JESÚS OCTAVIO HERNÁNDEZ AVILES y Otros.

Expediente 22/2014 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2015.

Datos del expediente

Expediente
22/2014
Año
2014
Actuaciones
6
Última actuación
24/02/2015

Partes del expediente

  • JESÚS OCTAVIO HERNÁNDEZ AVILES y Otros.
  • Jesús Octavio Hernández Aviles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA "7" VISTA LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LA QUE SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR, SIN QUE EL IMPETRANTE DE GARANTÍAS JESÚS OCTAVIO HERNÁNDEZ ÁVILES HUBIERA RECURRIDO LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DÍA VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL QUINCE EN CONSECUENCIA, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, SE DECLARA QUE DICHA RESOLUCIÓN, HA QUEDADO FIRME PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES; POR LO QUE, HÁGANSE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO RESPECTIVO. HÁGASE LO ANTERIOR DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 214 DE LA LEY DE AMPARO, PREVIAS LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO, ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO. EN TALES CONDICIONES Y EN VISTA DEL CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, EN LA QUE SE HACE CONSTAR QUE ESTE EXPEDIENTE CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL O DE TRASCENDENCIA JURÍDICA, POLÍTICA, SOCIAL O ECONÓMICA, EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO, FRACCIÓN I, DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, SE HACE CONSTAR QUE EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA SERÁ SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, PREVIA SU DESINCORPORACIÓN, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN MÁS DE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO. HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO DE JUICIOS DE AMPARO QUE SE LLEVA EN ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL APARTADO VIGÉSIMO QUINTO DEL ACUERDO CONJUNTO INVOCADO.

  2. Principal

    MESA "7" VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA ADSCRITA A ESTE ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, DE LA QUE SE DESPRENDE QUE TRANSCURRIÓ EL TÉRMINO OTORGADO AL QUEJOSO JESÚS OCTAVIO HERNÁNDEZ AVILES, A TRAVÉS DE SU APODERADO LEGAL FIDEL VELÁZQUEZ ALVARADO, A FIN DE QUE SE PRESENTARA EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO PARA SER NOTIFICADO DEL ACUERDO DE VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, DICTADO POR ESTE JUZGADO DE DISTRITO; POR TANTO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DEL PACTO FEDERAL, NOTIFÍQUESE AL QUEJOSO DE REFERENCIA EL ACUERDO MENCIONADO POR MEDIO DE LISTA. ACUERDO: "MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL QUINCE. Vista la certificación de cuenta, en la que se advierte que el plazo de tres días, concedido al quejoso Jesús Octavio Hernández Aviles, en auto de ocho de enero de dos mil quince, para el efecto de que este Juzgado Federal, se encontrara en posibilidad de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, transcurrió del veinte al veintidós de enero de dos mil quince, sin que lo hubiese hecho, pues mediante comparecencia de dieciséis de octubre de dos mil catorce, fueron entregados los referidos edictos a Fidel Velázquez Alvarado, autorizado del quejoso (foja 215). En ese tenor, es importante destacar que la figura de improcedencia es un tema que debe ser estudiado de manera oficiosa por mandato de la ley, lo cuestionen o no las partes, por ser de carácter público, no obstante el estado procesal en que se encuentre el juicio de garantías, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Tiene aplicación al caso la tesis jurisprudencial número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Así como la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Precisado lo anterior, este Tribunal Federal considera que en el caso se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III, inciso b), de la Ley de la Amparo en vigor y 315 del código supletorio a la misma, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. ." "Artículo 27.- Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas. . III.- Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto." b).- Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: . III.- El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: . d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público. ." Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." Lo anterior es así, en virtud de que en auto de dieciocho de septiembre de dos mil catorce, se hizo del conocimiento del quejoso Jesús Octavio Hernández Aviles, que de conformidad con lo establecido en el artículo 27 fracción III inciso b) segundo párrafo, contó con un término de veinte días para que acreditara haber entregado para su publicación los citados edictos, con el apercibimiento que de no hacerlo se sobreseería el presente juicio de derechos fundamentales, en términos de lo establecido en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción II, 27, fracción III, inciso b), de la Ley de la Amparo en vigor y 5, fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Circunstancias, que del sumario en que se actúa, se observa que el impetrante quedó debida y legalmente notificado el veinticinco de septiembre de dos mil catorce (foja 210 reverso). Aunado a lo anterior, mediante comparecencia de dieciséis de octubre de dos mil catorce, fueron entregados los referidos edictos a Fidel Velázquez Alvarado, autorizado del quejoso. Por autos de dieciocho de noviembre, (foja 229), uno de diciembre (foja 236) y quince de diciembre (foja252), todos de dos mil catorce, se tuvo a Fidel Velázquez Alvarado, apoderado legal del quejoso Jesús Octavio Hernández Aviles, exhibiendo los comprobantes de pago de las publicaciones de los edictos por los que se ordenó emplazar al tercero interesado Gerardo Campos Rivera Asimismo, en auto de quince de diciembre de dos mil catorce, se requirió al quejoso Jesús Octavio Hernández Aviles, para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación del referido proveído, exhibiera las tres publicaciones de los edictos para el efecto de que este Órgano Jurisdiccional, se encuéntrala en posibilidad de acordar lo que a conforme derecho correspondiera, auto que se notificó por lista que se fijó en los estrados de este Juzgado de Distrito el veintitrés de diciembre de dos mil catorce, (foja 256 reverso), sin que hiciera manifestación alguna al respecto. Este órgano de control constitucional, a efecto de no dejar en estado de indefensión a las partes, en auto de ocho de enero de dos mil quince, requirió por segunda ocasión al quejoso al quejoso Jesús Octavio Hernández Aviles, para que dentro del término de tres días contados a partir de su legal notificación, exhibiera las tres publicaciones de los edictos por las que se ordenó emplazar al tercero interesado Gerardo Campos Rivera; para el efecto de que este Órgano Jurisdiccional, se encontrara en posibilidad de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Con el apercibimiento, que de no dar cumplimiento a lo ordenado en párrafos precedentes, o no manifestar el impedimento legal que tuviere para ello, se sobreseería en el presente juicio de garantías en términos de lo establecido en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción II, inciso c), y 5, fracción III, inciso c), del ordenamiento legal de la Materia, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (foja 259). En esas condiciones, tomando en consideración que este Juzgado de Distrito agotó todos los medios a su alcance para lograr el emplazamiento de dicho tercero interesado, sin que se hubiera obtenido resultado favorable, y la parte agraviada no cumplió con la obligación que le asiste de exhibir las publicaciones correspondientes, este órgano de control Constitucional se encuentra imposibilitado para pronunciarse sobre el fondo del asunto; por lo cual se actualiza la causal de improcedencia precisada, pues al no haberse exhibido la publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio al arbitrio del quejoso, contraviniéndose a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que con ello se entorpece la administración de justicia al retardarse la solución del conflicto, lo cual no es atribuible a este Tribunal Federal, sino al propio impetrante. A mayor abundamiento, es indispensable precisar que el párrafo segundo del normativo 17 Constitucional establece el principio de pronta impartición de justicia, como uno de los criterios rectores fundamentales del sistema judicial mexicano, principio que se ha elevado al rango de garantía constitucional, y el cual rige sin excepción el juicio de garantías que tiene sus bases en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En atención a este principio, las autoridades tienen el deber de velar para que en todos los juicios que se tramitan ante ellas, se dicten las resoluciones en los plazos establecidos por la ley para cada caso en particular, cuestión que ha pasado a ser un bien de la colectividad; es decir, atañe al interés público, debido a que a la sociedad le interesa que los conflictos planteados ante los órganos jurisdiccionales se resuelvan con prontitud, en algunas ocasiones debido a que con un excesivo transcurso del tiempo, es posible que el objeto materia del juicio deje de existir; o bien, que los beneficios que se obtengan en caso de recibir una sentencia favorable dejen de tener los mismos efectos provechosos que hubiesen tenido si se hubiesen conseguido tiempo antes. Así, el legislador consideró de igual forma la desventaja de mantener en los tribunales, litigios cuyo desarrollo se ha situado estático, dado que ello implica un derroche de recursos materiales y humanos que en muchas ocasiones resulta ocioso, máxime que dicha circunstancia contribuye al rezago, el cual tiende a ocasionar una merma tanto en la calidad como en la eficacia de la impartición de justicia; asimismo, perjudica el curso de otros expedientes que sí tienen posibilidades de ser resueltos en plazos más breves. Los efectos negativos anteriormente descritos, repercuten directamente en la sociedad, quien espera de sus instituciones eficacia, calidad y excelencia entre otras. Otro de los principios rectores del juicio Constitucional, es el relativo a la instancia de parte agraviada, en atención al cual debe considerarse necesaria la voluntad del quejoso de incitar al órgano de amparo, para que este último pueda estar en aptitud de incoar el juicio de garantías y resolver en torno a la constitucionalidad de los actos de autoridad de los que se duele. La voluntad del agraviado para que se tramite el juicio debe ser permanente mientras se desenvuelve el proceso Constitucional, esto es, debe continuar una vez que se ha admitido la demanda, para el efecto de que se cuente con el impulso de los actos procesales que toque realizar a la parte quejosa y se pueda dictar la sentencia respectiva, de tal manera que cuando deje de existir esa voluntad deberá decretarse en consecuencia el sobreseimiento, pues, en tal supuesto, al no subsistir "instancia de parte agraviada", el órgano jurisdiccional se encontrará impedido de analizar el fondo de la Litis Constitucional. En tal sentido se justifican las reglas específicas que prevé la Ley de Amparo, cuando establece de manera expresa como causales de improcedencia el desistimiento del quejoso (artículo 63, fracción I); sin embargo, se estima que dicho principio constitucional también rige de manera directa en aquellos supuestos en los que la falta de interés en la prosecución del juicio esté demostrada de manera patente, al no cumplir la parte quejosa con las cargas procesales necesarias para la debida continuación del juicio y que permitan el dictado de una sentencia de fondo, en la medida en que de esta forma podrá evidenciarse la ausencia de "instancia de parte agraviada" y se está en aptitud de estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 63, fracción II, 27, fracción III, inciso b), y 5° fracción III, inciso d), todos de la Ley de Amparo en vigor. Luego, cuando la Ley de Amparo establece cargas específicas para la continuación del juicio que pesen sobre la parte quejosa y ésta, no obstante los requerimientos formulados, incumpla injustificadamente con ello y esté en aptitud de hacerlo, se evidenciará que existe falta de interés de esa parte para obtener una sentencia de fondo; máxime cuando el órgano de amparo aperciba al quejoso respecto de las consecuencias que tal conducta procesal traiga consigo. Ahora, para integrar la relación procesal que debe entablarse en el juicio de garantías es menester emplazar debidamente a quienes tienen la calidad de partes (a excepción de la propia quejosa a cuya instancia se inicia el juicio), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Amparo, que señala como tales, además del agraviado, a la autoridad o autoridades responsables, al tercero o terceros interesados y al Ministerio Público de la Federación. La fracción II del artículo 108 de la Ley de Amparo impone a la parte quejosa la obligación de señalar el nombre y domicilio de los terceros interesados, para que éstos puedan ser llamados a juicio, y aun cuando el artículo 27, fracción III, inciso b), de la citada ley prevé para el órgano jurisdiccional Federal la obligación de investigar el domicilio de dicha parte cuando tal dato no conste en autos, lo cierto es que al agotarse esa investigación, y al ordenar que la publicación de los edictos a costa del quejoso, y la exhibición de las publicaciones, son obligación de la parte quejosa, hacerlo del conocimiento del Juzgado de Amparo. Se trata pues de una carga arrojada al quejoso y expresamente prevista por el legislador, a fin de que la relación procesal se encuentre debidamente integrada, habida cuenta que en términos generales el tercero interesado tiene un interés contrario al del peticionario de garantías (la subsistencia del acto reclamado) y, por tanto, debe ser llamado a juicio a fin de salvaguardar su derecho de audiencia. Cuando en el No ejercicio de la Acción Penal, se señala tercero interesado, este tiene interés jurídico en que la resolución reclamada por el quejoso subsista, razón por la cual debe ser emplazado a juicio a fin de integrar debidamente la relación procesal que se establece entre el órgano jurisdiccional de amparo y las partes. En este sentido tiene aplicación la Jurisprudencia 1ª./J. 42/2001, visible en la página 200, del Tomo XIV, Julio de 2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INDICIADO. TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO CUANDO EL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS SEA LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. Los incisos a) y b) de la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo, establece como regla la no existencia de tercero perjudicado cuando el acto reclamado provenga de un juicio o controversia del orden penal; sin embargo, dicho precepto penal debe ser interpretado en la actualidad atendiendo a la reforma del artículo 21, cuarto párrafo, de la Ley Fundamental, que entró en vigor el primero de enero de mil novecientos noventa y cinco y a la fracción VII del artículo 114 de la Ley de Amparo, vigente a partir del diez de junio del año dos mil; debiendo, de esta forma, considerarse como una excepción a la citada regla, el caso en el que en un juicio de amparo se señale como acto reclamado la aprobación de la resolución de no ejercicio de la acción penal respecto de una denuncia, acusación o querella que se hace sobre determinada persona. Ello en virtud de que en este supuesto el quejoso es precisamente la parte ofendida, que considera que la conducta de los indiciados materia de la averiguación previa, es constitutiva de delito y, por tanto, la resolución reclamada, vulnera garantías en su perjuicio, pero como hasta antes de la reforma al artículo 21 constitucional vigente a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y cinco, no se encontraba previsto el presupuesto de procedencia del juicio de amparo contra resoluciones de aprobación de inejercicio de la acción penal y, por tanto, la Ley Reglamentaria de los Artículo 103 y 107 Constitucionales tampoco se había regulado la figura del tercer perjudicado en el juicio de amparo en que se reclamen ese tipo de resoluciones, debe concluirse que, para el caso, tampoco resulta aplicable lo dispuesto en el inciso c) de la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo, ya que aun cuando en este tipo de juicios de amparo, los indiciados tienen interés directo en que subsista el acto reclamado, la intención del legislador no pudo ser la de contemplarlos en tal disposición con el carácter de terceros perjudicados, por no encontrase previsto en la época de creación de la norma y el presupuesto de procedencia del juicio de amparo que se ha mencionado. Consecuentemente, la figura del tercero perjudicado en los juicio de amparo que se promuevan contra resoluciones de aprobación de inejercicio de la acción penal, aun cuando no se encuentra prevista en alguna de las fracciones del artículo 5º de la Ley de Amparo, debe entenderse integrada a este precepto, en razón de las reformas al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro." El emplazamiento a dicho tercero interesado, por ser un acto de suma trascendencia procesal, debe hacerse a través de una notificación llevada a cabo directamente por personal del Juzgado, por conducto de la autoridad responsable (en los casos en que así proceda); o bien, por medio de edictos que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación a nivel nacional, esto último, cuando se haya agotado la investigación que realice la autoridad de amparo para indagar el domicilio de esa parte, hipótesis en la que, como se tiene dicho, queda a cargo del quejoso la publicación de los edictos, a su costa, y la exhibición de los mismos ante el Órgano de Control Constitucional. De lo anteriormente expuesto se concluye que cuando la parte quejosa haya sido requerida para que cumpla con la carga procesal de publicar los edictos mediante los cuales se emplazará a la parte tercero interesada, y los exhiba ante el Juez de Distrito, y, no obstante ello, de manera injustificada deja de realizar tal actividad, debe soportar las consecuencias de su omisión que, por una parte, impide la debida integración de la relación procesal de las partes y, por otra, hace imposible el dictado de una sentencia de fondo, ante la necesidad de emplazar a juicio a su contraparte, con lo que demuestra su falta de interés en la prosecución del juicio, ocasionando con ello retraso en la resolución de los juicios que se tramitan ante los tribunales. En tal hipótesis se estima innecesario que el órgano de amparo agote los medios de apremio que la ley establece (multa o arresto), pues en todo caso, por tratarse de una carga procesal, su estructura conceptual como tal es diferente a la de una obligación propiamente dicha (correlativa de una facultad de un derecho subjetivo), en tanto se fija en atención al propio interés jurídico de la parte quejosa, habida cuenta que tal gravamen tiene la finalidad de que se pueda pronunciar una sentencia de fondo. De tal manera que ante una omisión de esa necesaria actuación del quejoso, no debe existir mayor consecuencia jurídica que una resolución contraria a su pretensión. En la especie, Jesús Octavio Hernández Aviles reclama en el presente juicio de derechos fundamentales el ACUERDO DE PROPUESTA DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL TEMPORAL CON TÉRMINO MEDIO ARITMÉTICO MENOS A CINCO AÑOS, de dieciocho de septiembre del dos mil nueve, acto que reclamó del Agente del Ministerio Público Responsable de Agencia AO4 Sin Detenido de la Fiscalía Desconcentrada en Álvaro Obregón encargado de la Averiguación Previa FAO/AO-4T1/02423/08-12, Licenciado Luis Rodríguez Camacho y Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General e Justicia del Distrito Federal en la Fiscalía Desconcentrada en Álvaro Obregón, Coordinación Territorial AO4, Licenciada Úrsula Cárdenas Hernández. Ahora bien, a fin de cumplir con las normas fundamentales que rigen el juicio de garantías, este Juzgado de Distrito advierte que faltó ser llamado a juicio al tercero interesado GERARDO CAMPOS RIVERA, ya que si bien la parte quejosa, únicamente exhibió el pago de las publicaciones de los citados edictos, lo cierto es que fue omiso al exhibir sus publicaciones a efecto de que este Juzgado Federal se encontrara en posibilidad de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. En este sentido, debe decirse que la actitud negativa del quejoso actualiza la hipótesis de improcedencia que se desprende de la interpretación armónica de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 63, fracción II, 27, fracción III, inciso b), y 5° fracción III, inciso d), todos de la Ley de Amparo en vigor, así como en los numerales 14 párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la falta de publicación de los edictos ordenados en autos para emplazar al tercero interesado GERARDO CAMPOS RIVERA, impide tener por conformada en su totalidad la relación procesal Constitucional; y por ende, al no existir justificación alguna para esa omisión producto de una actitud contumaz, debe entenderse que de continuar con los intentos para localizar al tercero interesado, se atenta contra principio de prontitud en la impartición de justicia y por consiguiente del interés colectivo, contrariando disposiciones tanto de orden Constitucional, como de la Ley de Amparo. En consecuencia, en términos de lo establecido y con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 63, fracción II, 27, fracción III, inciso b), y 5° fracción III inciso d), todos de la Ley de Amparo en vigor, así como en los numerales 14 párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo conducente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de amparo en que se actúa, por configurarse la causal de improcedencia en estudio. Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J.64/2002, instancia Segunda Sala, consultable en la página 211 del Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Por tanto, dadas las razones asentadas en párrafos precedentes, se deja SIN EFECTOS la fecha señalada para la celebración de la audiencia Constitucional que se encontraba fijada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOS DE MARZO DE DOS MIL QUINCE. Tal situación hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...."

  3. Principal

    MESA "7" VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA ADSCRITA A ESTE ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, DE LA QUE SE DESPRENDE QUE TRANSCURRIÓ EL TÉRMINO OTORGADO AL QUEJOSO JESÚS OCTAVIO HERNÁNDEZ AVILES, A TRAVÉS DE SU APODERADO LEGAL FIDEL VELÁZQUEZ ALVARADO, A FIN DE QUE SE PRESENTARA EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO PARA SER NOTIFICADO DEL ACUERDO DE VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, DICTADO POR ESTE JUZGADO DE DISTRITO; POR TANTO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DEL PACTO FEDERAL, NOTIFÍQUESE AL QUEJOSO DE REFERENCIA EL ACUERDO MENCIONADO POR MEDIO DE LISTA. ACUERDO: "MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL QUINCE. Vista la certificación de cuenta, en la que se advierte que el plazo de tres días, concedido al quejoso Jesús Octavio Hernández Aviles, en auto de ocho de enero de dos mil quince, para el efecto de que este Juzgado Federal, se encontrara en posibilidad de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, transcurrió del veinte al veintidós de enero de dos mil quince, sin que lo hubiese hecho, pues mediante comparecencia de dieciséis de octubre de dos mil catorce, fueron entregados los referidos edictos a Fidel Velázquez Alvarado, autorizado del quejoso (foja 215). En ese tenor, es importante destacar que la figura de improcedencia es un tema que debe ser estudiado de manera oficiosa por mandato de la ley, lo cuestionen o no las partes, por ser de carácter público, no obstante el estado procesal en que se encuentre el juicio de garantías, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Tiene aplicación al caso la tesis jurisprudencial número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Así como la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Precisado lo anterior, este Tribunal Federal considera que en el caso se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III, inciso b), de la Ley de la Amparo en vigor y 315 del código supletorio a la misma, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. ." "Artículo 27.- Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas. . III.- Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto." b).- Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: . III.- El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: . d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público. ." Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." Lo anterior es así, en virtud de que en auto de dieciocho de septiembre de dos mil catorce, se hizo del conocimiento del quejoso Jesús Octavio Hernández Aviles, que de conformidad con lo establecido en el artículo 27 fracción III inciso b) segundo párrafo, contó con un término de veinte días para que acreditara haber entregado para su publicación los citados edictos, con el apercibimiento que de no hacerlo se sobreseería el presente juicio de derechos fundamentales, en términos de lo establecido en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción II, 27, fracción III, inciso b), de la Ley de la Amparo en vigor y 5, fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Circunstancias, que del sumario en que se actúa, se observa que el impetrante quedó debida y legalmente notificado el veinticinco de septiembre de dos mil catorce (foja 210 reverso). Aunado a lo anterior, mediante comparecencia de dieciséis de octubre de dos mil catorce, fueron entregados los referidos edictos a Fidel Velázquez Alvarado, autorizado del quejoso. Por autos de dieciocho de noviembre, (foja 229), uno de diciembre (foja 236) y quince de diciembre (foja252), todos de dos mil catorce, se tuvo a Fidel Velázquez Alvarado, apoderado legal del quejoso Jesús Octavio Hernández Aviles, exhibiendo los comprobantes de pago de las publicaciones de los edictos por los que se ordenó emplazar al tercero interesado Gerardo Campos Rivera Asimismo, en auto de quince de diciembre de dos mil catorce, se requirió al quejoso Jesús Octavio Hernández Aviles, para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación del referido proveído, exhibiera las tres publicaciones de los edictos para el efecto de que este Órgano Jurisdiccional, se encuéntrala en posibilidad de acordar lo que a conforme derecho correspondiera, auto que se notificó por lista que se fijó en los estrados de este Juzgado de Distrito el veintitrés de diciembre de dos mil catorce, (foja 256 reverso), sin que hiciera manifestación alguna al respecto. Este órgano de control constitucional, a efecto de no dejar en estado de indefensión a las partes, en auto de ocho de enero de dos mil quince, requirió por segunda ocasión al quejoso al quejoso Jesús Octavio Hernández Aviles, para que dentro del término de tres días contados a partir de su legal notificación, exhibiera las tres publicaciones de los edictos por las que se ordenó emplazar al tercero interesado Gerardo Campos Rivera; para el efecto de que este Órgano Jurisdiccional, se encontrara en posibilidad de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Con el apercibimiento, que de no dar cumplimiento a lo ordenado en párrafos precedentes, o no manifestar el impedimento legal que tuviere para ello, se sobreseería en el presente juicio de garantías en términos de lo establecido en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción II, inciso c), y 5, fracción III, inciso c), del ordenamiento legal de la Materia, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (foja 259). En esas condiciones, tomando en consideración que este Juzgado de Distrito agotó todos los medios a su alcance para lograr el emplazamiento de dicho tercero interesado, sin que se hubiera obtenido resultado favorable, y la parte agraviada no cumplió con la obligación que le asiste de exhibir las publicaciones correspondientes, este órgano de control Constitucional se encuentra imposibilitado para pronunciarse sobre el fondo del asunto; por lo cual se actualiza la causal de improcedencia precisada, pues al no haberse exhibido la publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio al arbitrio del quejoso, contraviniéndose a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que con ello se entorpece la administración de justicia al retardarse la solución del conflicto, lo cual no es atribuible a este Tribunal Federal, sino al propio impetrante. A mayor abundamiento, es indispensable precisar que el párrafo segundo del normativo 17 Constitucional establece el principio de pronta impartición de justicia, como uno de los criterios rectores fundamentales del sistema judicial mexicano, principio que se ha elevado al rango de garantía constitucional, y el cual rige sin excepción el juicio de garantías que tiene sus bases en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En atención a este principio, las autoridades tienen el deber de velar para que en todos los juicios que se tramitan ante ellas, se dicten las resoluciones en los plazos establecidos por la ley para cada caso en particular, cuestión que ha pasado a ser un bien de la colectividad; es decir, atañe al interés público, debido a que a la sociedad le interesa que los conflictos planteados ante los órganos jurisdiccionales se resuelvan con prontitud, en algunas ocasiones debido a que con un excesivo transcurso del tiempo, es posible que el objeto materia del juicio deje de existir; o bien, que los beneficios que se obtengan en caso de recibir una sentencia favorable dejen de tener los mismos efectos provechosos que hubiesen tenido si se hubiesen conseguido tiempo antes. Así, el legislador consideró de igual forma la desventaja de mantener en los tribunales, litigios cuyo desarrollo se ha situado estático, dado que ello implica un derroche de recursos materiales y humanos que en muchas ocasiones resulta ocioso, máxime que dicha circunstancia contribuye al rezago, el cual tiende a ocasionar una merma tanto en la calidad como en la eficacia de la impartición de justicia; asimismo, perjudica el curso de otros expedientes que sí tienen posibilidades de ser resueltos en plazos más breves. Los efectos negativos anteriormente descritos, repercuten directamente en la sociedad, quien espera de sus instituciones eficacia, calidad y excelencia entre otras. Otro de los principios rectores del juicio Constitucional, es el relativo a la instancia de parte agraviada, en atención al cual debe considerarse necesaria la voluntad del quejoso de incitar al órgano de amparo, para que este último pueda estar en aptitud de incoar el juicio de garantías y resolver en torno a la constitucionalidad de los actos de autoridad de los que se duele. La voluntad del agraviado para que se tramite el juicio debe ser permanente mientras se desenvuelve el proceso Constitucional, esto es, debe continuar una vez que se ha admitido la demanda, para el efecto de que se cuente con el impulso de los actos procesales que toque realizar a la parte quejosa y se pueda dictar la sentencia respectiva, de tal manera que cuando deje de existir esa voluntad deberá decretarse en consecuencia el sobreseimiento, pues, en tal supuesto, al no subsistir "instancia de parte agraviada", el órgano jurisdiccional se encontrará impedido de analizar el fondo de la Litis Constitucional. En tal sentido se justifican las reglas específicas que prevé la Ley de Amparo, cuando establece de manera expresa como causales de improcedencia el desistimiento del quejoso (artículo 63, fracción I); sin embargo, se estima que dicho principio constitucional también rige de manera directa en aquellos supuestos en los que la falta de interés en la prosecución del juicio esté demostrada de manera patente, al no cumplir la parte quejosa con las cargas procesales necesarias para la debida continuación del juicio y que permitan el dictado de una sentencia de fondo, en la medida en que de esta forma podrá evidenciarse la ausencia de "instancia de parte agraviada" y se está en aptitud de estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 63, fracción II, 27, fracción III, inciso b), y 5° fracción III, inciso d), todos de la Ley de Amparo en vigor. Luego, cuando la Ley de Amparo establece cargas específicas para la continuación del juicio que pesen sobre la parte quejosa y ésta, no obstante los requerimientos formulados, incumpla injustificadamente con ello y esté en aptitud de hacerlo, se evidenciará que existe falta de interés de esa parte para obtener una sentencia de fondo; máxime cuando el órgano de amparo aperciba al quejoso respecto de las consecuencias que tal conducta procesal traiga consigo. Ahora, para integrar la relación procesal que debe entablarse en el juicio de garantías es menester emplazar debidamente a quienes tienen la calidad de partes (a excepción de la propia quejosa a cuya instancia se inicia el juicio), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Amparo, que señala como tales, además del agraviado, a la autoridad o autoridades responsables, al tercero o terceros interesados y al Ministerio Público de la Federación. La fracción II del artículo 108 de la Ley de Amparo impone a la parte quejosa la obligación de señalar el nombre y domicilio de los terceros interesados, para que éstos puedan ser llamados a juicio, y aun cuando el artículo 27, fracción III, inciso b), de la citada ley prevé para el órgano jurisdiccional Federal la obligación de investigar el domicilio de dicha parte cuando tal dato no conste en autos, lo cierto es que al agotarse esa investigación, y al ordenar que la publicación de los edictos a costa del quejoso, y la exhibición de las publicaciones, son obligación de la parte quejosa, hacerlo del conocimiento del Juzgado de Amparo. Se trata pues de una carga arrojada al quejoso y expresamente prevista por el legislador, a fin de que la relación procesal se encuentre debidamente integrada, habida cuenta que en términos generales el tercero interesado tiene un interés contrario al del peticionario de garantías (la subsistencia del acto reclamado) y, por tanto, debe ser llamado a juicio a fin de salvaguardar su derecho de audiencia. Cuando en el No ejercicio de la Acción Penal, se señala tercero interesado, este tiene interés jurídico en que la resolución reclamada por el quejoso subsista, razón por la cual debe ser emplazado a juicio a fin de integrar debidamente la relación procesal que se establece entre el órgano jurisdiccional de amparo y las partes. En este sentido tiene aplicación la Jurisprudencia 1ª./J. 42/2001, visible en la página 200, del Tomo XIV, Julio de 2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INDICIADO. TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO CUANDO EL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS SEA LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. Los incisos a) y b) de la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo, establece como regla la no existencia de tercero perjudicado cuando el acto reclamado provenga de un juicio o controversia del orden penal; sin embargo, dicho precepto penal debe ser interpretado en la actualidad atendiendo a la reforma del artículo 21, cuarto párrafo, de la Ley Fundamental, que entró en vigor el primero de enero de mil novecientos noventa y cinco y a la fracción VII del artículo 114 de la Ley de Amparo, vigente a partir del diez de junio del año dos mil; debiendo, de esta forma, considerarse como una excepción a la citada regla, el caso en el que en un juicio de amparo se señale como acto reclamado la aprobación de la resolución de no ejercicio de la acción penal respecto de una denuncia, acusación o querella que se hace sobre determinada persona. Ello en virtud de que en este supuesto el quejoso es precisamente la parte ofendida, que considera que la conducta de los indiciados materia de la averiguación previa, es constitutiva de delito y, por tanto, la resolución reclamada, vulnera garantías en su perjuicio, pero como hasta antes de la reforma al artículo 21 constitucional vigente a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y cinco, no se encontraba previsto el presupuesto de procedencia del juicio de amparo contra resoluciones de aprobación de inejercicio de la acción penal y, por tanto, la Ley Reglamentaria de los Artículo 103 y 107 Constitucionales tampoco se había regulado la figura del tercer perjudicado en el juicio de amparo en que se reclamen ese tipo de resoluciones, debe concluirse que, para el caso, tampoco resulta aplicable lo dispuesto en el inciso c) de la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo, ya que aun cuando en este tipo de juicios de amparo, los indiciados tienen interés directo en que subsista el acto reclamado, la intención del legislador no pudo ser la de contemplarlos en tal disposición con el carácter de terceros perjudicados, por no encontrase previsto en la época de creación de la norma y el presupuesto de procedencia del juicio de amparo que se ha mencionado. Consecuentemente, la figura del tercero perjudicado en los juicio de amparo que se promuevan contra resoluciones de aprobación de inejercicio de la acción penal, aun cuando no se encuentra prevista en alguna de las fracciones del artículo 5º de la Ley de Amparo, debe entenderse integrada a este precepto, en razón de las reformas al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro." El emplazamiento a dicho tercero interesado, por ser un acto de suma trascendencia procesal, debe hacerse a través de una notificación llevada a cabo directamente por personal del Juzgado, por conducto de la autoridad responsable (en los casos en que así proceda); o bien, por medio de edictos que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación a nivel nacional, esto último, cuando se haya agotado la investigación que realice la autoridad de amparo para indagar el domicilio de esa parte, hipótesis en la que, como se tiene dicho, queda a cargo del quejoso la publicación de los edictos, a su costa, y la exhibición de los mismos ante el Órgano de Control Constitucional. De lo anteriormente expuesto se concluye que cuando la parte quejosa haya sido requerida para que cumpla con la carga procesal de publicar los edictos mediante los cuales se emplazará a la parte tercero interesada, y los exhiba ante el Juez de Distrito, y, no obstante ello, de manera injustificada deja de realizar tal actividad, debe soportar las consecuencias de su omisión que, por una parte, impide la debida integración de la relación procesal de las partes y, por otra, hace imposible el dictado de una sentencia de fondo, ante la necesidad de emplazar a juicio a su contraparte, con lo que demuestra su falta de interés en la prosecución del juicio, ocasionando con ello retraso en la resolución de los juicios que se tramitan ante los tribunales. En tal hipótesis se estima innecesario que el órgano de amparo agote los medios de apremio que la ley establece (multa o arresto), pues en todo caso, por tratarse de una carga procesal, su estructura conceptual como tal es diferente a la de una obligación propiamente dicha (correlativa de una facultad de un derecho subjetivo), en tanto se fija en atención al propio interés jurídico de la parte quejosa, habida cuenta que tal gravamen tiene la finalidad de que se pueda pronunciar una sentencia de fondo. De tal manera que ante una omisión de esa necesaria actuación del quejoso, no debe existir mayor consecuencia jurídica que una resolución contraria a su pretensión. En la especie, Jesús Octavio Hernández Aviles reclama en el presente juicio de derechos fundamentales el ACUERDO DE PROPUESTA DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL TEMPORAL CON TÉRMINO MEDIO ARITMÉTICO MENOS A CINCO AÑOS, de dieciocho de septiembre del dos mil nueve, acto que reclamó del Agente del Ministerio Público Responsable de Agencia AO4 Sin Detenido de la Fiscalía Desconcentrada en Álvaro Obregón encargado de la Averiguación Previa FAO/AO-4T1/02423/08-12, Licenciado Luis Rodríguez Camacho y Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General e Justicia del Distrito Federal en la Fiscalía Desconcentrada en Álvaro Obregón, Coordinación Territorial AO4, Licenciada Úrsula Cárdenas Hernández. Ahora bien, a fin de cumplir con las normas fundamentales que rigen el juicio de garantías, este Juzgado de Distrito advierte que faltó ser llamado a juicio al tercero interesado GERARDO CAMPOS RIVERA, ya que si bien la parte quejosa, únicamente exhibió el pago de las publicaciones de los citados edictos, lo cierto es que fue omiso al exhibir sus publicaciones a efecto de que este Juzgado Federal se encontrara en posibilidad de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. En este sentido, debe decirse que la actitud negativa del quejoso actualiza la hipótesis de improcedencia que se desprende de la interpretación armónica de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 63, fracción II, 27, fracción III, inciso b), y 5° fracción III, inciso d), todos de la Ley de Amparo en vigor, así como en los numerales 14 párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la falta de publicación de los edictos ordenados en autos para emplazar al tercero interesado GERARDO CAMPOS RIVERA, impide tener por conformada en su totalidad la relación procesal Constitucional; y por ende, al no existir justificación alguna para esa omisión producto de una actitud contumaz, debe entenderse que de continuar con los intentos para localizar al tercero interesado, se atenta contra principio de prontitud en la impartición de justicia y por consiguiente del interés colectivo, contrariando disposiciones tanto de orden Constitucional, como de la Ley de Amparo. En consecuencia, en términos de lo establecido y con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 63, fracción II, 27, fracción III, inciso b), y 5° fracción III inciso d), todos de la Ley de Amparo en vigor, así como en los numerales 14 párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo conducente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de amparo en que se actúa, por configurarse la causal de improcedencia en estudio. Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J.64/2002, instancia Segunda Sala, consultable en la página 211 del Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Por tanto, dadas las razones asentadas en párrafos precedentes, se deja SIN EFECTOS la fecha señalada para la celebración de la audiencia Constitucional que se encontraba fijada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOS DE MARZO DE DOS MIL QUINCE. Tal situación hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...."

  4. Principal

    MESA "7" VISTA LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, ASÍ COMO LOS AUTOS DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, SE ADVIERTE QUE NO SE LLEVARÁ A CABO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL SEÑALADA PARA EL DÍA DE HOY, EN VIRTUD DE QUE MEDIANTE PROVEÍDO DE OCHO DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, SE REQUIRIÓ AL QUEJOSO JESÚS OCTAVIO HERNÁNDEZ AVILES, PARA EL EFECTO DE QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS CONTADOS A PARTIR DE SU LEGAL NOTIFICACIÓN, EXHIBA LAS TRES PUBLICACIONES DE LOS EDICTOS EN LOS QUE SE ORDENÓ EMPLAZAR AL TERCERO INTERESADO GERARDO CAMPOS RIVERA, REQUERIMIENTO QUE SE ORDENÓ NOTIFICAR POR LISTA EN PROVEÍDO DE QUINCE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE. EN CONSECUENCIA, A EFECTO DE QUE TRANSCURRA EL TÉRMINO CONCEDIDO A LA PARTE QUEJOSA EN ACUERDO DE OCHO DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL SEÑALADA PARA EL DÍA DE HOY, Y EN SU LUGAR SE SEÑALAN LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOS DE MARZO DE DOS MIL QUINCE, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO SU CELEBRACIÓN.

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