Jesús Melgar Calderón
Expediente 1879/2014 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1879/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 17/04/2015
Partes del expediente
- Jesús Melgar Calderón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, signado por el Juez Quinto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con el cual acusa recibo del diverso 1113, por el que se le devolviera las constancias que acompañó a su informe justificado, consistentes en el cuaderno de ejecución de Sentencia, relativo al expediente *** de su índice; por tanto, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, intégrense a los autos para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se colige que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la nueva Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen recurrido el proveído de diecinueve de marzo de dos mi quince, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; con fundamento en los artículos 83, fracción I, de la Ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto, QUEDA FIRME para todos los efectos legales correspondientes. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo SOBRESEÍDO, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. d) Transcurrido el término de tres años, deberán transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. e) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es DESTRUIBLE, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, las cuales deberán ser digitalizadas. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa. Por otra parte, devuélvase al Juez Quinto Mercantil del Distrito Judicial de Toluca Estado de México, las constancias que remitió con su informe justificado consistente en la copia certificada del incidente de ejecución de sentencia 198/2012, solicitando gire sus apreciables instrucciones para que se acuse el recibo de estilo respectivo, apercibido que de no hacerlo así, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la nueva Ley de Amparo.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2º, agréguese a los autos únicamente para que obren como correspondan el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, a través del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 48/2015, numero de orden 66/2015, de la estadística de este órgano jurisdiccional. El cual fue remitido para emplazar a la tercero interesada; lo anterior, en atención a que mediante proveído de diecinueve de marzo del año en curso, sobreseyó en el presente juicio, (fojas 44 y 48); acúsese el recibo correspondiente, y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes
- Principal
Visto el estado de autos y el análisis de las constancias que constituyen el tomo de pruebas relativo al juicio en que se actúa, las cuales constan por separado, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2°, y se tiene a la vista; se advierte en forma notoria, manifiesta e indudable, que en relación al acto reclamado consistente en la interlocutoria de tres de noviembre de dos mil catorce, en la que se declaró improcedente el incidente de ejecución de sentencia planteado en el juicio ordinario mercantil ***, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que en su contra procedía el recurso de apelación. A efecto de evidenciar tal aserto resulta necesario traer al contexto que el referido artículo establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [El énfasis es propio]. De la cita que antecede, en la parte que interesa se aprecia que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Destacando como casos de excepción a dicho supuesto, aquellos en los cuales se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; o bien, consistan en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; así como respecto de los cuales, el quejoso se ostente como persona extraña al procedimiento. En el entendido que si la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal es insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo, es decir, será optativo a fin de dar certeza al gobernado, ya que dicho recurso judicial no debe ser dudoso. Ahora bien, respecto a la normatividad que rige el acto reclamado que nos ocupa, es necesario citar los artículos 1336, 1339, 1339 Bis, 1345 fracción IX y 1348 del Código de Comercio, que señalan: "De la apelación. Art. 1,336. **** Art. 1,339. **** Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código. Art. 1,339 Bis. Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables. Art. 1,345. Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este Capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: (.) IX. Contra las resoluciones o autos que siendo apelables se pronuncien en ejecución de sentencia; (.) Art. 1,348. Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resolución será apelable en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata. De lo anterior se aprecia que el recurso de apelación es el medio ordinario de defensa establecido en la ley que rige la materia de la que emana el acto reclamado, que tiene como fin confirmar, reformar o revocar diversas actuaciones en un juicio mercantil, entre las que destacan las interlocutorias que decidan un incidente, respecto de las cuales, para que proceda dicho recurso es necesario que expresamente lo disponga el citado código y de no ser así, es decir, cuando no exista disposición expresa al respecto, deberá atenderse entonces a su impugnación dependiendo del monto reclamado como surte principal en el juicio del que emana. En el entendido que los asunto de cuantía indeterminada siempre serán apelables, al igual que las interlocutorias emitidas en los incidentes que tienen como fin establecer una cantidad líquida, las cuales incluso lo serán en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata. En este orden de ideas, es inconcuso que cuando pretenda liquidarse una cantidad porque en sentencia no fue posible establecer su cuantificación, independientemente del monto de lo reclamado como suerte principal en el juicio mercantil de origen, la interlocutoria que resuelva el incidente de liquidación respectivo, como en el particular acontece, deberá impugnarse a través del recurso de apelación a fin que el Tribunal superior confirme, reforme o revoque la interlocutoria apelada, pues así expresamente lo dispone el Código de Comercio, apelación que incluso dada la naturaleza propia de la liquidación, es en el efecto devolutivo y de tramitación inmediata. Ahora bien, de las constancias que integran el presente sumario se advierte que el quejoso acudió al juicio de garantías, señalando como acto reclamado del Juez Quinto Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, la interlocutoria de tres de noviembre de dos mil catorce, en la que declaró improcedente el incidente de ejecución de sentencia en el juicio ordinario mercantil 198/2012, cuya materia consistía en liquidar el pago de la indemnización por mora a que fue condenada la parte demandada en el juicio de origen, sobre el monto de la obligación principal, desde la fecha en que la condenada recibió el formato de reclamación del siniestro. Lo que además se corrobora con el contenido del informe justificado remitido por el Juez responsable, así como con los autos originales del incidente de ejecución de sentencia respectivo, el cual consta en tomo de pruebas por separado, con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2°; que se tienen a la vista al resolver y evidencian que efectivamente el tres de noviembre de dos mil catorce, en los autos del incidente de ejecución de sentencia del juicio ordinario mercantil 198/2012, el Juez responsable declaró improcedente dicho incidente (fojas 41 y 42, del mencionado tomo). En este contexto, es inconcuso que el juicio de garantías intentado contra dicha interlocutoria, resulta improcedente por no observarse el principio de definitivadad contenido en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que como se adelantó, previo a cuestionar su constitucionalidad a través de un juicio extraordinario, debió agotarse el medio ordinario de defensa que prevé la ley que rige la materia, es decir, el recurso de apelación. Lo que además es acorde con la Jurisprudencia II.2o.C. J/5 del Segundo Tribunal Colegiado Civil del Segundo Circuito, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, Materia(s): Civil, Página: 678, Registro: 194826, que señala: INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES. CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE. PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN. Así como con el criterio orientador contenido en la Tesis XII.1o.36 C del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, visible a en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, Materia(s): Civil, Página: 1107, Registro: 188629, que señala: DEFINITIVIDAD, PRINCIPIO DE. NECESIDAD DE AGOTARLO CUANDO LA INTERLOCUTORIA QUE RESOLVIÓ EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL RECURSO DE APELACIÓN CONFORME AL CÓDIGO DE COMERCIO REFORMADO. Máxime que la parte quejosa no se encuentra en alguno de los casos de excepción que el propio ordenamiento señala, pues no tienen el carácter de terceros extraño al procedimiento de origen, ya que es la parte actora; los actos que reclaman no corresponden a alguno de los que señalan los inciso a) y b), de la fracción XVIII del referido precepto; aunado a que las disposiciones que establecen la procedencia del citado recurso no están sujetas a una interpretación adicional, razón por la que se considera que su fundamento legal es suficiente para determinar su procedencia. En consecuencia, al encontrarse plenamente acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Cabe resaltar que independientemente de la actualización de causal referida con antelación, aun cuando se hubiese agotado el principio de definitividad, impugnando a través del recurso de apelación el acto reclamado; de igual forma resultaría improcedente el juicio de garantías que se llegase a intentar contra dicha determinación; toda vez que del análisis integral de la constancias que se tienen a la vista, se aprecia que en lo medular, la parte quejosa pretende inconformarse con una determinación intermedia, emitida durante la etapa de ejecución del juicio ordinario civil 198/2012, que además fue instada por la quien resultó vencedora en él, a fin de obtener el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen; la cual, en términos del artículo 107, fracción IV de la Ley de Ampro, interpretado a contrario sensu, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, respecto de la cual sí es procedente el juicio de garantías biinstacial. Máxime que del contenido de la interlocutoria reclamada se aprecia que la responsable declaró improcedente el incidente de ejecución de sentencia que tenía como fin cuantificar el pago de la indemnización por mora sobre el monto total de la obligación principal desde la fecha en que la condenada recibió el formato de reclamación del siniestro, debido a que la condena fue por cien mil pesos 00/100 moneda nacional ($100,000.00); y, a su parecer, esa era la cantidad que debía tomarse en cuenta para realizar la cuantificación de la indemnización materia de dicho incidente, no así la cantidad respecto de la cual el perito designado por dicho Tribunal, realizó la cuantificación; ello, en atención a que sostuvo que la obligación asumida por la aseguradora fue cumplida parcialmente, destacando que así fue precisado en la sentencia definitiva; consideraciones que en forma alguna vulneran derechos sustantivos de la parte vencedora en dicho juicio, ahora quejosa, para establecer la procedencia por excepción del juicio de garantías contra actos intermedios dictados en la etapa de ejecución. En este orden de ideas, es incuestionable que la actora en el juicio de origen aún está en posibilidad de instar nuevamente la cuantificación de la referida indemnización y, para el caso, que prevalezca la postura asumida por la juzgadora responsable, ante la posible incongruencia interna de la sentencia de origen, en todo caso, impugnar la última resolución emitida en el procedimiento respectivo, haciendo valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento que la hubieren dejado sin defensa, trascendiendo al resultado de la última resolución. Por tanto, se deja sin efectos la fecha señalada en autos para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
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