Jesús Ramírez Carbajal

Expediente 516/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 16 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
516/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
09/12/2021

Partes del expediente

  • Jesús Ramírez Carbajal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia terminada de engrosar el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, mediante la cual se negó el amparo, sin que se hayan inconformado; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la ley de la materia, para todos los efectos legales correspondientes, se declara que ha causado ejecutoria; por tanto, dése el aviso correspondiente a las partes y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Se hace constar que este juicio carece es de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa no se encontraron valores ni documentos originales exhibidos por las partes. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse negado la protección constitucional y carecer de relevancia documental. En cuanto al original del incidente de suspensión dado que fueron concedidas las medidas cautelares provisional y definitiva, se decreta que -una vez transcurran tres años- es susceptible de depuración. Respecto al duplicado del incidente de suspensión -una vez transcurra el término de seis meses- es susceptible de destrucción. Al resultar innecesaria la conservación de los tomos de pruebas remitidos por las autoridades responsables, devuélvanseles sin que haya necesidad de solicitar el acuse de recibo correspondiente, pues como tal se tendrá la constancia en la que obre el sello de recibido. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    CITATORIO. Se notifica por medio de lista de acuerdos a la tercera interesada la resolución de veintisiete de noviembre del año en curso, que en lo conducente dice: "VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo 5162021; y, RESULTANDO ÚNICO. El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se admitió la demanda amparo promovido por ...; tramitado el juicio, se celebró audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio, conforme con lo dispuesto por los artículos 1°, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. El acto reclamado lo constituye la resolución dictada el ocho de junio del año que transcurre en el toca penal 96/2021, en el cual se confirmó el auto de vinculación a proceso emitido en contra del quejoso por su probable intervención en los hechos con apariencia del delito de violencia familiar; atribuidos al magistrado de la Quinta Sala Penal como ordenadora, y su ejecución al juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio adscrito a la Unidad de Gestión número tres, ambos del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad. Las responsables aceptaron la emisión y cumplimentación de la determinación impugnada, anexando copia certificada de diversas constancias del mencionado expediente, documentales que adquieren valor probatorio de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2, por lo cual se tiene plenamente probado. TERCERO. No existe causa de improcedencia alegada por las partes ni este juzgador advierte alguna de oficio. CUARTO. Los antecedentes que dieron origen al acto reclamado son los siguientes: El doce de marzo de dos mil veintiuno se emitió auto de vinculación a proceso contra ..., por su probable intervención en la comisión de los siguientes hechos: El dieciséis septiembre del dos mil dieciocho, aproximadamente las veinte horas, en el domicilio ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, la aquí tercera interesada se encontraba con sus dos hijos cuando llegó el aquí quejoso insultándola, tratándola de mentirosa, cuestionándola por no haberla localizado y corriéndola del lugar, a lo que aquélla le pidió que le dejara pasar la noche ahí porque ya era muy tarde y no tenía dinero para irse; posteriormente, Ramírez Carbajal, sin parar de amenazarla con privarla de la vida e insultarla, la empujó en repetidas ocasiones, inclusive con tal fuerza que le golpeó su cabeza contra la pared, jalándola hacia la puerta y, además, le pegó con la mano cerrada en el estómago. Cuando escuchó la sirena de la patrulla se escondió en el baño. El juez responsable estimó que esos hechos tenía apariencia del delito de violencia familiar previsto en los artículos 200 ( a quien por acción ejerza cualquier tipo de violencia física y psicoemocional, que ocurra dentro del domicilio que habite), fracción I (contra la cónyuge), 201 (violencia física) y fracción II (violencia psicoemocional), todos del Código Penal para esta ciudad. Inconforme, el aquí amparista interpuso recuso de apelación para lo cual, en esencia, respecto al auto de vinculación formuló los siguientes agravios: En el dictamen pericial la víctima señala hechos que ocurrieron el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho y no el dieciséis de ese mes y año, que fueron los que le imputaron. La falta de valoración de la entrevista realizada a la víctima ante la Fiscalía General de Justicia de Morelos, en la que señaló que desde el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete comenzó a vivir en dicha entidad, por lo que al no encontrarse viviendo en el inmueble donde ocurrieron los hechos, no era posible que pudiera estar en dos lugares al mismo tiempo. La víctima se contradice en sus declaraciones y en cada una aumenta lesiones. Se vulnera el principio de presunción de inocencia, pues no se le debió vincular a proceso por violencia familiar en la hipótesis de violencia física, cuando las conclusiones del experto en medicina forense son claras en indicar que no existe relación entre el síndrome del túnel carpo y la contusión de cráneo y hombro que refiere la víctima. El ocho de junio del año que transcurre, el magistrado integrante de la Quinta Sala Penal de esta ciudad, confirmó el auto de vinculación impugnado, al tenor de las siguientes argumentaciones: Declaró inoperantes cada uno de los agravios señalados, del primero contestó que la determinación impugnada se apoyó en diversos medios de prueba, dentro de los que destacó la entrevista a la víctima y a su hijo, indicando los motivos por lo que desprendía indicios razonables para sustentar el auto de vinculación a proceso. En cuanto a que la víctima no podía estar en dos lugares al mismo tiempo, señaló que en el caso particular si era posible que se pudiera trasladar de un lugar a otro en razón de la cercanía que había entre uno y otro. En cuanto a las otras lesiones que presentó la víctima indicó que no se tuvieron por constatadas y se dejó para la investigación complementaria. Igualmente, en lo atinente a las discrepancias que puedan existir en las entrevistas, serán materia de dicha investigación complementaria Finalmente, puntualizó que las lesiones que se tomaron en consideración fueron las que se le causaron a la víctima en la región occipital, lo cual fue sustentado con diversos datos de prueba, por lo que no puede constituir una vulneración al derecho de presunción de inocencia -acto reclamado-. El quejoso señaló que se vulnera en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 1, 14, 16, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, para lo cual realizó los siguientes conceptos de violación: Se viola el principio de presunción de inocencia pues el juez responsable resolvió el auto de vinculación a proceso apoyándose en meras conjeturas sustentadas en la creencia, suposición, presentimiento o suspicacia de la comisión del hecho que se investiga, sin apoyarse en algún dato de prueba. El Ministerio Público no aportó medios de prueba suficientes para acreditar los hechos imputados. No se actualiza la figura delictiva que se le imputa, ya que los hechos tuvieron lugar en el domicilio del quejoso en la alcaldía Álvaro Obregón y no en el domicilio de la víctima como lo refiere el artículo 200 del Código Penal para esta ciudad. Lo anterior, se acreditó con la entrevista de la propia víctima vertida el nueve de octubre de dos mil dieciocho, donde indicó que a partir del veintisiete de octubre de dos mil diecisiete vive en la calle matamoros sin número, esquina Diana Laura, colonia 19 de febrero, en calderón, Estado de Morelos. Al emitir el auto de vinculación a proceso el juez responsable no realizó una adecuada explicación de las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución de los hechos pues omitió señalar porque consideraba como domicilio de la víctima el ubicado en la Alcaldía Álvaro Obregón. Es ilegal lo resuelto por la sala responsable pues el dictamen psicológico no es apto para acreditar la afectación psicoemocional que se le imputa, ya que en dicha experticial la víctima narró hechos ocurridos el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, cuando los que se le imputan ocurrieron un día antes. Los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa son inoperantes e infundados, atento a las siguientes consideraciones: En cuanto a lo argumentado por el quejoso en sus motivos de disensos señalados con los números I y II, es evidente que resultan inoperantes en atención a que se dedican a combatir el auto de vinculación a proceso dictado por el juez de control, cuando el acto reclamado en este juicio es la determinación de la sala por la que confirma dicho auto de término constitucional. En esa línea, lo resuelto por el juez de control no puede ser materia de análisis en este juicio de derechos fundamentales al quedar sustituido por las consideraciones que vertió la sala responsable con motivo del recurso de apelación que interpuso el propio quejoso, pues son las que actualmente determinan su situación jurídica. Asimismo, también resultan inoperantes los conceptos de violación identificados con los números III y IV, pues el quejoso pretende con ellos introducir temas que no fueron materia de la audiencia inicial. En efecto, en la audiencia inicial se cuestionó por la defensa la imposibilidad que la víctima pudiera estar al mismo tiempo en la ciudad de Morelos y en esta entidad, cuestionamiento del que el juez de control señaló que ello era posible en virtud de la cercanía entre estos lugares, que a lo mucho era de dos a tres horas de distancia dependiendo si se realizaba el viaje en auto propio o en transporte público. Ahora, el accionante del juicio pretende que, apoyado con diversos datos de prueba, este juzgador analice otro aspecto, atinente a que el domicilio en que ocurrieron los hechos era el suyo y no de la víctima, tópico que como ya se vio no fue materia de debate en la audiencia inicial. Luego, como ya se dijo, no puede ser realizado el análisis del tema que el quejoso pretende introducir vía juicio de amparo, pues conforme al nuevo sistema de justicia penal, existe un impedimento para llevarlo a cabo si no existe pronunciamiento previo del juez de control, ya que de lo contrario, se violentaría el principio de contradicción a que se refiere el artículo 20, apartado A, fracciones VI y X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 4 y 6, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que implicaría sustituirse en las facultades del juez de control. Es infundado el concepto de violación marcado con el número V, ya que este juzgador estima ajustado a derecho lo resuelto por la sala responsable en cuanto a que el análisis del hecho con apariencia del delito no se llevó a cabo considerando de manera aislada los datos de prueba señalados por el Ministerio Público, sino en atención a su conjunto. Por ello, independientemente a que en la experticial cuestionada se haga alusión a un día después de ocurrido el evento imputado, esto no demerita la conclusión obtenida ni la argumentación en la que se funda el auto de vinculación a proceso, pues éste es el resultado, como ya se dijo, de diversos datos de prueba de entre los que destacan la entrevista de la víctima y de Joshua Septién Gómez Jiménez quienes indicaron que el dieciséis de septiembre de dos mil dieciocho, el aquí quejoso amenazó e insultó -hija de la chingada te voy a matar- a aquélla, de donde se permite obtener datos razonables para presumir que Ramírez Carbajal ejerció violencia psicoemocional en contra de Hada Missrahim Jiménez Orozco. Es importante resaltar que uno de los aspectos sobre los que descansa la reforma del sistema penal acusatorio, consiste en que la etapa que se analiza no se puede hablar de pruebas, sino de datos de prueba, esto es, el juzgador que emita un auto de vinculación sólo debe tomar en cuenta los términos en que la representación social formuló la imputación, a partir de los datos de prueba con que afirma contar, a fin de verificar si se cumplen las exigencias constitucionales y legales para sujetar al imputado a una investigación formalizada. Dicho en otras palabras, la materia de análisis del juzgador para el dictado del auto de vinculación no lo constituyen pruebas, sino las referencias que las partes hagan de los datos que obren en la carpeta de investigación, es decir, las argumentaciones que tanto el Ministerio Publico y la defensa realicen de los hechos, por lo que en estas condiciones no realiza un juicio de valor sobre el contenido, alcance y eficacia demostrativa de dichos datos pues incluso está impedido para revisar la carpeta de investigación para dictar dicha resolución, de lo contrario originaría una violación al principio de contradicción, al resolver con elementos no expuestos ni debatidos en audiencia, lo que también vulneraría el principio de igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa. Además, si esa determinación judicial se realiza en función de hechos que el órgano técnico de acusación pone en conocimiento del juez de control y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor, deben apreciarse como indicios que sólo sirven para integrar datos, que en un ejercicio racional del juzgador le permitan establecer la existencia de un hecho con apariencia de delito y la posibilidad de que el imputado pudo haberlo cometido o participar en su comisión; de ahí que en esta etapa es innecesario exigir un mecanismo para reforzar o perfeccionar los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación o que los doten de mayor credibilidad, para que sean susceptibles de generar valor demostrativo pleno. Ello, porque el análisis de esos datos de prueba en la etapa inicial es sintético y no analítico, esto es, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos constitucionales de mérito, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, sino que sólo debe verificar que el hecho o los hechos materia de la imputación tengan la apariencia de ser delictivos, lo que supone la concurrencia de determinados datos conocidos a partir de los cuales es factible sostener la probabilidad de la hipótesis acusatoria, al no vislumbrarse como plausible alguna otra; para ello, el juez de control debe examinar el grado de racionabilidad para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. Cierto, en las primeras etapas del procedimiento, de investigación (inicial y complementaria) e intermedia, se dilucidan cuestiones preliminares, en tanto que, en la de juicio, las esenciales; por ello, se estableció un estándar probatorio menor para resolver las solicitudes de vinculación a proceso. Por ende, en resolución de vinculación a proceso, debe ponderarse en forma armónica el contenido de los antecedentes de investigación propuestos, sin que el alcance probatorio se verifique por partes, como pareciera lo pretende la parte quejosa, cuyos datos de prueba, según se adelantó, únicamente deben satisfacer los requisitos de suficiencia, idoneidad y pertinencia, como de facto acontece en el caso concreto. En esas condiciones, este juzgador no advierte, incluso en un análisis oficioso, que con la conclusión arribada en el acto reclamado la sala responsable haya vulnerado algún derecho fundamental en perjuicio del, toda vez que lo fundó y motivó adecuadamente, ajustó su actuación a disposiciones normativas de carácter general, como lo es el Código Nacional de Procedimientos Penales, y precisó con claridad las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración, para construir las argumentaciones en que sustenta el sentido de su determinación, de las que se puede advertir que contestó cada uno de los agravios que le fueron planteados y justificó la confirmación de auto impugnado, actuación que se estima ajustada a derecho. Finalmente, debe decirse que en el presente caso no hay una violación a los artículos 1° y 133 constitucional, los cuales establecen que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Carta Magna, sino también por aquellos previstos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, así como que estos serán la Ley Suprema de la Unión, toda vez que dicha circunstancia no significa que, al ejercer la función jurisdiccional, se dejen de observar los diversos principios constitucionales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la propia norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función; lo que en la especie acontece, pues la responsable respetó sus derechos humanos al resolver la cuestión planteada. Por lo anterior, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó ... QUINTO. El quejoso no se opuso a la publicación de datos sensibles, por tal motivo deberán suprimirse sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo se: RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ...en términos del considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Se tiene a las partes conformes de que se incluyan sus datos personales, en la consulta o publicación de esta determinación, en los términos del último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. " toda vez que me constituí en el domicilio señalado en autos y al no haberse encontrado, de conformidad con el Artículo 27 Fracción I inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, le notifico por Lista de Acuerdos dicho proveído. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Director de la Unidad de Gestión Judicial Tres del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, mediante el cual remite copia certificada del auto de cinco de noviembre del año en curso, dictado en la carpeta judicial 003/0249/2021; de su contenido, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    AVISO. Se notifica por medio de lista de acuerdos a la parte quejosa el proveído de veintisiete de octubre del año en curso, que en lo conducente dice: "VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo 5162021; y, RESULTANDO ÚNICO. El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se admitió la demanda amparo promovido por ...; tramitado el juicio, se celebró audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio, conforme con lo dispuesto por los artículos 1°, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. El acto reclamado lo constituye la resolución dictada el ocho de junio del año que transcurre en el toca penal 96/2021, en el cual se confirmó el auto de vinculación a proceso emitido en contra del quejoso por su probable intervención en los hechos con apariencia del delito de violencia familiar; atribuidos al magistrado de la Quinta Sala Penal como ordenadora, y su ejecución al juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio adscrito a la Unidad de Gestión número tres, ambos del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad. Las responsables aceptaron la emisión y cumplimentación de la determinación impugnada, anexando copia certificada de diversas constancias del mencionado expediente, documentales que adquieren valor probatorio de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2, por lo cual se tiene plenamente probado. TERCERO. No existe causa de improcedencia alegada por las partes ni este juzgador advierte alguna de oficio. CUARTO. Los antecedentes que dieron origen al acto reclamado son los siguientes: El doce de marzo de dos mil veintiuno se emitió auto de vinculación a proceso contra ..., por su probable intervención en la comisión de los siguientes hechos: El dieciséis septiembre del dos mil dieciocho, aproximadamente las veinte horas, en el domicilio ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, la aquí tercera interesada se encontraba con sus dos hijos cuando llegó el aquí quejoso insultándola, tratándola de mentirosa, cuestionándola por no haberla localizado y corriéndola del lugar, a lo que aquélla le pidió que le dejara pasar la noche ahí porque ya era muy tarde y no tenía dinero para irse; posteriormente, Ramírez Carbajal, sin parar de amenazarla con privarla de la vida e insultarla, la empujó en repetidas ocasiones, inclusive con tal fuerza que le golpeó su cabeza contra la pared, jalándola hacia la puerta y, además, le pegó con la mano cerrada en el estómago. Cuando escuchó la sirena de la patrulla se escondió en el baño. El juez responsable estimó que esos hechos tenía apariencia del delito de violencia familiar previsto en los artículos 200 ( a quien por acción ejerza cualquier tipo de violencia física y psicoemocional, que ocurra dentro del domicilio que habite), fracción I (contra la cónyuge), 201 (violencia física) y fracción II (violencia psicoemocional), todos del Código Penal para esta ciudad. Inconforme, el aquí amparista interpuso recuso de apelación para lo cual, en esencia, respecto al auto de vinculación formuló los siguientes agravios: En el dictamen pericial la víctima señala hechos que ocurrieron el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho y no el dieciséis de ese mes y año, que fueron los que le imputaron. La falta de valoración de la entrevista realizada a la víctima ante la Fiscalía General de Justicia de Morelos, en la que señaló que desde el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete comenzó a vivir en dicha entidad, por lo que al no encontrarse viviendo en el inmueble donde ocurrieron los hechos, no era posible que pudiera estar en dos lugares al mismo tiempo. La víctima se contradice en sus declaraciones y en cada una aumenta lesiones. Se vulnera el principio de presunción de inocencia, pues no se le debió vincular a proceso por violencia familiar en la hipótesis de violencia física, cuando las conclusiones del experto en medicina forense son claras en indicar que no existe relación entre el síndrome del túnel carpo y la contusión de cráneo y hombro que refiere la víctima. El ocho de junio del año que transcurre, el magistrado integrante de la Quinta Sala Penal de esta ciudad, confirmó el auto de vinculación impugnado, al tenor de las siguientes argumentaciones: Declaró inoperantes cada uno de los agravios señalados, del primero contestó que la determinación impugnada se apoyó en diversos medios de prueba, dentro de los que destacó la entrevista a la víctima y a su hijo, indicando los motivos por lo que desprendía indicios razonables para sustentar el auto de vinculación a proceso. En cuanto a que la víctima no podía estar en dos lugares al mismo tiempo, señaló que en el caso particular si era posible que se pudiera trasladar de un lugar a otro en razón de la cercanía que había entre uno y otro. En cuanto a las otras lesiones que presentó la víctima indicó que no se tuvieron por constatadas y se dejó para la investigación complementaria. Igualmente, en lo atinente a las discrepancias que puedan existir en las entrevistas, serán materia de dicha investigación complementaria Finalmente, puntualizó que las lesiones que se tomaron en consideración fueron las que se le causaron a la víctima en la región occipital, lo cual fue sustentado con diversos datos de prueba, por lo que no puede constituir una vulneración al derecho de presunción de inocencia -acto reclamado-. El quejoso señaló que se vulnera en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 1, 14, 16, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, para lo cual realizó los siguientes conceptos de violación: Se viola el principio de presunción de inocencia pues el juez responsable resolvió el auto de vinculación a proceso apoyándose en meras conjeturas sustentadas en la creencia, suposición, presentimiento o suspicacia de la comisión del hecho que se investiga, sin apoyarse en algún dato de prueba. El Ministerio Público no aportó medios de prueba suficientes para acreditar los hechos imputados. No se actualiza la figura delictiva que se le imputa, ya que los hechos tuvieron lugar en el domicilio del quejoso en la alcaldía Álvaro Obregón y no en el domicilio de la víctima como lo refiere el artículo 200 del Código Penal para esta ciudad. Lo anterior, se acreditó con la entrevista de la propia víctima vertida el nueve de octubre de dos mil dieciocho, donde indicó que a partir del veintisiete de octubre de dos mil diecisiete vive en la calle matamoros sin número, esquina Diana Laura, colonia 19 de febrero, en calderón, Estado de Morelos. Al emitir el auto de vinculación a proceso el juez responsable no realizó una adecuada explicación de las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución de los hechos pues omitió señalar porque consideraba como domicilio de la víctima el ubicado en la Alcaldía Álvaro Obregón. Es ilegal lo resuelto por la sala responsable pues el dictamen psicológico no es apto para acreditar la afectación psicoemocional que se le imputa, ya que en dicha experticial la víctima narró hechos ocurridos el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, cuando los que se le imputan ocurrieron un día antes. Los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa son inoperantes e infundados, atento a las siguientes consideraciones: En cuanto a lo argumentado por el quejoso en sus motivos de disensos señalados con los números I y II, es evidente que resultan inoperantes en atención a que se dedican a combatir el auto de vinculación a proceso dictado por el juez de control, cuando el acto reclamado en este juicio es la determinación de la sala por la que confirma dicho auto de término constitucional. En esa línea, lo resuelto por el juez de control no puede ser materia de análisis en este juicio de derechos fundamentales al quedar sustituido por las consideraciones que vertió la sala responsable con motivo del recurso de apelación que interpuso el propio quejoso, pues son las que actualmente determinan su situación jurídica. Asimismo, también resultan inoperantes los conceptos de violación identificados con los números III y IV, pues el quejoso pretende con ellos introducir temas que no fueron materia de la audiencia inicial. En efecto, en la audiencia inicial se cuestionó por la defensa la imposibilidad que la víctima pudiera estar al mismo tiempo en la ciudad de Morelos y en esta entidad, cuestionamiento del que el juez de control señaló que ello era posible en virtud de la cercanía entre estos lugares, que a lo mucho era de dos a tres horas de distancia dependiendo si se realizaba el viaje en auto propio o en transporte público. Ahora, el accionante del juicio pretende que, apoyado con diversos datos de prueba, este juzgador analice otro aspecto, atinente a que el domicilio en que ocurrieron los hechos era el suyo y no de la víctima, tópico que como ya se vio no fue materia de debate en la audiencia inicial. Luego, como ya se dijo, no puede ser realizado el análisis del tema que el quejoso pretende introducir vía juicio de amparo, pues conforme al nuevo sistema de justicia penal, existe un impedimento para llevarlo a cabo si no existe pronunciamiento previo del juez de control, ya que de lo contrario, se violentaría el principio de contradicción a que se refiere el artículo 20, apartado A, fracciones VI y X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 4 y 6, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que implicaría sustituirse en las facultades del juez de control. Es infundado el concepto de violación marcado con el número V, ya que este juzgador estima ajustado a derecho lo resuelto por la sala responsable en cuanto a que el análisis del hecho con apariencia del delito no se llevó a cabo considerando de manera aislada los datos de prueba señalados por el Ministerio Público, sino en atención a su conjunto. Por ello, independientemente a que en la experticial cuestionada se haga alusión a un día después de ocurrido el evento imputado, esto no demerita la conclusión obtenida ni la argumentación en la que se funda el auto de vinculación a proceso, pues éste es el resultado, como ya se dijo, de diversos datos de prueba de entre los que destacan la entrevista de la víctima y de Joshua Septién Gómez Jiménez quienes indicaron que el dieciséis de septiembre de dos mil dieciocho, el aquí quejoso amenazó e insultó -hija de la chingada te voy a matar- a aquélla, de donde se permite obtener datos razonables para presumir que Ramírez Carbajal ejerció violencia psicoemocional en contra de Hada Missrahim Jiménez Orozco. Es importante resaltar que uno de los aspectos sobre los que descansa la reforma del sistema penal acusatorio, consiste en que la etapa que se analiza no se puede hablar de pruebas, sino de datos de prueba, esto es, el juzgador que emita un auto de vinculación sólo debe tomar en cuenta los términos en que la representación social formuló la imputación, a partir de los datos de prueba con que afirma contar, a fin de verificar si se cumplen las exigencias constitucionales y legales para sujetar al imputado a una investigación formalizada. Dicho en otras palabras, la materia de análisis del juzgador para el dictado del auto de vinculación no lo constituyen pruebas, sino las referencias que las partes hagan de los datos que obren en la carpeta de investigación, es decir, las argumentaciones que tanto el Ministerio Publico y la defensa realicen de los hechos, por lo que en estas condiciones no realiza un juicio de valor sobre el contenido, alcance y eficacia demostrativa de dichos datos pues incluso está impedido para revisar la carpeta de investigación para dictar dicha resolución, de lo contrario originaría una violación al principio de contradicción, al resolver con elementos no expuestos ni debatidos en audiencia, lo que también vulneraría el principio de igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa. Además, si esa determinación judicial se realiza en función de hechos que el órgano técnico de acusación pone en conocimiento del juez de control y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor, deben apreciarse como indicios que sólo sirven para integrar datos, que en un ejercicio racional del juzgador le permitan establecer la existencia de un hecho con apariencia de delito y la posibilidad de que el imputado pudo haberlo cometido o participar en su comisión; de ahí que en esta etapa es innecesario exigir un mecanismo para reforzar o perfeccionar los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación o que los doten de mayor credibilidad, para que sean susceptibles de generar valor demostrativo pleno. Ello, porque el análisis de esos datos de prueba en la etapa inicial es sintético y no analítico, esto es, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos constitucionales de mérito, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, sino que sólo debe verificar que el hecho o los hechos materia de la imputación tengan la apariencia de ser delictivos, lo que supone la concurrencia de determinados datos conocidos a partir de los cuales es factible sostener la probabilidad de la hipótesis acusatoria, al no vislumbrarse como plausible alguna otra; para ello, el juez de control debe examinar el grado de racionabilidad para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. Cierto, en las primeras etapas del procedimiento, de investigación (inicial y complementaria) e intermedia, se dilucidan cuestiones preliminares, en tanto que, en la de juicio, las esenciales; por ello, se estableció un estándar probatorio menor para resolver las solicitudes de vinculación a proceso. Por ende, en resolución de vinculación a proceso, debe ponderarse en forma armónica el contenido de los antecedentes de investigación propuestos, sin que el alcance probatorio se verifique por partes, como pareciera lo pretende la parte quejosa, cuyos datos de prueba, según se adelantó, únicamente deben satisfacer los requisitos de suficiencia, idoneidad y pertinencia, como de facto acontece en el caso concreto. En esas condiciones, este juzgador no advierte, incluso en un análisis oficioso, que con la conclusión arribada en el acto reclamado la sala responsable haya vulnerado algún derecho fundamental en perjuicio del, toda vez que lo fundó y motivó adecuadamente, ajustó su actuación a disposiciones normativas de carácter general, como lo es el Código Nacional de Procedimientos Penales, y precisó con claridad las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración, para construir las argumentaciones en que sustenta el sentido de su determinación, de las que se puede advertir que contestó cada uno de los agravios que le fueron planteados y justificó la confirmación de auto impugnado, actuación que se estima ajustada a derecho. Finalmente, debe decirse que en el presente caso no hay una violación a los artículos 1° y 133 constitucional, los cuales establecen que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Carta Magna, sino también por aquellos previstos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, así como que estos serán la Ley Suprema de la Unión, toda vez que dicha circunstancia no significa que, al ejercer la función jurisdiccional, se dejen de observar los diversos principios constitucionales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la propia norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función; lo que en la especie acontece, pues la responsable respetó sus derechos humanos al resolver la cuestión planteada. Por lo anterior, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó ... QUINTO. El quejoso no se opuso a la publicación de datos sensibles, por tal motivo deberán suprimirse sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo se: RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ...en términos del considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Se tiene a las partes conformes de que se incluyan sus datos personales, en la consulta o publicación de esta determinación, en los términos del último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente." toda vez que me constituí en el domicilio señalado en autos y al no haberse encontrado, de conformidad con el Artículo 27 Fracción I inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, le notifico por Lista de Acuerdos dicho proveído. Notifíquese.

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