Jesús Marquez Gómez
Expediente 168/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 168/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 02/06/2021
Partes del expediente
- Jesús Marquez Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
MESA VII. Toluca, Estado de México, dos de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de siete de abril del año en curso, mediante el cual se declaró por cumplida la ejecutoria dentro del presente sumario constitucional; en consecuencia, se decreta que dicho auto ha causado estado. En ese sentido, del estado de autos se advierte que el presente sumario constitucional se encuentra debidamente integrado; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. Ahora bien, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b) de la normativa en cita, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional.. Por tanto, se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, el presente expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de este acuerdo y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes noventa días, se depurará el expediente. Además, terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, en términos de los artículos 21, inciso c) y 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo, respectivamente. Por lo que, de conformidad con los artículos indicados en el párrafo anterior, dentro de los noventa y treinta días siguientes, después de cumplidos tres años respecto al cuaderno original y seis meses respecto al duplicado, de haberse dictado el presente acuerdo, serán destruidos, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. De igual manera, de conformidad con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Finalmente, toda vez que en el presente asunto obra como anexo al informe justificado rendido por la autoridad responsable ministerial, copias del NUC: TOL/FRV/FRV/107/215046/19/07; por tanto, mediante oficio devuélvanse los mismos para que sean glosados al juicio natural, solicitándose el acuse respectivo
- Principal
MESA VII. Toluca, Estado de México, siete de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de quince de octubre de dos mil veinte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La orden del acto privativo de su posesión, al haberse devuelto su vehículo mediante oficio a un tercero, sin habérsele notificado el mismo. Previa substanciación del juicio de amparo, el treinta de enero de dos mil veinte, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para los siguientes efectos: ".Lo procedente es conceder al ahora quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Ministerio Público responsable, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, haga lo siguiente: 1. Deje sin efectos el auto de cinco de agosto de dos mil diecinueve, dictado en autos de la carpeta de investigación NUC: TOL/FRV/FRV/107/215046/19/07 de su índice. 2. Siguiendo los lineamientos de la presente resolución, pero con plenitud de jurisdicción, pronuncie una nueva resolución fundada y motivada, en la que se cumplan con las formalidades del procedimiento; la cual podrá ser en el mismo o diverso sentido que la anterior, pero subsanando la deficiencia que se le ha indicado. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a la autoridad ejecutora, dado que no se reclamaron por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad deriva de la orden atribuida a la autoridad ordenadora". Posterior a ello, el cuatro de marzo de dos mil veinte, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Asimismo, el veinticuatro de agosto y quince de octubre, ambos del año pasado, se tuvieron por recibidos los oficios 400LG800-7583-2020, 400LG800-7670-2020 y 400LG800-10466-2020 (todos con anexo), remitidos por la Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo Toluca-Tlalnepantla de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, registrados en el libro de correspondencia interna bajo los número 4580, 4652 y 7227, a los que anexó copias autentificadas del acuerdo de fecha seis de marzo del año dos mil veinte, así como de las diligencias hechas en esa misma data a fin de dar cumplimiento al fallo protector, asimismo, copia certificada del nueve de octubre del año dos mil veinte, dictado en los autos de la carpeta de investigación TOL/FRV/FRV/107/215046/19/07 de su índice, de los que se desprende que dicha autoridad dejo sin efectos el auto de fecha cinco de agosto del año dos mil diecinueve, dictado en la carpeta de investigación antes mencionada, por lo que, posterior a ello, con plenitud de jurisdicción, en fecha nueve de octubre del año pasado, dictó un nuevo acuerdo dentro de la carpeta de investigación en cita. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la directriz de la concesión de amparo, es decir, dejo insubsistente el auto dictado en fecha cinco de agosto del año dos mil diecinueve, y a su vez, emitió una nuevo con libertad de jurisdicción, cumpliendo con las formalidades del procedimiento. A las constancias remitidas por la autoridad responsable por ser documento público tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar los efectos de la sentencia amparadora en su totalidad; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; por tanto, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento del quejoso la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.
- Principal
Toluca, Estado de México, quince de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo), remitido por la Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo Toluca-Tlalnepantla de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; con el que da cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado en proveído de primero de octubre del año en curso y remite en vía de alcance constancias que demuestran el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector; apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Finalmente, en términos del artículo 22 del Acuerdo General a que se ha hecho referencia, se exhorta a las partes que integran el presente juicio, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales.
- Principal
Mesa Vll. Toluca, Estado de México, primero de octubre de dos mil veinte. Visto el estado de autos del presente juicio, del que se aprecia que en proveído de veinticuatro de agosto del año en curso, se recibieron los oficios 400LG800-7583-2020 y 400LG800-7670-2020 (ambos con anexos), remitidos por la Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo Toluca-Tlalnepantla de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en los cuales, manifestó dar cumplimiento al fallo protector de fecha treinta de enero del año en curso y en vía de alcance, remitió copias certificadas del supuesto acatamiento a lo ordenado dentro de la sentencia dictada en el presente juicio; no obstante, de las constancias que se anexaron, se advierte que la autoridad fue omisa en emitir una nueva determinación fundada y motivada, de conformidad con las directrices establecidas, en la que se cumplan con las formalidades del procedimiento, dentro de la carpeta de investigación NUC: *** de su índice. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo Toluca-Tlalnepantla de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, remita las constancias que demuestren el cabal cumplimiento al fallo protector emitido, esto es, la determinación que emita en cumplimiento al fallo emitido, que cumpla con las directrices señaladas en el mismo, en el entendido que de ser omisa, se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 258, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; así como, se remitirá el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para que siga el trámite de inejecución de sentencia que podrá terminar en la separación de su cargo y su consignación.
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