Jesus Morales Valbuena

Expediente 203/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
203/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
03/03/2017

Partes del expediente

  • Jesus Morales Valbuena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    IV. Toluca, Estado de México; tres de marzo de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. Ahora, en consideración a que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 81, fracción I, inciso d), de la misma ley, no recurrió el proveído de trece de febrero del año en curso, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado; en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones respectivas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Marco Antonio Maya García que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    VII. Toluca, Estado de México; trece de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se desprende que la audiencia incidental se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy a las doce horas; sin embargo, en esta fecha está surtiendo efectos la notificación del acuerdo de nueve de los corrientes, mediante el cual se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días proporcionara la denominación correcta de las autoridades responsables denominadas "Director General de Infraestructura Ferroviaria y Multimodal" y "Director Técnico Ferroviario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes"; en relación a la incidencia con motivo de la denuncia formulada por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano. Por tanto, a fin de no transgredir las reglas del procedimiento del incidente de suspensión, con fundamento en el ordinal 141 de la Ley de Amparo, la audiencia incidental prevista para celebrarse el día de hoy se difiere y, en su lugar, se señalan las doce horas del veintidós de febrero de dos mil diecisiete. Por otra parte, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por recibido el escrito de cuenta signado por el apoderado de la parte quejosa, a través del cual solicita copia certificada de la constancia que describe y que obra en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2, expídase la copia solicitada a costa del promovente; en el entendido que quien se presente a recogerla deberá exhibir una identificación oficial vigente y copia simple de ésta para debida constancia legal de su entrega. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Ezequiel Flores Molina, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. Actuario adscrito al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. Órgano Superior de Fiscalización del Gobierno del Estado de México." IV. ACTOS RECLAMADOS: Del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México y Actuaria Adscrito al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México (sic). La omisión de abrir incidente de liquidación y posterior orden de requerimiento de pago y embargo, respecto del laudo de fecha siete de noviembre de 2014, dictado en el juicio que se tramita ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, bajo el rubro Flores Molina Ezequiel Vs. H. Ayuntamiento Constitucional de Huixquilucan de Degollado, Estado de México, con número de expediente 382/2012. La omisión de dictar las medidas de apremio al Ayuntamiento de Huixquilucan Estado de México, en la orden de requerimiento de pago y embargo, respecto del laudo de fecha siete de noviembre de 2014, dictado en el juicio que se trata ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México bajo el rubro Flores Molina Ezequiel Vs H. Ayuntamiento Constitucional de Huixquilucan de Degollado, Estado de México con número de expediente 382/2012 La dilación procesal de dictar medidas de apremio necesarias y previstas en la ley que rige el procedimiento, que van desde la multa hasta la suspensión del cargo para lograr el cumplimiento del laudo dictado en fecha siete de noviembre de 2014, en el juicio que se tramita ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, bajo el rubro Flores Molina Ezequiel Vs H. Ayuntamiento Constitucional de Huixquilucan de Degollado, Estado de México con número de expediente 382/2012. Del C. Actuario Adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. La omisión de notificar el requerimiento de pago y embargo respecto del laudo de siete de noviembre de 2014 dictado en el juicio que se tramita ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México bajo el rubro Flores Molina Ezequiel Vs H. Ayuntamiento Constitucional de Huixquilucan de Degollado, Estado de México con número de expediente 382/2012. Ejecutar el requerimiento de pago y embargo respecto del laudo de siete de noviembre de 2014, dictado en el juicio que se tramita ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, bajo el rubro Flores Molina Ezequiel Vs H. Ayuntamiento Constitucional de Huixquilucan de Degollado, Estado de México con número de expediente 382/2012. Del Órgano Superior de Fiscalización del Gobierno del Estado de México. La omisión de cumplir con la obligación impuesta por el párrafo tercero del numeral 251 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios consistentes en supervisar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la partida presupuestal específica y establecer las responsabilidades en caso de incumplimiento, dado que hasta la fecha no existe constancia o intención de dar cumplimiento voluntario por parte del H. Ayuntamiento de Huixquilucan". SEGUNDO. Derechos humanos violados. La quejosa señaló como derechos humanos violados los contenidos en los artículos 17, 115, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de amparo. Recibida la demanda de amparo en este juzgado de distrito, por auto de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, se registró con el número 1737/2016-V, se admitió; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclaman omisiones atribuidas a diversas autoridades en materia del trabajo con residencia dentro de la jurisdicción donde este juzgado de Distrito ejerce su competencia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador al momento de dictar resolución se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por el quejoso, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de garantías e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 192097, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se advierte que el quejoso reclama: La omisión y dilación en el procedimiento de ejecución del laudo. La omisión del Órgano Supervisor de Fiscalización del Gobierno del Estado de México, de supervisar el cumplimiento de la obligación relacionada con la partida presupuestal específica para el pago de indemnizaciones sueldos o prestaciones para el ejercicio de laudos. No se tiene como acto reclamado la omisión de cumplir con la obligación impuesta por el párrafo tercero del numeral 251 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, toda vez que se trata de un concepto de violación y no de un acto destacado. Tampoco se tienen como actos reclamados específicos las diversas omisiones que señala el quejoso, toda vez que se trata de conceptos de violación sobre lo que, estima, debió realizar la responsable en el procedimiento de ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. En este considerando se atenderá al acto reclamado al Órgano Superior de Fiscalización del Gobierno del Estado de México, consistente en: La omisión de supervisar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la partida presupuestal específica y establecer las responsabilidades en caso de incumplimiento. Al respecto la autoridad responsable negó la existencia del acto reclamado. Siguiendo las reglas para actos omisivos, debió demostrarse que dentro de las obligaciones que legalmente conminan a la responsable, se encuentra aquella cuya omisión de le atribuye; sin embargo, ello no quedó demostrado, pues para actualizar la existencia del acto reclamado, se requería que previamente que el Tribunal responsable, hiciera del conocimiento al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, la necesidad del establecimiento de una partida presupuestal específica para la liquidación respectiva, por lo que al no estar acreditado dicho comunicado, es que la existencia de la obligación de la autoridad nacida de la ley y por ende, no está acreditada la omisión reclamada. Por otro lado, tampoco es cierta la omisión atribuida al actuario, ya que no obra orden de la autoridad ordenadora de que notificara la determinación cuya omisión se le imputa. Motivos los anteriores, por los cuales debe sobreseerse con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La Presidenta por sí y en representación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, así como el jefe de actuarios, al rendir su informe justificado aceptaron la existencia del acto reclamado. Aunado, a que dicha certeza se corrobora con las copias certificadas de diversas constancias que integran el expediente laboral 382/2012, que remitió como complemento a su informe de mérito, a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, dado que las documentales son públicas por contener transcripciones certificadas realizadas por funcionario público, en ejercicio de sus funciones y respecto de diligencias encomendadas por disposición de la Ley, de las que se aprecia la existencia de la omisión reclamada. QUINTO. Causales de improcedencia. No existe causa de improcedencia alegada por las partes o advertida de oficio por este juzgador en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. SEXTO. Estudio de fondo del asunto. Es importante señalar que los conceptos de violación expuestos por el quejoso, al tratarse del trabajador en el juicio natural del que deriva el acto reclamado, los mismos serán suplidos en su deficiencia por este juzgador, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 5/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIII, febrero de 2006, página 9, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. SE SURTE AUN ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diferencias tratándose de la suplencia de la queja, advirtiendo que puede ser total ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios, o relativa, cuando son insuficientes, esto es, cuando solamente hay una deficiente argumentación jurídica. Ahora bien, el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo dispone que las autoridades que conozcan del juicio de garantías deben suplir la queja deficiente, entre otros supuestos, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de esta Suprema Corte, sin precisar si opera de forma relativa o total, pero el estudio del proceso legislativo de reforma de 1951 a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del entonces 76 de la ley citada, pone de manifiesto que dicha suplencia debe ser total, ya que se surte aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios, como acontece en las materias penal tratándose del inculpado, laboral atinente al trabajador, o respecto de menores e incapaces, porque en todos estos supuestos se pretendió atemperar los tecnicismos del juicio de garantías, para dar relevancia a la verdad jurídica." Previo al análisis del acto reclamado, así como de los conceptos de violación, resulta oportuno precisar ciertos antecedentes, los cuales son os siguientes: El siete de noviembre de dos mil catorce, se dictó laudo en el expediente laboral 382/2012, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en el que otras cosas se expuso: ". es procedente condenar a la parte demandada H. Ayuntamiento Constitucional de Huixquilucan, Estado de México a reinstalar al actor C. Ezequiel Flores Molina, en su trabajo de igual forma se condena al pago de salarios caídos a partir de la fecha de despido.hasta aquella en que sea reinstalado en su trabajo.En consecuencia de lo anterior ya efecto de determinar el monto de los salarios caídos, deberá abrirse el incidente de liquidación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 843 de la Ley Federal del Trabajo en aplicación supletoria.." El dieciocho de febrero de dos mil quince, la parte actora solicitó al Presidente responsable, dictara auto de ejecución (foja 58), por lo que el treinta de abril de ese año, en atención a lo solicitado y en cumplimiento al laudo dictado, señaló el día diecinueve de mayo de dos mil quince, para que tuviera verificativo la reinstalación, comisionando al actuario para llevar a cabo la diligencia respectiva; asimismo, informó que una vez reinstalado el actor, se acordaría lo que en derecho procediera respecto del incidente de liquidación ordenado en el laudo de referencia, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 19 y 193 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios y en relación con el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo (fojas 60). En la fecha señalada para la diligencia encomendada, se indicó que había imposibilidad para llevarla a cabo, pues el acuerdo a cumplimentar no se encontraba debidamente citado (foja 61). El quince de diciembre de dos mil quince, la parte actora solicitó al presidente responsable auto de ejecución (foja 117); y el catorce de enero de dos mil dieciséis, no se acordó favorable su petición en virtud de que se encontraba pendiente la celebración de la audiencia incidental de nulidad de notificaciones, planteada por la parte demandada (foja 120). Una vez declarada improcedente del incidente de nulidad de notificaciones (foja 132 y 133), el veintinueve de mayo de dos mil quince, la parte actora solicitó a la presidente responsable el auto de ejecución respetivo (foja 134); el veintidós de abril de dos mil dieciséis, se señaló el siete de junio de dos mil dieciséis para efecto de que tuviera verificativo la reinstalación de la parte actora, citando a la demandada para que estuviera presente en la diligencia, con el apercibimiento que de no hacerlo, la misma se practicaría con el servidor público que compareciera; para tal efecto, se comisionó al actuario responsable, para que se constituyera en el domicilio, y reinstalara al actor y una vez reinstalado, a petición de parte se acordaría lo que en derecho correspondiera respecto de las prestaciones ordenadas en el laudo, toda vez que se ordenó la apertura del incidente de liquidación para efecto de cuantificar las prestaciones que refiere hasta que se efectuara materialmente la reinstalación de la actora, lo anterior de conformidad con el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria (foja 137); diligencia que no se realizó por los motivos ahí expuestos (foja 141). El quince de junio y seis de octubre ambos de dos mil dieciséis, ante la negativa de la parte demandada en dar cumplimiento a lo ordenado en el párrafo que antecede, la actora promovió incidente de liquidación (foja 140 y 141), y el presidente de la junta responsable en fecha cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, no acordó de conformidad, pues del laudo dictado advirtió, que se condenó al demandado a reinstalar al actor en su trabajo, así como al pago de salarios caídos debiéndose integrar los incrementos salariales, en razón de ello y una vez que fuera reinstalado el actor, se acordaría lo que en derecho correspondiera, sustentado lo anterior en los artículos 19, 193 y 205 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios (foja 142). Ahora bien, el impetrante de amparo, se duele de la violación a una de las garantías que contiene el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues refiere que la responsable incurre en denegación de justicia, al abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente dentro de los plazos establecidos, además que elude proveer con relación a las medidas de apremio necesarias para obtener la ejecución del laudo. Tales argumentos son fundados y suficientes para conceder al quejoso el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, en relación con la omisión y dilación procesal reclamada a las autoridades responsables del tribunal responsable, debido a que no ha acatado su obligación de hacer cumplir sus determinaciones. Como punto de inicio para el estudio del presente asunto, resulta necesario atender al principio contenido en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa, establece: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. . Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. ." Numeral constitucional que fija la garantía de acceso a la tutela jurisdiccional, estableciendo que la misma debe ser, en lo que aquí interesa, pronta y completa y acoge el principio de ejecución de las sentencias; de ahí que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar esta última, ya que, de no hacerlo se haría nugatoria la primera. Luego, si toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, ese derecho debe verse complementado con la ejecución de la sentencia que le resultó favorable, con la certeza de que lo obtenido en ella no quede sólo en una actuación de buena fe del tribunal, esperando la realización voluntaria del pago por parte del vencido, sino que con base en tal garantía, sea capaz el propio tribunal de velar porque, en caso de cumplimiento forzoso de la sentencia, ésta realmente sea materializada. Por su parte, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." De la lectura del primer párrafo del precepto invocado, se advierte la obligación del Estado Mexicano de reconocer y tutelar los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como garantizar su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos que prevé la propia Constitución. Además, incorpora la obligación de que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. De igual forma, la Convención Americana de Derechos Humanos, adoptada en la Ciudad de San José de Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno, en el numeral 25 refiere: "Artículo 25. Protección Judicial: 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso." Del precepto transcrito se advierte que la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce el derecho que tiene toda persona a un proceso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes y que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, y para ello, los Estados signantes se comprometen a garantizar, entre otros aspectos, el cumplimiento por las autoridades competentes de las resoluciones dictadas en los procesos. Por su parte, los artículos 250, 251, 252, 253, 254, 255 y 256 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipio, aplicables al caso, son del tenor siguiente: "CAPITULO XI De la Ejecución (REFORMADO, G.G. 30 DE ENERO DE 2007) Artículo 250. Las disposiciones de este capítulo rigen para la ejecución de los laudos dictados por el Tribunal o cualquiera de las Salas y para los convenios celebrados ante éstos. En la ejecución de los laudos y convenios que han sido elevados a la categoría de laudo corresponde al Presidente del Tribunal o de la Sala, dictar las medidas necesarias, para que la misma sea pronta y expedita. (REFORMADO, G.G. 30 DE ENERO DE 2007) Artículo 251. Siempre que en ejecución de un laudo o convenio, deba entregarse una suma de dinero o el cumplimiento de un derecho al servidor público, el Presidente cuidará que se le otorgue personalmente. Los titulares de las instituciones o dependencias y los sujetos a esta ley, se atendrán a lo dispuesto por los laudos y convenios, ordenando, en su caso el pago de las indemnizaciones, sueldos o cualquier prestación en dinero que se determine en ellos, previo el establecimiento de una partida presupuestal específica para la liquidación respectiva. (ADICIONADO, G.G. 14 DE AGOSTO DE 2009) El Órgano Superior de Fiscalización del Gobierno del Estado de México supervisará el cumplimiento de la obligación relacionada con la partida presupuestal específica y establecerá las responsabilidades en caso de incumplimiento. Artículo 252. (REFORMADO, G.G. 30 DE ENERO DE 2007) En caso de incumplimiento del laudo o convenio en los términos y modalidades establecidas, el Tribunal o la Sala, a petición de la parte interesada, dictará auto para requerir su cumplimiento y, en su caso, establecer los medios de apremio que podrán ser empleados para su cumplimiento y practicar las diligencias necesarias para su ejecución. En la cual no podrán embargar bienes, ni nombrar interventor a la caja de las instituciones o dependencias públicas. Artículo 253. Los medios de apremio que podrán ser empleados por el Tribunal o la Sala, para el cumplimiento de un laudo o convenio son: I. Requerimiento con amonestación y señalamiento de los medios de apremio que se podrán ordenar; (REFORMADA, G.G. 20 DE ENERO DE 2009) II. Multa que podrá ser, de uno hasta quince días del salario base que perciba el servidor público; (REFORMADA, G.G. 20 DE ENERO DE 2009) III. En caso de reincidencia, la suspensión temporal del cargo del servidor público hasta de uno a quince días sin goce de sueldo, así sucesivamente hasta su cumplimiento; y (sic) El Tribunal o la Sala respetarán estrictamente el orden, de los medios de apremio establecidos en este artículo. Las Salas en un término de cinco días, remitirán el expediente al Tribunal para que acuerde sobre la suspensión temporal del cargo del servidor público. El Tribunal al recibir los autos resolverá de plano, notificando al superior jerárquico para que proceda a cumplir sobre la suspensión temporal del cargo del servidor público. Se autoriza al Tribunal la creación del Fondo Auxiliar para la Justicia Laboral Burocrática cuyo objeto e integración y manejo lo regulará el Reglamento Interno del mismo. (REFORMADO, G.G. 30 DE ENERO DE 2007) Artículo 254. El Tribunal, tratándose de la suspensión temporal hecha a un servidor público, podrá revocar su resolución si el Titular de la Institución o dependencia da cumplimiento al laudo o convenio dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha de la notificación de la resolución. (REFORMADO, G.G. 30 DE ENERO DE 2007) Artículo 255. La diligencia de requerimiento de pago, con la prevención o de la aplicación de las medidas de apremio señaladas en este capítulo, en caso de incumplimiento, se hará mediante oficio dirigido y en el domicilio de la institución pública o dependencia demandada, el actuario practicará la diligencia con el servidor público que se encuentre presente. (REFORMADO, G.G. 30 DE ENERO DE 2007) Artículo 256. El actuario dará cuenta de la diligencia al Tribunal o a la Sala quienes girarán oficio al titular de la institución pública o dependencia responsable de administrar dichos recursos, quien a su vez tendrá la obligación de entregar el importe del crédito laboral ante el Tribunal, o la Sala en un plazo no mayor de veinte días hábiles. Los titulares de las instituciones públicas o dependencias responsable (sic) del personal y los superiores jerárquicos de los servidores públicos multados tendrán la obligación de informar en un plazo no mayor de treinta días hábiles, el cumplimiento de la resolución respectiva, haciéndose acreedores, en caso contrario, de los medios de apremio que menciona este capítulo. El Tribunal o la Sala una vez cumplido el laudo o convenio ordenará que se archive el expediente como asunto concluido. Pudiendo conservar el mismo por medio de sistemas magnéticos o de información electrónica. (ADICIONADO CON LOS ARTICULO QUE LO INTEGRAN, G.G. 20 DE ENERO DE 2009)." Así, los artículos 250, 251, 252, 253, 254, 255 y 256 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipio, aplicables al caso, refieren los términos en que debe cumplirse el laudo dictado por la Presidenta responsable; el primero de ellos alude a que en la ejecución del laudo corresponde al Presidente del Tribunal o de la Sala, dictar las medidas necesarias, para que la misma sea pronta y expedita; por su parte, el tercer numeral establece que en caso de incumplimiento del laudo o convenio en los términos o modalidades, el Tribunal o Sala, a petición de la parte interesada, dictará auto de requerimiento de pago y embargo, estableciendo los medios de apremio que podrán ser empleados para su cumplimiento y realizará las diligencias necesarias para su ejecución. Por su parte, el artículo 253, fracción III, de dicha ley establece que en caso de reincidencia, como medida de apremio puede ser usada la suspensión temporal del cargo del servidor público de uno a quince días sin goce de sueldo, así sucesivamente hasta su cumplimiento; y el Tribunal o la Sala respetarán estrictamente el orden, de los medios de apremio establecidos en dicho artículo. Asimismo, el Tribunal notificará al superior jerárquico para que proceda a cumplir sobre la suspensión temporal del cargo del servidor público y se autoriza al Tribunal la creación del Fondo Auxiliar para la Justicia Laboral Burocrática cuyo objeto, integración y manejo lo regulará el Reglamento Interno del mismo. Ahora, si bien el artículo 252 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipio, aplicable al caso, refiere que en caso de incumplimiento del laudo en los términos y modalidades establecidas, a petición de la parte interesada, dictará auto de requerimiento de pago y embargo, estableciendo los medios de apremio que podrán ser empleados para su cumplimiento y realizará las diligencias necesarias para su ejecución, la actuación del Presidente responsable en cuanto a qué medidas de apremio imponer al contumaz queda sujeta a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 253 del mismo ordenamiento y éste prevé multa por la cantidad de uno hasta quince días de salario base que perciba el servidor público (conforme a la ley aplicable a este asunto); y en caso de reincidencia, la suspensión temporal del cargo del servidor público de uno a quince días sin goce de sueldo, así sucesivamente hasta su cumplimiento, y el Tribunal o la Sala respetarán estrictamente el orden, de los medios de apremio establecidos en dicho artículo, por lo que las Salas en un término de cinco días, remitirán el expediente al Tribunal para que acuerde sobre la suspensión temporal del cargo del servidor público. Además, el Tribunal al recibir los autos resolverá de plano, notificando al superior jerárquico para que proceda a cumplir sobre la suspensión temporal del cargo del servidor público. Luego, al existir disposición expresa en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, aplicable al caso, para que el Presidente responsable pueda lograr el cumplimiento de su laudo, resulta evidente que dicha autoridad responsable debe ajustar su actuación a los medios de apremio relativos al acatamiento del laudo y aplicar el artículo 253 de ordenamiento legal en cita, lo que hace fundados los motivos de inconformidad, en la parte que se pretende que la aludida responsable provea al eficaz e inmediato cumplimiento del laudo al imponer los medios de apremio correspondientes, pues su omisión genera un retardo en la pronta impartición de justicia. Ahora bien, de los preceptos legales invocados se pone de manifiesto que de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, aplicable al caso, la responsable debe dictar todas las medidas necesarias para lograr el eficaz e inmediato cumplimiento al laudo de forma pronta y expedita, para lo cual, si es que debe de entregarse una suma de dinero o el cumplimiento de un derecho al servidor público, el presidente cuidará que se le otorgue personalmente, ordenado en su caso, las indemnizaciones, sueldos o cualquier prestación en dinero que se determine de ellos, previo establecimiento de una partida presupuestal específica para la liquidación respectiva, por lo que el órgano superior de fiscalización del Gobierno del Estado de México, supervisará el cumplimiento de la obligación y establecerá las responsabilidad en caso de incumplimiento, con la prevención de la aplicación de las medidas de apremio establecidas en el numeral respectivo, en caso de incumplimiento. Atendiendo a lo anterior, la responsable debe observar lo dispuesto en los numerales 250, 251, 252 y 253 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipio, aplicables al caso, que le obliga a proveer de manera pronta y expedita la ejecución del laudo, dictando todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, pues de no hacerlo así, el fallo definitivo carecería de eficacia legal y su cumplimiento quedaría a la voluntad de las partes. En el caso concreto, es evidente que la parte demandada en el litigio de origen, no ha dado cabal cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral de origen, en el que se condenó a la reinstalación de la parte actora y pagar al actor diversas prestaciones laborales; por tanto, resulta que la autoridad responsable indicada debe instrumentar diversos mecanismos para que se cumpla con el laudo en la forma y términos que se estableció. De ahí que se estime que la autoridad responsable no ha utilizado medidas eficaces para lograr el cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral de origen, de acuerdo con lo establecido en los numerales 250, 251, 252, 253, 254, 255 y 256 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipio, aplicables al caso, lo que provoca el comportamiento contumaz de la parte demandada. Por tanto, se reitera, el presidente responsable ha omitido proveer al eficaz y debido cumplimiento del laudo multicitado, porque no ha dictado las medidas necesarias en la forma y términos procedentes para tal fin, atentando en contra del artículo 17 constitucional, pues como lo aduce el quejoso, ha retardado el procedimiento de cumplimento del laudo; en virtud de que, como se ha visto en parraos precedentes en los que se precisan los antecedentes del juicio laboral, se advierte que desde el treinta de abril de dos mil quince se emitió auto de ejecución en cumplimiento al laudo dictado, y hasta la fecha no se ha dado cumplimiento, ya sea porque la responsable no dicta las medidas necesarias para su cumplimiento o porque no se emplean en su orden, lo que ha provocado que haya trascurrido mas de un año sin que se haya acatado el fallo laboral. Por tanto, si la parte vencida no ha acatado el fallo definitivo en cuestión, la autoridad responsable debió realizar las gestiones necesarias correspondientes para hacer real la condena establecida en favor del quejoso. Esto es así, porque la parte quejosa básicamente aduce que la autoridad responsable vulnera en su perjuicio las garantías previstas, entre otros, en el artículo 17 constitucional, porque ha sido omisa en adoptar las medidas necesarias para el eficaz cumplimiento al laudo dictado en el expediente de origen, inobservando lo dispuesto por los artículos ya invocados. En consecuencia, debe concluirse que si bien la imposición de una multa es una medida de apremio permitida por la legislación aplicable, cierto es que el artículo 253 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipio, aplicable al caso, establece que en caso de reincidencia, procederá la suspensión temporal del cargo del servidor público de uno a quince días sin goce de sueldo, así sucesivamente hasta su cumplimiento; todo ello con la finalidad de que se acate el fallo definitivo en sus términos. Para tal efecto, la ley aplicable señala con claridad las obligaciones legales de las autoridades condenadas en el laudo, cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones de distinta naturaleza, por lo que el análisis integral de todas estas disposiciones permite considerar que la presidenta responsable cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de sus laudos. Por lo expuesto, la responsable debió tomar las medidas necesarias para lograr el cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral de origen; en forma íntegra, para hacer cumplir la determinación y lograr el cumplimiento del fallo dictado a favor del quejoso. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos nueve, tomo XXVI, octubre de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto establecen: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Por tanto, resulta que la autoridad enjuiciada en el litigio de origen, no ha cumplido con el laudo dictado en el juicio laboral de origen, en el que se condenó a reinstalar a la parte actora y a pagar al actor diversas prestaciones laborales; lo que aún no acontece, no obstante los requerimientos formulados, puesto que ha transcurrido más de un año de la fecha en que se encontraba obligada a cumplir con dicho laudo a la de la emisión de este fallo, sin que ello haya ocurrido. Asimismo, de las constancias que obran en autos, se advierte que el responsable ha justificado su actuar para no abrir el incidente de liquidación, con motivo de que no ha sido reinstalado la parte actora, sin embargo ante la omisión de adoptar las medidas de apremio respectivas para hacer cumplir lo determinado en el laudo de origen, ello ha provocado la dilación en dar apertura al incidente respectivo, lo cual provoca de igual manera una dilación en el ejecución del laudo de origen. En ese sentido, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que, una vez que esta sentencia cause ejecutoria: El Tribunal Estatal de Conciliación Arbitraje del Estado de México, emita en el expediente laboral número 382/2012, un nuevo auto en el que requiera a la parte demandada cumpla en sus términos el laudo dictado el siete de noviembre de dos mil catorce, adoptando la o las medidas que a su juicio considere eficaces para el acatamiento de esa determinación, en términos de la legislación aplicable. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Décima Época, página 2771, cuyo rubro y texto son: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." En el entendido de que una vez que emita el auto respectivo y lo informe a este juzgado remitiendo las constancias que lo acredite, se tendrá por cumplida la sentencia, sin que sea materia de la concesión su contenido o la medida que haya elegido, ni las determinaciones que con motivo del mismo le sigan. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, y 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse, y se: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Ezequiel Flores Molina, contra el acto, autoridades y motivos expuestos en el tercer considerando de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ezequiel Flores Molina, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, para los efectos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y tercero interesada.

  4. Principal

    VII. Toluca, Estado de México; siete de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por acuerdo de tres de enero del año en curso, se ordenó remitir el presente expediente de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito en turno, a efecto de que se inicie el incidente de inejecución de sentencia respectivo, toda vez que las responsables no habían dado cabal cumplimiento al fallo protector dictado en ese sumario constitucional; y toda vez que obran en autos las constancias de notificación del proveído de referencia; por tanto, remítase el expediente en que se actúa debidamente integrado al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito en turno, para la resolución que en derecho corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas, que autoriza, firma y da fe.

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