Jesús Montserrat Cruz Tinta
Expediente 162/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 16 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 162/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 26/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Jesús Montserrat Cruz Tinta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
*** Vista la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes recurriera la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Requiérase a la quejosa, a fin de que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente en que quede debidamente notificada del presente proveído, comparezca ante este juzgado federal, a fin de que le sean devueltos los documentos que adjuntó a su escrito inicial de demanda, con el apercibimiento que de no comparecer, serán destruidos conjuntamente con el presente expediente, transcurrido el término a que se refiere el párrafo que antecede. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Vista la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes recurriera la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Requiérase a la quejosa, a fin de que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente en que quede debidamente notificada del presente proveído, comparezca ante este juzgado federal, a fin de que le sean devueltos los documentos que adjuntó a su escrito inicial de demanda, con el apercibimiento que de no comparecer, serán destruidos conjuntamente con el presente expediente, transcurrido el término a que se refiere el párrafo que antecede. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 162/2017-I, promovido por ..............por propio derecho, en contra de los actos reclamados del Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, que consideró violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 4°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el dieciséis de febrero del año dos mil diecisiete, ........por propio derecho, promovió demanda de amparo en contra del acto de la autoridad indicada, y que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, de la Ley de Amparo, se hizo consistir en el siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- a) Lo es el auto de fecha siete de febrero del año en curso, realizada dentro del expediente Relativo a las Diligencias sobre Cuestiones Familiares número .........., radicado ante el Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala, mediante el cual el ciudadano Juez acuerda, que se otorga la guarda y cuidado de forma provisional del menor .......... a favor del señor ..........., toda vez que se le decretó a su favor sin que se le conceda a la suscrita ni a mi menor hijo el derecho de convivencia familiar entre ambos. Lo anterior contraviene "EL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ", al otorgar en primer término el cuidado del menor .............. al C. .......... y en segundo término que al menor se le niegue el derecho de convivir con la suscrita, siendo que es parte fundamental en su desarrollo. Así mismo dicho acuerdo resulta ilegal al haberse violado a la suscrita la garantía de audiencia y acceso a la justicia, por no haber sido oída en juicio en mi carácter de madre de mi menor hijo." SEGUNDO.- Por razón de turno, tocó conocer del presente juicio de amparo a este órgano constitucional, el cual por acuerdo de fecha diecisiete de febrero del año dos mil diecisiete, la admitió a trámite, y que se registró con el número 162/2017; asimismo, se requirió a la autoridad responsable rindiera su informe con justificación, se dio vista al agente de Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento alguno, se ordenó emplazar a juicio a los terceros interesados y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; C O N S I D E R A N D O : PRIMERO.- Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción 1, y 107, fracción VII de la Constitución General de la República, 33, fracción IV, 35, 37, y demás relativos de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 36/2016, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, que modificó el diverso 3/2013, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, toda vez que el amparo se promueve contra actos que se atribuyen a autoridades circunscritas a la jurisdicción de este Juzgado. SEGUNDO.- Oportunidad de la demanda. La demanda de amparo que dio origen al presente juicio de derechos fundamentales se presentó oportunamente, atento a que la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el día catorce de febrero de dos mil diecisiete y la fecha de recepción de la demanda en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala es del día dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, esto es, se presentó dentro del plazo legal de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, descontando los días inhábiles. TERCERO.- Precisión del acto reclamado. Previo a abordar lo relativo a la certeza o inexistencia del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es éste, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que debe señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo, atendiendo a la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, página 32, que expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 74.- Las sentencias deben contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;.". De la transcripción anterior se desprende que, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación, debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso, con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Al caso concreto, es aplicable el criterio contenido en la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, página 255, cuya literalidad indica: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En cumplimiento a lo anterior, de la lectura cabal de la demanda de amparo y de las constancias de autos se advierte, que el acto reclamado por los quejosos en esta vía, esencialmente consiste en: el auto de fecha siete de febrero de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente relativo a las diligencias sobre cuestiones familiares número ........., del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, a través del cual se otorgó la guarda y custodia provisional del menor .........., a favor del hoy tercero interesado ..........., sin que haya sido llamada a juicio y sin concederle el derecho a la convivencia con el menor. Lo anterior, atento a los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo. Sirve de sustento jurídico, la jurisprudencia 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y ocho, página 227, con el rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." CUARTO.- Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, toda vez que así se desprende del contenido del informe justificado, que obra agregado en autos. Al respecto se cita la jurisprudencia 278, publicada en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora en especial, con las copias certificadas que adjuntó la responsable a su informe justificado, obtenidas del expediente número ........., con motivo de las diligencias sobre cuestiones familiares promovidas por ............en contra de ......., dentro del cual obra el acto de molestia que impugna en esta vía constitucional la peticionaria de amparo; documental pública a la cual se le confiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo el último párrafo, del artículo 2°, de este último ordenamiento legal. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de la siguiente voz: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO.- Análisis causal de improcedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio del fondo del asunto, este Tribunal Federal debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que constituyen una cuestión de orden público y estudio preferente, y además, porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, este juzgado estima que se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] ". La cesación de efectos del acto reclamado se traduce en la detención definitiva del acto de la autoridad, así como en la desaparición total de sus efectos, de manera que no es posible examinar su constitucionalidad, porque ya no surte ninguna eficacia, lo que supone que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De acuerdo con lo anterior, la interpretación relacionada de la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley de Amparo, lleva a la conclusión de que esta causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales se actualiza cuando cesan las consecuencias del acto y además todos sus efectos desaparecen o se destruyen total e incondicionalmente, de tal forma que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio que enseguida se cita: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso, cabe recordar que la quejosa reclamó el auto de fecha siete de febrero de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente relativo a las diligencias sobre cuestiones familiares número ********************, del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, a través del cual se otorgó la guarda y custodia provisional del menor ......., a favor del hoy tercero interesado ..........., sin que haya sido llamada a juicio y sin concederle el derecho a la convivencia con el menor. Ahora bien, de las copias certificadas que adjuntó la responsable al rendir su informe justificado, se advierte que con fecha siete de marzo de dos mil diecisiete, el juez responsable celebró junta familiar, en la que las partes ..........,-hoy quejosa- y .......-hoy tercero interesado- convinieron sobre la custodia provisional, convivencia y alimentos provisionales que debería recibir el menor ........., concluyendo dicha junta familiar en lo siguiente: ".En seguida, el Ciudadano Juez ACORDO: Con fundamento en los artículo 1390, 1391, 1392, 1303, 1394, 1395, de la Ley Adjetiva Civil vigente en el Estado, así como los diversos 130 fracción V y 215 del Código Civil vigente en el Estado, la custodia provisional del niño ......., a favor de su señora madre ....., se tiene al Ciudadano Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado por hechas sus manifestaciones, así como por hechas las de los comparecientes y por celebrado el convenio a que ellos mismos llegaron de forma voluntaria, se ordena girar oficio a la Directora del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, para el efecto de que ordene a quien corresponda practique estudios socioeconómicos, a los señores EUSTORGIO GAYOSSO GUZMÁN y ....... para saber a cuánto ascienden de forma quincenal las necesidades primordiales del niño ..........; psicológico, al señor ......., para el efecto de saber cómo manejan dicha persona sus controles de impulsos, el estrés en situaciones de conflicto, la tolerancia a la frustración, la inteligencia emocional, quien de los padres del niño está desequilibrado emocionalmente para ejercer la custodia provisional y sus habilidades sociales frente a terceros; visitas domiciliarias periódicas al domicilio de custodia de la señora .......... ubicado en Calle .........para el efecto de saber cuál es la situación personal en la que se encuentra el niño ........, así como para saber cuál es el entorno social que lo rodea y el medio en el que se desenvuelve dicho menor, el estado emocional en el que se encuentra, si sus necesidades alimenticias son cubiertas con la oportunidad debida, y si en el domicilio de custodia tiene un ambiente familiar adecuado para su sano desarrollo psicoemocional, con quien convive el niño, con quien duerme, si recibe todas las atenciones de acuerdo a su edad, si en un ambiente armonioso y libre de violencia, y en su caso queda abierto para que la trabajadora social o psicóloga realicen alguna recomendación previo estudio psicológico y de trabajo social para lograr el sano desarrollo y bienestar del niño ............, por lo que una vez que se obtenga el resultado de los mismos los remita a este Juzgado, de igual forma se le hace saber a la Directora de dicha Institución que los señores ........ y ......., asistirán al curso escuela para padres; por otra parte, en este momento se tiene por legalmente separados a los señores .......... y ......; se mandan agregar a las presentes actuaciones, las impresiones fotográficas exhibidas por el compareciente .........., así como los documentos exhibidos por ambos comparecientes, mismos que quedaron descritos en el desarrollo de esta diligencia, para los efectos legales a que haya lugar, finalmente se exhorta a los comparecientes para que se respeten tanto en sus personas como en sus bienes y familias, así como para guardar la mejor comunicación para tratar todo lo relativo para el bienestar, así como para que den cumplimiento al acuerdo que ellos mismos celebraron y en los términos en que se dejaron asentados en líneas anteriores, con el apercibimiento que de no hacerlo se harán acreedores a una medida de apremio consistente en un multa por el equivalente a diez días de salario mínimo vigente en el Estado, por desacato a un mandato judicial, la que se hará efectiva a través de la autoridad Administrativa Correspondiente, ello en términos de lo establecido por el numeral 131 fracción I, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Con lo que se da por terminada la presente diligencia firmando al margen y al calce los que en la misma intervinieron y quisieron hacerlo, para constancia de este Juzgado. Doy fe. (FIRMAS)." (Fojas 45 y 72 folio de origen). Lo anterior permite concluir que cesaron los efectos del auto de fecha siete de febrero del año en curso, relativo al otorgamiento de la guarda y custodia provisional del menor ......, en favor del hoy tercero interesado ............, dado al convenio celebrado entre las partes hoy quejosa y tercero interesado, justo como si se hubiere otorgado la protección constitucional, de manera que lo procedente es sobreseer en este juicio constitucional, de conformidad con los artículos 61 fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo. Es ilustrativo el criterio de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, que se reproduce enseguida: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Luego entonces, al haberse actualizado la causal de improcedencia que originó el sobreseimiento de este juicio constitucional, el suscrito se encuentra jurídicamente imposibilitado para estudiar el fondo del amparo, según el criterio sustentado en la jurisprudencia publicada en la página 57, de la Gaceta número setenta, del Semanario Judicial de la Federación, del mes de Octubre de 1993, cuyo tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Por otro lado, se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6° apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los artículos 5° al 9°, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que las partes no manifestaron oposición alguna para que al momento de hacer pública la presente sentencia se suprimieran sus datos personales, el presente asunto estará a disposición del publico para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública; suprimiendo los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 63, 74, 75, y 217 y demás relativos de la ley de la materia, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ......... en contra del acto y autoridad precisada en el resultando primero de este fallo, y por las razones expuestas en el considerando último de esta sentencia. SEGUNDO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente.
- Principal
***VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 162/2017-I, promovido por ..............por propio derecho, en contra de los actos reclamados del Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, que consideró violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 4°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el dieciséis de febrero del año dos mil diecisiete, ........por propio derecho, promovió demanda de amparo en contra del acto de la autoridad indicada, y que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, de la Ley de Amparo, se hizo consistir en el siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- a) Lo es el auto de fecha siete de febrero del año en curso, realizada dentro del expediente Relativo a las Diligencias sobre Cuestiones Familiares número .........., radicado ante el Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala, mediante el cual el ciudadano Juez acuerda, que se otorga la guarda y cuidado de forma provisional del menor .......... a favor del señor ..........., toda vez que se le decretó a su favor sin que se le conceda a la suscrita ni a mi menor hijo el derecho de convivencia familiar entre ambos. Lo anterior contraviene "EL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ", al otorgar en primer término el cuidado del menor .............. al C. .......... y en segundo término que al menor se le niegue el derecho de convivir con la suscrita, siendo que es parte fundamental en su desarrollo. Así mismo dicho acuerdo resulta ilegal al haberse violado a la suscrita la garantía de audiencia y acceso a la justicia, por no haber sido oída en juicio en mi carácter de madre de mi menor hijo." SEGUNDO.- Por razón de turno, tocó conocer del presente juicio de amparo a este órgano constitucional, el cual por acuerdo de fecha diecisiete de febrero del año dos mil diecisiete, la admitió a trámite, y que se registró con el número 162/2017; asimismo, se requirió a la autoridad responsable rindiera su informe con justificación, se dio vista al agente de Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento alguno, se ordenó emplazar a juicio a los terceros interesados y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; C O N S I D E R A N D O : PRIMERO.- Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción 1, y 107, fracción VII de la Constitución General de la República, 33, fracción IV, 35, 37, y demás relativos de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 36/2016, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, que modificó el diverso 3/2013, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, toda vez que el amparo se promueve contra actos que se atribuyen a autoridades circunscritas a la jurisdicción de este Juzgado. SEGUNDO.- Oportunidad de la demanda. La demanda de amparo que dio origen al presente juicio de derechos fundamentales se presentó oportunamente, atento a que la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el día catorce de febrero de dos mil diecisiete y la fecha de recepción de la demanda en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala es del día dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, esto es, se presentó dentro del plazo legal de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, descontando los días inhábiles. TERCERO.- Precisión del acto reclamado. Previo a abordar lo relativo a la certeza o inexistencia del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es éste, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que debe señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo, atendiendo a la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, página 32, que expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 74.- Las sentencias deben contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;.". De la transcripción anterior se desprende que, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación, debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso, con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Al caso concreto, es aplicable el criterio contenido en la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, página 255, cuya literalidad indica: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En cumplimiento a lo anterior, de la lectura cabal de la demanda de amparo y de las constancias de autos se advierte, que el acto reclamado por los quejosos en esta vía, esencialmente consiste en: el auto de fecha siete de febrero de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente relativo a las diligencias sobre cuestiones familiares número ........., del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, a través del cual se otorgó la guarda y custodia provisional del menor .........., a favor del hoy tercero interesado ..........., sin que haya sido llamada a juicio y sin concederle el derecho a la convivencia con el menor. Lo anterior, atento a los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo. Sirve de sustento jurídico, la jurisprudencia 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y ocho, página 227, con el rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." CUARTO.- Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, toda vez que así se desprende del contenido del informe justificado, que obra agregado en autos. Al respecto se cita la jurisprudencia 278, publicada en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora en especial, con las copias certificadas que adjuntó la responsable a su informe justificado, obtenidas del expediente número ........., con motivo de las diligencias sobre cuestiones familiares promovidas por ............en contra de ......., dentro del cual obra el acto de molestia que impugna en esta vía constitucional la peticionaria de amparo; documental pública a la cual se le confiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo el último párrafo, del artículo 2°, de este último ordenamiento legal. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de la siguiente voz: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO.- Análisis causal de improcedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio del fondo del asunto, este Tribunal Federal debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que constituyen una cuestión de orden público y estudio preferente, y además, porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, este juzgado estima que se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] ". La cesación de efectos del acto reclamado se traduce en la detención definitiva del acto de la autoridad, así como en la desaparición total de sus efectos, de manera que no es posible examinar su constitucionalidad, porque ya no surte ninguna eficacia, lo que supone que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De acuerdo con lo anterior, la interpretación relacionada de la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley de Amparo, lleva a la conclusión de que esta causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales se actualiza cuando cesan las consecuencias del acto y además todos sus efectos desaparecen o se destruyen total e incondicionalmente, de tal forma que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio que enseguida se cita: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso, cabe recordar que la quejosa reclamó el auto de fecha siete de febrero de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente relativo a las diligencias sobre cuestiones familiares número ********************, del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, a través del cual se otorgó la guarda y custodia provisional del menor ......., a favor del hoy tercero interesado ..........., sin que haya sido llamada a juicio y sin concederle el derecho a la convivencia con el menor. Ahora bien, de las copias certificadas que adjuntó la responsable al rendir su informe justificado, se advierte que con fecha siete de marzo de dos mil diecisiete, el juez responsable celebró junta familiar, en la que las partes ..........,-hoy quejosa- y .......-hoy tercero interesado- convinieron sobre la custodia provisional, convivencia y alimentos provisionales que debería recibir el menor ........., concluyendo dicha junta familiar en lo siguiente: ".En seguida, el Ciudadano Juez ACORDO: Con fundamento en los artículo 1390, 1391, 1392, 1303, 1394, 1395, de la Ley Adjetiva Civil vigente en el Estado, así como los diversos 130 fracción V y 215 del Código Civil vigente en el Estado, la custodia provisional del niño ......., a favor de su señora madre ....., se tiene al Ciudadano Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado por hechas sus manifestaciones, así como por hechas las de los comparecientes y por celebrado el convenio a que ellos mismos llegaron de forma voluntaria, se ordena girar oficio a la Directora del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, para el efecto de que ordene a quien corresponda practique estudios socioeconómicos, a los señores EUSTORGIO GAYOSSO GUZMÁN y ....... para saber a cuánto ascienden de forma quincenal las necesidades primordiales del niño ..........; psicológico, al señor ......., para el efecto de saber cómo manejan dicha persona sus controles de impulsos, el estrés en situaciones de conflicto, la tolerancia a la frustración, la inteligencia emocional, quien de los padres del niño está desequilibrado emocionalmente para ejercer la custodia provisional y sus habilidades sociales frente a terceros; visitas domiciliarias periódicas al domicilio de custodia de la señora .......... ubicado en Calle .........para el efecto de saber cuál es la situación personal en la que se encuentra el niño ........, así como para saber cuál es el entorno social que lo rodea y el medio en el que se desenvuelve dicho menor, el estado emocional en el que se encuentra, si sus necesidades alimenticias son cubiertas con la oportunidad debida, y si en el domicilio de custodia tiene un ambiente familiar adecuado para su sano desarrollo psicoemocional, con quien convive el niño, con quien duerme, si recibe todas las atenciones de acuerdo a su edad, si en un ambiente armonioso y libre de violencia, y en su caso queda abierto para que la trabajadora social o psicóloga realicen alguna recomendación previo estudio psicológico y de trabajo social para lograr el sano desarrollo y bienestar del niño ............, por lo que una vez que se obtenga el resultado de los mismos los remita a este Juzgado, de igual forma se le hace saber a la Directora de dicha Institución que los señores ........ y ......., asistirán al curso escuela para padres; por otra parte, en este momento se tiene por legalmente separados a los señores .......... y ......; se mandan agregar a las presentes actuaciones, las impresiones fotográficas exhibidas por el compareciente .........., así como los documentos exhibidos por ambos comparecientes, mismos que quedaron descritos en el desarrollo de esta diligencia, para los efectos legales a que haya lugar, finalmente se exhorta a los comparecientes para que se respeten tanto en sus personas como en sus bienes y familias, así como para guardar la mejor comunicación para tratar todo lo relativo para el bienestar, así como para que den cumplimiento al acuerdo que ellos mismos celebraron y en los términos en que se dejaron asentados en líneas anteriores, con el apercibimiento que de no hacerlo se harán acreedores a una medida de apremio consistente en un multa por el equivalente a diez días de salario mínimo vigente en el Estado, por desacato a un mandato judicial, la que se hará efectiva a través de la autoridad Administrativa Correspondiente, ello en términos de lo establecido por el numeral 131 fracción I, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Con lo que se da por terminada la presente diligencia firmando al margen y al calce los que en la misma intervinieron y quisieron hacerlo, para constancia de este Juzgado. Doy fe. (FIRMAS)." (Fojas 45 y 72 folio de origen). Lo anterior permite concluir que cesaron los efectos del auto de fecha siete de febrero del año en curso, relativo al otorgamiento de la guarda y custodia provisional del menor ......, en favor del hoy tercero interesado ............, dado al convenio celebrado entre las partes hoy quejosa y tercero interesado, justo como si se hubiere otorgado la protección constitucional, de manera que lo procedente es sobreseer en este juicio constitucional, de conformidad con los artículos 61 fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo. Es ilustrativo el criterio de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, que se reproduce enseguida: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Luego entonces, al haberse actualizado la causal de improcedencia que originó el sobreseimiento de este juicio constitucional, el suscrito se encuentra jurídicamente imposibilitado para estudiar el fondo del amparo, según el criterio sustentado en la jurisprudencia publicada en la página 57, de la Gaceta número setenta, del Semanario Judicial de la Federación, del mes de Octubre de 1993, cuyo tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Por otro lado, se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6° apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los artículos 5° al 9°, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que las partes no manifestaron oposición alguna para que al momento de hacer pública la presente sentencia se suprimieran sus datos personales, el presente asunto estará a disposición del publico para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública; suprimiendo los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 63, 74, 75, y 217 y demás relativos de la ley de la materia, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ......... en contra del acto y autoridad precisada en el resultando primero de este fallo, y por las razones expuestas en el considerando último de esta sentencia. SEGUNDO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente. **
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