Jesús Martín Perera Moreno

Expediente 3/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
3/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
26/01/2021

Partes del expediente

  • Jesús Martín Perera Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    AVISO . Mérida, Yucatán, veinte de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan estos autos y toda vez que conforme al Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitido el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en el que se determinó adoptar una serie de medidas preventivas con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello la propagación del coronavirus COVID-19, así como sus acuerdos modificatorios todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el periodo de la vigencia, se advierte que éste concluyó el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Asimismo, mediante Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Coordinador de Asesores de Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció en su punto primero que se regresaba al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública del virus COVID-19, por lo que únicamente se daría trámite a los escritos iniciales que se calificaran como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y se daría seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. Asimismo, se recibirían y tramitarían los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Asimismo se estableció que se suspendían los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia, y que esta medida tendría vigencia del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno; periodo durante el cual se suspenden los plazos y términos, con las salvedades del referido punto. Finalmente, mediante Circular SECNO/1/2021 de ocho de enero de dos mil veintiuno, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció en su punto dos, por lo que respecta a este Circuito, que la operación de este Juzgado será el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Por tanto, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el doce de febrero de dos mil veintiuno. En tales condiciones, se reanuda el procedimiento en este asunto por lo que se hace del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Se hace del conocimiento de las partes que para el caso que consideren necesario imponerse de los autos, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar el expediente y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en términos del artículo 29, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Tomando en consideración que fue el propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quien determinó la reanudación de los plazos y términos procesales, así como el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, bajo un esquema que permita preservar la salud e integridad de las partes y del personal de los órganos jurisdiccionales, a través del Acuerdo General 21/2020, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de julio de dos mil veinte, resulta innecesaria la notificación personal de la presente determinación a todas las partes, dado que es del conocimiento público, la reanudación de los términos procesales de los juicios tramitados ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, se agregan a este expediente los oficios suscritos por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Actuario adscrito, con los que informan el cumplimiento dado a la sentencia ejecutoriada dictada en este asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, pónganse la totalidad de los oficios remitidos por las autoridades responsables en acatamiento a la sentencia concesoria, a la vista de las partes por el término de tres días para el uso de sus derechos; apercibidas que de no hacer manifestación alguna sobre el particular, se procederá conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del precepto mencionado. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    CITATORIO PARTE TERCERO INTERESADA. Mérida, Yucatán, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos en que se advierte que en el presente juicio de amparo fue emplazado como tercero interesado a Gerardo Augusto Canché Pech, siendo que tercero interesado en el presente juicio es Gerardo Edgardo Canché Pech. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso b), 27, 115 y 116 de la Ley de Amparo en vigor, constitúyase el Actuario de este Juzgado en el predio trescientos cincuenta y seis, de la calle cuarenta y tres, por cincuenta y cuatro y cincuenta y seis, del fraccionamiento Francisco de Montejo, de esta ciudad de Mérida, Yucatán; y previo cercioramiento de que el domicilio en cita se trata del domicilio del referido tercero interesado Gerardo Edgardo Canché Pech, proceda a notificarle este acuerdo, el auto admisorio y lo emplace a juicio, haciéndole saber que con tal carácter puede comparecer en este sumario en defensa de sus derechos si lo estimare pertinente, por lo que de conformidad con el artículo 116 de la Ley de Amparo, deberá hacerle entrega, de copia autorizada de la demanda de amparo, requiriéndolo para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; apercibido que de no hacerlo dentro del término concedido, todas las notificaciones que deban hacérsele incluso las de carácter personal, serán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado; lo anterior, con apoyo en los artículos 26, fracción III y 29 del invocado ordenamiento legal; lo anterior sin ulterior acuerdo, hasta en tanto subsanen su omisión. Por otra parte, toda vez que obra en autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se pone a la vista del citado tercero interesado, para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTE DE ENERO DOS MIL VEINTIUNO, como nueva fecha para llevarla a cabo. Sin que sea necesario girar oficio a las autoridades responsables dado que el auto que se dicta no tiene trascendencia para éstas. Notifíquese y personalmente a la parte tercero interesada. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Marco Polo Robles Santoyo, quien autoriza y da fe. **** Mérida, Yucatán, nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Pablo Alberto Basto Novelo, quien se ostente defensor de Jorge Armando Canché Koh contra el acto de la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, exhibida con cinco copias y sin anexos. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 115 y 117 de la Ley de Amparo aplicable, SE ADMITE la demanda en sus términos; en consecuencia, se ordena formar expediente y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número de expediente 1741/2019-IV. SE TRAMITA POR DUPLICADO EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN QUE SE SOLICITA. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo aplicable, con copia de la demanda de amparo, gírese atento oficio a la autoridad señalada como responsable y pídase su correspondiente informe justificado, el cual deberá rendir dentro del término de QUINCE DÍAS siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita; asimismo en el término señalado, deberá acompañar la totalidad de las constancias que estime pertinente, para apoyar su informe, o las que sea necesarias para probar las manifestaciones que se viertan en los mismos; apercibida que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado y con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la citada ley, se les impondrán una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. En términos del artículo 14 de la Ley de Amparo requiérase al Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, para que al momento de rendir su informe justificado, comunique si el promovente de la demanda Pablo Alberto Basto Novelo, tiene el carácter de Defensor Público del quejoso Jorge Armando Canché Koh, en el entendido que de no ser así se procederá en los términos del citado artículo. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda. Asimismo, con apoyo en el numeral 75, párrafo tercero, de la legislación aplicable, requiérase a la autoridad responsable, para que informe a este Juzgado si tiene conocimiento que el quejoso ha promovido otra demanda de amparo contra los actos que reclama en este juicio. Con fundamento en los artículos 5, 26, fracción I, inciso c), 27, 115 y 116 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene como tercero interesado a Regina Beatriz Pech Mérida, quien deberá ser emplazada, por el actuario adscrito a este Juzgado, en el domicilio señalado en la demanda, haciéndole saber que con tal carácter puede comparecer en el presente juicio en defensa de sus derechos si así lo estimare pertinente, entregándole copia autorizada del presente acuerdo y de la demanda de amparo, previniéndola para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señale domicilio en esta ciudad de Mérida, Yucatán, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndola que de no hacerlo dentro del término que para tal efecto se le señala, todas las demás notificaciones incluso las de carácter personal, se le harán por medio de lista autorizada que se fijen en los estrados de este Juzgado Federal, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 29 del invocado ordenamiento legal; hasta en tanto subsane su omisión, sin necesidad de posterior acuerdo. De conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de la Materia aplicable, se tiene como tercero interesado al Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, a quien deberá emplazarse por medio de oficio que al efecto se libre, con copia autorizada de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley en comento. Con fundamento, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Con copia autorizada de la demanda de amparo y del presente acuerdo, dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 110 de la Ley de Amparo aplicable. Tomando en consideración que se reclama una violación al artículo 19 de la Constitución General, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que deberá comunicar al Juez del proceso que una vez cerrada la instrucción, deberá suspender el procedimiento en lo que corresponda al quejoso y no dictar sentencia definitiva hasta que sea notificado de la resolución que recaiga al presente sumario, pues de lo contrario se consumarían de forma irreparable las violaciones aquí alegadas, de conformidad con lo previsto por el artículo 61, fracción XVII, de la ley reglamentaria del juicio de amparo. Por otro lado, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo aplicable, se previene a las partes de este juicio de amparo a efecto de que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o improcedencia, lo hagan del conocimiento de este Órgano de Control Constitucional y de ser posible exhiban las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento que no acatar lo anterior, con fundamento en el artículo 251 del invocado ordenamiento legal, se les impondrá una multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese y personalmente a la parte tercero interesada y a la agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Marco Polo Robles Santoyo, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de enero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida en línea por Jesús Martín Perera Moreno, en contra de los actos del Fiscal General del Estado y otras autoridades, recibida en línea y sin anexos; se ordena su tramitación, por tanto, fórmese expediente y regístrese con el número 3/2021-VI. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La orden de aprehensión, detención, arraigo, presentación y/o comparecencia dictada en contra del quejoso y su ejecución. Bajo ese planteamiento, conviene precisar que en Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Coordinador de Asesores de Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció en su punto primero que se regresa al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública del virus COVID-19, por lo que únicamente se dará trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica; por tanto, al considerarse el presente asunto como urgente es que se le da el trámite correspondiente. Ahora bien, antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, es pertinente hacer notar lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 5°, ambos de la Ley de Amparo, así como el diverso 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primero de los numerales prevé una causa genérica de improcedencia del juicio de amparo, que bien pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 5° de la Ley de Amparo prevé que el amparo únicamente puede promoverse por la parte que aduzca ser titular de un derecho subjetivo o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de ese ordenamiento y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, dice que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esa Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De esos preceptos se desprende que uno de los principios que rige el juicio de amparo es el de instancia de parte agraviada, que consiste en que el procedimiento constitucional se seguirá únicamente a instancia de la parte a quien le perjudique o le cause agravio el acto o ley que reclame y puede seguirse únicamente por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, por sí, por su representante legal, por su apoderado o por cualquier otra persona en los casos previstos en la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, para cumplir el citado principio y como una de las formalidades indispensables para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la demanda de amparo contenga la firma autógrafa o electrónica de quien promueve, o bien, de quien promueva a nombre de una diversa persona, al constituir el signo gráfico o criptográfico con el que externa la voluntad de instar la vía del amparo, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de la materia, en relación con los ordinales 2°, fracción II, 19, 64, 72, 73 y 76, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. En el presente asunto, del análisis de la demanda de amparo que nos ocupa, se desprende que la misma no fue firmada electrónicamente mediante el uso de la FIREL por el promovente Jesús Martín Perera Moreno, sino por una diversa persona de nombre Emiliano Zapata Cetina; por consiguiente, tal situación se considera como la ausencia de manifestación de voluntad de instar el juicio constitucional, aún en representación de otra persona, lo que hace improcedente el mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, 26 de abril de 2019, Décima Época, Registro: 2019715, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 5° de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Asimismo, apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), Registro: 2018943, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enero de 2019, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo y como su autorizado a Fredy Daniel López Carrillo, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo y a las demás personas que menciona, en los términos restringidos a los que alude el último párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo; lo anterior, en virtud de que no acredita ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado como lo exige el citado artículo 12 de la Ley de Amparo. Ahora bien, por lo que respecta a la solicitud de la parte quejosa para el uso de aparatos electrónicos, a fin de capturar las actuaciones que obran en los presentes autos; hágase del conocimiento de la ocursante que se accede a su petición, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo al caso, la tesis I.30.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil del Primer Circuito, visible en la Página 2847, del Tomo XXIX, marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Por otra parte, si bien es cierto que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, también es cierto que manifestó expresamente que se realicen las notificaciones vía electrónica; en tales condiciones, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General Conjuntos 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal federal, se autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo a través del sistema integral de seguimiento de expedientes, notificaciones electrónicas y documentos de los acuerdos judiciales del presente asunto, en virtud de que proporcionó a este órgano jurisdiccional su clave de usuario con la que afirma se encuentra registrado. En mérito de lo anterior, hágase del conocimiento de los actuarios adscritos a este Juzgado Federal que las notificaciones relativas a la parte quejosa se harán vía electrónica, para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente asunto. Por último, con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se exhorta que, de ser posible, se continúe la tramitación del caso que nos ocupa mediante el esquema de "juicio en línea", sin que pase inadvertidas las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello; lo anterior, en términos del artículo 2, del acuerdo 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.

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