Jesús Nava Salazar
Expediente 815/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 14 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 815/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 26/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Jesús Nava Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Incidental
Apizaco, Tlaxcala, a veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra de la sentencia de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, en la que por una parte se sobreseyó; y por otra se negó el amparo en el presente juicio de amparo. Por tanto, se declara que dicho proveído HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, consérvense el cuaderno incidental por separado y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Ahora, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General en cita, y toda vez se sobreseyó y negó el amparo y protección de la Justicia federal en el presente juicio de amparo el presente expediente es conservable. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional, realizará la trasferencia correspondiente y solicitará la trasferencia al depósito documental dependiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto al incidente de suspensión, tomando en consideración que se concedió la suspensión definitiva, el asunto se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; en consecuencia, el cuaderno incidental es conservable. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Devuélvase a la autoridad responsable Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza con residencia en Zacatelco, Tlaxcala, copia certificada del expediente 1118/2022, mismas que adjuntó a su informe justificado en fecha catorce de julio de dos mil veintitrés y de las cuales se ordenó formar un cuaderno de pruebas por separado identificado como TOM
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra de la sentencia de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, en la que por una parte se sobreseyó; y por otra se negó el amparo en el presente juicio de amparo. Por tanto, se declara que dicho proveído HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, consérvense el cuaderno incidental por separado y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Ahora, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General en cita, y toda vez se sobreseyó y negó el amparo y protección de la Justicia federal en el presente juicio de amparo el presente expediente es conservable. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional, realizará la trasferencia correspondiente y solicitará la trasferencia al depósito documental dependiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto al incidente de suspensión, tomando en consideración que se concedió la suspensión definitiva, el asunto se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; en consecuencia, el cuaderno incidental es conservable. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Devuélvase a la autoridad responsable Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza con residencia en Zacatelco, Tlaxcala, copia certificada del expediente 1118/2022, mismas que adjuntó a su informe justificado en fecha catorce de julio de dos mil veintitrés y de las cuales se ordenó formar un cuaderno de pruebas por separado identificado como TOMO I. Notifíquese.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con treinta y cinco minutos del veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 815/2023-V, promovido por ********************, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Rolando Cruz Delfín, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, el Secretario certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin asistencia de las partes. A continuación, el Secretario relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentra 1. Demanda de amparo presentada por ********************; 2.Auto admisorio de quince de junio de dos mil veintitrés; 3.Informe justificado rendido por la autoridad responsable; 4. Escrito de ampliación de demanda; 5. Auto de doce de julio de dos mil veintitrés donde se tiene por apersonada a la tercera interesada; y 6. Informe justificado de ampliación de demanda.. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y que la tercera interesada Arely Luna Palacios se encuentran debidamente emplazados. En relación a lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómese en consideración al momento de resolver este expediente los informes justificados y el remitido en vía de a la ampliación de demanda rendidos por las autoridades responsables y ténganse por emplazados al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la tercera interesada. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario hace constar que la autoridad responsable Juez de lo Familiar del Distrtito Judicial de Zaragoza con residencia en Zacatelco, Tlaxcala remitió copia certificada del expediente 1118/2022. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas antes referidas, dada su propia y especial naturaleza, con lo anterior se cierra el periodo probatorio. Abierta la fase de alegatos, el Secretario hace constar que las partes no hicieron valer tal derecho; a lo que la Juez acuerda: en virtud de que no se formularon alegatos se cierra esta etapa y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A A la vista, los autos, para resolver en sentencia, el juicio de amparo indirecto número815/2023-V, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos del Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, Tlaxcala, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito recibido el catorce de junio de dos mil veintitrés, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, y turnado en la misma fecha a este Juzgado de Distrito ******************** por propio derecho, demandó en amparo indirecto a las autoridades y por el acto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE: ORDENADORA: Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, Tlaxcala EJECUTORA: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dirección de Ingresos y Fiscalización Tlaxcala. ACTO RECLAMADO: a) El acuerdo dictado en catorce de abril de dos mil veintitrés, en el cual hizo efectivo el apercibimiento decretado en uno de marzo de dos mil veintitrés, -ante su incomparecencia para desahogar la Junta Familiar y al no presentar a menor de edad (hijo)- en el cual se impuso una multa veinte Unidades de Medidas y Actualización, dentro de las Diligencias Sobre Cuestiones Familiares 1118/2022. SEGUNDO. Mediante proveído de quince de junio de dos mil veintitrés, se radicó la demanda de amparo, se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe justificado, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, quien no formuló pedimento, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. En veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se tuvo al Juez responsable, rindiendo el informe justificado y con las constancias que remitió se dio vista a la parte quejosa. En proveído de siete de julio de dos mil veintitrés, se tuvo a la parte quejosa ampliando la demanda de amparo por cuanto hace a los siguientes: ACTOS RECLAMADOS: b) La falta de emplazamiento, citación y o requerimiento para asistir a una Junta Familiar en las Diligencias Sobre Cuestiones Familiares 1118/2022. c) El acuerdo dictado en catorce de junio de dos mil veintitrés, en el cual hizo efectivo el apercibimiento decretado en catorce de abril de dos mil veintitrés, -ante su incomparecencia para desahogar la Junta Familiar y al no presentar a menor de edad (hijo)- consistente en la medida de apremio de arresto por diez horas por desacato a la autoridad, dentro de las Diligencias Sobre Cuestiones Familiares 1118/2022. En la misma fecha se admitió a trámite la ampliación de demanda, se solicitó el informe justificado, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, quien no formuló pedimento, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que las autoridades a quien se les reprochan tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del Acto Reclamados El acto reclamado por la parte promovente consiste en: a) El acuerdo dictado en catorce de abril de dos mil veintitrés, en el cual hizo efectivo el apercibimiento decretado en uno de marzo de dos mil veintitrés, -ante su incomparecencia para desahogar la Junta Familiar y al no presentar a menor de edad (hijo)- en el cual se impuso una multa veinte Unidades de Medidas y Actualización, dentro de las Diligencias Sobre Cuestiones Familiares 1118/2022. b) La falta de emplazamiento, citación y o requerimiento para asistir a una Junta Familiar en las Diligencias Sobre Cuestiones Familiares 1118/2022. c) El acuerdo dictado en catorce de junio de dos mil veintitrés, en el cual hizo efectivo el apercibimiento decretado en catorce de abril de dos mil veintitrés, -ante su incomparecencia para desahogar la Junta Familiar y al no presentar a menor de edad (hijo)- consistente en la medida de apremio de arresto por diez horas por desacato a la autoridad, dentro de las Diligencias Sobre Cuestiones Familiares 1118/2022. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la titular del Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, por así haberlo manifestado al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las Diligencias Sobre Cuestiones Familiares 1118/2022, que remitiera como informe justificado y que obran anexadas al juicio de amparo en que se actúa. Las referidas copias certificadas cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al haber sido autentificadas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Las diversas autoridades responsables señaladas como ejecutoras al rendir su informe justificado, negaron la existencia del acto que se les reclama, sin embargo, tal negativa no puede tomarse en consideración puesto que al haber aceptado la existencia del acto la responsable ordenadora es eminente su ejecución. Por lo tanto se tiene por desvirtuada la negativa y se tiene por cierto el acto que se le atribute a la citada autoridad responsable. QUINTO. Causales de improcedencia del juicio de amparo. En el caso, la suscrita advierte que respecto al acto reclamado identificado bajo el inciso b) consistente en la falta de emplazamiento, citación y o requerimiento para asistir a una Junta Familiar en las Diligencias Sobre Cuestiones Familiares 1118/2022, opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción VI aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, ello pues, se advierte que la parte quejosa no es tercero extraño al juicio de origen. Lo anterior, se sostiene así, pues, el tercero extraño a juicio es aquél que no ha figurado como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio en el procedimiento o en la ejecución, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, la parte que no fue emplazada o que fue llamada incorrectamente. Esto es, que siempre existe la posibilidad de que una persona que ha sido ajena a un procedimiento y que, por ende, no tuvo audiencia en el mismo, se vea afectada por lo que en éste se haya decidido, y al efecto, la ley prevé distintos medios en que el gobernado afectado puede acceder a la justicia a defender sus intereses. Pero también adquiere el carácter de tercero extraño, quien pese a ser parte material en un juicio, se duela de la falta de emplazamiento o de las irregularidades suscitadas en él, y se le considera así en aras de permitir la adecuada tutela de su derecho de audiencia; en este supuesto, se le tendrá con tal carácter, por equiparación, y debe regirse por las reglas procesales aplicables a la persona extraña a juicio, entre las que se encuentra la posibilidad de acudir al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios. En ese orden de ideas, es de destacarse que aún ante el beneficio procesal referido de acudir al amparo sin agotar los recursos ordinarios, basta que antes de que se dicte sentencia el quejoso tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio, por lo que es ahí donde debe desarrollar y desplegar su defensa, dada la calidad de parte que le corresponde. Así, si la parte quejosa, en el juicio de amparo se ostentó como tercero extraño al juicio de origen, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento seguido en su contra cuando aún no se ha dictado sentencia respectiva, el amparo que en la vía indirecta se promueve es improcedente, toda vez que no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento un le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento. Por tanto, en el caso en análisis, se advierte que la parte quejosa no tiene el carácter de tercera extraña a juicio, puesto que el juicio de origen aún no concluye, lo anterior pues de las constancias que remitió la responsable se advierte que el mismo se encuentra en periodo de instrucción, y al darle vista con dicho informe a la parte quejosa, ésta, ya tiene conocimiento pleno de los datos que identifican el referido juicio de origen, la autoridad judicial correspondiente, la parte actora, de manera tal, que no podría ya, sostener es ajena a la controversia, y por lo tanto, se encuentra en condiciones de incorporarse al mismo, máxime, tan es así que incluso la parte quejosa, al imponerse del informe justificado, en siete de julio de dos mil veintitrés, se le tuvo ampliando su escrito inicial de demanda por conceptos de violación. De ahí que se concluye que, la parte quejosa, al tener conocimiento pleno del juicio natural, se encuentra en aptitud de integrarse a la relación procesal y en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia, por lo cual se considera que no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio constitucional establecido en el artículo 107, fracción VI de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la anterior consideración Tesis: II.T.39 K, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en la Novena Época Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Octubre de 2009, página 1603, Materias(s): Común, de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE TAL CARÁCTER EL QUEJOSO QUE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO ANTES DE QUE SE EMITA LA SENTENCIA DEFINITIVA O LAUDO EN EL JUICIO NATURAL Y, EN TAL VIRTUD, DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO. Cuando el demandado en el juicio natural promueve amparo indirecto contra la falta o ilegalidad del emplazamiento antes de que se emita sentencia definitiva o laudo, no puede tenérsele como persona extraña a juicio por equiparación, pues esta figura, creada jurisprudencialmente con apoyo en una aplicación analógica del artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, a fin de darle oportunidad al quejoso de aportar pruebas durante el juicio biinstancial para acreditar tal omisión o defecto, presupone que ya se hubiere dictado en su contra sentencia definitiva o laudo condenatorio. Lo anterior se fundamenta en que la mencionada figura jurídica tiene su justificación en la violación a la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; luego, si ordinariamente el único acto privativo que ameritaría que el demandado fuese oído y vencido en juicio es la sentencia definitiva o laudo condenatorio dictado en su contra, y éste no se ha emitido, es improcedente entrar al estudio del fondo del asunto, esto es, examinar si realmente no fue emplazado o si lo fue defectuosamente, pues aunque ello se evidenciara, no se haría aún patente la inobservancia a la citada garantía de audiencia y, por ende, procede sobreseer en el juicio con apoyo en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso numeral 114, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, se sobresee en el juicio de amparo, únicamente por el acto reclamado que ha quedado precisado. En continuación, toda vez que esta juzgadora no advierte diversa causa de improcedencia, ni las partes hicieron valer alguna de oficio se procede analizar el fondo del asunto. SEXTO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado. Son infundados los conceptos de violación, hecho valer por la parte quejosa, de ahí que deba negarse el amparo solicitado. Para una mejor comprensión del asunto y previo al estudio de los conceptos de violación resulta conveniente destacar algunos de los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, mismos que se desprenden de las constancias remitidas por la responsable en justificación de sus actos: 1.- Mediante escrito de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, Arely Luna Palacios, promovió Diligencias Sobre Cuestiones Familiares respecto de guarda y custodia, así como régimen de convivencias sobre su menor hijo de identidad resguardada de iniciales A.N.L., quien se encontraba con su progenitor ********************; por lo que en veintinueve de noviembre siguiente la Juez Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, radicó el asunto bajo el número 1118/202, y previo requerimiento y desahogo de prevención, en tres de enero de dos mil veintitrés, dio trámite a la demanda en la vía intentada, la misma fecha señaló día y hora para la celebración de la Junta Familiar para efecto de proveer sobre convivencias con el menor de edad de identidad resguardada y su progenitora no custodia, y apercibió a la parte demandada que ante la incomparecencia se haría acreedor de una medida de apremio consistente en una multa de diez Unidades de Medidas y Actualización. (fojas 1 a 10 del tomo de pruebas). En veinticinco de enero de dos mil veintitrés el fedatario adscrito al Juzgado responsable realizó el emplazamiento respectivo (fojas 11 a 14 ídem). 2.- En treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable certificó la incomparecencia de la parte demandada y por tanto la imposibilidad de celebrar la audiencia de ley. (foja 15 del tomo de pruebas). 3.- Luego mediante escrito recibido ante la responsable en quince de febrero de dos mil veintitrés, la parte acto aquí tercero interesado, solicitó que ante la incomparecencia de la parte demandada a la Junta Familiar, se le hiciera efectivo el apercibimiento de multa, asimismo solicitó medidas de protección en su favor (fojas 16 a 21 ídem). En Proveído de uno de marzo de dos mil veintitrés, la responsable en principio tuvo recibido el escrito antes referido, en la misma fecha señaló día y hora para la celebración de la Junta Familiar, y apercibió a la parte demandada que ante su incomparecencia se haría acreedor a una multa consistente en veinte Unidades de Medida y Actualización, ello de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41 y párrafo primero, de la fracción VI, del apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del apartado B del artículo 26 todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de acuerdo a lo establecido en el artículo 131 fracción I, del Código referido, asimismo hizo efectivo el apercibimiento de multa decretado en tres de enero de dos mil veintitrés y ordenó girara oficio a la autoridad recaudadora, finalmente decretó medidas de protección en favor de la promovente de las diligencias aquí tercera interesada, determinación que fuera notificada a la parte demandada en veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, según se advierte del acta de cita signada por el fedatario de la adscripción del Juzgado responsable (fojas 22 a 23 y 37 a 40 ídem). 4.- En treinta de marzo de dos mil veintitrés la autoridad responsable certificó la incomparecencia a la celebración de la Junta Familiar. (foja 41 del tomo de pruebas). Mediante escrito de tres de abril de dos mil veintitrés, la parte actora en el juicio de origen, solicitó nuevamente a la responsable que hiciera efectivo el apercibimiento a la parte demandada aquí quejosa, el cual fuera decretado en proveído de uno de marzo de dos mil veintitrés, y solicitó el auxilio de la fuerza pública para efecto de hacer comparecer al ahora quejoso en compañía de su hijo menor de edad, para efectuar la Junta Familiar respectiva (fojas 45 y 46 del tomo de pruebas). En proveído de catorce de abril de dos mil veintitrés la autoridad responsable tuvo por recibido el escrito de la promovente de diligencias, y en primer término como lo solicitó, ante la incomparecencia de la parte demandada a la Junta Familiar hizo efectivo el apercibimiento de multa decretado en uno de marzo de dos mil veintitrés y en consecuencia ordenó girar el oficio respectivo a la autoridad recaudadora. PRIMER ACTO RECLAMADO. En el mismo proveído señaló nueva fecha para la celebración de la Junta Familiar y requirió a la parte demandada a efecto que compareciera en compañía de su menor hijo, a dicha Junta y le apercibió, que en caso de no comparecer o no llevar consigo al menor de edad, se haría acreedor a una medida de apremio consistente en un arresto por diez horas de acuerdo a lo establecido en el artículo 131 fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala. (fojas 47 y 48 ídem). Determinación anterior que fuera notificada al demandado en once de mayo de dos mil veintitrés según se advierte de la constancia de notificación realizada por el fedatario adscrito al Juzgado responsable (fojas 54 a 57 ibídem). 5.- En dieciséis de mayo de dos mil veintitrés la secretaria de acuerdos adscrita a la autoridad responsable, certificó la incomparecencia de la parte demandada a la Junta Familiar (foja 60del tomo de pruebas). En proveído de catorce de junio de dos mil veintitrés la Juez responsable tuvo recibido el escrito signado por la actora aquí tercera interesada y en atención a su contenido hizo efectiva la medida de apremio decretada en contra de ********************, decretada en catorce de abril de dos mil veintitrés, consistente en el arresto por diez horas por desacato a la autoridad y para tal efecto giró oficio al Secretario de Seguridad Pública Municipal de San Juan Huactzinco, Tlaxcala, y nuevamente señaló fecha para la celebración de la Junta Familiar y apercibió a la parte demandada que ante incomparecencia se haría acreedor a una multa consistente en quince días de arresto. (fojas 67 a 70 ídem). SEGUNDO ACTO RECLAMADO. Hasta aquí los antecedentes que dieron origen al acto reclamado. La parte quejosa sostiene que con los actos reclamados se violenta en su contra la garantía de legalidad y seguridad jurídica a que alude el artículo 16 Constitucional, pues sostiene nunca fue oído ni vencido de forma legal y correcta. En principio resulta importante precisar que entre los derechos fundamentales de seguridad jurídica que menciona nuestra Carta Magna, se encuentra el de legalidad consagrada en el numeral 16, párrafo primero, constitucional, el cual de manera genérica, establece los requisitos que debe reunir cualquier acto autoritario que importe molestia a la esfera jurídica de los ciudadanos, a saber: constar por escrito, ser dictado por autoridad competente y, estar fundado y motivado. En esa línea argumentativa, y de conformidad con el numeral 16 constitucional, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, así el derecho humano a la legalidad contenido en el referido numeral, obliga a las autoridades entre otras cosas a fundar y motivas los actos por ellas emitidos. Entendiéndose por fundamentación el que la autoridad, en el propio cuerpo del acto reclamado, ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso; y por motivación, el señalamiento preciso de las causas especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tomado en consideración para la emisión del acto, debiendo existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se configuren en el caso concreto las hipótesis normativas. Por otra parte, se debe recordar que tratándose de resoluciones jurisdiccionales, el derecho fundamental a la legalidad tiene como objeto que el juzgador no las dicte en forma arbitraria, sino ajustadas al ordenamiento legal, a efecto de que el gobernado pueda establecer si se respetaron de manera cabal las normas que consideró para resolver el debate, lo cual no requiere necesariamente de la cita del precepto, pues dentro del examen exhaustivo de la litis se dan razonamientos que involucran propiamente aquéllas disposiciones en que se funda la resolución, es decir, se expresa la aplicación de la norma aun sin citarla. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis P. CXVI/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Agosto de 2000, página 143, Materias(s): Constitucional, Común, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." También es necesario destacar que para cumplir con la fundamentación y motivación de la imposición de una multa como medio de apremio, es necesario que se actualice la existencia de un mandato legítimo de autoridad , la existencia del apercibimiento al sujeto obligado, en el cual se le haga de su conocimiento que de no cumplir con lo solicitado, se le impondrá una medida de apremio, la determinación, precisa, del medio de apremio aplicable y que éste se encuentre previsto en la ley, que se haya notificado al sujeto obligado, y que a partir de dicha notificación surta efectos sin que el mandato judicial se hubiera acatado en el plazo concedido, se haga efectiva la multa. Es orientadora al caso, la tesis I.13o.A.46 K sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Noviembre de 2009, página 911, Materias(s): Común, de rubro y texto siguientes: "MULTAS POR DESACATO A UNA ORDEN JUDICIAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO. PARA QUE CUMPLAN CON LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, AL IMPONERLAS ES INNECESARIO ANALIZAR LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL INFRACTOR CON EL FIN DE INDIVIDUALIZAR LA SANCIÓN. Las multas por desacato a una orden judicial, en términos del artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituyen medidas de apremio que obedecen a la necesidad de que los juzgadores puedan hacer cumplir sus determinaciones, por lo que para que cumplan con la debida fundamentación y motivación, al imponerlas es innecesario analizar las circunstancias particulares del infractor con el fin de individualizar la sanción. Así, la legalidad de dichas multas requiere de la observancia de otras formalidades, como son: que exista un mandamiento legítimo de autoridad; que se aperciba al obligado de que, de no cumplir con lo solicitado, se le impondrá una medida de apremio; que se determine con precisión el medio de apremio que, en su caso, será aplicable y que éste se encuentre previsto en la ley; que se notifique tal determinación al sujeto obligado y que, a partir de que ésta surta efectos, sin que el mandato judicial se hubiese acatado en el plazo concedido, se haga efectivo el medio de apremio a la parte contumaz. Por último, es de precisar, que tomando en consideración que el apercibimiento es una prevención especial de la autoridad hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, que especifica un hacer o dejar de hacer algo que debe cumplirse, que se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento, puede concluirse que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal que consagran los principios de legalidad y seguridad jurídica, para que sea legal la aplicación de la medida, la autoridad debe emitir su mandamiento en términos y bajo las condiciones establecidas por dichos principios para que el gobernado tenga la certeza de que aquél está conforme con las disposiciones legales y sus atribuciones. ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN: A) El acuerdo dictado en catorce de abril de dos mil veintitrés, en el cual hizo efectivo el apercibimiento decretado en uno de marzo de dos mil veintitrés, -ante su incomparecencia para desahogar la Junta Familiar y al no presentar a menor de edad (hijo)- en el cual se impuso una multa veinte Unidades de Medidas y Actualización, dentro de las Diligencias Sobre Cuestiones Familiares 1118/2022. Ahora bien, en el caso concreto, de los antecedentes antes reseñados se desprende que la juez responsable en proveído de uno de marzo de dos mil veintitrés, actuando dentro del expediente 1118/2022 relativo a las Diligencias Sobre Cuestiones Familiares y señaló día y hora para la celebración de una Junta Familiar, y apercibió al impetrante del amparo que ante su incomparecencia se haría acreedor a una multa consistente en veinte Unidades de Medida y Actualización, ello de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41 y párrafo primero, de la fracción VI, del apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del apartado B del artículo 26 todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de acuerdo a lo establecido en el artículo 131 fracción I, del Código referido. Proveído que fuera notificado al demandado ********************, en veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Posteriormente, en el diverso proveído de catorce de abril de dos mil veintitrés, la Juez responsable hizo efectivo el apercibimiento de multa decretado en uno de marzo de dos mil veintitrés y en consecuencia ordenó girar el oficio respectivo a la autoridad recaudadora. En ese sentido, se estima que, la actuación de la responsable es objetivamente correcta, en términos del artículo 14 y 16 Constitucionales, en razón de que dicha responsable aplicó la medida de apremio -multa de veinte Unidades de Medida y Actualización-, al demandado ********************, debido a que no compareció en la fecha señalada para la celebración de la Junta Familiar, a pesar de encontrarse debidamente notificado y apercibido que, de no hacerlo se le aplicaría una multa consistente en veinte Unidades de Medida y Actualización. Es decir, no acató el citado requerimiento a pesar de que tenía pleno conocimiento de cuál sería la consecuencia de no cumplir con el requerimiento impuesto; esto es, de las constancias que obran en autos, se aprecia que fue apercibido de que si no comparecía o comparecía sin la compañía del menor de edad de identidad resguardada a la celebración de la Junta Familiar, se haría acreedor a dicha medida de apremio. Del mismo modo se estima que el acto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado, toda vez que, el Juez responsable tomó en consideración que el solicitante del amparo, no había comparecido a la celebración de la Junta Familiar, es decir expresó la circunstancia especial y razones tomadas en consideración para la emisión del referido acto, cumpliendo con ello, con las prerrogativas constitucionales del artículo 16. De igual forma, la decisión reclamada está sustentada en el artículo 131, fracción I del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contempla las medidas de apremio. Por ello, la medida de apremio impuesta es apegada a derecho, habida cuenta que el demandado no acató la determinación que emitió la Juez responsable de comparecer en compañía de su menor hijo a la celebración de la Junta Familiar, y, ante su incomparecencia de la obligación procesal, es por tanto que se estima acertado el hacer efectiva dicha multa. Además que, entre las medidas de apremio contempladas en el artículo 131 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala , la prevista en la fracción I, consistente en multa, es la menos gravosa, ya que el citado numeral también contempla en su fracción III, el arresto hasta por treinta y seis horas, como medida de apremio para que la responsable pueda hacer cumplir sus determinaciones. De ahí lo infundado del concepto de violación por el precisado acto acto reclamado. ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN: C) El acuerdo dictado en catorce de junio de dos mil veintitrés, en el cual hizo efectivo el apercibimiento decretado en catorce de abril de dos mil veintitrés, -ante su incomparecencia para desahogar la Junta Familiar y al no presentar a menor de edad (hijo)- consistente en la medida de apremio de arresto por diez horas por desacato a la autoridad, dentro de las Diligencias Sobre Cuestiones Familiares 1118/2022. El concepto de violación que de igual manera hace valer para el precisado acto reclamado, previo análisis y aun suplido en su deficiencia, dado que el referido acto implica la restricción de la libertad del solicitante del amparo, también deviene infundado. En primer término, cabe destacar que el arresto del que se duele la quejosa consiste en una medida de apremio que, si bien limita la libertad de manera temporal de una persona, su razón de ser deriva del incumplimiento a un mandato judicial y, por ende, de un retraso en la impartición de justicia en contravención al artículo 17 constitucional, no de la comisión de un delito. Por lo cual se considera que el arresto como medida de apremio de la que disponen los jueces para hacer cumplir sus determinaciones no tiene el carácter de pena, ni es de naturaleza penal, por no provenir de un procedimiento instaurado con motivo de la comisión de un delito, y por esa razón no transgrede el artículo 16 constitucional que prevé los requisitos para el dictado de una orden de aprehensión. En esa línea se tiene que el artículo 14 constitucional reconoce el derecho a la defensa previamente a que los gobernados sufran un acto que implique la privación definitiva de un derecho. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, a fin de respetar tal derecho, es necesario que se cumplen ciertas exigencias, a las que ha denominado formalidades esenciales del procedimiento, que se traducen en: a) la notificación del inicio del procedimiento; b) la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; c) la oportunidad de alegar; y, d) el dictado de una resolución que dirima la cuestión debatida. Tales consideraciones se encuentran contenidas en la Jurisprudencia P./J. 47/95, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Diciembre de 1995, página 133, de rubro siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO." Sin embargo, la propia Corte ha determinado que cuando se trata de medios de apremio, aunque privan de un derecho al gobernado -libertad por determinado tiempo si se trata de arresto o patrimonial si se trata de multa-, el derecho a ser escuchado puede ser ejercido posteriormente a la imposición de dicha sanción, a través de los medios de defensa que establece la ley, o bien, cuando se realiza el apercibimiento, porque los medios de apremio son facultades que se conceden a los jueces y a otras autoridades judiciales para que éstos hagan cumplir sus determinaciones y tienen como finalidad contribuir al desarrollo adecuado y pronto de los procesos y, por ende, a que sea efectiva la garantía de acceso a la justicia establecida en el artículo 17 constitucional. Las anteriores consideraciones sustentan la jurisprudencia P./J. 24/98 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Abril de 1998, página 5, Materias(s): Común, de rubro y texto siguientes: "ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. LAS LEYES O CÓDIGOS QUE LO PREVÉN SIN ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO PREVIO EN QUE SE ESCUCHE AL POSIBLE AFECTADO, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. No es necesario que las leyes o códigos que establecen el arresto como medida de apremio instrumenten un procedimiento para escuchar al posible afectado y darle oportunidad de aportar pruebas antes de decretarlo como medida de apremio, pues con éste sólo se persigue obligar al contumaz a acatar las determinaciones y resoluciones dictadas dentro de un procedimiento judicial o después de concluido y, además, por encima del interés meramente individual del afectado con la medida de apremio, se encuentra el interés de la sociedad en que se instrumenten los medios necesarios para que las resoluciones y determinaciones judiciales se cumplan a la brevedad posible, con el propósito de que sea efectiva la garantía consagrada en el artículo 17 constitucional, consistente en la administración de justicia pronta, completa e imparcial, la cual se vería seriamente menoscabada si tuviera que escucharse previamente al posible afectado con la medida de apremio. Por ello, para el cumplimiento de la garantía de audiencia no es necesaria la oportunidad de defensa previa al acto de afectación, pues ella debe darse con posterioridad, a fin de no afectar la efectividad y expeditez de la administración de justicia que exige el interés público." Ahora, en cuanto al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, es necesario que exista una determinación fundada y motivada que deba ser cumplida por las partes y que las personas obligadas tengan conocimiento del requerimiento que se les realizó y sean sabedoras de que, en caso de no cumplirlo, se le aplicará una sanción. En este caso en específico, estos requisitos están cumplidos, porque de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que en auto de catorce de abril de dos mil veintitrés se señaló día y hora para la celebración de la Junta Familiar, y en el mismo proveído se requirió la comparecencia del demandado Jesus Nava Salazar en compañía de su menor hijo, a dicha Junta y le apercibió, que en caso de no comparecer o no llevar consigo al menor de edad, se haría acreedor a una medida de apremio consistente en un arresto por diez horas de acuerdo a lo establecido en el artículo 131 fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala. Determinación anterior que fuera notificada al demandado en once de mayo de dos mil veintitrés según se advierte de la constancia de notificación realizada por el fedatario adscrito al Juzgado responsable. En dieciséis de mayo de dos mil veintitrés la secretaria de acuerdos adscrita a la autoridad responsable, certificó la incomparecencia de la parte demandada a la Junta Familiar. En proveído de catorce de junio de dos mil veintitrés la Juez responsable hizo efectiva la medida de apremio decretada en contra de ********************, decretada en catorce de abril de dos mil veintitrés, consistente en el arresto por diez horas por desacato a la autoridad. De lo anterior, se advierte que la segunda exigencia a la que se ha aludido -que la persona a la que se impone la medida de apremio conozca el apercibimiento decretado- también se colma pues de acuerdo con lo narrado el once de mayo de dos mil veintitrés, fue notificada del auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, por el que la juez responsable señaló el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, para que tuviera verificativo la celebración de la Junta Familiar a la que la parte quejosa debía comparecer en compañía de su menor hijo, con la finalidad de resolver cuestiones relativas a convivencias y la apercibió con la medida de apremio reclamada. Por tanto, no se vulnera el principio de certidumbre jurídica que puede resumirse en que el gobernado pueda saber a qué atenerse, lo que se cumple si las partes son sabedoras de las obligaciones a que están sujetos. En las relatadas condiciones, se estiman correctas la imposición de las medidas de apremio reclamadas, y por tanto, al ser infundados los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, lo procedente negar el amparo y protección solicitados. Negativa del amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a las diversas autoridades responsables, lo anterior por no reclamar dichos actos por vicios propios. SÉPTIMO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. OCTAVO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 73 y 74 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E LV E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** por propio derecho, respecto del acto y autoridades señalados en el segundo resultando, por los motivos señalados en el considerando quinto del presente fallo. SEGUNDO La Justicia Federal no ampara ni protege a ******************** por propio derecho, contra el acto de la autoridad responsable indicada en el resultando segundo, por las consideraciones precisadas en el considerando sexto del presente fallo. TERCERO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y, agréguese el acuse de recibo. CUARTO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, ante el Licenciado Rolando Cruz Delfín, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para este día, en atención a que mediante auto de tres de agosto de dos mil veintitrés se dio vista a las partes, con el informe justificado relativo a la ampliación de demanda, por lo que transcurre el término para el desahogo de la misma. Por tanto, para dar margen a lo anterior, y no transgredir las reglas esenciales que rigen el juicio de amparo, y no dejar en estado de indefensión a las partes, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTITRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Secretaria Damayanty Rojas Huerta, encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, por vacaciones de la Titular, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de conformidad con el oficio CCJ/ST/3336/2023, con motivo de la sesión celebrada el diecinueve de junio de dos mil veintitrés por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el Secretario de Juzgado Rolando Cruz Delfín, que autoriza y da fe.
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