Jesús Mendoza Ceballos

Expediente 1126/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 31 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1126/2015
Año
2015
Actuaciones
31
Última actuación
20/09/2016

Partes del expediente

  • Jesús Mendoza Ceballos
  • Director General de Prevención y de Readaptación Social del Estado de Mexico

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veinte de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa mediante proveído de diecisiete de junio del año en curso, para que manifestara lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria que concedió la protección de la Justicia Federal. En aquel proveído se apercibió a la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna, este órgano de control constitucional, de oficio resolvería sobre el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. En tal contexto, resulta necesario acotar lo siguiente: 1. Que mediante ejecutoria dictada el doce de noviembre de dos mil quince, este Órgano de control constitucional otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 187 a 199). 2. Mediante auto de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, se determinó que la ejecutoria que concedió el amparo había causado ejecutoria, por lo que requirió el cumplimiento del fallo protector al Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, actuación en la cual se decretaron los apercibimientos establecidos en los numerales 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Ahora, el cumplimiento de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." (10ª Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 12, Noviembre de 2014, Materia Común). I. Alcances del estudio. La materia de la presente determinación, conforme a lo previsto por los artículos 196, párrafo tercero, 213 y 214, todos de la Ley de Amparo, consiste en examinar si la ejecutoria se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, supliendo, en su caso, la deficiencia de la vía y/o de los argumentos hechos valer por el impetrante; de modo tal que se concluya si existe o no materia para la ejecución; todo ello de manera fundada y motivada. Los dispositivos antes citados disponen: "Artículo 196. [...] La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos." "Artículo 213. En el recurso e incidentes a que se refiere este Título, el órgano jurisdiccional de amparo deberá suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente." "Artículo 214. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada." II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. Este Órgano de Control Constitucional concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin que se atendieran los lineamientos, respecto de los cuales se ha dado cumplimiento, atento al siguiente análisis: Los efectos de la concesión del amparo son: "En esas condiciones, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa, para el efecto que se deje insubsistente la orden de traslado tildada de ilegal contenida en el oficio DGPRS/1757/2014, y se regrese al sentenciado Jesús Mendoza Ceballos, al Centro Preventivo y de Readaptación Social en que se encontraba hasta antes de la violación reclamada, a fin que se le restituya en el goce y disfrute de sus derechos individuales violados, como lo ordena el numeral 77 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el entendido que si la autoridad administrativa lo estima necesario, compurgando los vicios de fondo de los que adolecía la orden de traslado reclamada, dicte una nueva que deberá ser previamente autorizada por la autoridad judicial constitucionalmente facultada para ello, de acuerdo al estado procesal que guarde la causa o causas penales instruidas en contra del aquí quejoso." Con el oficio 5673 de este índice, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria mencionada. En ese tenor, mediante oficio DGPRS/DTL/2086/2016, de tres de marzo de dos mil dieciséis, el Director General de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de México, informó que dejó insubsistente el oficio DGPRS/1757/2014, y mediante oficio DGPRS/DTL/2085/2016, se ordenó el traslado del quejoso del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Otumba Tepachico al similar de "Santiaguito", en Almoloya de Juárez Estado de México. Asimismo, mediante notificación personal realizada el tres de abril del año en curso, por el fedatario adscrito a este Juzgado de Distrito, se advierte que el quejoso Jesús Mendoza Ceballos, se encuentra recluido en el Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México. En tal contexto, de las documentales de referencia se advierte que la citada autoridad responsable, en acatamiento a la ejecutoria que concedió el amparo, instruyó al Director de Seguridad y Operación de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de México, a efecto de que fuese trasladado el aquí quejoso del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Otumba Tepachico, al similar denominado "Santiaguito"; circunstancia la anterior que se corrobora con la notificación personal realizada al quejoso referida en el párrafo que antecede. Constancias a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con el numeral 2° de dicho ordenamiento, agregadas a las presentes actuaciones. Establecido lo anterior, al hacer un análisis de las constancias que integran el juicio en que se actúa, se tuvo presente el límite señalado en la ejecutoria, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, por lo que este órgano de control constitucional concluye que la autoridad responsable vinculada con la concesión de amparo cumplió con la sentencia constitucional, dado que: Atendiendo a la ejecutoria que concedió el amparo, realizó el traslado del impetrante del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Otumba Tepachico, al similar denominado "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México. Luego, atendiendo al análisis de las constancias del juicio en que se actúa, es dable concluir que la autoridad responsable, acató los aspectos establecidos en la sentencia que concedió el amparo y cumplió los lineamientos de dicha ejecutoria, por ende, no existe exceso ni defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable, así como tampoco inejecución del fallo protector. En ese tenor, y atendiendo a la certificación de cuenta, con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en función del contenido de la certificación de cuenta, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo solicitado. c) De conformidad a lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de depuración, pues se negó la medida cautelar respecto el acto reclamado. d) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa. Notifíquese como legalmente corresponda.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de los autos, se colige que ya obran las constancias con las cuales se puede realizar la valoración respectiva del cumplimiento dado por las autoridades responsables a la sentencia de amparo emitida en el sumario en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, con todo lo actuado desde el siete de marzo hasta la fecha en que se actúa, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga sobre el cumplimiento dado por las autoridades responsables al fallo protector, apercibidas que de no hacerlo en el plazo antes señalado, este juzgado se pronunciará sobre el mismo, conforme a las constancias que obren agregadas en autos. Sirve de apoyo, por las consideraciones que expone, la tesis 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del rubro siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (S.J.F. y su Gaceta, 9a Época, tomo XI, marzo de 2000, Pág. 243)

  3. Principal

    Visto el oficio y anexo de cuenta, signado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, a través del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 245/2016-I, formado con motivo del diverso 90/2016 (número de orden 161/2016), deducido del sumario en que se actúa; enviado para notificar al quejoso en atención a que de acuerdo con la razón actuarial suscrita por la fedataria de su adscripción, el peticionario del amparo ya no se encuentra recluido en el Centro Preventivo y de Readaptación Social Otumba "Tepachico", en el Estado de México, sino en el diverso de "Santiaguito", con residencia en Almoloya de Juárez; con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, intégrense a los autos para que surtan sus efectos legales conducentes y acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, en relación a los motivos por los que se devuelve la comunicación oficial en cita, y con la finalidad de lograr la notificación de mérito, se comisiona al actuario judicial de la adscripción correspondiente, para que notifique al quejoso de manera personal el proveído de veintiséis de febrero del año en curso, en el Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México.

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el doce de noviembre de dos mil quince; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitado por Jesús Mendoza Ceballos, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, y considerando que el cumplimiento de la sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público, respecto del cual las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI de la Constitución General de la República, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, toda vez que es cosa juzgada. En ese orden, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, a efecto de que dé cabal cumplimiento a la sentencia de amparo, en los siguientes términos: - "deje insubsistente la orden de traslado tildada de ilegal contenida en el oficio DGPRS/1757/2014, y se regrese al sentenciado Jesús Mendoza Ceballos, al Centro Preventivo y de Readaptación Social en que se encontraba hasta antes de la violación reclamada, a fin que se le restituya en el goce y disfrute de sus derechos individuales violados, como lo ordena el numeral 77 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el entendido que sí la autoridad administrativa lo estima necesario, compurgando los vicios de fondo de los que la adolecía la orden de traslado reclamada, dicte una nueva que deberá ser previamente autorizada por la autoridad judicial constitucional facultada para ello, de acuerdo al estado procesal que guarde la causa o causas penales instruidas en contra del aquí quejoso." Se apercibe a la citada responsable para que dentro del término de tres días informe el cumplimiento dada a la sentencia, apercibida de que no hacerlo, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la cual se duplicará hasta llegar a mil días de salario, conforme a lo dispuesto en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo aplicable al caso. Cabe precisar que conforme a lo dispuesto en el artículo 197 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia están obligadas a realizar dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las autoridades antes señaladas. Además, en caso de reiterada omisión al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, su conducta podría encuadrar en alguno de los delitos que establece el artículo 267 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, glósese únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y resguárdese el duplicado de éste, hasta en tanto transcurran seis meses a partir del proveído que se dicta y, fenecido dicho plazo, procédase a su destrucción, conforme a lo que establece el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 01/2009, y en su oportunidad, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Finalmente, a fin de que el quejoso tenga conocimiento del presente proveído, con fundamento en los artículos 298 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el Acuerdo General 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, líbrese atento exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado y con fundamento en los diversos preceptos 15, 17, fracción IV y 20 de la Ley de Amparo, comisione al actuario de su adscripción para que se constituya en el lugar donde se encuentra privado de su libertad Jesús Mendoza Ceballos, es decir, en el Centro Preventivo y de Readaptación Social "Tepachico", en el municipio de Otumba, Estado de México, y realice la notificación del presente proveído al multicitado impetrante de garantías.

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