Jesús Morales Armenta

Expediente 1260/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1260/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
05/10/2016

Partes del expediente

  • Jesús Morales Armenta

Actuaciones

  1. Principal

    VIII. Vista la certificación de cuenta evidencia que Jesús Morales Armenta, no dio cumplimiento al auto de veintiséis de septiembre pasado (fojas 54 y 55), mediante el cual se le requirió a fin de que ratificara la firma y contenido del escrito recibido en este órgano de control constitucional el veintitrés de septiembre del año en curso (fojas 50 a 53). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y se tiene por no presentado el ocurso de referencia. En otro orden de ideas, vista la segunda certificación de cuenta ésta evidencia que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previstos en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha adquirido firmeza procesal. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, vista la cuenta precedente y del estado que guarda el presente expediente, del cual se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; por tanto, se declara procedente remitir el presente expediente al archivo de este Juzgado de Distrito, en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, pues se desechó de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido, pues el mismo establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos asuntos en los que se haya dictado una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido.". En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, el presente sumario no es de relevancia documental, pues no encuadra en ninguno de los supuestos a que hace referencia el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

  2. Principal

    VIII. Con fundamento en lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso del precepto legal 2º de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el ocurso aparentemente signado por el quejoso Jesús Morales Armenta, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de veintidós de agosto pasado (fojas 23 a 27); en ese sentido, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes y en atención a su contenido se provee: Del escrito de cuenta signado aparentemente por el quejoso Jesús Morales Armenta, se advierte que la firma contenida difiere de manera notable de la asentada en la demanda de amparo (foja 13), lo cual crea incertidumbre jurídica respecto de la pretensión intentada. Al respecto, es importante destacar que la firma del promovente no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a sus escritos, pues en el procedimiento, la voluntad de las partes de ejercitar un derecho, se manifiesta mediante la firma o, si no lo sabe hacer, mediante la impresión de la huella digital con testigo que firme a su ruego; lo anterior, en atención a lo siguiente: 1. La firma es el signo gráfico con el cual, en general, se obligan todas las personas en todos los actos jurídicos en los que se requiere la forma escrita, tal como lo es la demanda de amparo y sus promociones. 2. Denota la voluntad de ejercicio del derecho que en el propio escrito se consagra. 3. Es una formalidad indispensable para dar curso a cualquier escrito que contenga una promoción judicial, ya que la firma al pie del documento sirve para dar autenticidad al mismo. Por tanto, a efecto de que este órgano jurisdiccional se cerciore de que el promovente fue quien suscribió el escrito de cuenta; con fundamento en el numeral 297, fracción II, de la legislación civil federal invocada, se requiere al quejoso Carlos Figueroa Ramírez, para que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, comparezca en el local de este juzgado y ratifique el contenido del escrito de mérito y la firma que lo calza; apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no presentado el escrito de mérito. Es aplicable la jurisprudencia número III.1°.T.Aux.2K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Guadalajara, Jalisco, publicada en la página número 1945, del Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo de dos mil diez, Novena Época, con número de registro 164591, que establece: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA ASENTADA EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LA CONSTITUYE LA QUE A SIMPLE VISTA PRESENTA RASGOS GRAFOLÓGICOS SIMILARES A AQUÉLLA Y, EN CONSECUENCIA, EL JUZGADOR DEBE DICTAR EL ACUERDO QUE EN DERECHO PROCEDA. Si bien es cierto que cuando un escrito presenta una firma que es notoriamente distinta de la que ya obra en autos del juicio relativo los Jueces de amparo deben mandar reconocer las firmas discrepantes entre sí, en términos de la tesis de jurisprudencia 3a./J. 24 (7/89), sustentada por la extinta Tercera Sala de nuestro más Alto Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, enero a junio de 1989, página 385, de rubro: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA.", también lo es que tal facultad no es irrestricta, sino que sólo opera en los casos en que la firma respectiva es tan burda que puede advertirse la discrepancia sin poseer algún conocimiento especial en grafología. Esto es así, pues aunque la referida tesis de jurisprudencia no proporciona elemento alguno para advertir los casos en que se está en presencia de una firma notoriamente distinta a otra, debe considerarse que el elemento notoriedad a que alude tal tesis debe ser el que de ese vocablo se desprende, o sea, público y sabido de todos, lo cual permite establecer que una firma será notoriamente distinta a otra cuando presente rasgos grafológicos tan diferentes que cualquier persona pueda detectarlos con sólo imponerse de ella a simple vista, es decir, aquella que aparece a los ojos del juzgador de manera clara y patente, porque resulta innegable que no presenta los propios rasgos grafológicos que tiene alguna otra firma asentada en autos del juicio de que se trate, de ahí que una firma no será notoriamente diferente a otra cuando para algunos sea distinta y para otros no, en virtud de que lo notorio es obvio e indiscutible y, por ello, no puede derivarse de apreciaciones que lleven a una conclusión u otra. Por tanto, en los supuestos en que una firma asentada en algún escrito dirigido al juicio correspondiente no sea materialmente igual a la que aparece en autos, pero presente, a simple vista, rasgos grafológicos similares a aquélla, el juzgador del conocimiento debe estimar que el ocurso relativo fue firmado por el mismo suscriptor y, en consecuencia, está constreñido a dictar el acuerdo que en derecho proceda." Igualmente, resulta aplicable la jurisprudencia 3a. 24, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 385, del Tomo III, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Enero-Junio de 1989, Octava Época, Materia Común, con número de registro 207437, cuyos rubro y texto son: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presenta una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiéndose al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictara el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." Por otra parte, el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación precedente, evidencian que la parte quejosa no dio cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintidós de agosto pasado (fojas 23 a 27). Atento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de referencia; por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, practíquense a la quejosa, la notificación del presente auto y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de la lista que se fija en este Juzgado Federal, hasta en tanto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones, en esta ciudad de Toluca, Estado de México.

  3. Principal

    VII) Toluca, Estado de México; veintidós de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la cuenta precedente y del estado que guardan los autos, se advierte que en el juicio principal del cual deriva este incidente se dictó el auto siguiente: "Toluca, Estado de México; veintidós de julio de dos mil dieciséis. Por recibido el oficio suscrito por el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Administrativa del Segundo Circuito, a través del cual remite el juicio de amparo 1149/2015-VII, y testimonio de la ejecutoria dictada el veintinueve de agosto del año en curso, en el recurso de revisión 133/2016, de su índice estadístico, formado con motivo del recurso interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia emitida en el presente asunto, medio de impugnación resuelto en los términos siguientes: "PRIMERO. En la materia de revisión, se confirma la recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Grupo Amigos de San Ángel, Sociedad Anónima de Capital Variable, en los términos precisados en la sentencia recurrida." En atención a lo anterior, de conformidad con el numeral 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se agregan a los autos el oficio y testimonio de referencia; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y acúsese recibo. Asimismo, del cuaderno de antecedentes formado con motivo de la revisión interpuesta desglósense las actuaciones posteriores a la remisión del presente expediente y, una vez hecho lo anterior, agréguense éstas al sumario constitucional en el cual se actúa y, el citado cuaderno de antecedentes manténgase por separado. En otro orden, del estado procesal de autos se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: - El presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo de referencia), pues, se sobreseyó en el presente asunto. - El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, inciso III, de dicho Acuerdo). Lo anterior, pues en el presente incidente, se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado; en el entendido que se toma en consideración ésta y no la provisional dado que si bien el numeral en cita no establece en forma literal a cuál de ellas debe atenderse, de una lectura integral del mismo se advierte que se refiere a la definitiva, pues establece: "deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento"; en consecuencia, se deberán conservar las resoluciones relativas a su otorgamiento. - El duplicado de dicho cuaderno es susceptible de destrucción, (punto vigésimo, inciso III, del Acuerdo en mención). - No existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia). - A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Por otra parte, devuélvase las constancias adjuntadas a su informe justificado por la autoridad responsable Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de México. Asimismo, se le solicita acusar el recibo correspondiente dentro del plazo de tres días, término previsto en la fracción II, del artículo 297 de la legislación común antes referida, apercibido que de no hacerlo dentro del término concedido o manifieste la imposibilidad que para ello tenga, de conformidad a lo establecido por los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa que podrá ser de cincuenta y hasta mil días de la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas, que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    VIII) Toluca, Estado de México; veintidós de agosto de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual informa el proveído de once de agosto de dos mil dieciséis, dictado en el juicio de amparo 734/2016, de su índice estadístico, en el que el dicho juzgado determinó declararse legalmente incompetente para conocer y resolver del referido sumario, promovido por Jesús Morales Armenta, contra actos de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia del Ministerio Público Especializado en Violencia Familiar, Sexual y de Género, en Atlacomulco, Estado de México. Atento a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia planteada; en consecuencia, acúsese recibo a la autoridad oficiante; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1260/2016-VIII. Ahora bien, del contenido de la demanda de amparo se evidencia que el quejoso esencialmente reclama la nulidad de la notificación de doce de mayo de dos mil dieciséis, contenida en el citatorio urgente de comparecencia librada en su contra (con el número de oficio ECO 213/16, correspondiente a la carpeta de investigación 374590620026216). En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinar/á el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente precisar que respecto del acto reclamado este órgano jurisdiccional advierte que, en el caso en estudio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, ya que el acto reclamado por el solicitante de amparo se encuentra consentido tácitamente. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido de los artículos antes mencionados -todos de la Ley de Amparo- los cuales rigen en los términos siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Luego, los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada al quejoso, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Con base en lo antes expuesto, resulta incuestionable que el acto de autoridad que se tilda de inconstitucional no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. De ahí que, para arribar a esa conclusión, es necesario reiterar que del acto reclamado el quejoso tuvo conocimiento del mismo al menos desde el seis de junio de la presente anualidad. Se afirma lo anterior, en virtud de que constituye un hecho notorio para este Juzgado Federal, la circunstancia de que el ahora quejoso promovió diverso juicio constitucional, que en su oportunidad fue radicado en este órgano de control constitucional como juicio de amparo indirecto 938/2016-VI, de donde se advierte que reclamó entre otras circunstancias, la nulidad de la notificación de doce de mayo de dos mil dieciséis, contenida en el citatorio urgente de comparecencia librada en su contra (con el número de oficio ECO 213/16, correspondiente a la carpeta de investigación 374590620026216), amparo al que incluso anexó el citado citatorio. Precisando que la demanda de amparo que dio origen al precitado juicio 938/2016-VI, de la estadística de este Juzgado Federal, se presentó el seis de junio de dos mil dieciséis ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; por tanto, en la misma se reclamó, entre otros, el acto reclamado antes señalado, es incuestionable que desde esa data el quejoso tuvo noticia del mismo. Bajo esa tesitura, resulta indiscutible que la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento de los actos que tilda de inconstitucionales (que se analizan en el presente apartado), en términos de lo previsto en el artículo 18 del ordenamiento legal en cita. Se arriba a esta determinación, en principio, porque resulta innegable que el acto de autoridad tildado de inconstitucional, como se ha precisado, no se ubica en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo; ya que, se reitera, el peticionario de amparo no está impugnando una norma general autoaplicativa, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos, enunciados en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. A su vez, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, concatenado con el diverso artículo 18 del mismo cuerpo normativo, se insiste, el quejoso Jesús Morales Armenta, contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda, a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento de los actos que reclama. Por tanto, es evidente que el plazo para combatir el acto reclamado transcurrió en exceso, dado que el peticionario de amparo como quedó precisado en párrafos precedentes tuvo conocimiento de tal acto al menos en una temporalidad anterior al seis de junio de dos mil dieciséis en que lo reclamó originalmente. En esas condiciones, si la demanda de amparo -origen del presente sumario- fue presentada hasta el nueve de agosto de dos mil dieciséis ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; por ende, resulta irrebatible que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues aquélla se promovió en forma extemporánea respecto de los referidos actos; esto es, fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 17 del ordenamiento legal en estudio; consecuentemente, se desecha la demanda de amparo promovida por Jesús Morales Armenta. Es aplicable la jurisprudencia 14, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 393970, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, y dado que el domicilio del quejoso se encuentra fuera de la circunscripción territorial de este Juzgado, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción II, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con copia de esta determinación, envíese exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, con el objeto de que en auxilio de las labores de este juzgado, incluso en días y horas inhábiles tal y como el establece el artículo 21 de la ley de la materia, notifique al quejoso el presente proveído en el domicilio precisado sito en Sección Jades, Edifico dos (2), Interior dos (002), Unidad Habitacional Infonavit Iztacalco, código postal 08900, Delegación Iztacalco, Ciudad de México, y le requiera para que dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad (Toluca, Estado de México), en el entendido que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicaran por medio de lista que se fije en este Tribunal, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Por otra parte, en atención a la certificación de cuenta, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a Julio Alberto Velázquez Hernández, porque tienen registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, la patente para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Por otra parte, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Segundo Transitorio de la citada Ley, en caso de solicitarse una versión pública de la resolución que se emita en este juicio, se ordena clasificar la información que, en su caso, fuese reservada y suprimir la confidencial de las partes en términos de los artículos 110 y 113 de dicha norma. Notifíquese y personalmente al quejoso en los términos indicados en esta acuerdo. Así lo acordó y firma Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/2966/2016, quien actúa con el Secretario Nicolás de Luna González, que autoriza, firma y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano