Jesus Muñoz Villalba
Expediente 548/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 548/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jesus Muñoz Villalba
Actuaciones
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio suscrito por el actuario judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, a través hace del conocimiento de este juzgado que con fundamento en el artículo 47, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ese órgano colegiado, advierte que es competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Jesús Muñoz Villalba; agréguese a los autos. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción X, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este asunto es susceptible de destrucción, dado que este juzgado se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Jesús Muñoz Villalba; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. En el entendido que, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 20, 21, 22 y 23 del Acuerdo General citado, este juzgado procederá a la destrucción del asunto que nos ocupa.
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio 6938/2023, suscrito por el actuario judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, a través de cual acusa recibo del diverso 9753/2023, con el que se remitieron los autos originales del juicio de amparo 548/2023, con motivo de la incompetencia planteada a ese órgano colegiado. Asimismo, informa que previo a hacer pronunciamiento en cuanto a si ese Tribunal Colegiado acepta o no la competencia declinada, requirió al Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, con residencia en esta ciudad, para que remita el expediente 285/2023, a fin de estar en aptitud de apreciar el acto reclamado de la demanda.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de cuenta, promovida por Jesús Muñoz Villalba, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese expediente tanto impreso como electrónico, regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 548/2023-3B. procediéndose al siguiente pronunciamiento. En principio se señala que el artículo 107, fracciones III y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, establece: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "(....)" III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; "(...)" V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: "(...)" c).- En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. "(...)" Por su parte, los numerales 38, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 34, primer párrafo, 47, primero y segundo párrafo y 170, fracción I, los tres últimos, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: (.) c) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal...". "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que se estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. La presidenta o el presidente del tribunal decidirá sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales colegiados de apelación. "(...)". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. "(...)" Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.)". De lo trascrito se advierte que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que fuese cometida durante el procedimiento, siempre que afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Sirve de apoyo a lo anterior por aplicación analógica, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, publicada en la página 287, Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1993, Octava Época, con número de registro 216290, que establece: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA CIVIL, CONCEPTO DE SENTENCIA DEFINITIVA, PARA LA PROCEDENCIA DEL. En los términos de los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de garantías ante los Tribunales Colegiados de Circuito, debe entenderse por sentencia definitiva la que decide una controversia en lo principal, estableciendo el derecho de las partes que litigaron en cuanto a la procedencia o improcedencia de las acciones y de las excepciones deducidas en el juicio de origen; siempre que respecto de ese fallo ya no proceda ningún recurso o medio de defensa ordinarios, por los cuales pudiera ser modificada o reformada". Por otra parte, se destaca que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto, precisa citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En el caso particular, se advierte del libelo constitucional que la parte quejosa reclama del citado Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, señalado como autoridad responsable, literalmente, lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- El acuerdo de fecha 05 de Julio del año 2023, emitido dentro del expediente número 285/2023, mediante el cual determino NO ADMITIR A TRÁMITE LA DEMANDA ORAL MERCANTIL QUE FUERA PRESENTADA POR EL SUSCRITO QUEJOSO en contra de la persona moral denominada OPERADORA DE CINEMAS S.A. DE C.V., la cual comercialmente tiene como nombre o se le conoce como CINEMEX. De la misma forma, en el apartado correspondiente a los antecedentes de ese acto narra el promovente, lo que enseguida se reproduce. "(...)" "1.- Que con fecha 21 de Junio del año 2023, el suscrito presente en Oficialía de Partes Común del Poder Judicial del Estado de Sinaloa del Distrito Judicial de Ahome, escrito inicial de demanda en la Vía Oral Mercantil, en contra de la persona moral OPERADORA DE CINEMAS S.A. DE C.V., la cual comercialmente tiene como nombre o se le conoce como CINEMEX, reclamando el pago de la cantidad de $840,967.25 (Ochocientos Cuarenta Mil Novecientos " Sesenta y Siete pesos 25/100 M.N.), por concepto de suerte principal más los intereses legales, siendo turnada al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahorne, Sinaloa, con residencia en esta ciudad, donde quedo radicado bajo el número de expediente 285/2023. 2.- Mediante acuerdo de fecha 27 de junio del presente año, se me requirió para efecto de que precisara las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se dio la relación comercial entre el suscrito quejoso y la persona moral OPERADORA DE CINEMAS S.A. DE C.V. conocida comercialmente como CINEMEX, lo cual se realizó mediante escrito de fecha 30 de Junio del año en curso. 3.- La autoridad responsable, en fecha 05 de Julio del año 2023, dicto un acuerdo, donde determinó no admitir a trámite la demanda oral mercantil presentada por el Quejoso". Igualmente, en otro segmento de la demanda de amparo, concerniente a los conceptos de violación, el promovente indica que el juez responsable, en el aludido acuerdo de cinco de julio del año en curso, que emitió en el juicio mercantil, señaló: ""A sus autos el escrito de cuenta, como lo solicita JESUS MUÑOZ VILLALBA, en su carácter de parte actora, se le tienen por hechas las manifestaciones que de su escrito se deducen en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se generó la relación comercial con las cuales aduce subsanar las irregularidades de su escrito inicial de demanda; sin embargo, dígasele al promovente que este tribunal se inhibe de conocer del presente asunto, en razón de lo siguiente: Cierto. De las narrativas de los hechos de demanda, así como del escrito que se provee, se advierte en relación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que el actor el señor JESUS MUÑOZ VILLALBA, ejercita en la vía oral mercantil la acción de pago de pesos, derivada de la reparación y mantenimiento de equipo de sonido, venta de refacciones y accesorios electrónicos a crédito, actos que dieron origen a la expedición de 113 ciento trece facturas; de lo cual, se tiene que la actora al reclamar el pago en pesos, sin duda constituye una acción de carácter personal, y para determinar la competencia es necesario estarse a lo establecido por el artículo 1104 del Código de Comercio, que dispone lo siguiente: "salvo lo dispuesto en el artículo 1093, sea cual fuere la naturaleza del juicio, será Juez competente, en el orden siguiente: I.- el del lugar que el demandado haya designado para ser requerido judicialmente del pago; II.- El del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación; El del domicilio del demandado. Si tuviere varios domicilios, el Juez competente será el que elija el actor. Tratándose de personas morales, para los efectos de esta fracción, se considerará como su domicilio aquel donde se ubique su administración''. Por tanto, y visto que de los escritos de referencia, las partes no establecieron un lugar de pago, ni en las facturas exhibidas por el actor como base de su acción, se precisó un domicilió por la moral demandada, para ser requerida judicialmente del pago, o en su caso, el sometimiento expreso de la misma en favor de los Tribunales del distrito judicial para el caso de controversia; en ese tenor, y al observarse en todas las facturas que el domicilió fiscal de la referida parte accionada se encuentra ubicado en Avenida Javier Barros Sierra, número 540 Norte, número interior Torre 1 PH 1, Colonia Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, Código Postal 01210, en la Ciudad de México; lo que significa, que la competencia por disposición del numeral en comento, no se surte a favor de este Órgano Jurisdiccional, sino precisamente al del domicilio donde tiene su administración la moral demandada, el cual se ubica en la Cuidad de México; de ahí que no se admita a trámite la causa que plantea. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia de contenido y datos de localización siguiente: ""COMPETENCIA EN MATERIA MERCANTIL....(se trascribe)..." De lo expuesto y del resto de la demanda de amparo, se aprecia que el acto que reclama el quejoso se hace consistir en el auto emitido en el juicio oral mercantil 285/2023, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, el cinco de julio del presente año mediante el cual con base en el artículo 1093 que cita, se inhibió de conocer de la demanda que originó tal juicio presentada por el aquí quejoso contra Operadora de Cinemas, S. A. de C. V. por estimar que no se surtía la competencia en favor de ese órgano jurisdiccional, por las razones que adujo, relacionadas con la falta de precisión del lugar de pago en los documentos base de la acción, igualmente, no establecerse el domicilio de la empresa demandada donde requerirle su pago, o el que se hubieran sometido las partes a los tribunales donde tiene jurisdicción el mencionado Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, para el caso de litigio; y asimismo, al observar en todas las facturas base de la acción que el domicilió fiscal de la parte accionada se encuentra ubicado en la Ciudad de México, por lo que correspondía su conocimiento a un Juez --del ramo mercantil, se entiende-- con jurisdicción en dicha ciudad. Tal determinación sin duda, puso fin al procedimiento de origen, lo que permite a este Juzgado de Distrito arribar a la conclusión de que el acto materia de reproche está comprendido dentro de lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley de Amparo, al consistir, como se dijo, en la determinación de cinco de julio de dos mil veintitrés, en el expediente 285/2023, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad; resolución que puso fin al procedimiento de origen, ya que sin decidir el conflicto de fondo, lo da por concluido, de ahí que tal resolución sólo puede combatirse a través del juicio de amparo directo, por tratarse precisamente de una resolución que pone fin al juicio natural, en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, la devolución de la demanda mercantil a quien la promovió, sin remitirla al juez que considerara como competente para conocer de la misma (por razón territorial) obviamente constituye una resolución que da por terminado al juicio oral mercantil de donde emana el acto reclamado, de ahí que tal resolución sólo puede combatirse a través del juicio de amparo directo, por tratarse, se insiste, de una resolución que pone fin al juicio natural, en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo que es acorde con lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 1a./J. 97/2017 (10a.), del siguiente tenor: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ QUE DESECHA O NO ADMITE UNA DEMANDA O POR LA QUE SE NIEGA A CONOCERLA Y LA DEVUELVE AL ACTOR, POR ESTIMAR QUE CARECE DE COMPETENCIA LEGAL, SIN DECLINARLA EN FAVOR DE OTRO ÓRGANO JURISDICCIONAL, AL TRATARSE DE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. El artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Ahora bien, para que se actualice este supuesto, en relación con la resolución por la que el a quo no admite o se niega a conocer de una demanda, por estimar que carece de competencia legal para ello, es necesario que se decline la competencia en favor de otro órgano, ya que este supuesto produce los mismos efectos que la excepción de incompetencia por declinatoria, pues quedará supeditada a que el juez declinado acepte o rechace la competencia declinada, cuya decisión (con la que adquiere carácter de definitiva) será determinante para combatir la resolución de aceptación de la declinación de competencia, a través del amparo indirecto, previa observancia del principio de definitividad. Sin embargo, la resolución del juez que desecha o no admite una demanda o por la que se niega a conocerla y la devuelve al actor, por estimar que carece de competencia legal, sin que decline su competencia en favor de algún órgano jurisdiccional, constituye una resolución que pone fin al juicio, pues sin decidir el conflicto jurídico de fondo, lo da por concluido; de ahí que contra dicha decisión proceda el amparo directo, en términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, sujetándose igualmente al principio de definitividad". Bajo ese orden de ideas, el suscrito encargado del despacho estima que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para el conocimiento de la demanda de amparo que se atiende. Con base en las anteriores consideraciones, resumidamente, se considera que el acto reclamado debe ser impugnado mediante el juicio de amparo directo en términos de los artículos 34 y 170 de la ley de la materia, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito; de ahí que este Juzgado Federal carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata. Consecuentemente, conforme a lo dispuesto por el artículo 47 de la ley de la materia, remítanse los autos del juicio de amparo en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, a efecto de que en caso de que exista concordancia con las consideraciones expuestas en este auto, provea lo conducente, solicitándole respetuosamente el acuse de recibo correspondiente y comunique la determinación que en su caso tenga a bien tomar. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con copia de las constancias que integran este expediente. Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio de los impetrantes de garantías, para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Francisco Javier Mina número 44 norte, despacho 2 altos, esquina con callejón Nicolás Bravo, entre calles Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, sector centro de esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa, y como sus autorizados para tales efectos, en su nombre, en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, a los licenciados Ramiro Leal Figueroa, Carlos Enrique Olguín Álvarez, José Joel Lugo Sepúlveda, Rubén Gastélum Hernández y Francis Jacqueline Peña Ruiz. Asimismo, atento a su petición; dígasele que con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a ''********************'', por tener su firma Fiel registrada en el sistema respectivo; además, como se solicita, proceda la actuaria de la adscripción a notificarle vía electrónica las notificaciones que les revista el carácter de personal, a través de dichos usuarios.
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