Jesús Marino Pérez Jacomino
Expediente 430/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 13 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 430/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 31/08/2022
Partes del expediente
- Jesús Marino Pérez Jacomino
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Tijuana, Baja California, a treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa y sus autorizados, no interpusieron dentro del plazo legal recurso de revisión, en contra de la determinación judicial de veintisiete de julio de dos mil veintidós, en la cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse concedido la suspensión de plano solicitada, no obstante de que se haya decretado el sobreseimiento fuera de audiencia, es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano a favor de la parte quejosa, por tanto encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, en relación con el punto 7.4 "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano", del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a doce de agosto de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no ha sido notificado del proveído de veinte de julio de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, a fin de proveer lo conducente; de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso f) de la Ley de Amparo, se ordena notificar personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito del auto de veinte de julio de dos mil veintidós, de lo cual el fedatario deberá levantar la constancia para que obre como corresponda. Notifíquese personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veinte de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, el oficio vía correo electrónico de cuenta suscrito por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esa ciudad, mediante el cual informa que el directo agraviado, no se encuentra alojado en las instalaciones de esa estación migratoria, dado que el veintitrés de junio del año en curso, se otorgó documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas. A fin de acreditar su dicho, adjunta a su informe - en archivo digital- copia de una constancia consistente en "Documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas", de veintitrés de junio de dos mil veintidós, expedido a nombre de Jesus Marino Pérez Jacobino y/o Jesus Perez. Por tanto, se tiene a las autoridades migratorias dando cumplimiento al requerimiento que les fue formulado en auto de dieciocho de julio del año en curso. Ahora bien, del contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose esta última, podría desvirtuarse dicha causal, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. Apoya la consideración anterior la jurisprudencia II. 1º. J/5, que se publica en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la legislación reglamentaria Lo anterior, es así tomando en consideración que en la demanda de amparo que promovió Alba delia Gómez Alcántara, en representación del directo quejoso Jesus Marino Pérez Jacobino y/o Jesus Perez, se solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad y otras autoridades, que hizo consistir en: La ilegal detención, retención, la orden de deportación e incomunicación y su ejecución, actos contemplados en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, dado que en esta misma data, se recibió el oficio suscrito por la autoridad responsable Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad; mediante el cual, informa que el directo agraviado, ya no se encuentra alojado en las instalaciones de la estancia migratoria de esa Oficina de Representación, puesto que el veintitrés de junio de dos mil veintidós, se le otorgó "documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas". Asimismo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable en su oficio de cuenta, se advierte: El oficio de veintitrés de junio, denominado "Documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas", emitido a favor de Jesus Marino Pérez Jacobino. Del cual se advierte que, "SE AUTORIZA EL OTORGAMIENTO DE LA CONDICIÓN DE ESTANCIA DE VISITANTE CON PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS DURANTE EL TÉRMINO QUE DURE EL EXPEDIENTE DE AMPARO Y SE EMITA SU RESOLUCÓN Y QUEDE FIRME LA MISMA", por ubicarse en la hipótesis de la fracción III prevista en el artículo 111 de la Ley de Migración. Documental a la que se le otorga valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en virtud de que existe certeza y fiabilidad del método en que fue generada y comunicada, al provenir de un correo oficial del Instituto Nacional de Migración. Y por ende, en la especie se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que da lugar decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, respecto de las autoridades responsables, en términos de lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la citada ley de la materia. Al ser claro que, para los efectos del amparo los actos reclamados han cesado en sus efectos y, por consiguiente la posible violación del derecho alegado, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional, actualizándose de esta manera las hipótesis de las siguientes jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página treinta y ocho, Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo contenido íntegro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Finamente, es procedente dejar sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las trece horas de veintiuno de julio de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente y a la parte quejosa por conducto de sus autorizados.
- Principal
Tijuana, Baja California, a diecinueve de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que a la fecha no obran los informes requeridos a las autoridades Oficina de Representación en Baja California del Instituto Nacional de Migración, Instituto Nacional de Migración, por conducto de sus Agentes Federales de Migración y Titular de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, todos con sede en esta ciudad, mediante oficios 14778/2022, 14779/2022, 14780/20222, 15078/2022, 15079/2022, 15080/20222 y 15280 en relación al quejoso Jesús Marino Pérez Jacomino (no obstante de estar debidamente notificadas para ello. Por ello, requiérase nuevamente a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas, legalmente computado, remitan constancia de la que se advierta que le informó al directamente agraviado Jesús Marino Pérez Jacomino, los derechos con los que cuenta desde su ingreso a la estación migratoria, de conformidad con el artículo 109 de la referida legislación, que en lo que aquí interesa, es del tenor siguiente: "Artículo 109. Todo presentado, en su caso, tendrá los siguientes derechos desde su ingreso a la estación migratoria: I. Conocer la ubicación de la estación migratoria en la que se encuentra alojado, de las reglas aplicables y los servicios a los que tendrá acceso; II. Ser informado del motivo de su ingreso a la estación migratoria; del procedimiento migratorio; de su derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o la determinación de apátrida; del derecho a regularizar su estancia en términos de los artículos 132, 133 y 134 de la presente ley, en su caso, de la posibilidad de solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; así como del derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; III. Recibir protección de su representación consular y comunicarse con ella. En caso de que el extranjero desee recibir la protección de su representación consular, se le facilitarán los medios para comunicarse con ésta lo antes posible; IV. Recibir por escrito sus derechos y obligaciones, así como las instancias donde puede presentar sus denuncias y quejas; V. Que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente y el derecho a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, así como tener acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio; VI. Contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en caso de que no hable o no entienda el español; VII. Acceder a comunicación telefónica; VIII. A recibir durante su estancia un espacio digno, alimentos, enseres básicos para su aseo personal y atención médica en caso de ser necesario; IX. Ser visitado por sus familiares y por su representante legal; X. Participar en actividades recreativas, educativas y culturales que se organicen dentro de las instalaciones; XI. No ser discriminado por las autoridades a causa de su origen étnico o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o; económica, estado de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra circunstancia que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas; XII. Recibir un trato digno y humano durante toda su estancia en la Estación Migratoria; XIII. Que las Estaciones Migratorias cuenten con áreas de estancia separadas para mujeres y hombres, garantizando en todo momento el derecho a la preservación de la unidad familiar, y XIV. Las demás que se establezcan en disposiciones de carácter general que expida la Secretaría." Asimismo, para que remitan la constancia de la que se desprenda desde cuándo y cuánto tiempo lleva retenido en esa estación migratoria el directamente agraviado; qué calidad migratoria y cuál es el procedimiento específico -al que en su caso- se encuentra sujeto y su fundamento legal. Apercibidas que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo; que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. De igual manera se les hace del conocimiento a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente auto, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 209 y 262, fracciones III y IV de la Ley de Amparo y se dará vista a la agente del Ministerio Público de la Federación. Resulta aplicable a lo antes decretado, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 25, diciembre de 2015, tomo II, página 1245, materia común, con número de registro 2010702, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN POR EXCESO, DEFECTO O INCUMPLIMIENTO. EL ARTÍCULO 209 DE LA LEY DE AMPARO, NO TIENE COMO CONSECUENCIA DIRECTA E INMEDIATA FINCAR SANCIONES NI RESPONSABILIDADES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR LA DESOBEDIENCIA COMETIDA, SINO REQUERIRLAS PARA QUE, EN UNA NUEVA OPORTUNIDAD, REPAREN, SUBSANEN O CUMPLAN CON LA MEDIDA SUSPENSIONAL, Y SÓLO EN CASO DE QUE NO LO HAGAN, DENUNCIARLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, PARA SU PERSECUCIÓN Y SANCIÓN CONDIGNAS. El artículo 209 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, sin correlativo alguno con la abrogada, establece que si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa, o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, deberá ser requerida para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, rectifique los errores en que incurrió al cumplirla, o subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la misma ley; de modo que determina y regula de forma diversa la denuncia de violación a la suspensión, dado que no tiene como consecuencia directa e inmediata fincar sanciones ni responsabilidades a las autoridades responsables por la desobediencia cometida por exceso, defecto, o incumplimiento de la suspensión, sino requerirlas para que, en una nueva oportunidad, reparen, subsanen o cumplan con la medida suspensional, y sólo en el caso de que no lo hagan, hacer efectivo el apercibimiento de denunciarlas ante el Ministerio Público Federal, para su persecución y sanción condignas." Por tanto, con fundamento en el artículo 194 de la ley de la materia, requiérase nuevamente al Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en Ciudad de México, en su carácter de superior jerárquico de las autoridades responsables, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS siguientes al en que reciba el oficio en el que se le transcribe este proveído, ordene cumplir a las autoridades responsables Oficina de Representación en Baja California del Instituto Nacional de Migración, Instituto Nacional de Migración por conducto de sus agentes Federales de Migración y Titular de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, todos de esta ciudad, con la suspensión de plano decretada y lo demuestre con las constancias fehacientes; en ese sentido, para que esté en posibilidad de realizarlo, se le remite copia de los acuerdos dictados en el presente asunto; bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del término que se le otorga sin justificación alguna, se le impondrá la multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que pueda culminar con la separación de su puesto y su consignación, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Para sustentar el criterio de que aun cuando el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en Ciudad de México, no es autoridad responsable, se encuentra obligado a cumplir la suspensión de plano decretada dentro del presente asunto, se cita por analogía la jurisprudencia 1ª./J. 57/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 144, tomo XXV, mayo de 2007, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 172605, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." Asimismo, se autoriza a las autoridades para que rindan sus respectivos informes al correo electrónico 6jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx, para privilegiar el uso de los medios electrónicos durante la contingencia sanitaria decretada en el país, sin perjuicio de que lo realice mediante oficio que se envíe a este juzgado. Ahora bien, en virtud que la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en el Estado de Baja California, en esta ciudad, tampoco ha dado cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintisiete de junio de dos mil veintidós, no obstante estar debidamente notificado del oficio 15277/2022. Por tanto, requiérase nuevamente al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en el Estado de Baja California, en esta ciudad, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, legalmente computadas, informe a este órgano jurisdiccional si en su base de datos cuentan con algún domicilio dentro del territorio nacional donde pueda ser localizado el referido quejoso, así como para que remita copia certificada de la boleta de salida de la estación migratoria de esta ciudad; lo anterior, por estimarse necesaria para resolver este juicio, en virtud de que podría actualizarse una causal de improcedencia, con fundamento en el numeral precitado y la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL." Se apercibe a la citada autoridad que de no dar cumplimiento, o no informar el impedimento que se tengan para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Notifíquese.
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