Jesús Noé Chavéz Vargas

Expediente 932/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
932/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
07/12/2021

Partes del expediente

  • Jesús Noé Chavéz Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    MESA "2" Ciudad de México, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, que concede para interponer el recurso de queja contra el proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo dentro del presente juicio, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), del numeral 21 de dicho cuerpo normativo y es susceptible de destrucción. En consecuencia, una vez que transcurra el término establecido en el numeral citado, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA "2" Ciudad de México, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado actual que guardan los presentes autos; se advierte que el término de cinco días otorgados al quejoso --------------------------------------- a efecto de que desahogara la prevención realizada mediante proveído de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, ha transcurrido, sin que a la fecha el impetrante de amparo realizara manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, por ello, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de la materia, dicha solicitud de amparo se tiene POR NO PRESENTADA. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese...

  3. Principal

    MESA "2" Ciudad de México, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por -------------------------, contra los actos y las autoridades que en la misma se precisan, regístrese en el Libro de Gobierno, bajo el número ----/2021-2 y fórmese el expediente electrónico e impreso. Ahora bien, como cuestión previa a determinar sobre la admisión de la demanda que se atiende, es pertinente destacar que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos que aquélla debe contener, los cuales tienen como propósito que el Juez de Distrito pueda pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero interesado, dar intervención al agente del Ministerio Público e integrar, en su caso, los cuadernos relativos al incidente de suspensión, además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa. Por lo que, la omisión de alguno de ellos conduce a la prevención regulada por el numeral 114 de la referida ley, siempre que se encuentre en alguna de las hipótesis que limitativamente prevé dicho artículo. Prevención Con fundamento en los artículos 112, 114, fracciones II y IV, y 108 fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos su legal notificación, aclare lo siguiente: 1) Deberá indicar la autoridad que en específico emitió el acto que pretende combatir, así como la que ejecutará la misma. Ello, en virtud de que no es jurídicamente posible que esa cantidad de autoridades instruyan una carpeta de investigación o judicial, causa penal o averiguación previa en contra del agraviado, por lo que deberá señalar exclusivamente a la autoridad que integra el expediente respectivo de donde emanan los actos que en esta vía combate. Además, dada la naturaleza de los actos reclamados consistentes en la orden de busca (sic) aprehensión y detención, no pueden atribuirse de manera genérica a las autoridades que señala como responsables, en tanto que las potestades facultadas para dictar los mismos, algunas son de índole judicial y otras administrativas. Así es, que los numerales 141 y 142, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevén el marco normativo relacionado con las formas de conducción del imputado a proceso, al establecer textualmente lo que sigue: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. ." "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." De acuerdo con la transcripción anterior, a efecto de lograr que el imputado se encuentre presente en todas las etapas del proceso, el juez de control podrá ordenar específicamente, entre otros mandamientos, la orden de aprehensión. Dicha orden constituye una medida excepcional para que el imputado, sin previa cita, sea conducido a la presencia del juez de control; sin embargo, el Ministerio Público deberá demostrar ante dicha autoridad jurisdiccional la existencia de la necesidad de cautela. El objetivo de dicho mandato de captura se traduce en poner al detenido a disposición del juez de control a través de la fuerza pública, a fin de lograr la celebración de la audiencia inicial; en la cual, el Ministerio Público pueda formularle imputación y expresar los datos de prueba correspondientes, y a su vez, permitir a dicha autoridad jurisdiccional que dicte el auto de vinculación a proceso y formalice la investigación. Es decir, en el marco del sistema procesal penal de corte acusatorio, la orden de aprehensión constituye un acto mediante el cual, sólo se restringe provisionalmente la libertad ambulatoria del imputado para los fines antes apuntados. Por tanto, dicho mandato de captura debe entenderse como una forma de conducción del imputado a la audiencia inicial en la que el Ministerio Público obligatoriamente deberá acreditar la necesidad de cautela. Por otro lado, resulta importante destacar que la parte quejosa reclama las órdenes aprehensión, detención y busca(sic); no obstante, dichos actos no pueden atribuirse de manera genérica a las autoridades señaladas como responsables, dadas sus propias facultades; además, por lo que hace al último señalado, el mismo deviene impreciso en la medida que en la codificación procesal no existe esa figura. Esto es, de conformidad con el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el nuevo orden de justicia penal únicamente prevé como formas de conducción al proceso el citatorio, la orden de comparecencia y la aprehensión cuya facultad es exclusiva de la autoridad judicial a solicitud del Ministerio Público conforme al precepto 142 del invocado Código. En tanto, la figura de la orden de presentación, de acuerdo al citado dispositivo 141, no forma parte de los medios de conducción al imputado al proceso y tampoco se advierten datos que permitan establecer que fue emitida como medida cautelar en términos de la fracción I del artículo 155 de dicho ordenamiento, lo cual también es facultad exclusiva de la autoridad judicial. Resulta importante destacar que dentro de la carpeta de investigación sólo corresponde al Ministerio Público emitir la orden de detención, cuando exista flagrancia o caso urgente, en términos del artículo 16 de la Carta Magna. Y por ello, al omitir señalar qué agente del Ministerio Público es quien se encuentra integrando alguna investigación en su contra, así como el órgano jurisdiccional al que pretende atribuir la emisión de los actos que por esta vía quiere combatir, es que este órgano de control constitucional se encuentra imposibilitado de fijar con claridad la litis constitucional. En razón de lo anterior, se itera, es necesario que la parte quejosa especifique cuál es el acto que en concreto desea combatir en esta vía indirecta y exclusivamente a la autoridad que integra el expediente respectivo de donde emanan los mismos. Ahora bien, toda vez que señala como autoridades responsables a "todos y cada uno de los jueces penales de la Ciudad de México"; debe decirse, que el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, determinó la extinción de diversos juzgados en Materia Penal; por lo que a fin establecer la relación jurídico procesal con base al señalamiento preciso que se haga de las autoridades a quienes se imputa el acto reclamado, traerá como consecuencia que las partes comparezcan a defender sus derechos, de modo tal, que se logren los postulados previstos en el artículo 17 Constitucional, relativos a la administración de justicia pronta y expedita. Por ende, se estima necesario requerir al quejoso para que precise cuáles son los jueces que habrá de llamarse a juicio. Ello con la finalidad de realizar en su momento, el emplazamiento respectivo, para lo cual deberá tomar en consideración los acuerdos por los cuales se declararon extintos diversos juzgados en Materia Penal de Primera Instancia. En esa tesitura, si el impetrante de amparo considera incluir a los Jueces del Sistema Procesal Penal Acusatorio Adscritos a la Unidades de Gestión Judicial, deberá considerar el contenido del Acuerdo General Plenario 04-14/2015 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, en sesión de diecisiete de marzo de dos mil quince, a través del cual se creó la figura del Juez de Trámite otorgándoseles, entre otras facultades, la de proveer lo conducente a juicios de amparo indirecto respecto de los actos atribuidos a Jueces de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio. Así como al diverso 41-25/2016 que indica que dicha figura (Juez de Trámite), tendrá la temporalidad de un mes, lapso en el que rendirá los informes solicitados por autoridad federal a nombre de los Jueces de Control adscritos a las Unidades de Gestión Judicial respectiva. Atento a lo anterior, se estima indispensable requerir al promovente del amparo a efecto de que subsane dichas deficiencias; ello, con la finalidad de integrar correctamente la relación jurídico procesal en el presente asunto, pues en la hipótesis de admitir la demanda de amparo se estaría en aptitud legal de cumplir con las exigencias previstas en la Ley de Amparo. Pues de no hacerlo, se atentaría contra la naturaleza del juicio de amparo al analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, sin antes haber oído a las autoridades de quien emanan los actos que se combaten. De ahí que resulte necesario que el impetrante del amparo precise con exactitud el acto que tilda de inconstitucional y la autoridad a quien en concreto se lo atribuye. Se considera que esta situación debe ser superada por la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 108, de la Ley de Amparo, y no dejarlo a la interpretación de este órgano jurisdiccional, dado que con la información requerida se fijará la litis constitucional en el presente asunto y así las autoridades responsables a las que se les atribuya el acto reclamado estarán en aptitud de rendir con mayor certeza el informe que les sea solicitado, y este órgano jurisdiccional contará con los elementos suficientes para determinar lo que en derecho corresponda en el cuaderno principal, así como en el incidente de suspensión, al momento de proveer respecto los efectos de la suspensión provisional. Lo expuesto, en el entendido que es obligatorio de la parte quejosa señalar con precisión quien en la autoridad responsable ordenadora y ejecutora; en virtud de que en términos de los dispuesto en el artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo, la suplencia de la queja no tiene el alcance para cambiar a las autoridades responsables que señala ni modificar el acto que pretende reclamar. Máxime que un presupuesto fundamental del juicio de amparo lo constituye el señalamiento de la autoridad que ordena o emite el acto reclamado; en consecuencia, es evidente que sería contrario a la naturaleza del amparo entrar al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, sin oír previamente a las autoridades de quienes emana el acto reclamado, dato que se estima necesario para integrar la relación jurídico procesal, en la hipótesis de admitir la demanda de amparo y de esa manera estar en aptitud legal de cumplir con las exigencias previstas en la Ley de Amparo. 2) Bajo protesta de decir verdad, ahonde en los antecedentes del acto reclamado; lo anterior, en el entendido que dichas manifestaciones deben realizarse de manera personalísima. Superados los puntos anteriores, y una vez precisado de manera concreta el acto que pretende combatir, deberá señalar los hechos que constituyen los antecedentes de dicho acto. En el entendido que los antecedentes del acto reclamado se conforman por todos aquellos hechos o abstenciones que constan al quejoso en relación con el acto que pretende combatir, esto es, son todos aquellos hechos que rodean al acto reclamado, antes de su emisión, durante su emisión y con posterioridad a ella; es todo aquello de lo que tengan conocimiento, mismo que debe expresarse en el cuerpo de la demanda. En este sentido, una vez precisado el acto que pretende combatir en esta vía, así como la autoridad a quien se lo atribuye, y de insistir en señalar como acto reclamado alguna orden privativa de libertad, deberá indicar el lugar y domicilio específico en donde se pretendió ejecutar dicho acto; asimismo, deberá precisar el expediente del cual deriva el acto que pretende reclamar y la historia procesal del mismo, es decir, deberá precisar de manera detallada los antecedentes procesales del expediente del cual derive el acto reclamado señalando la carpeta judicial o causa penal que le dio origen. Se estima así, dado que si bien el quejoso manifestó lo siguiente: ".No he cometido acto alguno que pudiese ser considerado como delictuoso y sin embargo, el día tres de Noviembre del Presente año, me enteré que por la tarde aproximadamente las diecisiete horas, dos individuos del sexo masculino, acompañados por otra persona del sexo femenino acudieron a mi domicilio particular, y al no encontrarme por haber salido a trabajar, como normalmente lo hago a la concesionaria donde desempeño mis labores como asesor de ventas Comisionista y estos preguntaron a los vecinos, si me encontraba en dicho lugar, presentándose ambos individuos como Agentes Ministeriales, sin identificarse, mencionando la Fémina que buscaban al suscrito para ejecutar una orden de Busca, Aprehensión y Detención, Librada por alguno de los Jueces Penales de la Ciudad de México, sin precisar cuál..." Lo cierto, es que de los antecedentes expuestos por el promovente, no señala el lugar en el que se pretendió ejecutar el acto que por esta vía pretende combatir, es decir, si fue en aquel que señaló como domicilio para recibir notificaciones, o en el lugar en el que ejercen jurisdicción las autoridades que señaló como ordenadoras. Dichas omisiones crean incertidumbre, pues no se conoce con exactitud el lugar en donde se pretendió ejecutar el acto o actos que reclama la parte quejosa, ni la temporalidad en que ello aconteció. Motivo por el cual deberá abundar en los antecedentes de cada actuación que desee combatir, precisando por cada uno de ellos, la fecha de su emisión, la autoridad a quien la atribuye, la fecha de notificación y el lugar preciso en caso de haber tratado de ejecutarse. En ese orden, es preciso señalar que los antecedentes del acto reclamado se conforman por todas las circunstancias, hechos o abstenciones que le constan al quejoso en relación con el acto que pretende combatir, esto es, son todos aquellos que rodean al acto reclamado, antes de su emisión, durante su emisión y con posterioridad a ella; lo cual, debe expresarse en el cuerpo de la demanda. Lo anterior, se traduce en que el impetrante de amparo deberá puntualizar la fecha de la determinación tildada de inconstitucional, a qué autoridad en específico se la atribuye, así como el número de expediente de la que deriva y cuándo tomó conocimiento o el momento en que le notificaron la misma; en el entendido que dichas manifestaciones deben realizarse de manera personalísima por el quejoso. Ello es así, debido a que son datos requisitos esenciales de la demanda, además que es indispensable para verificar la presentación oportuna de la demanda, aspecto que influye en la procedencia del juicio, lo cual es cuestión de orden público y estudio preferente. Suma a lo expuesto, la circunstancia de que en el amparo indirecto no se tienen más datos que los formulados en la demanda, motivo por el que se requieren actos y autoridades precisas, para dar trámite al juicio de garantías y con ello propiciar una impartición de justicia pronta y expedita, evitando dilaciones innecesarias que afecten la tramitación del propio juicio. En el entendido que deberá realizar dicho desahogo de manera particular, atendiendo a que "bajo protesta de decir verdad" es un acto personalísimo que debe emitirlo la persona a quien le conste los hechos. Estas precisiones, se insiste, se estiman relevantes y trascendentales, pues traerán como consecuencia que se resuelva realmente la litis que se pretenda plantear y de esa manera las otras partes en el juicio contaran con elementos para defender sus derechos e integrar la relación jurídico procesal, de modo tal, que se determine realmente sobre la legalidad del acto reclamado y se logren los postulados previstos en el artículo 17 constitucional, relativos a la administración de justicia pronta y expedita. Atento a lo anterior, se hace del conocimiento al justiciable que, para el caso del faltar a la verdad en el desahogo de la prevención que nos ocupa, o en el escrito inicial de demanda, el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo contempla una pena privativa de libertad de dos a seis años, a quienes incurran en la referida conducta. -Apercibimiento- Se apercibe al promovente que, transcurrido el plazo mencionado y de no desahogar la prevención antes indicada en los términos expuestos, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En el entendido que dichas manifestaciones deben realizarse de manera personalísima y se le hace saber las penas en que incurren las personas que declaren con falsedad en términos del artículo 261 fracción I de la Ley de la Materia . -Copias- Ahora, con el original de su escrito de desahogo deberá presentar copias suficientes del mismo, así como de la demanda de amparo que nos ocupa, con el fin de que se esté en posibilidad de correr traslado a cada una de las partes que intervienen en el juicio, una para cada autoridad responsable, una para el agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y dos en el caso de solicitar incidente de suspensión. -Domicilio del quejoso y autorizados- Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa los estrados de este juzgado. Asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a César Molina Vázquez. Luego, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, párrafo segundo, en relación con el artículo 12, segunda parte, ambos de la ley que rige la materia, se tienen por autorizadas a ------------------------------------------------------------------que designa, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, quedando a salvo su derecho para acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Se exhorta al trámite electrónico Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 5° del citado Acuerdo General 21/2020, a efecto de brindar atención a las partes -respecto de comunicaciones no procesales-, se habilita el correo electrónico -------------------------------------------, así como el teléfono (55)-----------, extensión 4308. Habilitación al personal del Juzgado Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Autorización del Ministerio Público Se autoriza la consulta electrónica del presente asunto al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; por ello, instrúyase a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dicha autorización de manera correcta. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales... Finalmente, se informa a las partes que mediante oficio SEPLE./ADS./4197/2021, de veinte de octubre del año en curso, el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, informó la adscripción de la Juez ------------------------------------------como titular de este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, con funciones a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

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