos 53221700 extensiones 1406 o 1523 o bien 55 38 55 63 63. Autorización de medios digitales Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. Publicación de datos personales Con base a lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el último párrafo del artículo 6 del ordenamiento citado. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos; para ello bastará: (i) que las soliciten al secretario del juzgado responsable de su expediente; y, (ii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación al actuario Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

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