Jesús Nicolás Canul Sosa
Expediente 708/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 708/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 09/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jesús Nicolás Canul Sosa
- Jesús Nicolás Canul Sosa y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Incidental
Mérida, Yucatán, nueve de octubre de dos mil dieciocho. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con la fracción III del artículo Vigésimo y la fracción III del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; el presente incidente de suspensión en original y duplicado es susceptible de destrucción, toda vez que en auto de dos de julio del año en curso, se negó la suspensión provisional y por resolución de nueve de julio del mismo año, se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario Marco Polo Robles Santoyo, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de octubre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en los presentes autos, en la que en su primer punto resolutivo negó el amparo solicitado por Jesús Nicolás Canul Sosa contra actos del Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y otra autoridad, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en la referida resolución se negó el amparo a la parte quejosa, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción IV del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de depuración; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Finalmente, agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En la En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las once horas con cuarenta minutos del veinte de septiembre de dos mil dieciocho, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 708/2018-IV, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el Secretario licenciado Marco Polo Robles Santoyo, quien autoriza y da fe, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. El Juez declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes. Seguidamente la secretaría relacionó las constancias del expediente, entre ellas: el escrito de demanda (fojas 2 a 5), acuerdo de dos de julio de dos mil dieciocho, en el que se admitió a trámite la demanda (fojas 14 y 15); notificación a las autoridades responsables, a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, emplazamiento del tercero interesado e informe justificado de las responsables. Acto seguido, el Juez acuerda: se tiene por hecha la anterior relación para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas la Secretaría da cuenta con las pruebas documentales que fueron remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y a su oficio 2508 de tres de agosto de dos mil dieciocho (fojas 39 a 83 y expediente auxiliar I). El Juez acuerda: con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas ofrecidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza; con lo anterior se da por terminado el señalado período. Se abre el período de alegatos en el que la secretaría informa que la Fiscal de la Federación adscrita formuló alegatos. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulados los alegatos que realiza la representación social, los cuales podrán ser tomados en consideración al momento de dictarse la sentencia correspondiente en el presente juicio de amparo, por lo que se declara concluida esta fase. Finalmente, no habiendo diligencia pendiente por desahogar y al encontrarse integrado este expediente se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 708/2018-IV, promovido por Jesús Nicolás Canul Sosa, en contra de los actos que reclama del Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y otra autoridad, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 5, 6, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, Jesús Nicolás Canul Sosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y otra autoridad. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de dos de julio de dos mil dieciocho, previo a la aclaración solicitada a la parte quejosa, se admitió la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado y se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Finalmente, previo diferimiento, por auto de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar la sentencia correspondiente; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse un acto que tiene ejecución material dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. Segundo. Precisión de actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar que la parte quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable lo siguiente: La resolución de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, emitida en autos del juicio ejecutivo mercantil 1280/1988 por medio de la cual la autoridad responsable declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso en contra del acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, en el cual se ordenó la cancelación de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, del embargo trabado sobre el predio marcado con el número quinientos tres de la calle treinta y cinco, de la colonia Pacabtún, de esta ciudad de Mérida, Yucatán. Tercero. Existencia de acto reclamado. La Juez Tercero Mercantil y Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares ambas del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptaron el acto reclamado, por tanto, se tiene por cierto. Cuarto. Análisis de los conceptos de violación. No existiendo causa de improcedencia que hagan valer las partes, ni advirtiéndose de oficio alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, que por economía procesal se tiene por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no encontrarse este resolutor obligado a transcribirlos. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 58/2010, aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País. En esencia la parte quejosa en sus conceptos de violación argumenta lo siguiente: 1). Único concepto de violación: Que la autoridad responsable transgredió en su perjuicio los artículos 1, 5, 6, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que las autoridades señaladas como responsables no cumplieron con lo ordenado por el artículo 17 de la Constitución, al no acordarle su escrito de fecha veintinueve de marzo de mil novecientos noventa, vulnerando su derecho de debido proceso, ya que lo dejó en un estado de indefensión en razón de que la autoridad ordenadora decretó el levantamiento del embargo trabado en autos del juicio de origen sin que haya recaído acuerdo sobre su referido escrito, dejando de observar que en ese memorial se daba impulso procesal al juicio, además de que la autoridad responsable ordenadora debió vigilar el procedimiento del juicio como marca la ley al existir una promoción pendiente de acordar para que de esta manera se produzca el equilibrio procesal entre las partes, siendo que es la propia autoridad responsable quien debió observar los principios de firmeza e igualdad de las partes, y no manifestar que por el paso del tiempo ha precluido su derecho violando el equilibrio de las partes, pues al no acordar el escrito que tiene pendiente no puede alegar la preclusión de su derecho. El anterior concepto de violación, se considera infundado como a continuación se verificará: Antes de abordar el estudio del citado concepto de violación, se estima pertinente citar los antecedentes del acto reclamado para un mejor entendimiento de la presente sentencia: Mediante escrito presentado el diez de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, Jesús Nicolás Canul Sosa, como endosatario en procuración de Genny Quijano de Amezquita y María del Carmen Pech de Chan, presentó demanda ejecutiva mercantil en contra del aquí tercero interesado Casiano Balam Chel, la cual fue admitida en acuerdo de catorce de noviembre del mismo año (fojas 2 y 3 del cuaderno auxiliar I). Seguido el juicio, el veinticuatro de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, se dictó la sentencia definitiva en la que se consideró procedente el citado juicio y condenó al demandado al pago de una cantidad de dinero, misma que causó ejecutoria el dieciséis de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve (fojas 29 a 32 del cuaderno auxiliar I). Posteriormente, mediante escrito presentado por la aquí parte quejosa ante la autoridad responsable el veintinueve de marzo de mil novecientos noventa, solicitó que al haber transcurrido el término concedido a la parte demandada en el juicio de origen, sin que haya nombrado al perito que le corresponde, acusó la rebeldía y solicitó se nombrara un perito tercero en discordia, (escrito al cual no le recayó acuerdo alguno) (foja 37 del cuaderno auxiliar I). Mediante escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, ante la autoridad responsable, por parte del aquí tercero interesado Casiano Balam Chel, solicitó la aplicación de la hipótesis prevista en el artículo 3033 fracción VI del Código Civil Federal, de aplicación supletoria al Código de Comercio, el cual citó en el referido escrito y del cual se advierte lo siguiente: ".Podrá pedirse y deberá ordenarse, en su caso, la cancelación total:. VI. Cuando tratándose de cédula hipotecaria o de embargo, hayan transcurrido dos años desde la fecha del asiento, sin que el interesado haya promovido en el juicio correspondiente", argumentando el tercero interesado que hasta la fecha de la presentación del escrito ya había transcurrido dicho plazo sin que la parte actora haya presentado promoción alguna que impulsara el procedimiento, por lo que solicitó la cancelación total de la inscripción sobre su predio, petición a la cual le recayó el acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, en el cual se dio vista a la parte actora para que manifestara lo que a su derecho correspondiera (fojas 42 y 43 del cuaderno auxiliar I). En acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, posterior al desahogo de la vista por la parte actora, la autoridad responsable determinó acceder a la petición del aquí tercero interesado Casiano Balam Chel, argumentando que es de explorado derecho que es a las partes a quienes les corresponde formular las solicitudes pertinentes a efecto de dar curso al procedimiento en el cual intervengan; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 del Código de Procedimientos Civiles del Estado aplicado de manera supletoria, mismo que establece que cuando no se señale término para la práctica de algún acto o para el ejercicio de algún derecho, se tendrá por señalados los tres días que establece dicho precepto legal, por lo que en el presente caso, transcurrió en demasía dicho término sin que hubiere dado impulso al escrito presentado por el mismo, precluyendo su derecho al no ejercerlo en el momento procesal oportuno; y toda vez que de autos consta que mediante oficio de nueve de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, el Director del Registro Público de la Propiedad del Estado, comunicó que había tomado razón del embargo trabado en autos del juicio de origen, sobre el predio marcado con el número quinientos tres, de la calle treinta y cinco, de la colonia Pacabtun, de esta ciudad; así como también de las constancias procesales se advertía que la última notificación realizada por el actuario adscrito a ese juzgado era del dieciséis de marzo de mil novecientos noventa, y hasta la fecha en que se emitió dicho acuerdo la parte actora no formuló promoción en ejercicio de la ejecución de la acción instada, al haber transcurrido veintisiete años cinco meses, la fracción VI del artículo 2192 del Código Civil del Estado, aplicado supletoriamente al Código de Comercio, mismo que establece que podrá pedirse la cancelación total de un gravamen cuando tratándose de cédula hipotecaria o de embargo hayan transcurrido dos años desde la fecha del asiento, sin que el interesado haya promovido en el juicio respectivo, lo cual aconteció en el presente asunto, debido a que en ese procedimiento la parte actora dejó de actuar por más de veintisiete años cinco meses, por lo que resultó procedente cancelar la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, del embargo trabado en autos del juicio de origen (fojas 52 y 53 del cuaderno auxiliar I). Inconforme con dicha determinación el aquí quejoso promovió recurso de revocación, y en resolución de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, emitida en autos del juicio ejecutivo mercantil 1280/1988 la autoridad responsable declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso en contra del acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho (fojas 57 a 59 del cuaderno auxiliar I). Ahora bien, se dice que es infundado el concepto de violación que hace valer el quejoso, toda vez que si bien es cierto que mediante escrito presentado por la aquí parte quejosa ante la autoridad responsable el día veintinueve de marzo de mil novecientos noventa, se solicitó que al haber transcurrido el término concedido a la parte demandada en el juicio de origen, sin que haya nombrado al perito que le corresponde, acusó la rebeldía y solicitó se nombrara un perito tercero en discordia, escrito al cual no le recayó acuerdo alguno, sin embargo, dicha circunstancia no es suficiente para cambiar el sentido de la resolución que ahora se combate. En efecto, el artículo 2192, fracción VI, del Código Civil del Estado, dispone lo siguiente: "Artículo 2192.- Podrá pedirse a la autoridad judicial y ésta deberá ordenar la cancelación total, cuando: (.) VI.- Tratándose de cédula hipotecaria o de embargo, hayan transcurrido dos años desde la fecha del asiento, sin que el interesado haya promovido en el juicio correspondiente. Del citado precepto legal podemos advertir que podrá pedirse a la autoridad judicial y ésta deberá ordenar la cancelación total, cuando entre otras cosas, tratándose de cédula hipotecaria o de embargo, hayan transcurrido dos años desde la fecha del asiento, sin que el interesado haya promovido en el juicio correspondiente. Por otra parte, el artículo 47 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, establece lo siguiente: "ARTICULO 47.- Cuando este Código no señale término para la práctica de algún acto judicial o el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados los siguientes: I.- Hasta diez días para pruebas, y II.- II.- (sic) Tres días, para cualquier otro caso. Del citado dispositivo legal se puede advertir que cuando ese Código no señale término para la práctica de algún acto judicial o el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados los siguientes: Hasta diez días para pruebas, y tres días, para cualquier otro caso. Por otro lado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que por regla general, los derechos e intereses jurídicos que se discuten en el proceso son del dominio absoluto de los particulares; de ahí que tenga plena operatividad en los juicios en materia mercantil, al discutirse en éstos cuestiones que incumben exclusivamente a los contendientes. Así, por virtud de dicho principio procesal, la tarea de iniciación e impulso del procedimiento está en manos de los contendientes y no del juzgador, razón por la que éste no puede sustituirse al actor y ejercer oficiosamente una acción, ni en relación con el demandado, contestar la demanda y fijar la litis; asimismo, no puede tomar la iniciativa de recabar las pruebas que estime conducentes para el esclarecimiento de la verdad en la resolución de la controversia, pues es en aquéllos en quienes recae la obligación de probar sus pretensiones o defensas. Debido a lo anterior, es que se llega a la conclusión que no le asiste la razón a la parte quejosa, pues como bien lo apuntó la autoridad responsable si bien es cierto que obra en autos del juicio de origen un escrito presentando el veintinueve de marzo de mil novecientos noventa, al cual no le recayó acuerdo alguno, también es cierto que la parte actora no impulsó el procedimiento, ya que al presentarlo al juzgado sabía con certeza plena de su existencia y tomando en cuenta que el proceso mercantil se rige por el carácter dispositivo el cual establece que el impulso procesal del juicio representa una carga para los interesados, por lo que a las partes les corresponde vigilar lo correcto y oportuno proceso del juicio, cuya insatisfacción acarrea consecuencias adversas exclusivamente imputables al omiso, por lo que si el interesado no hizo promoción alguna a fin de impulsar su escrito presentado el veintinueve de marzo de mil novecientos noventa, no le correspondía a la responsable vigilar el impulso del juicio, en virtud de que debe prevalecer el equilibrio procesal que se da entre las partes, y si por el contrario la juez hubiera acordado el escrito del que se duele la actora después de veintisiete años, se estaría quebrantando los principios de firmeza, de preclusión y de igualdad de las partes en el proceso, es por ello que al haber transcurrido el término señalado en el artículo 47 del Código de Procedimientos Civiles del Estado (no el código de comercio como se estableció en la resolución reclamada), precluyó el derecho de la actora de solicitar que se le acuerde dicho escrito al no haberlo ejercido en plazo de tres días posterior a la presentación del citado escrito tal y como lo dispone dicho artículo, por lo que dicha omisión de solicitar el acuerdo correspondiente es imputable únicamente al aquí quejoso. De ahí que si bien es cierto que no fue acordado el escrito presentado por la aquí parte quejosa ante la autoridad responsable el día veintinueve de marzo de mil novecientos noventa; como se ha visto la parte quejosa al ver que no se había acordado su escrito en el plazo de tres días debió haber solicitado se dictara el acuerdo correspondiente, y no solicitarlo veintisiete años después, ya que esto aconteció hasta que se dio cuenta que la parte demandada solicitó la cancelación del embargo y fue cuando trató de dar el impulso correspondiente; sin embargo, a la fecha en que solicitó que se acordara dicha petición ya había precluido su derecho para solicitarlo, toda vez que ya habían transcurrido en exceso los tres días que tenía para hacerlo en términos del artículo 47 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, así como los dos años que prevé el artículo 2192, fracción VI, del Código Civil del Estado que establece dicho dispositivo para que diera impulso al juicio de origen, de ahí que se considere procedente ordenar la cancelación del embargo, y por ende se considere ajustada a derecho. Lo anterior tiene apoyo en la tesis 1a. CCVI/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, Décima Época, con número de registro 2004058, visible en la página 566, del rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO DISPOSITIVO EN MATERIA MERCANTIL. NO LIMITA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El principio dispositivo descansa en el hecho de que, por regla general, los derechos e intereses jurídicos que se discuten en el proceso son del dominio absoluto de los particulares; de ahí que tenga plena operatividad en los juicios en materia mercantil, al discutirse en éstos cuestiones que incumben exclusivamente a los contendientes. Así, por virtud de dicho principio procesal, la tarea de iniciación e impulso del procedimiento está en manos de los contendientes y no del juzgador, razón por la que éste no puede sustituirse al actor y ejercer oficiosamente una acción, ni en relación con el demandado, contestar la demanda y fijar la litis; asimismo, no puede tomar la iniciativa de recabar las pruebas que estime conducentes para el esclarecimiento de la verdad en la resolución de la controversia, pues es en aquéllos en quienes recae la obligación de probar sus pretensiones o defensas; tan es así, que el artículo 1194 del Código de Comercio señala que el que afirma está obligado a probar y, en consecuencia, el actor debe probar su acción y el reo sus excepciones. Esta carga probatoria que recae en las partes y no en el juzgador, deja al arbitrio de los litigantes valorar la necesidad de ofrecer pruebas y determinar las que estimen conducentes a sus intereses, lo cual redunda en su propio beneficio, pues al formar parte de la contienda, se presume que nadie sabe mejor que los litigantes cuándo ofrecer pruebas y abstenerse de hacerlo y, en su caso, cuáles son idóneas para demostrar sus pretensiones o defensas; esto es, atendiendo al principio dispositivo, el cual cobra relevancia en materia probatoria, el juzgador no puede ir más allá de lo pedido por las partes, sin que ello implique una limitación al derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la circunstancia de que el citado principio impida la actuación oficiosa del juzgador en asuntos en los que la controversia sólo atañe a los particulares, no les afecta, pues no les impide acceder a los tribunales a plantear una pretensión o defenderse de ella, para que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa que se plantea; por el contrario, este principio respeta la igualdad y el equilibrio procesal que debe haber entre los contendientes en términos del principio de justicia imparcial derivado del referido derecho de acceso a la justicia, pues impide que el juzgador, tomando partido por alguna de las partes y a pretexto de ser el director del proceso, lo impulse indebidamente o recabe pruebas ajenas a las ofrecidas por ellas para la solución de la controversia. Además, contribuye a que la justicia se administre en los plazos y términos que para tal efecto establezcan las leyes, pues la actividad que las partes están constreñidas a realizar debe ser oportuna, es decir, debe sujetarse a los plazos y términos que fijan las leyes, ya que de lo contrario operará la preclusión y, en casos extremos, podrá actualizarse la caducidad de la instancia." Así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 50/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, Novena Época, con número de registro 177971, visible en la página 162, del rubro y texto siguiente: "EMBARGO JUDICIAL. EL TÉRMINO PARA QUE OPERE LA CADUCIDAD POR INACTIVIDAD PROCESAL QUE GENERA EL DERECHO A SOLICITAR LA CANCELACIÓN TOTAL DEL ASIENTO RELATIVO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, ÚNICAMENTE PUEDE INTERRUMPIRSE MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES QUE CONLLEVEN IMPULSO PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, las promociones cuya finalidad sea solamente de autorizar a determinadas personas para oír notificaciones o la de que se reconozca a alguien el carácter de abogado patrono o apoderado o la de señalar nuevo domicilio para oír notificaciones, no son idóneas para interrumpir la caducidad de la instancia, en tanto que no tienden a activar o a impulsar el procedimiento. En consecuencia, tratándose de la caducidad por inactividad procesal que genera el derecho a solicitar la cancelación total en el Registro Público de la Propiedad del asiento de embargo judicial a que se refiere el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, vigente hasta el 31 de mayo de 2000, así como el Código Civil para el Distrito Federal, en vigor a partir del 1o. de junio de 2000, ambos en su numeral 3033, fracción VI, sólo podrá interrumpirse con aquellas promociones que presenten las partes en la etapa de ejecución de sentencia de juicios ejecutivos, ordinarios (civiles o mercantiles), o bien en juicios especiales, únicamente cuando se trate de promociones que conlleven impulso procesal, pues éste constituye una carga que técnicamente recae sobre el interesado; es decir, para que una promoción pueda interrumpir el término de dos años de inactividad procesal a que se refiere la hipótesis normativa señalada, se requiere que se trate de un acto procesal en el cual las partes manifiesten su voluntad de continuar la marcha normal de la etapa de ejecución de sentencia." Y la jurisprudencia 1a./J. 106/2009, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Marzo de 2010, Novena Época, con número de registro 165096, visible en la página 69, del rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL. OPERA EN LA PRIMERA INSTANCIA, AUN CUANDO SE ENCUENTRE PENDIENTE LA EJECUCIÓN DE UNA DILIGENCIA JUDICIAL QUE IMPLIQUE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL DE ALGUNA DE LAS PARTES, SIEMPRE QUE DURANTE UN AÑO EXISTA INACTIVIDAD PROCESAL DE ÉSTAS, NO DERIVADA DE FUERZA MAYOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). De la interpretación sistemática y teleológica de los artículos 850 a 855 del Código de Procedimientos Civiles de dicha entidad, se concluye que cuando por más de un año exista inactividad procesal de las partes, que no derive de fuerza mayor, opera la caducidad de la instancia aunque se encuentre pendiente de ejecutar una diligencia judicial -cuya realización sea deber del órgano jurisdiccional- que implique la notificación personal de alguna de las partes, en virtud de que dicha caducidad procede como consecuencia del incumplimiento de la carga del impulso procesal, establecida por igual para las partes contendientes, con la finalidad de que los juicios no queden pendientes indefinidamente. En efecto, si bien es cierto que el deber de administrar justicia pronta y expedita corresponde al órgano jurisdiccional, también lo es que tratándose de juicios en los cuales rige el principio dispositivo, es decir, aquellos en que se ventilan derechos particulares y, por ende, disponibles, la carga del impulso procesal se atribuye a las partes; de manera que el deber del juez, que incluye practicar las diligencias judiciales a que se encuentra constreñido, es distinto de la obligación de las partes contendientes en el procedimiento, consistente en abstenerse de abandonar la instancia, pues ésta redunda en beneficio de los intereses de quien debe cumplirla, por lo que las consecuencias jurídicas en ambos supuestos son distintas. Así, cuando rija el principio dispositivo, el resultado que pudiera generarse por el incumplimiento del deber del juzgador no es obstáculo para que se decrete la caducidad de la instancia, en el entendido de que en cada caso habrá de determinarse la aplicación del indicado principio que, por regla general, opera en los procedimientos del orden civil." (lo resaltado y con negrillas no es de origen). En virtud de lo anteriormente expuesto, y ante lo infundado del concepto de violación formulado por la parte quejosa, al no haber queja que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal que solicita el quejoso Jesús Nicolás Canul Sosa, en contra de los actos que reclamó a la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad. Negativa que se hace extensiva a los actos que reclama a la y Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, toda vez que no impugna por vicios propios actuación alguna. Sexto. Protección de datos personales. Con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R e s u e l v e: Primero. La justicia de la unión no ampara ni protege a Jesús Nicolás Canul Sosa, en contra de los actos que reclamó a la Juez Tercero Mercantil y Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares ambas del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el quinto considerando de esta resolución. Segundo. Se ordena que para el caso de atender una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, elaborar la versión pública de esta sentencia, testando las partes o secciones clasificadas e indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el Secretario Marco Polo Robles Santoyo, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que el veintitrés de agosto del año en curso, fue emplazado al presente juicio de amparo al tercero interesado Casiano Balam Chel, según se advierte de la constancia de notificación que obra agregada en autos. En virtud de lo anterior, a efecto de que el citado tercero interesado se encuentre en condiciones de imponerse del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables; se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha y hora para su celebración las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.
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