Jesús Martínez Uscanga
Expediente 317/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 317/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/06/2021
Partes del expediente
- Jesús Martínez Uscanga
Actuaciones
- Principal
MESA VII. Toluca, Estado de México, once de junio de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es destruible en términos del artículo 21 inciso b), de dicho Acuerdo, y que no existen documentos originales exhibidos por las partes. Por tanto, se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, será destruido el presente expediente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.
- Principal
MESA VII. Toluca, Estado de México, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que trascurrió el plazo de cuatro días, concedido al quejoso ** en proveído de doce de mayo de dos mil veintiuno, para que cumpliera con la prevención que le fue decretada en fecha treinta de abril anterior, sin que a la fecha haya emitido pronunciamiento al respecto; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento inserto en el proveído de data antes mencionada, y de conformidad con el numeral 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda de amparo intentada. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
MESA VII. Toluca, Estado de México, doce de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta (con anexos), mediante el cual, el quejoso Jesús Martínez Uscanga, en atención a la prevención de fecha treinta de abril del año en curso, pretende aclarar el acto que reclama dentro de la presente instancia; lo anterior es así ya que, del ocurso de cuenta, se advierte que el promovente en su escrito aclaratorio bajo protesta de decir verdad manifiesta lo siguiente: "La negativa de la autoridad de realizar el trámite inherente a la cancelación de los datos registrales relacionados con la toma de huellas levantadas de forma irregular por parte la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, por medio de Dirección General de Control de Procesos Penales Federales, correspondiendo dicha acción al Agente del Ministerio público de la Federación dentro de la entonces averiguación previa PGR/SIEDO/ UEIDCS/425/2011, comparecencia y toma de huellas dactilares lo fue en fecha 11 de julio de 2013. Una vez acotado lo anterior, es necesario precisar que efectivamente el acto que se reclama por esta vía lo es la negativa de la autoridad de realizar el trámite cancelación de los registros dactilares del ahora quejoso en el sistema automatizado de identificación biométrica por huella dactilar (AFIS). En ese sentido, se aprecia que el acto reclamado sigue siendo impreciso, pues el impetrante no precisa de manera exacta el acto del que se duele, toda vez que no se advierte si lo que reclama es la negativa a su solicitud por parte de las autoridades responsables, materializada a través del oficio DGCPPF/1893/2014 de fecha primero de octubre del año dos mil catorce, o, si se trata de un acto diverso, como se advierte de los conceptos de violación plasmados en el cuerpo de la demanda de amparo, que en lo conducente refieren: "El ahora amparista, desde que tengo conocimiento de Ia existencia del registro que ahora sé que es Registro CIB, con número 340700206824 con fecha de inserción 18 de Julio de 2013, he realizado diversos escrito a las autoridades señaladas como responsables, no obteniendo ningún tipo de información fundada y motivada, ya que la última respuesta a mi solicitud de cancelación de mis huellas, lo fue desde el 01 de octubre de 2014, es decir, 06 años, 06 meses después no ha emitido acuerdo alguno sobre la solicitud planteada, limitándose a señalar que la indagatoria no se encuentra concluida" (Sic) En el sentido que, si se trata de la negativa a dar trámite a una solicitud diversa a la que originó el oficio DGCPPF/1893/2014 de fecha primero de octubre del año dos mil catorce, bajo protesta de decir verdad, señale la fecha en la que las autoridades responsables negaron su solicitud, además la temporalidad en que tuvo conocimiento de dicha determinación y narre los antecedentes que dieron origen. En ese sentido, en virtud de que se aprecia que el quejoso no está siendo exacto en su cumplimiento a la prevención a la que fue conminado; por lo anterior, subsistente la prevención decretada en auto de fecha treinta de abril del año dos mil veintiuno. Se precisa a la parte quejosa que deberá satisfacer lo anterior dentro del plazo de cuatro días, dado que fue notificado de la prevención el seis de mayo pasado, y el ocurso de cuenta fue presentado el diez de los actuales, esto es, el primer día en que se encuentra transcurriendo el plazo para desahogar su prevención, lo anterior debido a que la notificación por la que se les hizo conocimiento esa prevención surtió efectos el día siguiente de su notificación y comenzó a correr el diez del mes y año citados. Además, se le reitera que el escrito aclaratorio que presente deberá hacerlo junto con las copias para cada una de las partes; asimismo, se apercibe a la parte quejosa que para el caso de no desahogar en sus términos el requerimiento antes precisado, se les hará efectivo el apercibimiento con el cual se le conminó en el auto de prevención y, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.), que aprobó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 400, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo de dos mil doce, Décima Época, con número de registro 2000702, que establece: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo.".
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