Jesús Miguel González Jiménez
Expediente 93/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 12 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 93/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 10/08/2023
Partes del expediente
- Jesús Miguel González Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, proveniente del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, con sede en esta Mexicali, mediante el cual informa que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el tercero interesado Agente del Ministerio Público Militar Judicializador del Juzgado de Control Militar de la II Región Militar, Tijuana, Baja California, en contra de la sentencia dictada en autos, el cual quedó registrado como recurso de revisión ********************de su índice; de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del que se advierte que la totalidad de las partes se encuentran debidamente notificadas de la sentencia de treinta de junio del año en curso, así como del auto de veintiuno de julio del año en curso, en el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por el tercero interesado Agente del Ministerio Público Militar Judicializador del Juzgado de Control Militar de la II Región Militar, Tijuana, Baja California. En consecuencia, remítanse los autos originales del presente juicio de amparo y el escrito original de expresión de agravios, al Tribunal Colegiado en del Decimoquinto Circuito en turno, con sede en Mexicali, Baja California, para la substanciación del citado medio de impugnación. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado por la parte tercero interesado Agente del Ministerio Público Militar Judicializador del Juzgado de Control Militar de la II Región Militar, Tijuana, Baja California; en atención a su contenido, téngasele interponiendo recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el treinta de junio del año en curso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia del escrito agravios. En ese tenor, una vez que se integre debidamente el expediente, esto es, una vez que se cuente con la totalidad de las notificaciones correspondientes, dese nueva cuenta para proveer lo que en derecho corresponda. En su oportunidad, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente, córrase traslado con el escrito de cuenta.
- Principal
Vistos, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo indirecto 93/2023, promovido por Jesús Miguel González Jiménez , por conducto de su defensor particular Gabriel Eduardo Burciaga Ortiz, contra actos del Juez Militar de Control de la Segunda Región Militar con residencia en esta ciudad; y, R e s u l t a n d o Primero. Presentación de la demanda . Por escrito presentado en línea el dos de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, Jesús Miguel González Jiménez, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridad que a continuación se precisan, en su denominación correcta: Autoridad responsable : Juez Militar de Control de la II Región Militar, con residencia en Tijuana "IV.- ACTO RECLAMADO PRIMERO: El dictado del Auto de Vinculación a proceso en contra de mi representado, en la audiencia respectiva celebrada el 24 de enero del 2023, dentro de la Causa Penal 1070/2022, de su índice, que se le sigue por la presunta comisión del delito de Abuso de Autoridad en Actos del Servicio, previsto y sancionado por los artículos 293 y 299, fracción I, del Código de Justicia Militar. SEGUNDO: La resolución interlocutoria dictada dentro de la audiencia incidental de Incompetencia por Declinatoria, celebrada el 24 de enero del 2023, dentro de la Causa Penal 1070/2022, de su índice, mediante la cual desechó la solicitud elevada por el suscrito en mi carácter de defensor particular del imputado, para que referida responsable se declarara incompetente para conocer sobre la presunta conducta que se le imputa a mi representado, y en su lugar determinó considerarse legalmente competente para continuar conociendo. (.)" Segundo. Derechos humanos y garantías cuya violación se reclama. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales constitucionales vulnerados, los consagrados en los artículos 1, 13, 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción, conforme a la jurisprudencia número 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede leerse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, página 830; con registro 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Tercero. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de tres de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida, se ordenó su registro con el número 93/2023-C; se pidió informe con justificación a la autoridad señalada como responsable; se ordenó dar al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, se reconoció el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público Militar Judicializador, adscrito al Juzgado Militar de Control de la Segunda Zona Regional Militar de esta ciudad; previo diferimiento la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; preceptos 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 107/2022 emitido por el citado Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés; en el que se reclama un auto de vinculación a proceso y una resolución emitida dentro del incidente de incompetencia por declinatoria, que tiene ejecución material dentro de la demarcación en la que este Juzgado ejerce jurisdicción por razón de territorio. Segundo. Precisión del acto reclamado. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar que los actos reclamados, son: ? El auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso en los autos de la causa penal 1070/2022 y su ejecución. ? La resolución interlocutoria dictada el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, dentro de la audiencia incidental de incompetencia por declinatoria, celebrada el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 1070/2022 . Tercero. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez Militar de Control de la II Región Militar, con residencia en esta ciudad, ya que al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de éstos. Es aplicable la jurisprudencia 305, visible en la página doscientos seis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Certeza que además se corrobora con las constancias que la Juez de Control emisora del acto reclamado adjuntó a su informe justificado, consistente en un disco versátil digital (DVD), relativo a la audiencia inicial de imputación en la que se decretó la vinculación a proceso del quejoso y la resolución interlocutoria dictada dentro de la audiencia incidental de incompetencia por declinatoria, ambas de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, siendo en esta última donde determinó que era legalmente competente para conocer de la causa penal de origen. Información generada por medios electrónicos y ópticos, a los cuales se les confiere valor probatorio pleno en términos de los numerales 129, 188, 197, 202 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 2º de la Ley de Amparo 2 , por haber sido expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI 2 Artículo 2o. El juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta. Se substanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que establece esta Ley. A falta de disposición expresa se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generales del derecho. LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Cuarto. Estudio sobre las causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente, por lo que el análisis de las causales de improcedencia debe realizarse lo aleguen o no las partes, conforme a lo previsto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, así como en la Jurisprudencia II. 1o. J/5, registro 222780, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, mayo de 1991, Octava Época, página 95; de rubro "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." En el caso, al no haberse hecho valer por las partes y no advertir de oficio que se actualice alguna de las causales señaladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, se procede al estudio del fondo del asunto. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación hechos valer por el quejoso resultan fundados y serán analizados en suplencia de la queja, en forma conjunta dada la estrecha relación de los actos reclamados y de los conceptos de violación vertidos por éste, lo anterior en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por los motivos que enseguida se expondrán. En esencia el quejoso sostiene que: - El auto de vinculación a proceso dictado en su contra concula las garantías de cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento y la falta de fundamentación y motivación en su perjuicio, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 1, 14, segundo párrafo y 16 primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. - Que con la resolución interlocutoria dictada en la incidente de incompetencia, transgrede las garantías de no ser juzgado por Tribunales Especiales, violentándose sus garantías de legalidad y seguridad jurídica, previstas en los artículos 13, 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora para efecto de este estudio primeramente se hace constar que de las constancias que remitió la autoridad responsable se observan los siguientes antecedentes del acto reclamado: b) El Agente del Ministerio Público Militar Judicializador, solicitó al Juez Militar de Control de la II Región Militar, con residencia en esta ciudad fijara hora y fecha para la celebración de la audiencia inicial para la formulación de imputación en contra de Jesús Miguel González Jiménez, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de abuso de autoridad en actos del servicio, previsto y sancionado por los artículos 293 y 299, fracción I, del Código de Justicia Militar. b) El veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, se formuló imputación en contra del aquí quejoso y en esa fecha la Juez de Control Militar responsable vinculó a proceso a Jesús Miguel González Jiménez por el delito referido. Ahora, del análisis del registro de audio y video de las audiencias de veinticuatro enero de dos mil veintitrés, se estima que son violatorias de los artículos 1, 13, 14 y 16 constitucionales, habida cuenta que la situación jurídica del ahora quejoso en el proceso penal que se le pretende instruir en su contra, fue resuelta por una autoridad legalmente incompetente, por razón de fuero. Esto tomando en consideración que para la emisión de un acto como el aquí combatido, la autoridad responsable debe sujetar su proceder de manera genérica, como en todo acto de molestia, a los lineamientos establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que dicho mandamiento deberá ser emitido por autoridad legalmente competente y de manera específica, tratándose del auto de vinculación a proceso, como en la especie sucede, a lo dispuesto en el diverso 19 del Pacto Federal, es decir, que deben expresarse el delito que se le impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos de prueba que arroje la carpeta de investigación, los que deberán ser bastantes para comprobar el hecho que la ley señala como delito y hacer probable la responsabilidad del imputado. En ese sentido, la competencia en el acto de autoridad se refiere a la necesidad de que éste debe ser emitido por quien se encuentre facultado para ello, expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 10/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, visible en el volumen 77, mayo de mil novecientos noventa y cuatro, página 12, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 205463, cuyo rubro y texto dicen: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecúe exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria." En el caso concreto, el acto reclamado fue emitido por la Juez Militar de Control de la II Región Militar, con sede en esta ciudad, al haberse considerado legalmente competente y en consecuencia resolver el auto de vinculación a proceso impugnado, pues estimó que se satisfacían los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Carta Magna, que dan lugar al fuero militar o castrense. Ello, sustancialmente bajo el argumento que la jurisdicción de guerra permite que los tribunales de tal naturaleza, conozcan de los delitos y faltas cometidas contra la disciplina militar, contemplados en el libro segundo del código de justicia militar, de conformidad con el numeral 57, fracción II, inciso a); siendo que en el caso, al quejoso Jesús Miguel González Jiménez, se le imputa la probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de abuso de autoridad en actos del servicio, previsto y sancionado en los artículos 293 y 299, fracción I, del Código de Justicia Militar. Por lo que en atención a la calidad de las personas, la competencia se surtía a favor del fuero castrense. Dicha aseveración a juicio de quien resuelve se considera desacertada, para tal conclusión, debe establecerse que con motivo de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis marzo de dos mil diecinueve, en lo relativo al artículo 21, párrafos Décimo y Décimo Primero, establecieron la creación e integración de la Guardia Nacional a las instituciones de Seguridad Pública del país; además, especificaron de forma reiterativa, que la institución pública denominada "Guardia Nacional" sería de carácter civil, señalando además, en su Segundo Transitorio, que se constituirá con los elementos de la Policía Federal más los elementos de la Policía Militar y Policía Naval que determine en acuerdos de carácter general el Presidente de la República, el que dispondrá lo necesario para la incorporación de los elementos de las Policías Militares y Navales a la Guardia Nacional. Por su parte, el transitorio tercero establece que los agentes Navales y Militares que se incorporen a la institución de nueva creación en cita, conservarán su rango y prestaciones al momento de su incorporación, para efectos de que, una vez sean reasignados a su cuerpo de origen, les sean respetados los derechos con los que contaban al momento de ser asignados a aquella, así como el tiempo de servicio en la misma, para efectos de su antigüedad. Para ilustrar lo anterior, resulta pertinente transcribir los preceptos Constitucionales citados en los párrafos que antecede: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. [.] Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: [.] La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, cuyos fines son los señalados en el párrafo noveno de este artículo, la coordinación y colaboración con las entidades federativas y Municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la Nación. [.]" "Transitorios [.] Segundo. La Guardia Nacional se constituirá a la entrada en vigor del presente Decreto con los elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval que determine en acuerdos de carácter general el Presidente de la República. En tanto se expide la ley respectiva, la Guardia Nacional asumirá los objetivos, atribuciones y obligaciones previstas en los artículos 2 y 8 de la Ley de la Policía Federal, con la gradualidad que se requiera para asegurar la continuidad de operaciones y la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros que correspondan. De igual forma, el Ejecutivo Federal dispondrá lo necesario para la incorporación de los elementos de las policías Militar y Naval a la Guardia Nacional y designará al titular del órgano de mando superior y a los integrantes de la instancia de coordinación operativa interinstitucional formada por representantes de las secretarías del ramo de seguridad, de la Defensa Nacional y de Marina. Tercero. Los elementos de las policías Militar y Naval, así como otros elementos de mando y servicios de apoyo de la Fuerza Armada permanente, que sean asignados a la Guardia Nacional, conservarán su rango y prestaciones; la ley garantizará que cuando un elemento sea reasignado a su cuerpo de origen, ello se realice respetando los derechos con que contaba al momento de ser asignado a aquélla, así como el reconocimiento del tiempo de servicio en la misma, para efectos de su antigüedad. Lo anterior será aplicable, en lo conducente, a los elementos de la Policía Federal que sean adscritos a la Guardia Nacional." Ahora bien, debe de precisarse que el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de la Guardia Nacional, la cual establece en su Título Primero, Capítulo Segundo, en relación a los fines y principios de la Guardia Nacional, que dicha institución de seguridad pública, es de carácter civil, además, en su Título Segundo, Capítulo I, relativo a su integración, señala que su estructura, integración y organización será la que dispone esa Ley y su reglamento, mientras que los recursos económicos serán los que el presupuesto de egresos de la Federación le asigne para su sostenimiento y cumplimiento de sus funciones. Asimismo, en el Título Quinto, Capítulo I, del citado ordenamiento legal establece las responsabilidades y procesos sancionatorios a los que se deberán sujetar el personal de la Guardia Nacional; y en el décimo tercero de sus transitorios se desprende que los Policías Militares y Navales quedarán sujetos a diversas reglas, entre las que se destaca la fracción VII, que señala que los agentes asignados a la Guardia Nacional, estarán funcionalmente separados de su institución armada de origen y adscritos a la Guardia Nacional sujetos a la disciplina, fuero civil y cadena de mando establecidos en esa Ley. Para justificar lo reseñado en los dos párrafos anteriores, se estima pertinente realizar la siguiente transcripción: "LEY DE LA GUARDIA NACIONAL TÍTULO PRIMERO Disposiciones Preliminares [.] Capítulo II Fines y Principios de la Guardia Nacional Artículo 4. La Guardia Nacional es una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría. TÍTULO SEGUNDO Integración de la Guardia Nacional Capítulo I Generalidades Artículo 10. La estructura, integración y organización de la Guardia Nacional será la que disponen esta Ley y su Reglamento. Artículo 11. La Guardia Nacional estará integrada por: I. Recursos Humanos: los ciudadanos que, habiendo cumplido los requisitos señalados por las disposiciones de la materia, presten sus servicios personales a la Guardia Nacional; II. Recursos económicos: los recursos que el Presupuesto de Egresos de la Federación le asigne para su sostenimiento y cumplimiento de sus funciones, y III. Recursos materiales: los bienes muebles e inmuebles destinados para el cumplimiento de sus atribuciones. [.] TÍTULO QUINTO Régimen Disciplinario Capítulo I De las Responsabilidades y Procedimientos Sancionatorios Artículo 57. El personal de la Guardia Nacional deberá sujetar su conducta a la observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, a la obediencia a la superioridad, así como al Código de Ética de la Guardia Nacional. [.] Transitorios [.] Décimo Tercero. Los elementos de la Policía Militar y la Policía Naval que sean asignados a la Guardia Nacional por acuerdos de carácter general que emita el Presidente de la República quedarán sujetos a lo siguiente: [.] VII. Estarán funcionalmente separados de su institución armada de origen y adscritos a la Guardia Nacional sujetos a la disciplina, fuero civil y cadena de mando establecidos en esta Ley. ." Se estima adecuado también referirnos a lo señalado en el Reglamento de la Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil diecinueve, en su título primero, capítulo primero, donde se reitera que la Guardia Nacional es una institución de seguridad pública, de carácter civil, con régimen disciplinario y estímulos aplicables a su personal; a su vez, indica qué son los actos del servicio, es decir, especifica que son los realizados por integrantes de dicha institución en forma individual o colectiva, en cumplimiento de órdenes recibidas o en el desempeño de las funciones y atribuciones que les competen según su adscripción; mientras que en su transitorio cuarto, señala que a los agentes de la Policía Naval y Militar que estén adscritos a la citada dependencia, la comandancia de ésta proporcionara las instalaciones, los recursos materiales y financieros necesarios para el cumplimiento de sus funciones, conforme a la disponibilidad presupuestaria autorizada a dicha corporación. Como corolario de lo anterior, se transcriben los preceptos legales que sustentan lo establecido en el párrafo anterior: "REGLAMENTO DE LA LEY DE LA GUARDIA NACIONAL TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES PRELIMINARES Capítulo I De las Generalidades Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer la organización, estructura y funcionamiento de la Guardia Nacional, institución de Seguridad Pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como regular la Carrera de Guardia Nacional, su régimen disciplinario y los estímulos aplicables a su personal. La Guardia Nacional cuenta con autonomía técnica, operativa y de gestión para el ejercicio de las atribuciones, obligaciones, facultades y el despacho de los asuntos establecidos en la Ley de la Guardia Nacional y este Reglamento, así como los demás ordenamientos jurídicos aplicables. [.] Artículo 2. Para efectos de este Reglamento, se entenderá por: I. Actos del Servicio: los que realizan los integrantes de la Institución en forma individual o colectiva, en cumplimiento de órdenes recibidas o en el desempeño de las funciones y atribuciones que les competen según su adscripción; [.] TRANSITORIOS CUARTO. Del personal asignado a la Guardia Nacional de la Policía Militar, Policía Naval y Policía Federal, la comandancia de la Guardia Nacional designará a los servidores públicos necesarios a efecto de que presten sus servicios en la Coordinación Operativa Interinstitucional; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana les proporcionará las instalaciones, los recursos materiales y financieros necesarios para el cumplimiento de sus funciones, conforme a la disponibilidad presupuestaria autorizada a dicha Dependencia. En el caso del personal en situación de retiro, la Secretaría cubrirá sus remuneraciones de conformidad con el ejercicio de la responsabilidad que desempeñe en la Coordinación Operativa Interinstitucional, y en términos de las disposiciones específicas que, en su caso, se emitan para tal efecto. [.]" Con todo lo antes señalado se arriba a la conclusión de que el quejoso Jesús Miguel González Jiménez, se encontraba funcionalmente separado de su institución armada de origen y adscrito a la Guardia Nacional; por tanto, estaba sujeto a la disciplina y fuero civil, al momento de suscitarse los hechos con apariencia de delito que establece el fiscal que formula imputación en su contra, pues en el caso concreto, de actuaciones se aprecia que el quejoso, se encontraba en servicio formando parte del batallón circunstancial de la Guardia Nacional "Agto. Delta!" P.M., en la colonia Encinos, La Presa en esta ciudad, al momento en que sucedieron los hechos, esto es, el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, que como se analizó a lo largo de la presente determinación, se trata de una nueva adscripción que puede ser definitiva o no y, mientras pertenezcan a esta nueva dependencia, su faltas y delitos deben de ser sustanciados en el fuero civil por disposición expresa de la ley. En efecto, este órgano jurisdiccional al analizar las videograbaciones correspondientes a las audiencias celebradas en el procedimiento acusatorio y oral de que se trata el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, advierte que se violó el debido proceso en su perjuicio, toda vez que la mencionada Juez Militar carece de competencia por materia de fuero para conocer de la investigación criminal incoada en contra del ahora quejoso. Ello se considera así, pues del desarrollo de la audiencia inicial de imputación celebrada el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, se desprende que: ? El fiscal investigador formuló imputación y solicitó la vinculación a proceso en contra el Sargento Segundo Policía Militar Jesús Miguel González Jiménez, por su probable participación en los hechos que la ley señala como delito de abuso de autoridad en actos del servicio, previsto y sancionado por los artículos 293 y 299, fracción I, del Código de Justicia Militar; quien se encontraba adscrito el día de los hechos veinticinco de agosto de dos mil veintidós, en el servicio como parte del batallón circunstancial de la Guardia Nacional "Agto. Delta!" P.M., en la colonia Encinos, La Presa en esta ciudad. ? A lo que la Juez responsable determinó vincularlo a proceso por el hecho que se le imputa por considerarse legalmente competente como lo estableció en la audiencia respectiva, en la que en la parte conducente señala: 1:07 24 ".procede a resolver la situación jurídica del Sargento segundo Policía Militar Jesús Miguel González Jiménez considerando que este juzgado militar de control es competente para conocer del presente asunto en términos de lo dispuesto en los artículos 13, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 57 fracción I, y 71 ter, fracción V, del Código de Justicia militar, así como del contenido del artículo 20 del Código Militar de Procedimientos Penales, toda vez que el imputado, Sargento Segundo Policía Militar Jesús Miguel González Jiménez tiene la calidad de militar, y el hecho materia de imputación es típicamente castrense, es decir se encuentra contenido en el propio Código de Justicia Militar, en el libro segundo; además, este Unitario en razón de territorio resulta competente ya que los hechos ocurrieron en esta Plaza de Tijuana Baja California donde .donde se encuentra dentro de la jurisdicción de la segunda región militar, en donde es competente este Juzgado atento a lo dispuesto en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero del dos mil dieciocho, en el que se determina la jurisdicción de los Tribunales de Juicio Oral, así como de los Juzgados Militares de Control y en particular de este Unitario en el que se establece la jurisdicción que comprende la segunda, tercera, cuarta, cuarenta y cuarenta y cinco zonas militares; ahora bien, conforme a lo establecido en el artículo 312 del Código Militar de Procedimientos Penales, se tiene que para el dictado del auto de vinculación a proceso es preciso que el Ministerio Público así lo solicite, lo cual ya aconteció, y que además se satisfagan determinados requisitos a saber, que el Ministerio Público haya formulado imputación, que en términos de lo dispuesto en el artículo 308 del Código Militar de Procedimientos Penales se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar, quién en esta audiencia se reservó su derecho, que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, deberá entenderse que obran datos de prueba que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, lo cual más adelante se determinará; asimismo que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, situación que no ocurre en el caso que nos ocupa, ateto a lo anterior este órgano jurisdiccional procede a valorar, la racionalidad de los argumentos expuestos por las partes a la luz de los datos de prueba anunciados." Asimismo, posteriormente resolvió lo conducente al incidente de incompetencia por declinatoria planteado, en el que determinó lo siguiente: ".Quisiera señalar que a consideración de este órgano jurisdiccional no le asiste la razón a la defensa en razón de lo siguiente, el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la subsistencia del fuero militar para delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los Tribunales Militares en ningún caso, por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército; asimismo el artículo 57, fracción I, del Código de Justicia Militar establece con precisión, cuáles son los delitos contra la disciplina militar, fracción I, los especificados en el libro segundo de este Código esto es, el delito de abuso de autoridad por el cual se encuentra vinculado a proceso el sargento González Jiménez, que es el delito de abuso de autoridad, previsto en el artículo 293, en relación al 299, fracción I, del Código de Justicia Militar, por lo que la aseveración de la defensa en el sentido que en el presente caso aplica el artículo 57, fracción II, no es exacto dado que la fracción II del numeral 57, del Código de Justicia Militar, se refiere cuando se trate de delitos del orden común o federal, en el presente caso, el sargento González Jiménez fue vinculado en términos de lo dispuesto en la fracción I, del artículo 57 del Código de Justicia Militar, esto es, por un delito típicamente castrense. Ahora bien, efectivamente como lo señala el Ministerio Público, el artículo 132, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, establece que por militares debemos entender todas aquellas mujeres y hombres que legalmente pertenezcan a las fuerzas armadas mexicanas con un grado de la escala jerárquica y que estarán sujetos a las obligaciones y derechos que establece la Constitución, la presente ley y demás ordenamientos castrenses. Esto es así, dado que atendiendo a la equivalencia establecida para el personal que fue comisionado de manera temporal a prestar sus servicios en la Guardia Nacional, hasta en tanto dicha Institución se allega de los recursos humanos para el desempeño de la función encomendada en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transferencia, que es temporal en los plazos ya conocidos por las partes y que en fechas recientes tuvo una prórroga, hago esta referencia, porque como es el desconocimiento del personal militar aquí presente. la denominación de Agente de la Guardia Nacional resulta de la equivalencia establecida al ostentar el grado de Sargento Segundo dentro del Ejército y Fuerza Aéreas Mexicanos, en este entendido en el presente caso el Sargento González Jiménez, sin dejar de pertenecer al ejército mexicano, fue designado como Agente de la Guardia Nacional, en concordancia al grado que ostenta dentro del Ejército Mexicano, por lo que no pierde su calidad de militar, de no ser así, queda claro para este órgano jurisdiccional que González Jiménez tendría que haber sido ascendido para obtener el nombramiento de Agente de la Guardia Nacional a través de los mecanismos propios de la Institución Guardia Nacional y no por corresponderle un grado dentro de la escala jerárquica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. De los diversos Decretos, en concreto, el decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, como el de fecha veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, como el del veintiocho de mayo de dos mil veintiuno; y una, y la propia Ley de la Guardia Nacional vigente, nos queda claro, que los elementos transferidos, los elementos militares en concreto Policía Militar transferidos a la Guardia Nacional deberán conservar su rango y prestaciones, esto es quedan sujetos a las reglas de la Fuerza Armada permanente, cómo lo es el Ejército, Fuerza Aérea y Marina. En este contexto y en términos de lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y los demás preceptos normativos que se han mencionado, este órgano jurisdiccional considera que la competencia para conocer, continuar conociendo, de la conducta que se le imputó al Sargento González Jiménez y por el cual fue vinculado en esta propia fecha se surte a favor de este órgano jurisdiccional, no obstante como lo solicitó el imputado en el sentido de que solicita se remita copia de las de los registros de la causa penal 1070/2022 al juez que considera competente para que emita su opinión. Se acuerda favorable dicha petición, por lo que deberá remitirse al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en turno en el Centro de Justicia Penal Federal de Baja California. con residencia en esta Plaza En consecuencia, este órgano jurisdiccional se considera competente para continuar conociendo de la causa penal qué se instruye en contra del Sargento Segundo Policía Militar Jesús Miguel González Jiménez, en términos de lo establecido en el artículo primero 13, 14, 16 y 19 la situación política de los Estados Unidos Mexicanos 57, fracción I, del Código de Justicia militar y 20 del Código Militar de Procedimientos Penales, por lo que no ha lugar a resolver favorablemente la incidencia de competencia promovida por la defensa." Determinaciones que se consideran incorrectas, pues como se estableció a lo largo de la presente sentencia, conforme a la reforma Constitucional y legal correspondiente a la creación y funcionamiento de la Guardia Nacional, así como su regulación y manejo de recursos, las medidas disciplinarias y sanciones que se deben imponer, es claro que al personal que integre esta nueva institución y que su dependencia de origen sea la Policía Naval o Militar, estará sujeta a una nueva adscripción que podrá ser o no definitiva, pero mientras pertenezca a esta dependencia de nueva creación, le será aplicable el fuero civil, por ser una institución con tal carácter. Y el hecho de que se establezca en la norma que los policías militares y navales, así como otros miembros de apoyo de las fuerzas armadas que sean asignados a la Guardia Nacional conservaran su rango y prestaciones, debe entenderse como una garantía de la conservación de sus derechos laborales, que se traduce en que no se les podrá degradar, reducir sus emolumentos, ni prestaciones sociales que percibían; sin embargo, el hecho de que continúen ostentando su cargo militar, no puede ser considerada como una excepción para que les sea aplicada la legislación castrense, ya que como expresamente lo señala la legislación que regula a dicha corporación policiaca, se les aplicará la disciplina y fuero civil ante la comisión de una falta o delito en ejercicio de sus funciones. En este contexto, se considera que la Juez de Control Militar señalada como responsable no es competente para conocer de los hechos imputados por el fiscal militar, pues el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé el fuero militar, castrense o de guerra, determina dos elementos para que opere la competencia a favor de tribunales militares, que son cuando se trate de delitos y faltas contra la disciplina militar y cuando el sujeto sea activo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, lo que en el caso, no se actualizó, pues, se reitera, que el ahora quejoso si bien, pertenece al ejército nacional, también lo es, que el día en que sucedieron los hechos - veinticinco de agosto de dos mil veintidós- el imputado se encontraba adscrito a la Guardia nacional y comisionado en servicio formando parte del batallón circunstancial de la Guardia nacional "Agto. Delta!" P.M., en la colonia Encinos, La Presa en esta ciudad, lugar en donde el fiscal judicializador señala que ocurrieron los hechos con apariencia de delito; por ello, la Juez responsable debió determinar que no era competente para conocer de los hechos atribuidos al quejoso, al no corresponder al fuero militar, si no al civil y actuar conforme a lo establecido en el artículo 27 del Código Militar de Procedimientos Penales (de idéntica redacción al artículo 29 del Código Nacional de Procedimientos Penales). Ante ello, es importante destacar lo establecido en el numeral 13 Constitucional que refiere: "Artículo 13.- Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda." La Carta Magna precisa cuál es el límite del fuero de guerra, esto es, exclusivamente para los delitos y faltas contra la disciplina militar, para lo cual se hizo hincapié en que los tribunales militares por ningún motivo pueden extender su jurisdicción sobre civiles e incluso, cuando en el delito estuviera involucrado un paisano (refiriéndose a un civil), deben conocer los tribunales del orden civil. Bajo esa tesitura, tal como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios, debe atenderse a que la Constitución se ubica en el origen del sistema jurídico y ocupa la posición suprema en su estructura jerárquica entre las normas internas. Ahora, el diez de junio de dos mil once, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 1, Constitucional, en que se sentó el cambio de paradigma de garantías individuales a derechos humanos que tuvo como origen el cumplimiento a resoluciones internacionales obligatorias para el Estado Mexicano, por lo que se introdujo el principio pro persona con la finalidad de que se interpreten las normas de manera que su aplicación sea la que más beneficie a los gobernados; por lo que dicho cambio conllevó a que se acepten los derechos humanos no solo contenidos en la Constitución, sino también en los instrumentos internacionales. Este punto es primordial, ya que precisamente los casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en que se condenó al Estado Mexicano, son los que dieron pauta a una nueva forma de interpretación de las normas, lo cual comprende a todas las autoridades del país. Para explicar lo anterior, es preciso recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación derivado de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México, precisó en el cuaderno de varios 912/2010, la existencia de un control concentrado que se ejerce de forma directa en las normas generales que quedaron constreñidas al juicio de amparo, las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad; además, se reconoció la existencia de otro tipo de regularidad constitucional, llamado difuso, ejercido por cualquier órgano jurisdiccional del país, puede inaplicar una norma general que, a su juicio, pueda resultar contraria al texto constitucional, sin que ello conlleve a una declaración de invalidez; luego en ese mismo análisis, el Máximo Tribunal hizo referencia a la función que para la integración del parámetro de regularidad en el orden jurídico mexicano debían tener los derechos humanos en general, a través del principio pro persona. Dicha interpretación más favorable solo implica que en el ejercicio de interpretación, se aplique una norma más favorable a las personas, esto es, aquí no hay inaplicación de normas, ni mucho menos, declaración de inconstitucionalidad. De igual manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que la jurisdicción penal militar en tiempos de paz ha tenido que reducirse e incluso desaparecer, por lo que en caso de que un Estado la conserve, su uso debe ser mínimo a funciones propias de las fuerzas castrenses y bienes jurídicos de esa propia naturaleza. Asimismo, la Corte Interamericana destacó que la jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, ya que el procesamiento de los responsables debe ser competencia de la justicia ordinaria. Concluyó que, si los delitos cometidos por un militar en activo no afectan bienes jurídicos de la esfera castrense, entonces esa persona debe ser juzgada por los tribunales ordinarios; además, por ningún motivo deben conocer de asuntos donde la víctima sea un civil, por lo que se estimó que en los asuntos antes mencionados, se extralimitó la justicia militar, al encontrarse de por medio bienes jurídicos del orden común y se precisó que los parámetros del fuero castrense son la excepcionalidad y restricción. Atento a ello, la Corte Interamericana estimó que el Estado no cumplió con las obligaciones contenidas en los artículos 2, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos que refieren: "Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades." "Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia." "Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso." Lo que conllevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a realizar un estudio en cuanto al tema y estimó que debía tomarse en cuenta la naturaleza de los delitos; los bienes jurídicos lesionados; que éstos fueron cometidos por personas que ostentaban la calidad de militares en activo y que no se hayan afectado los bienes jurídicos de la esfera castrense; por lo que entonces el fuero competente para juzgar esas conductas no sería el militar, sino el ordinario. Reiteró además, que en un Estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional, además de estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares, por lo que si a un militar activo se le juzga por la comisión de delitos, deberá fijarse con base en los bienes jurídicos propios del orden militar, de lo contrario, si un Juez militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, como consecuencia de ello, el debido proceso, el cual, a su vez, se encuentra ligado al propio derecho de acceso a la justicia. Concluyó que la competencia del fuero castrense se reserva a militares en activo por faltas a la disciplina militar, por lo que en caso de que se trate de delitos que tengan un origen en el fuero ordinario, se debe analizar la relación directa y próxima con la función militar o con la afectación de bienes jurídicos propios del orden militar. Estimó de igual forma que para cumplir esos fines, el Ejército necesita la organización eficaz y jerárquica en la que la disciplina se convierte en un pilar de su estructura, por lo que la disciplina debe ponderarse en conjunto con la naturaleza y función que la Constitución le encomienda a las Fuerzas Armadas, es decir, la eficaz defensa del Estado mexicano, por lo que el régimen militar no se encuentra ajeno al resto de los principios Constitucionales. Igualmente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 605/2014, refirió cuáles son los alcances del fuero militar conforme al parámetro de regularidad constitucional y trajo a colación nuevamente que el Constituyente claramente determinó la subsistencia del citado fuero, pero única y exclusivamente para los delitos y faltas contra la disciplina militar, pues al tenor de lo establecido por la propia Superioridad en diversos precedentes, el numeral 13 Constitucional es una norma descriptiva al reconocer la subsistencia de la jurisdicción militar y prescriptiva pues se delimitan los elementos indispensables para que se actualice. Se hizo alusión a que el régimen militar no debe ser visto como un régimen de privilegio, pues queda constreñido a rigurosos estándares bajo los cuales se deben analizar las conductas de los militares y que esa subsistencia del fuero militar obedece a cuestiones de orden público y disciplina, para garantizar la paz y seguridad nacional. Además, refirió que aun y cuando se pudiera pensar que cualquier conducta irregular perpetrada por un militar en activo pudiera afectar la indicada disciplina y con ello la actualización de un ilícito militar, tal circunstancia no es así por los siguientes motivos: a) Porque en términos del principio de legalidad, consagrado en el párrafo tercero del artículo 14 constitucional, las conductas deben estar tipificadas como punibles en una ley formal y material; y, b) Para que esa conducta pueda reputarse como un delito militar, debe existir una conexión directa entre aquélla y la disciplina castrense. Pensar lo contrario, esto es, que cualquier delito realizado por militares en servicio, debería ser conocido por la jurisdicción militar, implicaría volver al punto en que no se consideraba el fuero militar como excepcional retrotrayéndolo a los casos en que solo sea necesario que el sujeto activo sea militar para que sea competencia un tribunal castrense e incluso bastaría incorporar cualquier conducta al Código de Justicia Militar para estimar que se actualiza la existencia de una estricta conexión entre la conducta de que se trate y la disciplina castrense e incluso modificó los criterios en que se consideraba que era competencia de un tribunal militar en aquellos casos en que el delito era cometido por militares en servicio, por el sólo hecho de que no estuviera involucrado un civil. Dichos criterios quedaron reiterados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 14/2018, en que concluyó que, para el análisis de la competencia del fuero castrense respecto a un ilícito del fuero común, debe analizarse la relación entre el bien jurídico que protege delito ordinario y el aspecto organizativo del ejército. Por tanto y analizado el caso concreto, queda evidenciado que el delito atribuido al hoy quejoso consistente en abuso de autoridad en actos del servicio, previsto y sancionado por los artículos 293 y 299, fracción I, del Código de Justicia Militar, fue establecido por la lesión causada al realizarle un jalón de orejas a la soldado Policía Militar Monserrat Nayeli García López, en el ejercicio de sus funciones, atribuyendo dicho actuar a una cuestión de disciplina militar; sin embargo, si bien la disciplina es indispensable para el adecuado funcionamiento del Ejército, lo que corrobora la importancia de salvaguardar el orden castrense, al obedecer a su propia política criminal que responde a las exigencias de disciplina, servicio, deber de obediencia y protección de los intereses supremos del Estado, al contar con el mandato de resguardar la seguridad nacional, dicha actuación en base a lo anteriormente narrado, y dado el cargo que ostentaba el hoy quejoso en la fecha de los hechos, además de que dicha actuación no se advierte comprendida en conjunto con la naturaleza y función que la Constitución le encomienda a las Fuerzas Armadas, es por tanto, que debe concluirse que de ninguna manera incide en el fuero militar y, haber resuelto lo contrario vulnera, en perjuicio del imputado, hoy quejoso, los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, como se anunció al inicio del presente estudio, por ende, procede conceder la protección de la Justicia Federal solicitada por el quejoso. Como se expondrá en párrafos posteriores al haberse reclamado también el auto de vinculación a proceso, la antedicha protección constitucional debe extenderse a éste. No pasa desapercibido lo hecho valer por el Fiscal a cargo, en relación a las diversas tesis citadas con registro 2025753 y 2025759, de las que refiere no son de carácter obligatorio por tratarse de unas emitidas en diverso circuito, cuyos rubros son los siguientes: "DELITO DE INSUBORDINACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 283, EN RELACIÓN CON LOS DIVERSOS 284 Y 285 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR. NO PUEDE SER ATRIBUIBLE A UN ELEMENTO DE LA POLICÍA MILITAR ADSCRITO O COMISIONADO A LA GUARDIA NACIONAL." "GUARDIA NACIONAL. AL HABERSE CONSTITUIDO COMO UNA INSTITUCIÓN POLICIAL DE CARÁCTER CIVIL, EL ACTUAR DE SUS ELEMENTOS, AUN CUANDO PROVENGAN DE UN CUERPO MILITAR, DEBE SUJETARSE A LA DISCIPLINA, FUERO CIVIL Y CADENA DE MANDO ESTABLECIDOS EN LA LEY DE LA GUARDIA NACIONAL Y SU REGLAMENTO Y NO A LA LEGISLACIÓN CASTRENSE." Así también lo precisado en relación a la reforma de la Ley de la Guardia Nacional, publicada el nueve de septiembre de dos mil veintidós, en relación con la jerarquía y autoridad (artículo 57); sin embargo, dichas manifestaciones no trascienden al resultado de este fallo, dado que si bien es cierto dichas tesis no son obligatorias, sí sirven como criterio orientador a este fallo y sirven de apoyo a su sentido y la reforma a que alude, en nada incide en virtud de lo establecido en la presente sentencia con relación a la normativa constitucional citada. Finalmente, no se inadvierte lo establecido en la jurisprudencia 28/2022, visible en la página 3421, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Mayo de 2022, Tomo III, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INCOMPETENCIA LEGAL POR DECLINATORIA. NO PUEDE DECRETARLA LA JUEZA O EL JUEZ DE CONTROL DE MANERA PREVIA A RESOLVER SOBRE LA VINCULACIÓN A PROCESO CUANDO LA PERSONA IMPUTADA HA COMPARECIDO A LA AUDIENCIA INICIAL MEDIANTE CITATORIO (INTERPRETACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y EL CÓDIGO MILITAR DE PROCEDIMIENTOS PENALES). Sin embargo a juicio de quien resuelve, en el caso concreto resulta inaplicable, en principio tomando en consideración que en este caso en particular, no puede mantenerse el auto de vinculación a proceso emitido por la Juez militar responsable, dado que la competencia es un presupuesto procesal de estudio preferente, ya que al ser de orden público, es indispensable e impostergable su análisis, a fin de evitar que la tramitación de los procedimientos resulte inútil y ociosa, en coadyuvancia con el respeto a la seguridad jurídica de las partes, la eficacia de su derecho a una tutela judicial efectiva y la eficientización de los recursos públicos destinados a la realización de la función judicial. De ahí que, si el ejercicio legal realizado llevó a concluir que el acto reclamado se emitió por autoridad incompetente por razón de fuero, es incuestionable que el auto de vinculación que se reclama no puede quedar vigente en perjuicio del quejoso, aunado a que se trata de un delito meramente castrense; por tanto, de considerar el Fiscal a cargo que se acredita un hecho considerado como delito, tomando en consideración la incompetencia de la Juez militar para conocer del mismo en términos de esta sentencia, deberá establecer si procede o no ejercer acción penal en contra del quejoso en los mismos términos planteados inicialmente, para que dicha circunstancia clarifique la competencia de la autoridad correspondiente. Sexto. Efectos de la concesión de amparo. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, el amparo se otorga para que una vez que cause ejecutoria esta resolución, la autoridad responsable Juez Militar de Control de la II Región Militar, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: a) Deje sin efecto la resolución de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, emitida en el incidente de incompetencia, relativo a la causa penal de origen y previa citación a las partes con la debida oportunidad, resuelva el incidente de incompetencia que le fue planteado, tomando en consideración los argumentos vertidos en la presente resolución y lo considere fundado. b) Una vez abiertos los trabajos procesales actúe de la siguiente forma: - Deje insubsistente el auto de vinculación decretado en contra de Jesús Miguel González Jiménez y emita una diversa resolución en la que se abstenga de resolver sobre la vinculación a proceso y reconozca su incompetencia por materia de fuero en base a lo reseñado en la presente sentencia; y c) Finalmente, haga entrega de copia del audio y video de la audiencia al Ministerio Público. Cabe precisar que el presente fallo no prejuzga sobre los datos que derivan de los antecedentes de la investigación para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito ni sobre la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, incluso para analizar si opera o no la figura de prescripción de la acción penal, ya que la reposición de las etapas del procedimiento implica un obstáculo para emprender su análisis de fondo. Séptimo. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. La Justicia Federal ampara y protege a Jesús Miguel González Jiménez, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable Juez Militar de Control de la II Región Militar, con domicilio en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto y para los efectos señalados en el considerando sexto. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que indican en el último considerando de esta resolución constitucional. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firmó electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida por María Elizabeth Reyes Moreno, secretaria que da fe, hoy treinta de junio de dos mil veintitrés, en que las labores del Juzgado lo permitieron. Doy fe
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