Jesús Nolberto Quintero Medina
Expediente 223/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 223/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jesús Nolberto Quintero Medina
Actuaciones
- Principal
En doce de mayo de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez con la certificación secretarial que antecede y con el estado procesal de los autos. Conste. Los Mochis, Sinaloa, doce de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de veintisiete de abril del presente año, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Jesús Nolberto Quintero Medina; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificada a la parte quejosa del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo y su ampliación; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Recepción. Visto el escrito firmado por Jesús Nolberto Quintero Medina, mediante el cual promueve demanda de amparo contra actos del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en Guasave, Sinaloa, y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 223/2022-3A. Desechamiento de la demanda. En principio se precisa que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y contenido: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación.". Del contenido del escrito inicial de demanda se advierte que el quejoso, reclama de las autoridades responsables Agente del Ministerio Público del Fuero Común, así como Encargado de la Agencia Integral del Ministerio del Ministerio Público del Fuero Común, con residencia en Guasave, Sinaloa y Jefe de Carpeta de Investigación de la Agencia Integral del Ministerio Público del Fuero Común Centro Norte, con domicilio por la Carretera Guamúchil -, Ejido Capomos, Municipio Angostura, Sinaloa, textualmente, lo siguiente: "IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: A). - La omisión del C. Agente del Ministerio Público del Fuero Común en investigar los delitos de DESPOJO, DAÑOS, AMENAZAS Y LO QUE RESULTEN carpeta de investigación GUAS/ UATYCP /2019/2020/ C.I . - La omisión C. Encargado de la Agencia Integral del Ministerio del Ministerio Público del Fuero Común en investigar los delitos de DESPOJO, DAÑOS, AMENAZAS Y LO QUE RESULTEN carpeta de investigación GUAS/ UATYCP /2019/2020/ C.I . - La omisión C. Jefe de Carpeta de Investigación en investigar los delitos de DESPOJO, DAÑOS, AMENAZAS Y LO QUE RESULTEN carpeta de investigación GUAS/ UATYCP /2019/2020/ C.I. - La omisión de realizar los actos de investigación de manera pronta y expedita". Por otro lado, el impetrante, en su demanda de amparo, narra los antecedentes, de esos actos, en los términos que se reproducen a continuación: "V.- HECHOS O ABSTENCIONES QUE CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO 1.- El día 11 de septiembre del año 2020 acudí a las instalaciones Agencia Integral del Ministerio Público del Fuero Común por calle Lázaro Cárdenas S/n, Colonia Ángel Flores, del Municipio de Guasave. Donde presente denuncia Y/0 Querella por DESPOJO, DAÑOS, AMENAZAS Y LO QUE RESULTEN lo cual se asentó la carpeta de Investigación GUAS/UIMP/2019/2020/ C.I. 2.- El C. Agente del Ministerio Público del fuero común cito a mis testigos CC: ALMA AIDE SANDOVAL MONTOYA y ANGÉLICA MARÍA CÁRDENAS CEMPOAL el día 02 de marzo del año 2021 donde les tomo su declaración del delito que me cometieron. 3.-El C. Agente del Ministerio Público del fuero común cito a mis testigos CC: ESTEBAN y JOSÉ EDUARDO ambos de apellidos QUINTERO MEDINA el día 09 de septiembre del año 2021 donde les tomó su declaración del delito que me cometieron. 4.- El perito adscrito a la Fiscalía en Topografía Ingeniero José Blas Flores Sánchez dio su dictamen del terreno de mi propiedad el 11 de septiembre del año 2021. 5.- Hasta el día 22 de abril del año 2022 no han judicializado la carpeta, no han mandado citar a los presuntos responsables su señoría, ni saben que existe una denuncia Y/0 Querella en su contra, porque las autoridades responsables omiten en investigar los delitos de que fui objeto, dado que la carpeta de investigación se encuentra casi vacía y no justifican la dilación procesal". De lo expuesto se advierte que el reclamo se relaciona con la dilación o tardanza en realizar las actuaciones de investigación dentro de la carpeta de investigación GUAS/UATYCP/2019/2020/C.I, tendentes a resolver sobre el ejercicio de la acción penal, la cual se formó con motivo de la denuncia o querella presentada por el quejoso respecto a hechos que consideró constitutivos de los delitos de despojo, daños, amenazas y lo que resulten, por lo que, al derivar de la citada carpeta de investigación, tales actos son en realidad atribuibles al Agente del Ministerio Público del Fuero Común, señalado como responsable. Establecido lo anterior, este juzgador estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los diversos 109, fracción XXI, y 258, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual la demanda se debe desechar de plano por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que debe ser examinada de oficio, en observancia a lo dispuesto por el numeral 62 de la Ley de amparo. Ciertamente, el precepto legal referido en primer término, en la fracción invocada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.] " Lo anterior, toda vez que contra el acto reclamado consistente en la dilación excesiva en que se encuentra el Agente del Ministerio Público responsable ?lo que trae consigo que no se resuelva sobre el ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación GUAS/UATYCP/2019/2020/C.I ? la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 20, apartado C, fracción VII, establece un medio de impugnación a través del cual dentro de la fase de investigación puede ser modificado, revocado o nulificado. En efecto, el artículo 20 Constitucional menciona los principios y directrices que regirán el proceso penal acusatorio, en cuyo apartado C se reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos, entre los cuales destacan los que protegen el interés que tienen en que se investiguen los hechos que posiblemente constituyan la comisión de un delito que les agravió, como se advierte de la fracción VII, que a la letra dice: "Artículo 20. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.". Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales -ley reglamentaria en materia procesal penal-, también reconoce los derechos de la víctima u ofendido, en su artículo 109, cuya fracción XXI, prevé la posibilidad de impugnar las omisiones o negligencia del agente investigador, al señalar: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; [.]" Asimismo, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece el término de diez días para impugnar ante el Juez de Control la determinación sobre abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, al señalar lo siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." (lo resaltado no es de la fuente) De lo expuesto, se advierte que la víctima u ofendido podrán ?en su caso? impugnar diversas determinaciones y omisiones en la fase de investigación, ante el juez de control facultado para tal efecto, dentro del sistema acusatorio, en razón de que fue intención del Constituyente Permanente, que dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad, y en su momento, una vez agotado el medio ordinario de impugnación, contra la resolución que se emita, procederá el juicio de amparo. Así, el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido puede ocasionar la anulación revocación de alguna determinación del Ministerio Público, por lo cual, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal. En consecuencia, si lo que reclama el quejoso en esta instancia constitucional, es la dilación excesiva en que se encuentra el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, con domicilio en Guasave, Sinaloa, al retardar la resolución sobre el ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación ANGTA/UEDP/000711/2018/CI, resulta inconcuso que sí cuenta con un medio de impugnación ordinario que debe agotar, previo a la promoción del juicio de amparo; a saber, el previsto en el citado artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, este órgano jurisdiccional considera que el acto citado, debe ser reclamado en la vía jurisdiccional ordinaria, toda vez que, como lo establecen el artículo 20 Constitucional, Nacional de Procedimientos Penales, existe un medio ordinario para impugnar las actuaciones u omisiones en sede judicial durante la investigación que realice el Ministerio Público; lo cual lleva implícita la posibilidad de impugnar el acto que aducen los quejosos por lo que, es imperativo para la víctima u ofendido agotar dicho recurso, previo a incoar el juicio de amparo, sin que en el caso opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. De esta forma, si bien dilación que alega el quejoso, constituye una afectación al artículo 17 Constitucional, éstas no pueden ser analizadas desde luego a través del juicio de amparo, pues, como ya se dijo, la propia Constitución en su artículo 20, apartado C, fracción VII, establece el medio de impugnación idóneo para reparar tal omisión; en tanto que, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece en el artículo 258, en relación con lo dispuesto en el diverso 109, fracción XXI, del mismo ordenamiento. Lo que es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 943, registro digital 2017640, del siguiente tenor: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad". De igual forma, es conforme a la Jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) de la misma Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, también consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945, registro digital 2017641, del texto siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". Además, debe destacarse que no considerarlo así, se impondría a la víctima u ofendido un mayor gravamen y dilación; pues en la forma propuesta, luego de una audiencia, el juez de control resolvería lo conducente; en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional bi-instancial, con la dilación que ello conlleva, para llegar eventualmente, al mismo resultado. En este orden de ideas, al interpretar sistemáticamente las citadas normas ?de jerarquía constitucional y legal?, y con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la "omisión" o "negligencia" del agente del Ministerio Público de cumplir con sus labores de investigación, es impugnable en términos de lo previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, y los diversos 109, fracción XXI, y 258, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desecha de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. Es aplicable, la Jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Lo anterior es así, pues de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento, del resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Con esta determinación no se contravienen los artículos 1o. y 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismos que reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, porque tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance, ya que de actuar así equivaldría a que este Juzgado de Distrito dejara de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. Apoya lo anterior la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de Décima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinticuatro de octubre del dos mil doce, pendiente de publicarse que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia - acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.". Domicilio y autorizados. Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio del impetrante de garantías, para oír y recibir notificaciones en los estrados de este juzgado; y como sus autorizados para tales efectos, en su nombre, en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, a los licenciados Gonzalo Serrano Camacho, José de Jesús López Lugo y Estanislao Cárdenas Moreno
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